16 de noviembre de 2020
Cataluña es la avanzadilla de la «ley Celaá» que sepulta al castellano y la concertada.
Los tres aspectos de la nueva ley educativa, la llamada «ley Celaá», que más polémica han generado son la eliminación del castellano como lengua vehicular en la enseñanza – el viernes se dio luz verde en el Congreso de los Diputados al dictamen que lo contempla-, la apuesta por reforzar la escuela pública en detrimento de la concertada, y la supresión del examen de oposición al cuerpo de inspectores educativos.
Todo ello, según denuncia la comunidad educativa, va a dar a las autonomías «carta blanca para el enchufismo». Y todo ello lleva muchos años siendo una realidad en Cataluña, la «avanzadilla» de esta ley y la que ha marcado la deriva de la reforma educativa del país.
La enseñanza concertada clama contra la ley Celaá: “Es un atropello”.
La Plataforma Más plurales, que engloba a la comunidad educativa de los centros concertados, se ha manifestado este viernes por tercera vez frente al Congreso para mostrar su rechazo a la aprobación de la ley Celaá al considerar que es un “atropello” y una “aberración”.
Más de un centenar de personas se ha concentrado en la Plaza de las Cortes bajo una gran pancarta con el lema «Más plurales, más iguales» para reivindicar su rechazo al proyecto de ley a la nueva norma educativa (Lomloe).
En declaraciones a los medios, el coordinador de la campaña y secretario general de educación de USO, Antonio Amate, ha criticado la postura de la ministra de Educación, Isabel Celaá, y de PSOE y Unidas Podemos por «negarse a dialogar» con la escuela concertada.
La Comisión de Educación del Congreso aprueba eliminar el castellano como lengua vehicular en la ‘ley Celaá’
La Ponencia de la Comisión de Educación del Congreso, grupo de trabajo que analiza, debate y vota las enmiendas al proyecto de reforma de la ley educativa, ha votado a favor este jueves de eliminar que el castellano sea considerada una lengua vehicular en el ámbito educativo y una lengua oficial del Estado.
La enmienda conjunta del PSOE, Unidas Podemos y ERC (que ha salido adelante por 20 votos a favor, frente a 16 en contra y 1 abstención) suprime de la ley educativa (Disposición Adicional 38) la referencia al castellano como «lengua oficial del Estado», así como de «lenguas vehiculares» tanto al castellano como las demás lenguas cooficiales.
El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, quedaría así: «Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable».
Los planes del Gobierno para los centros de educación especial .
La educación especial fue este jueves uno de los asuntos del pleno del Congreso y también de la Asamblea de Madrid, donde la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció una ley para defender este modelo donde estudian 37.000 alumnos, el 17% del total.
Los padres de estos niños dicen que la Ley Celaá obligará a cerrar estos centros y el Gobierno lo niega una y otra vez.
Los padres de la concertada, respecto a la Ley Celáa: «Es un atropello de libertades y derechos»
Los padres lo tienen claro: «La ley Celaá es un atropello de libertades y derechos». Así lo expresa el presidente de la Federación de las asociaciones de progenitores de centros concertados de Salamanca, Jesús Jiménez, que expresa que se ataca directamente a preceptos recogidos en la Constitución Española, como el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Desde Fecampa Valladolid, Ángela Melero, coincide en esa idea y subraya que los menores cuyos padres hayan elegido la concertada, «dentro del marco legal y constitucional, se verán discriminados». Reprocha, además, que el Gobierno utilice la educación como «moneda de cambio» y «herramienta hacedora de mentalidades».
Los diez puntos con los que Celaá quiere cambiar la educación .
La reforma educativa del gobierno de coalición PSOE-Podemos impulsa un modelo público único, con más cesiones a las autonomías en lo que afecta a la concesión de títulos y a lo que deben aprender los alumnos. El castellano pierde su condición de «vehicular». Por eso la ley acabará en los tribunales.
El proyecto de ley atiende una demanda histórica de los nacionalistas: conseguir el beneplácito del Estado para que las lenguas cooficiales sean las que se utilicen de forma prioritaria en la educación. El castellano deja de ser vehicular en aquellas comunidades con lengua propia que, en la práctica, supone una confirmación legal de lo que ocurre en Cataluña, donde no se cumple la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que el 25% de las enseñanzas se impartan en catellano (dos asignaturas). El PSOE ha pactado el cambio con Podemos y ERC. Se ha interpretado como una cesión del Gobierno a los nacionalistas para conseguir su apoyo a los Presupuestos.
UGT cree que la LOMLOE es un primer paso para la «reforma en profundidad» del sistema educativo .
En la próxima década se va a jubilar el 90% de los catedráticos universitarios. En los colegios e institutos, más del 32% supera los 50 años, lo que significa que en ese mismo periodo se van a retirar 160.000 docentes .
El sindicato UGT ha mostrado su apoyo a la Ley Orgánica de Modificación de la LOMCE (LOMLOE), que este viernes ha pasado su primer examen en el Congreso, al considerar que es un «primer paso para la reforma en profundidad» que, a su juicio, necesita el sistema educativo español.
A través de un comunicado, UGT señala que el páis debe aspirar a un sistema educativo inclusivo y solidario que garantice la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, que establezca unas bases mínimas comunes y consensuadas que estabilicen la educación y garanticen la cohesión social en nuestro modelo de Estado
En su opinión, la conocida como ‘Ley Celaá’ revierte los cambios promovidos por la actual normativa, la LOMCE, aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, como la organización de itinerarios, evaluación y reválidas, religión, educación en valores, coeducación, escolarización, y recupera la participación de la comunidad educativa en la gobernanza de los centros.
El PSOE rechaza la oferta de Ciudadanos para que el castellano sea vehicular o esté presente en un 25% de la enseñanza
Ciudadanos ha ofrecido al Gobierno dos propuestas para transaccionar la Ley Celaá en las que o bien se recoge en la ley la mención al castellano como lengua oficial del Estado y vehicular de la enseñanza o bien se blinda que el 25% de las clases se impartan en español en las comunidades con lengua cooficial. El PSOE no ha querido responder públicamente a su oferta, pero le ha dicho que no al votar en contra.
En pleno tira y afloja de los Presupuestos, y cuando Inés Arrimadas ha condicionado su apoyo al Gobierno a que se garantice la presencia del castellano en la reforma educativa, los naranjas enviaron el jueves Moncloa dos enmiendas para acercar posturas.
La portavoz de Educación de Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín, ha contado durante la Comisión que su partido ha presentado dos propuestas de transacción a la polémica disposición adicional 38. En una se recoge que «las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios».
