14 de diciembre de 2020
Derecho de los padres a escoger la educación.
Esta nueva ley ha generado un gran debate mediático especialmente sobre los temas concernientes a la supresión en la disposición adicional trigésima octava de la siguiente frase: “El castellano es la lengua vehicular de la enseñanza”, o la generalización del concepto de escuela inclusiva que algunos ven como primer paso para la desaparición de las escuelas de educación especial, e incluso con un enfoque más alarmista a la “posible extinción de la escuela concertada”.
En una publicación en este mismo diario ya manifesté mi opinión sobre esta ley y todas las anteriores. Si me apuran, sirve incluso para las próximas que se vayan aprobando.
Esta nueva ley ha generado un gran debate mediático especialmente sobre los temas concernientes a la supresión en la disposición adicional trigésima octava de la siguiente frase: “El castellano es la lengua vehicular de la enseñanza”, o la generalización del concepto de escuela inclusiva que algunos ven como primer paso para la desaparición de las escuelas de educación especial, e incluso con un enfoque más alarmista a la “posible extinción de la escuela concertada”.
Remarcando la preocupación y la utilización ideológica que se pueda hacer sobre la supresión en el articulado legal del castellano como lengua vehicular, del error de no configurar una ley consensuada por mayorías amplias parlamentarias y por los agentes de la comunidad educativa, en esta reflexión quiero remarcar un aspecto que parece que pasa desapercibido por la mayoría de los ciudadanos.
Me refiero a la premisa mayor. La responsabilidad, derecho y deber que tienen los padres o tutores legales en escoger, diseñar, evaluar y controlar la educación de sus hijos. Y la responsabilidad que tenemos los ciudadanos en el control de los fondos económicos destinados a prestar servicios públicos en el ámbito educativo.
Y no, no me estoy refiriendo al artículo 27.3 de la Constitución Española que afirma: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Casado propone a Sánchez un pacto de Estado para destinar un 2% del PIB a la ciencia.
El presidente del PP, Pablo Casado, ha propuesto a Pedro Sánchez un Pacto de Estado por la investigación para dedicar al sector “desde ya” un 2% del PIB español. Apuesta por seguir invirtiendo en el sector de la investigación y la biotecnología para los que reclama recursos privados y públicos porque “son fundamentales para combatir enfermedades y mejorar la salud de muchos enfermos” .
Tras su visita a la empresa de distribución farmacéutica Hefame en Murcia, subrayó que para ello el Gobierno puede contar con “la plena colaboración del PP para que el calendario de vacunación se haga de inmediato”, y ha puesto en valor la labor de la industria farmacéutica y a los farmacéuticos, que han mantenido las farmacias abiertas “dando la atención necesaria y arriesgando sus vidas para dar afecto y confianza a los españoles que han pasado el Covid-19”.
Por otra parte, los populares continúan con su ofensiva contra la “Ley Celaá”. El líder del PP, ha asegurado que las comunidades donde gobiernan van a tomar medidas para que la nueva norma no afecte a las familias. Por ello, han anunciado que, entre las medidas que van a adoptar en Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla y León y Galicia, está la de adelantar el plazo de inscripción del próximo curso para garantizar así la libertad de elección. “Allí donde gobierna el PP las familias podrán seguir eligiendo libremente el centro educativo de sus hijos, público o concertado”, dijo Casado.
El PSOE, sobre la estrategia del PP para no aplicar la «Ley Celaá» el próximo curso: «Casado es un experto en trampas»
El PSOE ha criticado que las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular vayan a adelantar la matriculación del curso escolar para «burlar» la nueva ley de educación, conocida coloquialmente como ‘Ley Celaá’.
«Lo van a hacer para burlar la nueva ley de educación. Casado es un experto en trampas educativas, lo que no es de recibo es que quiera aplicarlas además a la educación de las comunidades autónomas donde gobierna», ha señalado este domingo el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, Ander Gil.
En este punto, el portavoz socialista ha asegurado que «muchos españoles verían con buenos ojos que Casado dejara de pensar solamente en sí mismo y empezara a actuar con responsabilidad y con madurez».
Así, ha destacado que «un ejemplo más de esta falta de responsabilidad» es el anuncio del presidente del PP de que las comunidades autónomas en las que gobierna van a adelantar el plazo de matriculación del próximo curso escolar.
La Comunidad de Madrid adelanta la matriculación del curso 2021-2022 para sortear la Ley Celaá
La Comunidad de Madrid ha confirmado ya que adelanta el proceso de admisión del curso escolar 2021-2022 como respuesta a la Ley Celaá, con el propósito de «garantizar la libertad de elección de las familias». Así, Madrid es la primera de las comunidades gobernadas por el PP que da este paso para burlar la inminente norma educativa, que está pendiente de tramitación en el Senado.
La maniobra del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, aprobada el pasado 4 de diciembre, remite a que la denominada Ley Celaá prevé que los procesos de admisión de alumnos del próximo curso aprobados antes de su entrada en vigor se regirán por la normativa vigente. Las instrucciones aprobadas se centran en escolares de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Educación Especial. «Esto permite disponer de tiempo suficiente para realizar los trámites necesarios y retrasar un año la aplicación de los cambios en materia de admisión en la Comunidad de Madrid», explican fuentes de la consejería de Educación, que dirige Enrique Ossorio. De esta forma, explican desde el Ejecutivo madrileño, durante el próximo proceso de admisión se mantiene el distrito único en cada municipio, que garantiza la igualdad de condiciones para todas las familias para la elección de centro en su municipio.
Ossorio, precisamente, ha asegurado este sábado que este será uno de los pasos que se darán para sortear la ley que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez. «Estamos radiografiando la ley para que dentro de nuestras competencias de gestión, que son muy amplias, tomar aquellas decisiones que sean buenas para los alumnos de Madrid», ha declarado el consejero. El adelanto del proceso de madriculación, añade el titular de Educación, provocará que prevalezca la normativa autonómica por encima de la estatal. «Nosotros preferimos que sean los padres los que elijan donde van sus hijos, y no las administraciones públicas o la ingeniería social», ha aseverado Ossorio.
El PSOE ataca al PP por «burlar» la Ley Celaá adelantando la matriculación: «Casado es un experto en trampas educativas».
El PSOE ha criticado que las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular (Andalucía, Murcia, Madrid, Castilla y León y Galicia) vayan a adelantar la matriculación del curso escolar para «burlar» la nueva ley de educación, conocida popularmente como Ley Celaá.
«Lo van a hacer para burlar la nueva ley de educación. [Pablo] Casado es un experto en trampas educativas, lo que no es de recibo es que quiera aplicarlas además a la educación de las comunidades autónomas donde gobierna», ha señalado este domingo el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, Ander Gil, aludiendo a la polémica del máster del líder del PP en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
En este punto, el portavoz socialista ha asegurado que «muchos españoles verían con buenos ojos que Casado dejara de pensar solamente en sí mismo y empezara a actuar con responsabilidad y con madurez».
Así, ha destacado que «un ejemplo más de esta falta de responsabilidad» es el anuncio del presidente del PP de que las comunidades autónomas en las que gobierna van a adelantar el plazo de matriculación del próximo curso escolar.
Gil también ha criticado a los populares por volver a «incidir en el error» en su veto a los Presupuestos Generales del Estado también en el Senado y ha señalado que el PP «rechaza formar parte de la solución a la crisis y apuesta por seguir formando parte del problema».
La escuela concertada de Castellón sumará sus fuerzas a la manifestación contra la Ley Celaá
La comunidad educativa de la enseñanza concertada de la provincia de Castellón se sumará el próximo 20 de diciembre, fecha fijada en todo el territorio nacional para manifestarse de nuevo contra la Ley Celaá, para expresar su rechazo contra esta nueva ley educativa que se quiere aprobar el día 23 «de una manera exprés y sin buscar en ningún momento el consenso», según indica Víctor Cardona, responsable de Comunicación del sindicato FSIEen Castellón.
La convocatoria, planteada Plataforma Más Plurales (formada por patronales, sindicatos docentes y padres de la enseñanza concertada) a nivel estatal se llevará a cabo en la capital de La Plana a partir de las 11 de la mañana y, tal y como se prevé, se prolongará durante dos horas ya que al final del recorrido se leerá un manifiesto de rechazo a la octava ley orgánica educativa en nuestro país, denominada LOMLOE.