Los mayores expertos en educación, contra la «ley Celaá»: «La escuela no está para fomentar la identidad nacionalista»
Con gran parte de la comunidad educativa en contra, la « ley Celaá» avanza a toda velocidad en el Congreso. El próximo jueves se debatirá en Pleno, pasará al Senado y luego volverá a la Cámara Baja para convertirse en ley definitivamente.
Se trata de la primera norma educativa que ha prescindido de la sociedad civil. Así, arrasa con el castellano, al eliminarlo como lengua vehicular de la enseñanza y oficial del Estado; arremete contra la concertada al quitarle el carácter de garante del derecho a la educación y desprecia el mérito al facilitar la promoción de curso. ABC ha consultado a los mayores expertos en la materia para que reflexionen sobre la polémica Lomloe.
Madrid: los barrios de renta baja donde la educación concertada es mayoritaria
Carabanchel, Latina, Moratalaz, Usera y Puente de Vallecas muestran mayor preferencia por los centros privados que por los públicos. Una tendencia que se da en 14 de los 21 distritos
La «ley Celaá» ha situado en su punto de mira a la educación concertada. Un modelo educativo que perderá progresivamente plazas a favor de la educación pública y que amenaza poco a poco con extinguirse. Entre sus argumentos, el Gobierno central, sustentado por PSOE y Unidas Podemos, cree que la concertada supone un modelo insolidario y que segrega por motivos socioeconómicos.
Frente a esta iniciativa, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, no solo ha anunciado su intención de defender este tipo de educación; también asegura que estamos ante falsos «clichés» que deben ser desmontados. «La Comunidad de Madrid va a estar siempre al lado de la educación concertada y Madrid siempre va a defender la libertad sobre la que se fundamenta la mejora del sistema educativo», afirmaba la presidenta esta semana.
Para ello, el Ejecutivo regional recuerda, en primer lugar, que la educación concertada cuenta con un gran respaldo en la Comunidad, y especialmente en su principal núcleo de población, la capital. Así, de los 347.435 alumnos que cursaban estudios en centros sostenidos de la capital con fondos públicos durante el curso 2019/2020, 204.145, es decir, el 58,75%, lo hacían en centros concertados. Mientras, los 143.290 restantes (el 41,25%), lo hacían en centros públicos. En resumen, en el anterior curso, 14 de los 21 distritos de Madrid optaban preferentemente por la concertada antes que por la pública.
17 de noviembre de 2020
Ofensiva de Cs en Madrid para la defensa del castellano en la educación
Cs quiere que el Gobierno de Pedro Sánchez retire la “Ley Celaá”. La formación naranja ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional el proyecto de ley que elimina que el castellano sea lengua vehicular en la educación, pero en Madrid también está dispuesta a dar la batalla política.
Su portavoz en la Asamblea, César Zafra, prevé presentar una proposición no de ley en la que pide que la Cámara de Vallecas inste al gobierno de la Comunidad de Madrid para que a su vez se dirija al Gobierno de la nación y le exija que mantenga la referencia al castellano como lengua vehicular en la ley de Educaciónen la ley educativa porque, de aprobarse finalmente por las Cortes Generales, “iría directamente en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.
La iniciativa, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, recuerda la jurisprudencia que avala al español, que ya se han pronunciado en varias ocasiones sobre esta cuestión, como la sentencia de 31/2006, la cual afirma que “el castellano no pude dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”. Además, Cs asegura que «atentaría contra la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de junio de 2019, en la que, reproduciendo criterios anteriores, y ateniéndose a la misma línea que el Tribunal Constitucional, indicaba que “sin perjuicio del mantenimiento del catalán como centro de gravedad del sistema, se haga efectiva la presencia vehicular del castellano, en una proporción razonable”, y que, “no haga ilusoria o simplemente constituya un artificio de mera apariencia de la obligada utilización del castellano como lengua vehicular”. LARAZON
Casado anuncia que derogará la Ley Celaá «en cuanto» llegue «al Gobierno», por excluir «el español como lengua vehicular en toda España»
El entendimiento de Bildu con el Gobierno de coalición para pactar la tramitación de los Presupuestos y pasar a formar parte de la «dirección de Estado» ha marcado un antes y un después para el PP. El presidente del partido, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que «la memoria de compañeros como Miguel Ángel Blanco es una línea de indignidad moral que no vamos a permitir que se traspase».
En la Junta Directiva de Nuevas Generaciones, Casado ha mostrado firmeza contra lo que él considera un «blanqueamiento» de Bildu: «No vamos a dejar que el PSOE pase por ahí, ni por unos Presupuestos, ni por una investidura, ni por una reforma laboral: no hay derecho» a que el Ejecutivo «venga a oscurecer el sacrificio» de las víctimas. Y por eso el PP pugnará por que «no se empañe» a los «mártires de la libertad» por el «cortoplacismo del Gobierno».
Casado ha criticado que Ábalos haya dicho «que Bildu es más responsable que el PP» en materia presupuestaria. «Que el partido de los que brindaban con champán cuando le metían dos tiros a un señor delante de su hijo es más responsable que el partido por el cual le habían asesinado», se ha quejado. «Una sociedad que no reivindica a sus héroes está enferma y no merece la pena», ha concluido, a colación.
Sin rastro de las 500.000 tabletas y ordenadores prometidos por la Administración antes de fin de año
Cinco meses después de que se anunciara la compra para combatir la brecha digital, está previsto que hoy se liciten los primeros seis concursos de los 19 para comprarlos. Educación dice ahora que los primeros llegarán a finales de enero
A Flor Pérez Carrillo se le abrió el cielo cuando la llamaron del colegio para decirle que la Administración iba a prestar dispositivos a las familias que más lo necesitaban. “Mis niñas se pasaron la cuarentena apañándose con mi móvil para hacer las tareas, pero los datos que teníamos contratados no aguantaban, y lo pasamos mal. Al final lo hacíamos en papel y lo fotocopiábamos en un locutorio y lo llevábamos al colegio”, explica esta madre, que cría sola a dos hijas de seis y nueve años. Pero, cinco meses después de la promesa del Ministerio de Educación, los dispositivos no han llegado a los centros y los primeros concursos comienzan a licitarse esta semana. Una portavoz del ministerio aseguró ayer que los primeros aparatos llegarán a final de enero, aunque el medio millón de ordenadores o tabletas para familias vulnerables debería haber estado listo para el primer trimestre del curso.