Tal y como explica Cardona «ya se ha solicitado el oportuno permiso a Subdelegación para llevar a cabo esta manifestación que se realizará con todas las medidas de seguridad». Así, los vehículos participantes saldrán del antiguo Mercado del Lunes (frente a la sede del sindicato FSIE) para seguir por la ronda hacia la Ciudad de la Justicia, dirigiéndose posteriormente hacia la plaza María Agustina, siguiendo por la calle Gobernador y por último la Avenida Hermanos Bou para volver al inicio del recorrido.
Escuelas desconectadas.
En el colegio de Loli Franco los alumnos ya se han acostumbrado a que para navegar por Internet hace falta el móvil del profesor. Porque cuando el wifi no da, o se cae por un temporal, como ocurrió esta semana, el 4G de los teléfonos personales de los docentes es lo único que les permite acceder a la red. “Hacemos malabares para conectarnos, con nuestros teléfonos o incluso usamos nuestros portátiles, porque la red no aguanta, y hemos sobrevivido navegando con los móviles de los docentes”, explica la directora del Centro público de Educación Obligatoria (CEO) de Tejeda, un municipio de 2.000 habitantes en Gran Canaria. En este colegio, donde estudian 70 alumnos desde infantil a secundaria, tienen todo preparado para la llegada de la alta velocidad, tanto la instalación en el centro, como en el entorno, solo falta conectarlo. Hasta que llegue ese momento “tiramos de imaginación”, explica su directora.
Con situaciones parecidas a la del colegio de Tejeda, en España hay más de 3.000 centros educativos, de los más de 28.000 de la red sostenida con fondos públicos, donde no cuentan con Internet de alta velocidad, según los datos proporcionados por las 17 regiones y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Las comunidades con mayor porcentaje de centros sin red de alta velocidad son Cataluña (43%), Madrid (42%) y Aragón (22%). En el polo opuesto, con el 100% de sus centros conectados, están Ceuta, Melilla y seis comunidades: Asturias, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Murcia y País Vasco.
La buena noticia es que esta situación está en vías de resolverse. A través del proyecto Escuelas Conectadas de la empresa pública Red.es —la compañía es responsable también de tramitar las 500.000 tabletas prometidas por el Ministerio de Educación para solventar la brecha digital— o mediante planes regionales, las Administraciones están haciendo un esfuerzo para llevar la fibra al entorno educativo. En Cataluña, tienen previsto llegar a los 1.230 centros que aún no cuentan con alta velocidad a lo largo de este curso; en Madrid, también prevén llegar a 900 colegios más, y en Aragón un portavoz asegura que “el 90,15% de los estudiantes disponen de banda ancha en los centros en los que cursan sus estudios”. De ellos, un 22% solo disponen de 30 megabytes —la velocidad se considera eficiente desde 100— o menos para conectarse, y por ello se incorporarán al plan de recuperación poscovid Next Generation EU de la Comisión Europea.
Los estudiantes españoles de primaria bajan en Ciencias “significativamente” y aumentan la brecha con la media de la OCDE
Después del batacazo en Ciencias y Matemáticas de los estudiantes españoles de 15 años en el informe PISA del pasado diciembre, un nuevo estudio internacional ha puesto de manifiesto que España va por detrás de la media de los países de la OCDE y de la Unión Europea en ambas disciplinas. Esta vez el informe TIMSS, que mide las competencias de los alumnos de 4º de Primaria (niños de 10 años) de 64 países, da a España una puntuación de 511 puntos en Ciencias ―por debajo de los 526 de media de la OCDE y de los 514 de la UE― y de 502 en Matemáticas ―lejos de los 527 de la OCDE y los 513 europeos―.
Los nuevos resultados de TIMSS (Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias, en sus siglas en inglés) suponen, además, un empeoramiento en las dos materias respecto a la última edición del estudio, en 2015: entonces España obtuvo 518 puntos en Ciencias (la bajada es de siete puntos) y 505 en Matemáticas (una reducción de tres puntos). En Ciencias, la distancia con la OCDE fue entonces de 10 puntos (528), y en Matemáticas de 20 (525). El problema es el reducido porcentaje de alumnos en niveles avanzados, tan solo un 3% en Ciencias y un 4% en Matemáticas, y muchos en niveles bajos, 71% y 91%, respectivamente.
“El descenso en nuestras mediciones solo es significativo estadísticamente a partir de siete puntos; en este caso España debería estar preocupada por sus resultados en Ciencias, sin duda el modelo de enseñanza debe ser revisado”, considera en declaraciones a este periódico Dirk Hastedt, director de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA, en sus siglas en inglés), que elabora este informe desde el año 1995, del que se publica este martes la séptima edición. “Solo un 4% de los estudiantes españoles alcanzan el nivel alto en Ciencias, mientras que en Singapur son el 38% o el 29% en Corea”, añade.
15 de diciembre de 2020
Mesa por al Educación en Libertad marchará el día 20 contra la Ley Celaá
La Mesa por la Educación en Libertad, integrada por diferentes organizaciones que representan a la comunidad educativa, apoyará la manifestación en coche convocada por la plataforma Más Plurales el domingo 20 de diciembre que se hará en varias ciudades españolas, entre ellas València.
La Mesa por la Educación en Libertad ha definido la futura ley educativa como “impuesta, carente de un proyecto pedagógico que permita hacer frente a los retos de la educación en España”.
Además, ha afirmado que el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE) es “una ley ideológica con vocación estatista. Nunca una Ley Orgánica de Educación se ha aprobado con una tramitación tan atropellada”.
Según la organización, la manifestación “es una nueva acción reivindicativa a la que la Mesa se suma para protestar contra la Ley Celaá y contra las formas utilizadas por el Ejecutivo”.
La manifestación, prevista de 11 a 13 horas, comenzará en el paseo de la Alameda y recorrerá las grandes vías del Marqués del Turia, Germanías, Ramón y Cajal y Fernando El Católico para continuar después por el paseo de la Petxina, las calles Blanquerías, Conde de Trenor y Pintor López, el paseo de la Ciudadela y vuelta a la Alameda desde el puente de las Flores.
La Mesa, según un comunicado, establecerá un punto informativo al inicio de la manifestación, en el paseo de la Alameda junto a la fuente de los Cuatro Elementos.
Celaá ignora las medidas de las autonomías del PP contra la ley Celaá: “Buscan confundir”
La ministra de Educación, Isabel Celaá, no se da por aludida con el hecho de que algunas comunidades autónomas, como Madrid, hayan anunciado que adelantan a diciembre el proceso de admisión del curso 2021/22 con la publicación de las instrucciones que lo regulan como una estratagema para burlar la “Ley Celaá”. “No es más que una estrategia política, buscan confundir a la ciudadanía”, ha dicho en rueda de prensa tras mantener una Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas.
La ministra cree que el paso dado por Madrid y que el PP ha anunciado que seguirán las comunidades autónomas en las que gobierna, “no supone un adelanto, es falso, porque así lo hace de manera habitual”. Entre otras cosas porque asegura que Madrid ya hizo la misma resolución en diciembre del año pasado y, en 2017, el día 2 de diciembre. “Este es un procedimiento habitual que empieza en muchas comunidades en el mes de diciembre, no hay tal adelanto”, ha sentenciado. “Recomendaría a todos los portavoces del PP que se preocuparan más por aplicar medidas educativas”.
El PP está dispuesto a dar la batalla y a emprender una contrarreforma educativa donde gobierna sorteando la Lomloe, según ha anunciado. Pero la ministra asegura que “no observo la posibilidad de que una fuerza política de gobierno pueda incitar al no cumplimiento de esa ley. La libertad está perfectamente garantizada en la Lomloe y el castellano también, está fuerte y nunca ha corrido riesgo en ninguna de las escuelas del país y siempre va a seguir así”.
Isabel Celaá irrita a los rectores al imponer una prueba de acceso a la universidad para extranjeros.