En España había en 2018 un 9% del alumnado sin acceso a dispositivos o Internet, según el informe PISA, lo que supone cerca de medio millón de estudiantes de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, a la espera de las tabletas o portátiles. La directora del colegio de las hijas de Flor, Nuria Hernández, explica que en mayo y de nuevo en septiembre envió el listado a la Consejería de Educación de Madrid con las referencias de las 100 familias de su centro que no disponen de un dispositivo con conexión. “No he vuelto a saber, y tengo 80 alumnos más, la mayoría recién llegados a España que también lo necesitarían”, explica esta directora madrileña.
Estudiantes Con la Libertad «suspende» la ‘ley Celaá’ por «cargarse» la libertad de elección y «vender» el castellano,
La Asociación nacional de estudiantes Con la Libertad se ha presentado públicamente este viernes 6 de noviembre ante la sede del Ministerio de Educación en Madrid para «suspender» la gestión de la ministra del ramo, Isabel Celaá, y la ley orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), también conocida como ‘ley Celaá’, por «cargarse» la libertad de elección de centro de los padres y por «vender» el castellano «por trece votos» al eliminarla como lengua vehicular.
En declaraciones a Europa Press, el coordinador de la asociación, Pablo Arévalo, ha criticado que la ministra haya aprovechado el confinamiento para tramitar una ley «sin contar con la comunidad educativa». Una ley que, según sus palabras, mata a los centros privados de 0-3 años, pero también a los colegios concertados para «generar división en la sociedad».
El coordinador también ha arremetido contra la ‘ley Celaá’ por la promoción de los estudiantes de primaria, ESO y bachiller que podrán pasar de curso con alguna asignatura suspendida. «¿Qué futuro puede tener España si no se educa correctamente a las generaciones futuras?», ha lamentado Arévalo.
Así afectarán los cambios en la nueva ley educativa a la vida real de las escuelas
La tramitación de la nueva ley educativa (Lomloe), la octava de la democracia, se acerca a su recta final. Este viernes se vota en la comisión de Educación del Congreso de los Diputados el documento definitivo con las enmiendas que se incorporarán al texto. Durante casi dos meses, PSOE y Unidas Podemos ―que gobiernan en coalición― han debatido y pactado con los diferentes grupos políticos más de 320 propuestas que, en caso de obtener este viernes la mayoría de los votos, se adherirán a la normativa (que posteriormente se someterá al voto del Pleno del Congreso y del Senado).
Durante las últimas semanas, la negociación de las enmiendas ha generado una tormenta política que podría afectar incluso a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El pasado martes, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, exigió al Ejecutivo que retirase la enmienda que elimina el castellano como lengua vehicular en la enseñanza ―una de las principales banderas del partido en Cataluña― si quiere su apoyo para los Presupuestos.
Más allá de la guerra política, ¿qué cambios reales suponen las nuevas enmiendas para el día a día de las escuelas? A continuación, diferentes expertos analizan las principales transformaciones que podrían generar las nuevas medidas en las aulas.
Casado avisa a Sánchez de que derogará la “Ley Celaa” si llega a Moncloa y ahora irá al TC, a Bruselas y recogerá firmas para pararla
En un acto celebrado por vía telemática en la sede de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid al que han acudido los presidentes de Nuevas Generaciones de las distintas comunidades y que contó con la presencia del líder del PP, Pablo Casado Gago ha llamado a los 35.000 afiliados de Nuevas Generaciones a implicarse de lleno en este cónclave donde se dará el relevo a un nuevo presidente y se debatirán ponencias de la educación, políticas sociales “de las de verdad” y no las que colectivizan o los retos del futuro y Europa que tendrán la “libertad” como eje central.
Pablo Casado, fue presidente de las Nuevas Generaciones de Madrid y acudió al encuentro con una tarjeta en blanco porque, aseguró no quiere “tutelar” a nadie. Se puso a disposición de los jóvenes del partido a quienes les pidió que les trasladen sus inquietudes y respondió a las preguntas del presidente del vicesecretario internacional de la organización juvenil y presidente de los estudiantes del PP Europeo, Carlos Angrisano, la presidenta de las nuevas generaciones de Madrid, Ana Isabel Pérez; el vicesecretario de acción política y diputado nacional por Valladolid Edu Carazo, el presidente de los jóvenes populares de Valencia Juan Carlos Caballero o la presidenta de los jóvenes de Castilla-La Mancha Marta Maroto.
El líder del PP, Pablo Casado aseguró a las Nuevas Generaciones del partido que él es “es uno más” y les trasladó que confía en ellos. Les instó a estar presentes en las universidades, en las redes sociales, y aseguró que “no es verdad que los jóvenes sean de izquierda” recordando las palabras que ya pronunció en un discurso cuando aseguró que los jóvenes “son de centro y aún no lo saben”. “Es importante conectar con los jóvenes que no quieren que les cataloguen por lo que sienten, piensan o votan; a los que les suena a ruso lo de la guerra de sus abuelos. Somos el partido de la libertad, de los moderados y los centristas”, reivindicó.
Los profesores de refuerzo contratados por Ayuso ya tienen pie y medio en el paro
Los 1.117 profesores de refuerzo contratados por el Gobierno de Ayuso tienen pie y medio en el paro.
El pasado septiembre, fuentes de la Consejería de Educación contestaron a este periódico por escrito que su futuro, más allá de diciembre, dependería “de la evolución de la pandemia”. “En función de la situación sanitaria se podrá ampliar”, dijeron entonces. Este jueves, sin embargo, el consejero Enrique Ossorio cambió ligeramente el argumentario en la Asamblea de Madrid para responder a la oposición, obviando los datos epidemiológicos a los que aludía hace dos meses. “El plan de refuerzo era para compensar las posibles carencias del curso anterior. Para el primer trimestre, ese era nuestro compromiso. 500 maestros y 617 profesores y más de 200 técnicos educativos en colegios preferentes y educación especial. Como el compromiso era hasta el primer trimestre, señoría, esos contratos acaban el día 22 de diciembre”. Acto seguido, instó a la oposición a que intercediera ante el Gobierno central para que prorrogue las ayudas hasta el verano que viene.
La Administración regional prometió a finales de agosto sumar 1.117 profesores de refuerzo para el inicio de curso, un grupo que representa el 14% de los 7.948 educadores previstos para la educación pública en el plan covid de contrataciones (de un total de 10.610 sumando con la educación concertada). Su misión la dejaron clara: paliar las carencias causadas porque el fin del curso pasado fuera online por culpa del virus. El plan de la Comunidad para una vuelta segura a las aulas incluía 500 maestros destinados a la educación primaria y 617 para la secundaria. Y 200 del cupo de esos especialistas entrarían en los 2.662 educadores que el Ejecutivo madrileño prometió incorporar a la concertada.