La ministra Isabel Celaá ha recuperado en su reforma educativa la prueba de acceso a la universidad para los estudiantes procedentes de sistemas extranjeros no comunitarios. Los rectores se oponen a que el Gobierno imponga de forma obligatoria este examen, que fue suprimido por José Ignacio Wert (PP) por ser «una anomalía en el panorama internacional» y «el mayor obstáculo para ampliar fronteras». Los representantes de los campus advierten que la medida «frenará» la llegada de alumnos de otros países.
Celaá desmiente al PP y dice que otros años la admisión comenzó en diciembre: «Es falso, no hay adelanto, es estrategia para confundir».
La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha desmentido este lunes al PP y ha negado que sus comunidades autónomas hayan adelantado el proceso de admisión de alumnos para sortear el cumplimiento de la Lomloe. «Es una estrategia política que busca confudir a la ciudadanía. No hay tal adelanto», ha recalcado por vídeoconferencia tras mantener una Conferencia Sectorial con los consejeros regionales.
El líder de los populares, Pablo Casado, anunció este sábado que Madrid, Murcia y otras regiones iban a «adelantar el plazo de inscripción» de los estudiantes para el curso 2021/2021 para que «no se vea afectado por las limitaciones de la Ley Celaá«. Una especie de atajo legal para declararse en rebeldía contra la reforma que el propio PSOEcensuró el domingo por ser «una trampa educativas».
Casado también dijo que hará todo lo posible para que la Lomloe «no afecte a la libertad de las familias» de la escuela concertada, ni permitirán dar el título con suspensos y que en Galicia el castellano seguirá como lengua vehicular con el gallego.
La comunidad educativa de la pública critica la «batalla partidaria» de los gobiernos del PP contra la ‘Ley Celaá’.
Las entidades consultadas por Europa Press han censurado, sobre todo, que sea el propio responsable estatal de la formación, Pablo Casado, quien anuncie medidas que ejecutarán los gobiernos autonómicos liderados por su partido, lo que evidencia todavía más que el interés político se sitúa por encima de la educación.
Suso Bermello, de la CIG-Ensino, ha lamentado esta batalla «partidaria y absolutamente vergonzosa», que está provocando situaciones y actuaciones desde las administraciones que no se vieron «con ninguna» de las anteriores leyes orgánicas en esta materia.
«Los gallegos desayunamos el sábado escuchando a Pablo Casado, que no tiene ningún tipo de responsabilidad, diciendo lo que va a hacer la Xunta», ha ironizado. Un «escándalo mayúsculo», añade, en el que la Xunta actúa «como fiel obediente del dictado de la calle Génova».
Para Bermello la intencionalidad del Gobierno gallego se observa en la actitud sobre otros aspectos de la LOMLOE, como es la posibilidad de reducir ratios en centros de zonas socialmente desfavorecidas o que escolaricen alumnos con necesidades específicas.
Celaá valora el primer trimestre del curso y reivindica la «máxima presencialidad».
Este lunes, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha presidido la Conferencia Sectorial de Educación con los consejeros de las Comunidades Autónomas para hacer balance del primer trimestre del curso escolar 2020-21, una reunión que ha calificado de satisfactoria, reivindicando la decisión de apostar por al presencialidad, frente a los que ha llamado «vaticinios catastrofistas que hablaban de «misión imposible y suicida».
Los sindicatos critican la «falsa polémica» de las comunidades del PP con la ley Celaá.
La Comunidad de Madrid ha adelantado el proceso de admisión del nuevo curso escolar 2021-22 para “garantizar la libertad de elección” de las familias ante la inminente aprobación de la ley Celaá, que actualmente está pendiente de tramitación en el Senado, según informa el Gobierno regional en un comunicado. El sábado, el presidente del PP, Pablo Casado, anunció que las comunidades gobernadas por el PP en solitario o en coalición con Cs (Galicia, Castilla y León, Andalucía, Madrid y Región de Murcia) avanzarían el plazo de inscripción para el próximo curso escolar para sortear las “limitaciones” en la elección de centro contempladas en la nueva ley educativa. De esta manera, Madrid ha sido la primera región en aprobar estas instrucciones, una circunstancia que permitiría continuar como hasta ahora con la admisión de alumnos.
La secretaria de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín, ha asegurado en declaraciones remitidas a la prensa que esta decisión genera “una falsa polémica y alarma” en las familias. Además, ha criticado que el Ejecutivo regional ha “mentido” ya que el curso anterior se abrió el 5 de abril, mientras ahora se iniciará el día 8 del mismo mes. “Es muy grave mentir e involucrar desde el Gobierno en batallas partidistas y ocultar los verdaderos problemas de la escolarización en Madrid”, ha remarcado. Algo que también ha expresado desde UGT, Teresa Jurado, quien ha asegurado que los procesos de escolarización “siempre han tenido esas fechas” y está utilizándolo de una manera partidista.
Por su parte, el presidente de ANPE-Madrid, Andrés Cebrián, ha afirmado a Efe que esta decisión visibiliza una ley que se ha aprobado “sin consenso” por lo que se “abre la puerta de atrás para pretender salvaguarda la libre elección” del centro educativo.
Los alumnos con menos recursos repiten cinco veces más.
En España, casi la mitad de las personas que han crecido en hogares con un nivel básico de estudios no supera ese mismo nivel educativo, generándose una transmisión intergeneracional de la desventaja educativa. “Un nivel de estudios básico en el hogar conlleva además una alta probabilidad de que los niños y niñas se encuentren en situación de pobreza infantil”, advierte el estudio.
Destaca los efectos de la desigualdad en varios ámbitos de la Educación: el primer ciclo de Infantil (0 a 3 años), el abandono educativo, la repetición, la digitalización, el gasto educativo de los hogares y la segregación. “Existe un claro impacto de la situación socioeconómica del alumnado en sus resultados académicos; los estudiantes y las estudiantes que provienen de hogares con menos recursos repiten 5,5 veces más que aquellos con más recursos”, diagnostica este análisis.
En el caso del abandono educativo temprano, los datos son aún peores: los escolares de origen socioeconómico más bajo lo padecen 7,5 veces más que los más aventajados.
Las aulas pandémicas son «en blanco y negro», con mascarillas tuneadas y frío.
Varios docentes de diferentes etapas educativas entrevistados por Efe han coincidido en destacar la “capacidad de adaptación” y el “desarrollo de la resiliencia” de sus alumnos, aunque en el caso de los adolescentes han observado “más situaciones explosivas” debido a las medidas restrictivas.
Cristian Olivé, que es profesor de ESO en la Escuela “Joan Pelegrí” de Barcelona, ha constatado “más competencia digital” entre sus alumnos e incluso “cuando uno de ellos está confinado, proponen alternativas como conectar con él durante la clase”. Del uso de mascarillas, el profesor ha destacado que sus alumnos “las tunean con imágenes de videojuegos como Fortnite, sus series preferidas o personajes de Harry Potter”.
Estas personalizaciones del elemento más característico del curso se están convirtiendo en “un símbolo de identidad” que “me orienta en la elección de temas que prefieren mis alumnos para proponer actividades y trabajarlos en clase”, ha añadido Olivé. A la vez, según Olivé, las mascarillas han derivado en “un elemento de autoprotección para los alumnos adolescentes”, hasta el punto de que “quitársela les genera cierta inseguridad”. El colegio donde trabaja está en Barcelona, donde pese a que el clima es benigno, “algunos alumnos están viniendo con pequeñas mantas con las que se protegen sus piernas del frío”, ya que “hacemos clase con las ventanas abiertas”, ha añadido Olivé.
De manera diferente, la profesora de Bachillerato de un instituto de Lleida, Victoria Gómez-Serés, ha afirmado que en el colegio “hace un frío de mil demonios” y que éste “es uno de los mayores inconvenientes a la hora de impartir clase”. En Lleida, “muchos días el sol no se levanta hasta las 12 del mediodía o, directamente, no se levanta”, con lo que “persiste la niebla baja, con la consecuente humedad elevada y ausencia de calor solar”, ha explicado la docente, que ha exclamado que “el frío de verdad está por llegar”.
Unicef pide que se dé prioridad a los maestros en la vacunación de la Covid.