Aprobado el dictamen de la ley Celaá, pese a la guerra por el uso del castellano en las escuelas
PSOE y Unidas Podemos (UP) han logrado este viernes sacar adelante las más de 320 enmiendas que durante los últimos dos meses han debatido y pactado con diferentes partidos en la oposición. El dictamen final de la ponencia ha sido aprobado con el apoyo de ERC, PNV, Más País y Bildu. PP, Ciudadanos, Vox y UPN han votado en contra. 20 votos a favor y 16 en contra. La votación, que se ha realizado en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, ha estado acompañada por un duro enfrentamiento entre los partidos por dos cuestiones clave: la eliminación del término “lengua vehicular” del texto legal para referirse al castellano y las limitaciones a la red de escuelas concertadas.
18 de noviembre de 2020
La ‘ley Celaá’ y el español en Cataluña: ¿cesión política o acuerdo inocuo?
El castellano va a desaparecer como “lengua vehicular de la enseñanza” en el texto de la nueva ley de Educación. Ese cambio —exigido por ERC, apoyado por Unidas Podemos y aceptado por el PSOE— significa que la ley orgánica ya no dirá, al menos expresamente, que el castellano debe ser una de las lenguas que se usen para impartir las asignaturas en la escuela, algo que la ley sólo recogía desde 2013 y que en estos siete años tampoco ha servido en la práctica para que el castellano sea vehicular en la única comunidad en la que no lo es: Cataluña. La expresión “lengua vehicular” se sustituye por una más genérica: el derecho a “recibir enseñanzas» en castellano. ERC lo reivindica como un triunfo, y Podemos celebra que “blinda el modelo catalán de inmersión lingüística” (donde sólo figura el catalán como vehicular).
Pero la cuestión no es tan sencilla, porque, aunque la ley orgánica ya no lo diga, el Tribunal Constitucional y el Supremo sí han dicho reiteradamente que el castellano debe ser vehicular, y esas sentencias —que en Cataluña no se cumplen— siguen ahí.
Lo sucedido esta semana en la comisión de Educación del Congreso, que aprobó la enmienda de ERC, PSOE y Unidas Podemos que ahora será elevada a pleno, viene a dar así otra vuelta de tuerca a una situación que viene de lejos. Y lo hace en un contexto de debilidad parlamentaria del Gobierno, en la que los votos de ERC se han vuelto fundamentales para el Ejecutivo. Ciudadanos ya ha amagado con no apoyar las cuentas si la “enmienda del castellano” se mantiene, y, al igual que PP y Vox, la recurrirá al Constitucional.
Centenares de colegios concertados leerán a los alumnos un manifiesto contra la ‘ley Celaá’
Las movilizaciones de buena parte de la escuela concertada contra la nueva ley educativa, conocida como la ley Celaá, que se vota el jueves en el Congreso, arrecian.
Centenares de centros educativos harán llegar este miércoles su rechazo a la norma directamente a los alumnos mediante la lectura de un manifiesto que se opone a ella en un tono encendido sosteniendo, por ejemplo, que “conduce hacia el dominio sistémico del Estado” y “devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión”. La medida ha generado malestar en medios sindicales por involucrar a los estudiantes y al profesorado.
El manifiesto ha sido elaborado por la plataforma Más Plurales, de la que forman parte las principales entidades relacionadas con la enseñanza concertada, entre las que figuran Escuelas Católicas, la Confederación Española de Centros de Enseñanza, Escola Cristiana de Catalunya, Concapa, Confapa, la Federación de Enseñanza de USO y otra quincena de organizaciones. Fuentes de Escuelas Católicas aseguran que, a escala nacional, no se ha instado a leer el manifiesto en las clases, sino que se ha pedido a los centros “que adopten las iniciativas que consideren adecuadas para dar a conocer a la comunidad educativa lo que implica esta ley”. Al menos dos organizaciones territoriales de Escuelas Católicas, la de Andalucía y la de la Comunidad Valenciana, sí han animado a los colegios de sus territorios a leer el documento a los alumnos. En Madrid, señalan las mismas fuentes, el manifiesto ya ha sido leído en algunos colegios en los últimos días.
Los mayores expertos en educación, contra la «ley Celaá»: «La escuela no está para fomentar la identidad nacionalista»
Con gran parte de la comunidad educativa en contra, la « ley Celaá» avanza a toda velocidad en el Congreso. El próximo jueves se debatirá en Pleno, pasará al Senado y luego volverá a la Cámara Baja para convertirse en ley definitivamente.
Se trata de la primera norma educativa que ha prescindido de la sociedad civil. Así, arrasa con el castellano, al eliminarlo como lengua vehicular de la enseñanza y oficial del Estado; arremete contra la concertada al quitarle el carácter de garante del derecho a la educación y desprecia el mérito al facilitar la promoción de curso. ABC ha consultado a los mayores expertos en la materia para que reflexionen sobre la polémica Lomloe.
La Comisión Europea pone en duda el éxito de la «ley Celaá» por la falta de consenso social y político
El pasado viernes, cuando se aprobó en el Congreso de los Diputados el dictamen del proyecto educativo del Gobierno, la Lomloe, más conocido como « ley Celaá», la diputada socialista Mari Luz Martínez Seijo, acusó a la oposición de «generar un clima de suspicacia y sospecha sobre la viabilidad de la ley».
Algo parecido dijo este domingo el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, en Twitter: «Estamos recibiendo emails de personas preocupadas por la Ley de Educación. Su preocupación parece provenir de haber sido desinformadas sobre varios elementos que se repiten». Y para «resolverlo», el partido morado recurrió a un documento que pretende ayudar a esos ciudadanos «desinformados».
Madrid realizará “proyectos de mejora de la calidad educativa” para compensar la ‘Ley Celaá’
La Comunidad de Madrid va a llevar a cabo “proyectos de mejora de la calidad educativa en los que se premie el esfuerzo, para compensar el retroceso que plantea la LOMLOE”. Así lo ha anunciado este martes el consejero de Educación y Juventud de la región, Enrique Ossorio, que ha participado en un Encuentro Digital para debatir sobre el ‘Inicio del Curso Escolar en Tiempos del Covid’.
El consejero ha advertido de que la reforma de la ley educativa, la LOMLOE, también conocida como ‘Ley Celaá’, pretende “dinamitar la cultura del esfuerzo en el alumnado y la calidad de la enseñanza”, ya que introduce la “repetición máxima en dos ocasiones en toda la educación obligatoria y que los alumnos de Secundaria puedan pasar de curso sin límite de suspensos, titular Bachillerato con suspensos, suprimir asignaturas troncales y que todos los alumnos tengan títulos que desgraciadamente no valdrán nada”.
Además, ha destacado que la futura ley estatal va contra la libertad de elección de los padres a elegir la educación de sus hijos, recogida en el artículo 27 de la Constitución, y “quiere romper el distrito único que, además, evita la segregación porque el alumno de cualquier barrio puede acceder y solicitar plaza donde considere oportuno”.
Ossorio ha señalado que se pretende con ella marginar a la concertada “como red subsidiaria y no complementaria de la pública, eliminando el concepto de la demanda social, la cesión de terrenos y la educación diferenciada”.
¿Cuándo se vuelve a clase después de confinar un aula?
La Conselleria de Sanidad publicó el pasado 6 de octubre la última revisión del protocolo que deben seguir los colegios para gestionar los casos de covid. En este documento se ordena que después de que se produzca un caso positivo de coronavirus los alumnos podrán volver al centro una vez hayan guardado la cuarentena ordenada por el médico. “En ningún caso hará falta certificado médico”, subraya el documento.
Sin embargo, en el colegio público Balmes de Valencia hay dos clases en las que ya se ha superado este periodo y siguen en sus casas. Desde el AMPA afirman que el centro les ha comunicado que no pueden regresar hasta que tengan el resultado de una PCR negativo, y esa prueba se les realizará mañana miércoles, 16 días después de que se detectara el primer positivo.
Fuentes de la Conselleria de Educación señalan a Sanidad como responsable de esta situación y se muestran sorprendidos porque esta obligación no está recogida en el protocolo. Apuntan a que desde el centro de salud se les indicó que se les practicaría un PCR que, por otra parte, se ha demorado por la gran demanda existente.
Casado anuncia que derogará la Ley Celaá «en cuanto» llegue «al Gobierno», por excluir «el español como lengua vehicular en toda España»
El entendimiento de Bildu con el Gobierno de coalición para pactar la tramitación de los Presupuestos y pasar a formar parte de la «dirección de Estado» ha marcado un antes y un después para el PP. El presidente del partido, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que «la memoria de compañeros como Miguel Ángel Blanco es una línea de indignidad moral que no vamos a permitir que se traspase«.
En la Junta Directiva de Nuevas Generaciones, Casado ha mostrado firmeza contra lo que él considera un «blanqueamiento» de Bildu: «No vamos a dejar que el PSOE pase por ahí, ni por unos Presupuestos, ni por una investidura, ni por una reforma laboral: no hay derecho» a que el Ejecutivo «venga a oscurecer el sacrificio» de las víctimas. Y por eso el PP pugnará por que «no se empañe» a los «mártires de la libertad» por el «cortoplacismo del Gobierno».
Los académicos de la RAE. contra la ley Celaá: «No es progresista, es reaccionaria»
Para algunos es una provocación. Para otros, un paso atrás. Para unos cuantos, el remedio y la revancha con el idioma de rehén. Para la mayoría, un galimatías difícil de descifrar.
La polémica llameante por las excepciones al español que promete la nueva Ley de Educación (que será aprobada este jueves, según lo previsto) está goteando en distintos frentes, más allá de la política. Uno de ellos es la Real Academia Española (RAE), institución que vela por el español. Por los muchos modales del español que hablan más de 500 millones de personas
. Todos los jueves se reúne el pleno de académicos en el caserón de la calle de la Academia. La cita de esta semana tiene un punto fuerte: consensuar una nota donde la institución da cuenta del sitio a tomar ante el atropello que la Ley Celaá dispone en uno de los puntos del borrador, del que fue tachada la frase «lengua oficial del Estado», entre otras expresiones que subrayan el español como lengua vehicular. Este cuestionamiento, que no es nuevo en distintos estamentos educativos de Cataluña, entre otras comunidades, ha propiciado un paso al frente de la Real Academia Española, según han confirmado fuentes de la institución a EL MUNDO. «Estamos trabajando en la redacción de esa nota -que no informe- para la que buscamos el consenso de las académicas y académicos. No obstante», recalcan las mismas fuentes, «el propósito de debate en la sesión del jueves no será sobre la ley, sino sobre la importancia de la lengua común». ELMUNDO
19 de noviembre de 2020
Estos son todos los cambios en la escuela que trae la nueva ley educativa que se vota este jueves.
El Congreso de los Diputados vota este jueves la que parece destinada a convertirse en la octava ley educativa de la democracia, la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación), más conocida como ley Celaá.
El Gobierno aprobó en mayo un proyecto de ley que ha experimentado importantes cambios en las últimas semanas por la vía de las enmiendas. En verano, tras ser derrotados en la votación sobre medidas educativas incluidas en el dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, los socialistas y Podemos hicieron cálculos y llegaron a varias conclusiones. Los apoyos de Ciudadanos y el del PNV resultaban incompatibles en materia educativa (como había demostrado su fracaso al intentar una propuesta de compromiso de amplio espectro, con cesión sobre la concertada incluida, en el dictamen de la Comisión de Reconstrucción). El acuerdo con el PP (que se había intentado sin éxito en otras legislaturas) y con Vox resultaban inviables. Y el único camino, pensaron, para llegar a la mayoría absoluta (176 de los 350 escaños) pasaba por alcanzar una alianza con los partidos nacionalistas y los pequeños.
Así se explican los cambios que se han introducido en el texto aprobado por el Consejo de Ministros: hacia una mayor descentralización (en la cual se enmarca la decisión más polémica: el gesto de apoyo al modelo de inmersión lingüística en Cataluña plasmado en la eliminación del castellano como lengua vehicular) y hacia la izquierda (con un mayor subrayado a favor de la escuela pública y un mayor control de la concertada, que se ha opuesto a la norma).
Los académicos de la RAE. contra la ley Celaá: «No es progresista, es reaccionaria»
Para algunos es una provocación. Para otros, un paso atrás. Para unos cuantos, el remedio y la revancha con el idioma de rehén. Para la mayoría, un galimatías difícil de descifrar.
La polémica llameante por las excepciones al español que promete la nueva Ley de Educación (que será aprobada este jueves, según lo previsto) está goteando en distintos frentes, más allá de la política. Uno de ellos es la Real Academia Española (RAE), institución que vela por el español. Por los muchos modales del español que hablan más de 500 millones de personas.
Batalla a gritos por la Ley Celaá: PP, Vox y Cs reclaman «¡libertad!» y el PSOE acusa a la concertada de «adoctrinamiento»
El debate este jueves en el Congreso sobre la octava ley educativa de la democracia ha terminado con los diputados del PP, Vox y Ciudadanos gritando «¡Libertad, libertad, libertad!» y dando golpes con las manos en la barandilla del Hemiciclo mientras trataban de acallarlos con aplausos los diputados del PSOE, Unidas Podemos y sus socios nacionalistas. Ha sido una especie de guerra a ver quién hacía más ruido. A ver si con el estruendo de unos se silenciaban las reivindicaciones de otros. El Pleno se ha parado durante cerca de tres minutos. Ha sido una batalla a gritos. De pie, aplaudiendo con mucha decisión, la ministra de Educación, Isabel Celaá, y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.