En un comunicado, la agencia de la ONU para la Infancia pidió que este colectivo sea vacunado inmediatamente después de los sanitarios de primera línea y las poblaciones de alto riesgo, los grupos que en principio serán los primeros en la mayoría de países.
«La pandemia de la covid-19 ha causado estragos en la educación de los niños en todo el mundo. Vacunar a los maestros es un paso clave», subrayó en la nota la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore.
«Aunque las decisiones sobre el reparto de las vacunas son al final de los Gobiernos, las consecuencias de una educación perdida o limitada durante un periodo extendido son profundas, especialmente para los más marginados», insistió.
Fore recordó que cuanto más tiempo pasen los niños fuera de las escuelas, más probable es que nunca regresen y más difícil será para sus padres volver a trabajar.
«Estas son decisiones difíciles que obligan a hacer sacrificios difíciles. Pero lo que no debería ser difícil es la decisión de hacer todo lo posible para salvaguardar el futuro de la próxima generación», señaló.
Unicef recordó que, en los peores momentos, la pandemia forzó el cierre de escuelas a las que acuden casi el 90 por ciento de los estudiantes de todo el mundo, una cifra que desde entonces se ha reducido.
16 de diciembre de 2020
La escuela concertada respira en Madrid.
En la batalla que se libra en el ámbito educativo por la controvertida Ley Celaá, Madrid es la primera comunidad autónoma que se ha lanzado a desafilar la Ley educativa que se aprobará definitivamente en el Senado de manera inminente: el próximo día 23. Díaz Ayuso abandera ya la contrarreforma educativa y abre el camino en la estrategia que seguirán todas las comunidades en las que el PP gobierna y que tiene un denominador común: sortear la ley dentro de los márgenes legales que les permiten sus competencias autonómicas en materia educativa.
Madrid tiene previsto iniciar la tramitación de un decreto, que se aprobará hoy en el Consejo de Gobierno, que permitirá ampliar de seis a diez años la duración de los conciertos educativos, con el que pretende marcar una línea de apoyo a la concertada y a la libertad de elección de centros frente a la ley Celaá, que considera a la educación pública eje vertebrador del sistema. La ley impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez también elimina la posibilidad de que se creen plazas concertadas, aunque haya demanda de los padres, saca a la educación diferenciada de la posibilidad de recibir conciertos y tampoco permite la cesión de terrenos públicos para levantar colegios subvencionados.
Madrid se adelanta a cualquier cambio de la norma en el Senado.
Ayuso está dispuesta a maniobrar y a utilizar todos los resquicios legales posibles para evitar la aplicación de la ley Celaá. Ahora dispone del aval jurídico de la Lomce, la ley educativa vigente por pocos días, que establece un límite mínimo de seis años para los conciertos en la etapa de Educación Primaria y de cuatro para Secundaria, pero da margen a las autonomías para ampliarlo. Madrid ya lo igualó a seis años para todas las etapas educativas y ahora pretende dar larga vida a los conciertos ampliándolos a diez. La ley Celaá no ha introducido en el Congreso ningún cambio en la duración de los conciertos, con lo que la nueva ley sigue dando margen a Díaz Ayuso para ampliaciones.
Pero aún daría tiempo al Gobierno a hacer modificaciones de última hora vía enmienda en el Senado ante el reto de Ayuso. La cuestión es que el PSOE ha decidido no introducir cambio alguno en la Lomloe a su paso por la Cámara Alta para así cortar trámites y que quede aprobada definitivamente el próximo día 23. De hacerlas, la ley tendría que volver al Congreso para ser ratificada, con lo que su aprobación definitiva se alargaría hasta el mes de febrero y daría más oxígeno y tiempo a las protestas de la «marea naranja» que ha puesto en marcha la plataforma Más Plurales, y que ha unido, por primera vez, a todas las concertadas (sindicatos, patronales, padres…). De hecho, hoy está previsto que haya una nueva protesta ante el Senado en la que se hará entrega del total de firmas que se han recopilado en contra de la ley impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez que considera que asfixia su modelo educativo y aboca a su desaparición en algunas comunidades autónomas. LARAZON
Rocío Lucas: “Tenemos el mayor presupuesto de la historia para impulsar un modelo de éxito”
En plena polémica en España por la aprobación inminente de la Lomloe, la Ley Celaá, que está sacando a la calle a la gente para mostrar su rechazo a una norma que consideran sectaria y que ataca a las libertades y derechos de los ciudadanos, además de poner fecha de caducidad a la educación concertada y especial, la consejera Rocío Lucas presentaba este martes en las Cortes el presupuesto de su departamento para 2021, que se eleva hasta los 2.360 millones de euros, un 14,6 por ciento más que en las anteriores Cuentas aprobadas en las Cortes en 2018.
“Tenemos el mayor presupuesto de la historia de esta Comunidad para seguir impulsando un modelo educativo que ya es de éxito”, destacaba Rocío Lucas en su intervención inicial en la Comisión de Hacienda del legislativo, en referencia a los informes tanto PISA como el más reciente conocido, el TIMSS sobre ciencia y matemáticas, que ponen a Castilla y León como uno de los territorios que más y mejor educa a sus escolares y no solo en España sino en todo el mundo, cuyo sistema es ejemplo a seguir por su equidad y calidad además de por la implicación de la Comunidad educativa. Algo que se está poniendo también de manifiesto en la crisis sanitaria actual, donde los colegios están siendo lugares seguros y limpios de covid.
Más Plurales tomará las calles este domingo contra el “recorte de derechos y libertades” de la Ley Celaá.
Las calles de todas las principales ciudades de Castilla y León, excepto en Segovia, serán un hervidero este domingo en defensa de la Educación y contra el “recorte” de derechos y libertades que, según Más Plurales, pretende la Ley Celaá, y en favor de la liberta de los padres a escoger la Educación de sus hijos y de la pluralidad en la sociedad y en el propio sistema educativo.
Esta plataforma ha convocado a las once de la mañana menos en Soria que será a las doce del mediodía una gran manifestación en coche con todas las medidas de seguridad frente al virus, en la que mostrarán de nuevo su rechazo a una normativa que se está tramitando de forma “oscura, silenciosa y sin consenso alguno” y que “pretende acabar con la Educación Concertada y Especial”.
De esta forma, Más Plurales en Castilla y León se suma a la convocatoria nacional que han organizado en toda España el mismo día. Si bien, la ciudad de Segovia será la única de todo el país en la que no se celebrará esta protesta. Según ha podido saber este periódico, porque nadie ha tomado las riendas en la capital del Acueducto para organizar la manifestación.
Aula híbrida: cuando el maestro «se cuela» en tu salón.
Clases a distancia, trabajos que se envían por correo electrónico o a través de plataformas informáticas, o videoconferencias que simulan una clase presencial. Todas estas fórmulas y otras muchas han venido a asistir al proceso de enseñanza-aprendizaje en tiempos de pandemia, cuando el Covid-19 llegó para trastocar el ritmo normal de la enseñanza. Profesores y alumnos se han ido adaptando a la situación, con mayor o menor fortuna, y surgen nuevas ideas para que esta enseñanza no se resienta. Es el caso de la propuesta que realiza el profesor Francisco José Álvarez García: el aula híbrida.
Este músico, compositor, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) y director de Posgrado e Innovación Educativa de dicha Universidad salmantina aboga por que se traslade a las aulas de Educación Secundaria Obligatoria y a Bachillerato la experiencia que ya se ha implantado en la Pontificia, como es la retransmisión de una clase presencial al entorno online en tiempo real, de modo que los alumnos que tengan que permanecer en sus casas, bien por estar enfermos o bien por tener que guardar aislamiento, no se descuelguen del aprendizaje.
La Universidad Pontificia de Salamanca puso en marcha este curso este modelo para toda la docencia oficial, grados y posgrados, de manera que el alumno puede decidir si asiste presencialmente a una clase o la sigue a distancia en su ordenador personal y desde casa. «Esto puede trasladarse, con adaptaciones a la Enseñanza Secundaria y a Bachillerato», comenta el profesor de la UPSA, aunque en esos niveles educativos la asistencia a clase es obligatoria, sólo podría justificarse en los casos señalados de una enfermedad o un aislamiento.