Toda una metáfora de la contienda política que durante décadas sufre el sistema educativo. Un reflejo de las dos Españas resucitadas materializado en la llamada ley Celaá, que no ha hecho más que agravar las diferencias con sus cambios de última hora sobre el castellano, la educación concertada o la escuela que separa por sexos.
Caravana de coches en toda España contra la «ley Celaá»
El próximo domingo 22 tendrá lugar una caravana de coches en contra de la «ley Celaá» en 32 capitales de provincia más otras ciudades de España. Se trata de una iniciativa de Más Plurales, plataforma integrada por la concertada y asociaciones de otros sectores, como la educación especial, creada para pedir la paralización de la ley educativa.
Desde noviembre se concentran todos los miércoles en los centros, donde han colocado lazos naranjas en defensa de su causa y además, se han manifestado en el Congreso durante la tramitación de la ley.
El motivo de esta campaña es difícil de conseguir, ya que el texto avanza sin freno en el Congreso, donde será aprobado con toda seguridad este jueves. «Nuestro objetivo es paralizar la ley y lograr un Pacto por la Educación y una ley de consenso; esto resulta improbable pero nuestras miras son las máximas siempre», explicó Jesús Muñoz de Priego, portavoz de la campaña, el día de su lanzamiento, el pasado 28 de octubre.
Isabel Celaá, a punto de aprobarse la ley: «No hay ninguna eliminación del castellano, está perfectamente garantizado»
La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha dicho en el Congreso que «no hay ninguna eliminación del castellano, el castellano está perfectamente garantizado porque ¿han encontrado ustedes en alguna legislación educativa alguna garantía mayor que aquella que dice que todas las administraciones educativas garantizarán la enseñanza en castellano y en las demás lenguas cooficiales de acuerdo a la Constitución y a los estatutos de autonomía? No hay ninguna».
La pregunta fue planteada por ABC en la Cámara Baja en alusión a la enmienda de PSOE, Podemos y ERC que deja fuera la referencia a que el castellano sea lengua vehicular en toda España y oficial del Estado.
Preguntada por la falta de consenso y la posibilidad de que el PSOE llegue justo a la votación por la posibilidad de la abstención de Bildu, Celaá dijo que «a todos nos habría gustado tener más consenso pero PP, Cs y Vox se han autoexcluido del debate. Es imposible conseguir pacto global cuando algunas fuerzas políticas se autoexcluyen desde el principio utilizando la educación como herramienta para la lucha política. ABC
Las Comunidades del PP buscan vías legales para no aplicar la reforma educativa
Las comunidades del PP rechazan la reforma educativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El Gobierno de Díaz Ayuso está dispuesto a liderar la contrarreforma con una normativa autonómica que blinde la educación concertada y la especial, dos modelos que considera amenazados con la “ley Celaá”. Es más, está dispuesta a acudir a los tribunales para recurrir la norma porque “va en contra del español, la unidad del sistema educativo en España y contra las familias”, ha asegurado a LA RAZÓN el consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio. De hecho, buscará las vías para no aplicar la ley porque considera que, precisamente, la ambigüedad con la que está redactada permitirá precisamente que algunos puntos claves, como los que afectan a la educación concertada o la especial, no se apliquen si una comunidad no quiere.
Murcia también está dispuesta a recorrer el mismo camino que Madrid. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ayer anunció en la Asamblea regional que recurrirá ante los tribunales la Ley Celaá e intentará no aplicarla porque “es un ataque a la libertad de las familias para elegir centro educativo, a los centros de educación especial y carece de diálogo”, dijo durante la sesión de control. De hecho, los servicios jurídicos de la Comunidad autónoma ya buscan opciones que permitan no aplicar la ley, al igual que Madrid.
“Madrid va a recurrir ante la Justicia la Ley Celaá«.
Madrid no quiere la «Ley Celaá».
Es más, el consejero de Educación, Enrique Ossorio, dice que el Gobierno regional está dispuesto a dar la batalla en los tribunales por no aplicar esta «novela de terror». ¿Por qué? Porque «va en contra de la calidad educativa, de la concertada, de la libertad de elección, del español, de la religión». Y lo peor, a su juicio, es que se está comprometiendo la educación «para tener los apoyos presupuestarios de Iglesias, Rufián y Bildu. Eso es lo que vale para el Gobierno de Sánchez la educación en España».
20 de noviembre de 2020
El PP se movilizará en la calle contra la ley de Educación
La «guerra educativa» vuelve a acelerarse a toda máquina.
La Ley Celaá no ha superado aún su tramitación en las Cortes, falta su paso por el Senado, y en la sede nacional del PP están ya preparando la artillería legal y parlamentaria para «calentar» el boicot contra esta nueva norma. «Ataca a la concertada y a la educación especial, y destierra el castellano», dice el lema que encabezará todas las movilizaciones, también en la calle. El PP se sumará a todas las protestas que se convoquen. Vox prepara su propia artillería, pero, a diferencia del PP y de Ciudadanos (Cs), este partido no tiene gobiernos desde los que dar continuidad a su lucha. Sí los tiene el PP, y también Cs, y harán uso de ellos para confrontar con el modelo educativo que el Gobierno de coalición ha pactado con ERC y PNV. «La protesta social es legítima y la apoyaremos», sentencian en Génova. LARAZON
Menos castellano, cerco a la concertada y golpe a la excelencia: los 15 puntos más polémicos de la Ley Celaá
La octava ley educativa de la democracia se ha aprobado este jueves en el Pleno del Congreso.
La norma es una vuelta a la Logse de 1990 y aporta pocas novedades pedagógicas y directamente relacionadas con la escuela, pues no regula apenas nada con la profesión docente, que es el verdadero motor de la enseñanza. A cambio, laLey Celaá ha ahondado en las cuestiones más polémicas y, durante la fase de enmiendas, ha marcado aún más su perfil en contra de la escuela concertada.
La concertada se manifiesta mañana por tercera vez frente al Congreso para mostrar su rechazo a la ‘Ley Celaá’
La Plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos del sector de la educación concertada, volverá a concentrarse este viernes frente a las puertas del Congreso de los Diputados para mostrar su rechazo a la LOMLOE, la reforma de la ley educativa conocida como ‘ley Celaá’.