La «ley Celaá», un nuevo fracaso político y social
«Los grupos parlamentarios abajo firmantes acuerdan que en el primer periodo de sesiones de la próxima legislatura procederán a derogar la LOMCE y paralizar de forma inmediata su aplicación, y trabajarán para elaborar una ley que cuente con el máximo consenso parlamentario y de la comunidad educativa». Así rezaba el texto consensuado entre los grupos políticos de la oposición a Ley Wert en 2013. Siete años más tarde, el resultado de aquel compromiso es esta ley, la Lomloe o «ley Celaá», diseñada más como revancha que como esa nueva ley que pudiera reunir al conjunto de la comunidad educativa, superando los conflictos ideológicos, en una suerte de consenso básico o mínimo que diera por fin estabilidad al sistema educativo.
No fue posible el acuerdo, tampoco ahora. Esta es la gran decepción de la nueva reforma educativa, la octava ya, y a la espera de la próxima, que será la novena, cuando haya un cambio de gobierno. Si la derogación de la LOMCE, o al menos de algunas medidas que contenía gozaba de un amplio apoyo social y político, pues incluso el PP congeló en la etapa Méndez de Vigo la aplicación de los aspectos más polémicos de su propia ley como eran las pruebas externas, el Gobierno renunció prematuramente a la negociación del pacto educativo y pasó raudo a la ofensiva con la LOMLOE siguiendo su agenda ideológica.
Educación acusa al PP de dar «pataletas de crío» contra la «ley Celaá».
La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha comparecido en rueda de prensa este lunes tras celebrarse una Conferencia Sectorial de Educación (reunión de la ministra con los consejeros de educación de las comunidades) en la que se ha hecho balance del primer trimestre del curso 2020-21, marcado por la pandemia. Pero también se abordó, como era de prever, la tramitación de la «ley Celaá» que posiblemente se apruebe en el Senado antes de Navidad, el 23 de diciembre, haciéndola coincidir con la ley de Presupuestos.
Para sortear el proyecto de ley educativo del Gobierno que podría incluso saltarse el paso por el Congreso después de su tramitación por el Senado (esa es la idea del Gobierno para convertirla en ley en tiempo récord y evitarse alguna incómoda abstención que la paralice), el PP ha decidido buscar estrategias legales para evitar su aplicación en las comunidades donde gobierna, tal como avanzó ABC el pasado sábado.
Entre las estrategias, se incluye adelantar la publicación de la resolución de las normas de admisión, tal como ha hecho la Comunidad de Madrid, Murcia o plantea hacerlo en breve Castilla y León, «entre diciembre y enero», según han señalado a ABC fuentes de la consejería de la región, informa Miriam Antolín.
Preguntada por la cuestión, la ministra dijo que «se trata de una estrategia política que busca confundir». «No hay tal adelanto, habida cuenta de que, en Madrid, por ejemplo, el año pasado la resolución de la que están hablando fue publicada el 18 de diciembre y en 2017 el 2 de diciembre, por tanto, no están adelantando nada, salvo que también quisieran adelantarse a la aplicación de la Lomce». En este sentido, fuentes de Educación acusaron al PP de dar «pataletas de crío» contra la «ley Celaá».
El PSOE se autolesiona con la Ley Celaá.
La Ley Celaá se ha aprobado inicialmente en el Congreso por un solo voto, el margen más exiguo de todas las leyes educativas de España. Nada refleja mejor el sectarismo de una ley que perjudica a las libertades educativas, a los menores con discapacidad, a la calidad de la educación y a la vertebración educativa de España.
Las tres Españas sin consenso que deja Celaá.
Es casi imposible poner en marcha una ley educativa estatal si las CCAA no quieren. Ocurrió con la Lomce, que han incumplido el País Vasco o Cataluña sin que el Ministerio de Educación pudiera evitarlo, y probablemente sucederá con la Lomloe.
Ayuso trata de blindar la educación concertada con un decreto que amplía a 10 años la vigencia de los contratos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, ha anunciado este martes que ampliará a 10 años la duración de los conciertos educativos, que ahora tienen una duración de seis años en la autonomía. Ayuso ha presentado el cambio como un blindaje de los centros concertados ante los cambios que introduce la ley Celaá. Del cambio resultarán especialmente beneficiados los centros que segregan por sexo, a los que la nueva ley educativa prevé retirar las subvenciones al término de los conciertos actualmente en vigor.
“La duración de la educación obligatoria es de 10 años y, por ese motivo, se ha considerado acertado hacer coincidir ese plazo con la vigencia de los conciertos y dar a las familias madrileñas esa garantía”, ha afirmado Díaz Ayuso para justificar el cambio. El decreto será presentado este miércoles ante el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, un trámite casi sin importancia, pues la Administración tiene mayoría y todo lo que presenta sale adelante.
Tanto el PSOE de Madrid, Más Madrid y Comisiones Obreras han criticado la ampliación y han señalado que la regulación general de los conciertos corresponde al Gobierno. Una portavoz del Ministerio de Educación se ha limitado a señalar que cuando la norma del Ejecutivo regional sea publicada “habrá que hacer un análisis jurídico para comprobar si se ajusta a derecho”.
La justicia rechaza el recurso del PP contra la flexibilización de los criterios para pasar de curso.
La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso presentado por el Partido Popular contra la orden aprobada por el Gobierno durante el periodo de cierre escolar forzado por la pandemia que facilitó que los alumnos pasaran de curso, obtuvieran los títulos oficiales y pudieran presentarse a los exámenes de selectividad incluso si tenían alguna materia suspendida. Los magistrados de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional consideran que los populares no están legitimados para impugnar la norma al carecer de un interés directo y propio en la cuestión.
Se trata de la primera resolución —contra la que cabe recurso de casación ante el Supremo— de los tribunales en la ofensiva judicial que ha emprendido el PP contra la política educativa del Gobierno, que incluye el anuncio de recurrir la ley Celaá al Constitucional.
“Las Administraciones educativas, los centros y el profesorado adaptarán el sistema de evaluación del alumnado, con el objetivo prioritario de que los estudiantes no pierdan el curso y puedan continuar avanzando en su formación, teniendo en cuenta de manera especial la situación de los estudiantes más vulnerables”, ante las grandes dificultades generadas por “la interrupción de actividades lectivas presenciales”, estableció la orden reproduciendo el acuerdo alcanzado en abril en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación.
UPN presenta un veto a la ‘ley Celaá’ por «sectaria» y hacerse de forma «atropellada» y «sin consenso».
Catalán considera que la tramitación de la ley en el Senado se ha realizado de forma «atropellada», y censura que la Cámara Alta haya rechazado la propuesta de diferentes formaciones, entre ellas UPN, de habilitar el mes de enero para celebrar comparecencias de representantes de la comunidad educativa, responsables de consejerías y expertos con el fin de «mejorar en lo posible su articulado». «La opacidad ha llegado a tal extremo que se ha impedido, incluso, la comparecencia de la ministra de Educación y Formación Profesional», explica.
Para el senador de UPN, se trata de una ley «no participada ni consensuada con toda la comunidad educativa, una ley sectaria que pretende imponer unos postulados ideológicos sin tener en cuenta los derechos de una buena parte de la sociedad española».
«Se ha perdido, una vez más, una magnífica oportunidad para abordar una cuestión tan importante como es la educación desde el acuerdo y el consenso, alejados del sectarismo que viene caracterizando la aprobación de estas normas de manera unilateral por el ejecutivo de turno», ha aseverado.
El Senado rechaza paralizar la tramitación de la ley Celaá como pedía el PP.
La iniciativa, consecuencia de una interpelación a la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha sido defendida por la senadora Ana Alós (PP), quien ha dicho que el paso por el Senado del proyecto de la Lomloe demuestra un “ninguneo absoluto” a la Cámara alta y una “falta de respeto” a los senadores, pues no se ha permitido la participación de la comunidad educativa y no ha habido apenas debate.
Alós ha calificado de “autoritarismo” el que se haya usado la pandemia “en provecho”, en este caso, respecto a una ley educativa. Y ha anunciado que el PP ha presentado un escrito a la mesa del Senado para que se recupere el calendario previsto para la tramitación de la ley Celaá, que llegaba hasta el 25 de febrero, cuando ahora se quiere aprobar el día 23 de diciembre.