Los convocantes han llamado a la concentración este viernes porque es el día en que se reunirá la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso para elaborar el dictamen final sobre la nueva ley de educación, que será remitido al Pleno del Congreso para continuar su tramitación.
La concentración se enmarca en el calendario de acciones previstas de la campaña ‘Más Plurales, Más Libres, Más Iguales’ que ha puesto en marcha la Plataforma para intentar paralizar la nueva ley de Educación, una ley que, a su juicio, «tramitada sin el menor consenso con la comunidad educativa ni la sociedad civil».
Estos son todos los cambios en la escuela que trae la nueva ley educativa
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la que parece destinada a convertirse en la octava ley educativa de la democracia, la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación), más conocida como ley Celaá.
El Gobierno aprobó en mayo un proyecto de ley que ha experimentado importantes cambios en las últimas semanas por la vía de las enmiendas. En verano, tras ser derrotados en la votación sobre medidas educativas incluidas en el dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, los socialistas y Podemos hicieron cálculos y llegaron a varias conclusiones. Los apoyos de Ciudadanos y el del PNV resultaban incompatibles en materia educativa (como había demostrado su fracaso al intentar una propuesta de compromiso de amplio espectro, con cesión sobre la concertada incluida, en el dictamen de la Comisión de Reconstrucción). El acuerdo con el PP (que se había intentado sin éxito en otras legislaturas) y con Vox resultaban inviables. Y el único camino, pensaron, para llegar a la mayoría absoluta (176 de los 350 escaños) pasaba por alcanzar una alianza con los partidos nacionalistas y los pequeños.
Otra reforma educativa que acabará en los tribunales
PP, Cs y Vox recurrirán la ley y las comunidades autónomas de Madrid y Murcia también lo harán.
Es uno de los males endémicos de la educación. La falta de un pacto educativo en este ámbito aboca al gobierno de turno, dependiendo del signo político, a impulsar una nueva ley y a derogar la anterior. En España se han redactado hasta nueve leyes educativas, aunque una de ellas, la LOECE, nunca llegó a entrar en vigor y la LOCE no llegó a tener una aplicación efectiva. La Lomloe o «ley Celaá» en una reforma a partir de la LOE socialista de 2006. El PSOE ha sido autor de cinco leyes educativas en la historia de la Democracia, frente a dos del PP, aunque solo la «ley Wert» llegó a aplicarse. Pese a ser una ley sin consenso, ha estado vigente siete años. La actual ministra de Educación, Isabel Celaá, cree que su reforma es necesaria «para avanzar en enseñanzas más modernas e inclusivas». LARAZON
La RAE pide que la Ley Celaá «no ponga en peligro el uso del español en ningún territorio del Estado»
Ni tan de perfil ni tan de frente. La Real Academia Española (RAE), que dirige Santiago Muñoz Machado, invocó ayer la Constitución para emitir un comunicado suave, pero animado de advertencias contra la llamada Ley Celaá. En una nota consensuada por el pleno de los académicos, la institución pide al Gobierno que asegure «la protección que el artículo 3 de la Constitución dispensa al español como lengua oficial del Estado que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar».
En dicho comunicado, los miembros de la RAE expresan que «su preocupación principal es que el futuro texto legal no ponga en cuestión el uso del español en ningún territorio del Estado ni promueva obstáculos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna y accedan a través de ella a la ciencia, a la cultura, o, en general, a los múltiples desarrollos del pensamiento que implica la labor educativa».
El texto es una primera puesta de largo en el asunto de que el español pueda verse aún más menguado como lengua en el ámbito educativo por parte de algunas comunidades. Un asunto que genera inquietud en algunos académicos, como señalaron a este periódico el miércoles. «Formamos parte de una comunidad cultural que integran cerca de 600 millones de personas con capacidad para utilizar el español y más de 485 millones que lo tienen como lengua materna. Esta circunstancia convierte nuestra lengua en un bien de valor incalculable que es patrimonio común de las naciones y los pueblos que lo usan como lengua de comunicación y de enseñanza, y obliga a todos los Gobiernos, especialmente el de España, a garantizar su conocimiento».
El Gobierno pretende que la EBAU en 2021 sea presencial, pero no descarta que sea virtual si la pandemia empeora.
El Gobierno pretende que la próxima Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), la antigua Selectividad, que se celebrará en 2021, sea presencial, pero no descarta del todo que se pueda realizar de manera virtual si las condiciones sanitarias por la pandemia de coronavirus empeoran.
Así lo recoge el Proyecto de orden del Ministerio de Educación y FP y del Ministerio de Universidades, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, así como las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, en el curso 2020-2021.
«Si estuvieran en vigor medidas sanitarias excepcionales que impidiesen la realización de las pruebas en las condiciones habituales de presencialidad dentro del plazo previsto, los órganos responsables podrán, en ejercicio de sus competencias, establecer, para la totalidad o parte del alumnado inscrito en dichas pruebas, un procedimiento virtual y fiable para su realización», recoge el borrador de la orden ministerial.
La Ley Celaá provoca la mayor fractura educativa de la democracia
El Pleno del Congreso aprobó ayer la Ley Celaá, la reforma educativa que más fractura política y social ha generado en la historia de la democracia. Mientras profesores y familias de la escuela concertada se están movilizando para intensificar su revolución de lazos naranjas, el PP prepara una batería de medidas para «desactivar» la norma en las cinco comunidades autónomas en las que gobierna y que aglutinan al 47% del alumnado de toda España. El proyecto de ley salió adelante por los pelos: 177 votos a favor (uno más de lo que marca la mayoría absoluta) frente a 148 votos en contra y 17 abstenciones.
Hay que remontarse a la Lopeg de 1995, más conocida como Ley Pertierra, para encontrar resultados tan ajustados, pero el rechazo de entonces fue mucho menor. Ni siquiera en la cuestionada Ley Wert, aprobada en solitario con los 182 votos del PP, se logró tan exiguo apoyo.
La Lomloe no gusta a nadie. Así lo dejaron claro ayer los partidos que votaron en contra (PP, Vox, Ciudadanos, UPN, CC, PRC y Foro), pero también los que se abstuvieron (JxCat, Bildu, BNG, CUP y Teruel Existe). El PSOE y Unidas Podemos han salvado el articulado gracias a ERC, el PNV, Más País, Compromís y Nueva Canarias, pero hasta la propia ministra Isabel Celaá reconoció ayer que le hubiera gustado recabar «más consenso».
El Congreso aprueba la ‘ley Celaá’ en un clima de fuerte confrontación ideológica
Empezaron los diputados del PP, les secundaron de inmediato los de Vox y luego se sumaron discretamente algunos de los de Ciudadanos. En pie, dando palmas, golpeando en los escaños y coreando “¡libertad, libertad!”.
Así durante más de dos minutos. El ruido de la protesta de la derecha se mezclaba con la gran ovación que había estallado en los asientos de enfrente. La imagen condensó el clima en que el Congreso aprobó este jueves la nueva ley educativa que sustituye a la Lomce: la misma confrontación ideológica que ha marcado todas las normas para regular la enseñanza en España desde hace casi cuatro décadas. Para la izquierda, una ley “moderna, equitativa e inclusiva”. Para la derecha, un artefacto “sectario”, una “canallada” que “genera enfrentamiento y odio”. La iniciativa logró 177 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Más País, Compromís y Nueva Canarias), por 148 en contra y 17 abstenciones. La Lomce obtuvo en 2013 cuatro votos más, pero solo la apoyó el PP, entonces con mayoría absoluta.
Solo disponía de un minuto de tiempo y tuvo que leer a toda velocidad, con ese aire de persona corriente que aún no ha perdido tras un año en la política. Al diputado con menos votos de la Cámara, Tomás Guitarte, elegido al frente de la plataforma ciudadana Teruel Existe, le tocó abrir la sesión y en su pequeño discurso logró transmitir un lamento muy gráfico: “Iniciamos los trabajos con entusiasmo, pensábamos que esta vez sería posible.
Centenares de colegios concertados leerán a los alumnos un manifiesto contra la ‘ley Celaá’
Las movilizaciones de buena parte de la escuela concertada contra la nueva ley educativa, conocida como la ley Celaá, que se vota el jueves en el Congreso, arrecian.
Centenares de centros educativos harán llegar este miércoles su rechazo a la norma directamente a los alumnos mediante la lectura de un manifiesto que se opone a ella en un tono encendido sosteniendo, por ejemplo, que “conduce hacia el dominio sistémico del Estado” y “devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión”. La medida ha generado malestar en medios sindicales por involucrar a los estudiantes y al profesorado.
El manifiesto ha sido elaborado por la plataforma Más Plurales, de la que forman parte las principales entidades relacionadas con la enseñanza concertada, entre las que figuran Escuelas Católicas, la Confederación Española de Centros de Enseñanza, Escola Cristiana de Catalunya, Concapa, Confapa, la Federación de Enseñanza de USO y otra quincena de organizaciones. Fuentes de Escuelas Católicas aseguran que, a escala nacional, no se ha instado a leer el manifiesto en las clases, sino que se ha pedido a los centros “que adopten las iniciativas que consideren adecuadas para dar a conocer a la comunidad educativa lo que implica esta ley”. Al menos dos organizaciones territoriales de Escuelas Católicas, la de Andalucía y la de la Comunidad Valenciana, sí han animado a los colegios de sus territorios a leer el documento a los alumnos. En Madrid, señalan las mismas fuentes, el manifiesto ya ha sido leído en algunos colegios en los últimos días.
ACADE y FECEI piden a las CCAA con restricciones que las academias de idiomas puedan seguir operando de forma presencial
La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) y la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas (FECEI), piden a las comunidades autónomas que están adoptando medidas restrictivas de la movilidad por la pandemia, que consideren el aprendizaje de idiomas como actividad no sometida a las limitaciones que en cada caso se puedan establecer.
A su juicio, es necesario que las comunidades reconsideren estas limitaciones y reconozcan de forma explícita el valor que tienen las academias de idiomas, dentro del sector de educación no reglada, y por tanto con todos los derechos a prestar sus servicios de manera presencial.
Ambas organizaciones sugieren como modelo más adecuado el que ha aprobado la comunidad autónoma de Andalucía, que en su Orden del 8 de noviembre (artículo 6.3) exceptúa del cierre general decretado a partir de las 18.00 horas a los «centros de formación profesional, conservatorios, escuelas de idiomas, academias y demás centros similares».
España se mantiene como el país con mayor tasa de abandono escolar de la UE pese a la mejora de la última década
España sigue siendo el país de la Unión Europea con la mayor tasa de abandono prematuro de la educación y la formación profesional, con un 17,3%, lo que supone un nivel siete puntos superior a la media del bloque (10,2%) a pesar de que el porcentaje ha disminuido «a un ritmo constante» durante la última década.
Así se desprende del informe sobre España del Monitor de la Educación y la Formación de 2020 que este jueves ha publicado la Comisión Europea para todos los Estados miembro. El documento resalta que alcanzar el objetivo nacional de reducir la tasa de abandono escolar al 15% este año «parece inalcanzable».
El informe también destaca las diferencias regionales, con Galicia, Madrid, La Rioja y Valencia reduciendo el abandono prematuro de la educación y Cantabria, Cataluña y Navarra aumentándolo. También recoge que esta realidad afecta más a los chicos (21,4%) que a las chicas (13%). EUROPAPRESS
Educación en tiempo de pandemia: ¿reforma o mejora?
Reforma y mejora de la educación, dos grandes palabras cuyos significados y prácticas nos resbalan, como el agua, entre las manos. Deberían en teoría ir convenientemente unidas, pero en realidad muchas reformas no conllevan mejoras significativas, y muchos cambios para mejor resultan para peor. Estas apreciaciones podrían venir, en tiempos de pandemia, para la próxima Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de la LOE).
La covid-19 nos ha pillado por sorpresa y se nos ha presentado repleta de amenazas, desafíos e incertidumbres. Ha puesto en jaque la vida humana y la sanidad, la economía y el mundo del trabajo, la sociedad, la cultura, la misma política y, desde luego, la educación. Supone retos sin precedentes y exige simultáneamente respuestas con urgencia. Tendremos que reconstruir modos de pensar en uso y prioridades, desplegar e implementar estrategias y actuaciones con determinación, humildad, solidaridad, reflexión y flexibilidad. La activación de sinergias sumando diversas perspectivas, compromisos y actores va a ser crucial: no será posible proteger bienes comunes y esenciales en juego, concretamente educación, yendo cada cual a su aire.
Instituto de Política Social presenta una denuncia contra la ministra de Educación por la ‘Ley Celaá’
El Instituto de Política Social (IPF) ha presentado la noche de este jueves una denuncia contra la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, «por atentar contra la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones» a través de la nueva Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), más conocida como ‘Ley Celaá’.
El presidente del IPF, Pablo Hertfelder, ha presentado la denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Majadahonda, en funciones de guardia, al considerar que esta nueva ley educativa, que continúa con su tramitación en el Senado tras el visto bueno del Congreso, supone un ataque frontal contra el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones.
En concreto, el Instituto de Política considera que la ‘Ley Celaá’ viola el artículo 27.3 de la Constitución, que garantiza el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
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