Alós ha insistido en que la ley tiene un “ánimo de confrontación”, va en contra de la libertad de los padres, de los centros concertados, de la Educación Especial o del castellano como lengua vehicular.
Inés Plaza (PSOE) ha respondido asegurando que la Lomce estuvo apenas unos 20 días en el Senado y que si se aprueba la Lomloe es porque su formación ha buscado los apoyos necesarios, por lo que saldrá adelante “democráticamente”. Y ha negado que la nueva norma vaya contra la elección de centro por parte de los padres o que se ataque a la Concertada, la Educación Especial o el castellano y ha acusado al PP de “manipular para sacar rédito político”.
17 de diciembre de 2020
La concertada “no se quedará de brazos cruzados” si se aprueba la Ley Celaá.
Escuelas Católicas, CECE, FSIE, Feuso, Concapa y Fapyma, organizaciones andaluzas integradas en la Plataforma ‘Más Plurales’, han presentado un escrito formal ante la Delegación del Gobierno en Andalucía con las enmiendas que proponen para modificar aquellos aspectos más negativos del texto actual de la Lomloe, conocida como ‘Ley Celaá’, toda vez que advierten que “no se callarán ni se quedarán de brazos cruzados si finalmente se aprueba” en el Senado.
Así lo han indicado en un comunicado, en el que se aseguran que “de todos es sabido, y como ejemplo las movilizaciones que paralizaron las principales ciudades españolas el pasado domingo 22 de noviembre, el clamor contra la Lomloe. Cientos de miles de familias, docentes, titulares de centros y ciudadanía en general echaron su coche a la calle para decir #StopLeyCelaá”.
Sin embargo, lamentan que “la ley sigue su curso y la semana que viene puede que se apruebe definitivamente en el Senado”. Por eso, desde la Plataforma señalan que, a través del documento entregado, “se pide a los partidos políticos que digan no a esta Ley en la Cámara Baja para abrir un debate educativo profundo y serio”.
De esta manera, añaden que “se restituiría un debate hurtado a la ciudadanía”, ya que “han vetado nuestra participación durante todo el trámite parlamentario. No han querido ni dialogar, debatir ni mucho menos consensuar. Solo imponer su Ley”.
La universidad pública se vacía: un cuarto de las carreras no cubre el 25% de las plazas ofertadas.
Las universidades públicas se están vaciando en los grados. La caída de la población y el reciente protagonismo que han adquirido los campus privados han provocado un cambio en el perfil del alumnado. En los próximos lustros, si la tendencia actual se mantiene, habrá más estudiantes en las aulas privadas que en las públicas. Así lo augura el informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) que advierte también de que una de cada cuatro titulaciones de grado públicas ha dejado sin cubrir al menos el 25% de las plazas ofertadas.
El número de matriculados en ciclos y grados del sistema público lleva descendiendo desde hace dos décadas: de 1,45 millones de alumnos que se contabilizaban en el curso 2000/2001 a 1,1 que hay ahora. Mientras, el de los inscritos en la privada prácticamente se ha duplicado durante este periodo hasta llegar a los 210.000 estudiantes. En el caso del máster oficial, hay un crecimiento de matriculaciones en ambas redes, pero el de las públicas es inferior al de las privadas. ¿Por qué?
«Porque la población de los que tienen entre 18 y 22 años está disminuyendo y eso se traduce en menos personas que cursan grados. Pero también hay una demanda mayor de estudios privados. Los alumnos están dispuestos a pagar cuatro o cinco veces más porque dan más facilidades de acceso y porque presentan mejores resultados de inserción laboral, según muestran los datos de la Seguridad Social», responde el catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona Martí Parellada, coordinador del trabajo que se ha presentado este jueves.
El Constitucional establece que no se puede discriminar a las universidades privadas en el acceso a las becas.
El Tribunal Constitucional concluye que es contrario a la Carta Magna la discriminación de las universidades privadas frente a las públicas en el acceso al sistema de becas. El Pleno del tribunal de garantías, por ocho votos frente a tres, acordó ayer estimar el recurso de amparo de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir que demandó a la Generalitat valenciana por vulneración del derecho a la igualdad y del artículo 27.9…
Un primer trimestre heroico, pero con muchas tareas pendientes
Alemania y Países Bajos se suman a Dinamarca y Suecia en el cierre de escuelas, guarderías e institutos hasta el 10 y 19 de enero ante el aumento de contagios. Y todavía sorprende que los gobiernos sigan cerrando escuelas cuando la evidencia demuestra que los niños contagian menos, se infectan menos y sufren menos la covid.
El ministerio de Educación cree que las escuelas españolas han pasado el primer trimestre «con nota». Solo se han cerrado un 2% de las aulas y la ministra asegura que ha sido fruto del esfuerzo, compromiso y responsabilidad de toda la comunidad educativa. Mientras, esta misma semana, en la Comunidad de Madrid confirmaban el despido del millar de docentes contratados para refuerzo covid y contábamos que hay más de 3.000 centros educativos que no disponen de internet de alta velocidad, que los estudiantes españoles cada vez obtienen peores resultados científicos, o que la educación está perdiendo su papel como ascensor social.
Alemania y Países Bajos se suman a Dinamarca y Suecia en el cierre de escuelas, guarderías e institutos hasta el 10 y 19 de enero ante el aumento de contagios. Y todavía sorprende que los gobiernos sigan cerrando escuelas cuando la evidencia demuestra que los niños contagian menos, se infectan menos y sufren menos la covid.
Bienvenidos otro martes más a este recorrido semanal por la actualidad educativa, en el que también nos detendremos en quienes siguen luchando a pie de aula. Gracias por abrirnos la puerta de tu casa y compartir esta newsletter con quien pueda estar interesado. Y si tienes alguna historia con la que podamos aprender, puedes contárnosla aquí.
Sindicatos critican «cerrazón» de Ossorio por negarse a renovar a profesores
Los sindicatos educativos CCOO, ANPE, CSIF y UGT se han concentrado este miércoles frente a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, por el mantenimiento de los profesores del refuerzo Covid, frente a la «cerrazón» del consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, que se ha negado a renovarles. «Es una cerrazón que no se justitifica, no se fundamenta», ha señalado la secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín.
Sindicatos critican cambios en la resolución de interinos que «perjudican a la conciliación»
La Mesa Sectorial de Educación se ha reunido este miércoles de manera extraordinaria -lo ha hecho de manera telemática- para abordar las bases de la convocatoria para formar una bolsa de aspirantes funcionarios interinos docentes para cubrir vacantes y sustituciones durante el curso 2021-2022.
CCOO ha lamentado que la resolución elimine la preferencia que los interinos mayores de 55 años tenían para escoger plaza en septiembre si se habían quedado sin vacante. Según ha explicado Óscar Ortiz, de la Federación de Enseñanza del sindicato, la conselleria ha asegurado que está cuestión «va a negociarse» pero «no ha quedado por escrito».
Igualmente, han criticado que la nueva resolución «obligue» a escoger al docente todas las plazas en la tramitación de verano. Esto, han apuntado, dificulta la conciliación porque obliga al docente a escoger destinos lejos de su residencia que, en otras circunstancias, no escogería.
En sentido similar se ha pronunciado el secretario de Enseñanza de UGT, Tino Davia, que ha lamentado que desaparezca la preferencia para los mayores de 55 años, así como la «ausencia de compromiso» de que esta cuestión se negociará en el futuro.
En relación a la selección de plazas, el representante de UGT ha reclamado un término medio, para que el docente no tenga que escoger en verano la totalidad de las plazas, poniendo en peligro de este modo la conciliación familiar.
El 25% de las titulaciones de Grado en las universidades públicas cubren el 75% o menos de las plazas ofertadas.
El 13,2% de las titulaciones de Grado en las universidades públicas presenciales españolas han tenido en el curso 2019-2020 un 50% o menos de la ocupación y un 11,4% adicional ha tenido una tasa entre el 51% y el 75%; es decir, que una de cada cuatro titulaciones deja de cubrir el 25% o más de las plazas ofertadas con matriculados de nuevo ingreso por preinscripción.
Así lo destaca la Fundación CYD, que ha presentado este jueves el ‘Informe CYD 2019’, la XVI edición de su informe anual sobre la contribución de las universidades españolas al desarrollo. El acto, transmitido por streaming, ha contado con la participación de la presidenta de la Fundación CYD, Ana Botín; el presidente de la CRUE, José Carlos Gómez Villamandos; el presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación CYD, Javier Monzón; y el presidente de la Conferencia de Consejos Sociales, …
Celaá acusa al PP de «prostituir» la libertad al usarla en defensa de la Concertada.
Lo ha dicho para responder al diputado del PP, Óscar Clavell, en el Congreso, tras preguntar este por el coste que se ha pagado en la ley de Educación, la Lomloe, para poder sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.
La ministra ha señalado que libertad es “el ejercicio real y efectivo de la libertad” tal y como recoge el artículo 9 de la Constitución y que para ello “hay que remover obstáculos”. Celaá ha dicho que no se ha pagado “ninguno, absolutamente ningún” precio para sacar adelante la Lomloe y los Presupuestos y ha criticado que el PP no hable de la Educación pública sino solo de “precio, mercancía, oferta, demanda y compraventa”.
Por su parte, Clavell ha dicho que ahora entiende por qué quitaron a Celaá de portavoz del Ejecutivo o por qué el vicepresidente Pablo Iglesias le acusó de “falta de liderazgo”, ya que la ministra es “una estatua de cera en el seno del Gobierno” tras “renunciar” a liderar la educación y permitir que Moncloa, “con nocturnidad y alevosía”, quiera sacar la Lomloe. Para el diputado del PP, al Gobierno no le importa la Educación ni los Presupuestos sino “conservar el poder” y por ello “ha vendido por 30 monedas de plata a nuestros niños y su futuro”.
MAGISNET
18 de diciembre de 2020
La concertada “no se quedará de brazos cruzados” si se aprueba la Ley Celaá.
Escuelas Católicas, CECE, FSIE, Feuso, Concapa y Fapyma, organizaciones andaluzas integradas en la Plataforma ‘Más Plurales’, han presentado un escrito formal ante la Delegación del Gobierno en Andalucía con las enmiendas que proponen para modificar aquellos aspectos más negativos del texto actual de la Lomloe, conocida como ‘Ley Celaá’, toda vez que advierten que “no se callarán ni se quedarán de brazos cruzados si finalmente se aprueba” en el Senado. Así lo han indicado en un comunicado, en el que se aseguran que “de todos es sabido, y como ejemplo las movilizaciones que paralizaron las principales ciudades españolas el pasado domingo 22 de noviembre, el clamor contra la Lomloe. Cientos de miles de familias, docentes, titulares de centros y ciudadanía en general echaron su coche a la calle para decir #StopLeyCelaá”.
Sin embargo, lamentan que “la ley sigue su curso y la semana que viene puede que se apruebe definitivamente en el Senado”. Por eso, desde la Plataforma señalan que, a través del documento entregado, “se pide a los partidos políticos que digan no a esta Ley en la Cámara Baja para abrir un debate educativo profundo y serio”.
El Supremo inadmite el recurso de Marzá y le obliga a mantener las líneas de Bachiller de la concertada.
El Tribunal Supremo ha rechazado seis de los dieciséis recursos presentados por la Generalitat Valenciana contra la sentencia dictada en fecha de 18 de julio de 2018 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y le obliga a mantener los conciertos educativos que suprimió en diversas líneas de la educación no obligatoria a numerosos centros concertados. Señala el Supremo que “las cuestiones jurídicas objeto de controversia han sido ya resueltas por la Sección Cuarta de esta Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en sus sentencias de 14 de octubre de 2020, en sentido contrario a la tesis que sostiene la parte recurrente, fijando como doctrina de interés casacional que el régimen de conciertos generales resulta de aplicación a la renovación de los conciertos singulares firmados por las Comunidades Autónomas en los niveles educativos no obligatorios, quedando sujetos al régimen previsto en el Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos aprobado por el artículo único del Real Decreto 2377/1985″.
Es de suponer que el Supremo, por coherencia con esta provindencia en la que rechaza el recurso, rechazará los otros diez que tiene pendientes.
SOS al Senado contra la Ley Celaá: «Es una crueldad obligar a estudiar en un idioma que no dominas».
Cinco asociaciones de Baleares han enviado una carta uno por uno a todos los senadores para pedirles que apoyen la recuperación del término «vehicular» para las lenguas cooficiales «por razones exclusivamente pedagógicas«.
Argumentan, entre otras cosas, que «la lengua materna es la lengua idónea para el aprendizaje«, tal y como declaran el Informe UNESCO 1953 y la Convención sobre los Derechos del Niño, y que es de una «gran crueldad pedagógica obligar a los alumnos a estudiar en una lengua que no dominan».
La misiva está firmada por PLIS. Educación, por favor, Societat Civil Balear, Mos Movem, Foro de Baleares de la Solidaridad y Progreso y PROU-No Vaig de vaga.
«Las razones pedagógicas son las únicas que deberían importar en una ley educativa, la cual se ha centrado en cuestiones políticas identitarias y en el grosero argumento de que las lenguas vernáculas corren peligro y que, por tanto, se han de utilizar en exclusiva como vehiculares, expulsando al español», argumentan en la carta a la que ha tenido acceso EL MUNDO.
El mensaje desesperado a los senadores se produce mientras la Cámara alta tramita de forma exprés la Ley Celaá para aprobarla antes de que acabe el año, previsiblemente el próximo 23 de diciembre. Aunque las cinco asociaciones habían registrado con anterioridad una petición dirigida a la presidente del Senado, Pilar Llop, ahora quieren apelar a la responsabilidad de cada senador para que no participen en este «destrozo pedagógico difícil de revertir», oponiéndose si es preciso a las directrices de sus propios partidos.
Treinta años tarde.
La sentencia del TSJ catalán para asegurar los derechos lingüísticos de los alumnos llega treinta años tarde, o más. La pregunta es por qué el Alto Tribunal ha dejado pasar tres décadas en vez de actuar antes, de manera general, enérgica y obligando a su cumplimiento.
La «ley Celaá», un nuevo fracaso político y social
«Los grupos parlamentarios abajo firmantes acuerdan que en el primer periodo de sesiones de la próxima legislatura procederán a derogar la LOMCE y paralizar de forma inmediata su aplicación, y trabajarán para elaborar una ley que cuente con el máximo consenso parlamentario y de la comunidad educativa». Así rezaba el texto consensuado entre los grupos políticos de la oposición a Ley Wert en 2013. Siete años más tarde, el resultado de aquel compromiso es esta ley, la Lomloe o «ley Celaá», diseñada más como revancha que como esa nueva ley que pudiera reunir al conjunto de la comunidad educativa, superando los conflictos ideológicos, en una suerte de consenso básico o mínimo que diera por fin estabilidad al sistema educativo.
No fue posible el acuerdo, tampoco ahora. Esta es la gran decepción de la nueva reforma educativa, la octava ya, y a la espera de la próxima, que será la novena, cuando haya un cambio de gobierno. Si la derogación de la LOMCE, o al menos de algunas medidas que contenía gozaba de un amplio apoyo social y político, pues incluso el PP congeló en la etapa Méndez de Vigo la aplicación de los aspectos más polémicos de su propia ley como eran las pruebas externas, el Gobierno renunció prematuramente a la negociación del pacto educativo y pasó raudo a la ofensiva con la LOMLOE siguiendo su agenda ideológica.
La experiencia desde que Isabel Celaá ocupa la cartera de educación ha consistido en una carrera atropellada por imponer esta contrarreforma, en plena pandemia de COVID-19, desde los planteamientos clásicos del modelo de educación socialista más radical; por ejemplo, esa supuesta necesidad de blindaje de la escuela pública que se basa exclusivamente en una falacia, la de la suma cero. Todas las decepciones acumuladas en el periodo de los recortes durante la primera mitad de la década 2010 en el sistema público, que afectaron por igual a todos los centros sostenidos con fondos públicos, también a los concertados y sus trabajadores, se han querido solucionar poniendo en marcha un mecanismo de compensación que ha consistido en encontrar al chivo expiatorio, a la entidad que ha provocado la frustración, en este caso la enseñanza concertada. Y a esta entidad se la señala y se la condena basándose en los signos externos de un éxito que no es tal, pues consiste en la demanda social con un 25% del alumnado, hecho que el presidente Sánchez califica como privilegio inadmisible. Desgraciadamente, esta es la perspectiva más profunda o a largo plazo que tiene el Ministerio: hay que disminuir ese porcentaje con la aplicación de la LOMLOE.
La sobreoferta de la Universidad pública: el 13% de las carreras no cubren la mitad de las plazas.
La Universidad privada está comiendo terreno a la pública: desde 1998, se han creado 22 privadas, hasta las 39 actuales, mientras que las públicas no han aumentado y siguen siendo 50. Con títulos adaptados a los tiempos y gran inserción laboral, este crecimiento ha supuesto que la pública pierda en una década 333.000 alumnos en grados, mientras que la privada ha subido en 88.000 estudiantes. El informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) 2019 pone de manifiesto las consecuencias que ello tiene. En el 13% de las carreras en la pública no se cubren la mitad de las plazas; y una de cada cuatro no llena el 75% de los puestos.
Existen grandes diferencias entre universidades ―como en financiación o investigación―: en Extremadura el 37% de las plazas quedan vacías; el 50% en Huelva o el 35% en Salamanca. Por contra, la ocupación es casi total en la Carlos III de Madrid (2%) y total en la Pompeu Fabra de Barcelona. El Ministerio de Universidades quiere que los campus públicos recorten su catálogo de títulos, desbordado por la búsqueda del grado o máster que atraiga al estudiantado.
Previsiblemente, estos datos van a mejorar, pues este año más bachilleres sacaron el título, se presentaron a selectividad y se han matriculado en una carrera. Y como ocurrió en la crisis de 2008, en momentos de poca actividad laboral más jóvenes siguen sus estudios. No existe la tentación de un trabajo sin formación bien remunerado, sea en la construcción o en el sector del turismo.
El Constitucional reconoce a los alumnos de universidades privadas el mismo derecho a recibir becas que los de campus públicos
El Constitucional ha decidido que los alumnos de las universidades privadas tendrán derecho a acceder a las becas públicas en condiciones de igualdad con los de las universidades públicas. El tribunal ha dictado en este sentido una sentencia en la que concede amparo a la Universidad Católica de Valencia contra determinadas normas de la Generalitat valenciana en el ámbito universitario. En concreto, lo que dicha universidad cuestionó fue que la comunidad autónoma pudiera establecer un régimen diferenciado sobre becas en estudios universitarios en centros privados. La normativa autonómica consagraba esa diferencia, que permitía limitar las becas de las privadas a aquellas titulaciones que no existieran en la universidad pública.
Esta disposición es lo que el Constitucional ha interpretado por mayoría que vulnera el derecho a la igualdad en el acceso a las citadas ayudas. Esta era la alegación principal de la universidad valenciana, que argumentó en su recurso de amparo que dicha regulación autonómica le originaba un perjuicio injustificado, ya que el sistema de becas tiene efectos sobre la financiación del propio centro. Su reivindicación, por tanto, consistía en obtener una equiparación plena con las universidades públicas en el acceso a las mencionadas ayudas.
Si el asunto llegó al Constitucional fue porque esta reclamación no fue atendida en primer lugar por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que rechazó el recurso de la universidad valenciana. Agotada la vía judicial ordinaria, el centro acudió al Constitucional en petición de amparo y lo ha obtenido con el voto del sector conservador del tribunal, en una sentencia que ha registrado tres votos en contra, correspondientes a los tres magistrados del bloque progresista, María Luisa Balaguer, Cándido Conde Pumpido y Juan Antonio Xiol. Los tres han anunciado la presentación de votos particulares discrepantes.
Ayuso trata de blindar la educación concertada con un decreto que amplía a 10 años la vigencia de los contratos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, ha anunciado este martes que ampliará a 10 años la duración de los conciertos educativos, que ahora tienen una duración de seis años en la autonomía. Ayuso ha presentado el cambio como un blindaje de los centros concertados ante los cambios que introduce la ley Celaá. Del cambio resultarán especialmente beneficiados los centros que segregan por sexo, a los que la nueva ley educativa prevé retirar las subvenciones al término de los conciertos actualmente en vigor.
“La duración de la educación obligatoria es de 10 años y, por ese motivo, se ha considerado acertado hacer coincidir ese plazo con la vigencia de los conciertos y dar a las familias madrileñas esa garantía”, ha afirmado Díaz Ayuso para justificar el cambio. El decreto será presentado este miércoles ante el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, un trámite casi sin importancia, pues la Administración tiene mayoría y todo lo que presenta sale adelante
Tanto el PSOE de Madrid, Más Madrid y Comisiones Obreras han criticado la ampliación y han señalado que la regulación general de los conciertos corresponde al Gobierno. Una portavoz del Ministerio de Educación se ha limitado a señalar que cuando la norma del Ejecutivo regional sea publicada “habrá que hacer un análisis jurídico para comprobar si se ajusta a derecho”.
La actual regulación de los conciertos educativos está incompleta, lo que permite a Ayuso ampliar el plazo de los conciertos. La ley deja la última palabra al Gobierno, que podría aprobar un decreto y establecer un plazo máximo único de duración de los conciertos en toda España. Una decisión que entrañaría dificultades políticas para el Ejecutivo y que, de momento, no está tomada.
La Consejería de Educación y los sindicatos siguen sin llegar a un acuerdo sobre el reparto de los fondos adicionales.
Así lo ha anunciado en un comunicado el sindicato educativo ANPE, que ha propuesto que estos fondos se destinen, «como en años anteriores», «al máximo número de docentes posible».
«Este año hemos exigido un acuerdo similar, puesto que los docentes en su totalidad lo merecen, tras el sobreesfuerzo que han tenido que realizar por la pandemia», ha expuesto el sindicato, que ha pedido que se incorpore esta parte de sus retribuciones, en los diversos complementos de formación (sexenios) o de fomento a la formación, ya existentes.
Según este sindicato, la consejera de Educación, la regionalista Marina Lombó», ha afirmado que esta distribución «no es posible», si bien ANPE ha indicado que esta fórmula ha pasado los «filtros burocráticos en años anteriores y, aunque fuera muy discutido jurídicamente, se llegó a aplicar sin mayor problema» .
ANPE ha pedido a Lombó «que dé la cara y defienda a sus docentes, ante el Consejo de Gobierno, que es donde parece que surge el problema».
«No queremos pensar que la consejera tiene intención de no llegar a un acuerdo para que estas retribuciones se pierdan; ese escenario no lo contemplamos», ha añadido el sindicato, que se ha preguntado que si esos fondos no se reparten a los docentes «a dónde» irá ese dinero o que se tiene pensado hacer con ellos.
«La consejera no quiere repartir esta parte de nuestras retribuciones entre los docentes, no existe voluntad política, y una vez más no se quiere llegar a un acuerdo con los representantes del profesorado, negando un dinero que corresponde a todos los compañeros, como en años anteriores se ha hecho», ha insistido ANPE.
Impulso Ciudadano pide la ejecución provisional inmediata de la sentencia del TSJC sobre el castellano
Impulso Ciudadano valora de manera «muy positiva» la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de este 17 de diciembre, que obliga a la Generalitat de Cataluña a «adoptar las medidas necesarias para que garantice que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determine, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso».
También pide al Gobierno de España que solicite la inmediata ejecución provisional de la sentencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en caso de que la Generalitat recurriese.
«Los ciudadanos catalanes no nos merecemos que los pactos entre el partido socialista y los nacionalistas lleven a que el Estado renuncie a solicitar una ejecución provisional que permitiría que la exclusión del castellano terminara este mismo curso, sin que tuviéramos que esperar a la resolución del recurso de casación que sin duda planteará la Generalitat en un intento de retrasar el fin del inconstitucional sistema de inmersión obligatoria en las escuelas catalanas», dice la asociación.
Deja una respuesta