15 de febrero de 2021
Manuel Castells renuncia a su proyecto estrella de ‘americanizar’ la universidad por la oposición sindical.
Manuel Castells llegó hace un año al Ministerio de Universidades dispuesto a cambiar de arriba abajo los campus españoles. Pero por el camino se ha dado de bruces con la realidad y su idealismo de Berkeley ha perdido fuelle. La presión de los sindicatos le ha forzado a recular con su medida más ambiciosa y rompedora, el Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), que contemplaba un modelo más flexible de contrataciones paralelo a la vía funcionarial. Además, ha renunciado a su promesa de derogar el Reglamento Disciplinario, la norma que desde 1954 regula el orden y la convivencia en las aulas, porque los juristas le han advertido que antes necesita otro texto legal para sustituirlo. El rechazo que ambas medidas han generado en todos los miembros de la comunidad universitaria, desde los profesores hasta los rectores, ha llevado al ministro a alterar sus proyectos, según revelan a fuentes educativas. No pensaba Castells, cuando diseñó estos cambios, que fuera a encontrarse con tanta oposición. Y ahora no le queda otra que replegarse y pasar al plan B.
Para empezar, está su proyecto para modificar la estructura de las plantillas de las universidades públicas mediante el Estatuto del PDI. Castells quería que este Estatuto se aprobara a través de un reglamento, por un lado, y con un anteproyecto de ley que modificara la Ley de Universidades (LOU) de 2001, por otro. Es decir, con dos textos legales que confluyeran en paralelo y centrados exclusivamente en este asunto. Pero los sindicatos han ido a quejarse a miembros del PSOE y de Unidas Podemos por el contenido del Estatuto, que rechazan frontalmente. A pesar de las reuniones mantenidas para acercar posturas, no ha sido posible encontrar puntos de entendimiento. El Ministerio ha llegado a redactar hasta cuatro versiones distintas del borrador del proyecto de ley, «cada cual peor que la anterior», según fuentes sindicales. Así que Castells ha optado por no aprobar ni el reglamento ni el proyecto de ley. La estrategia será otra. Va a incluir todo lo relativo a la carrera docente dentro de una nueva Ley de Universidades.
Esto es novedoso porque, hasta ahora, había apostado por cambios puntuales mediante reales decretos o reformas concretas, pero no se había planteado una ley orgánica redactada desde cero.
La idea es arrancar octubre con esta nueva ley ya redactada y Castells preparado para abrir un debate donde la carrera profesional docente tendrá que compartir espacio con otros temas de calado, como el modelo de financiación o la gobernanza. El Ministerio ha justificado este giro de timón argumentando que, para recibir los fondos europeos de recuperación de la UE, era necesario hacer una reforma integral de la universidad. En el sector se interpreta, sin embargo, como «una huida hacia adelante», o una «retirada camuflada», o, sobre todo, como una forma de trasladar el problema a los grupos parlamentarios…
Sindicatos urgen al nuevo Govern a invertir en Educación y revertir los recortes.
Ustec, Sindicato de Profesores de Secundaria, CCOO, UGT, Intersindical, CGT y USOC han asegurado que, de lo contrario, movilizarán de manera unitaria “a todo el profesorado y a cada uno de los centros con asambleas de trabajadores” hasta “revertir las condiciones que actualmente padecemos los centros educativos”.
Las formaciones han organizado un acto de protesta delante de la sede de la Consellería de Educación, donde han criticado que los diferentes gobiernos catalanes “han ido obviando y no priorizando la necesaria inversión en Educación en las últimas legislaturas, siempre con argumentos de disponibilidad presupuestaria”. En este sentido, han afirmado que “continuaremos presionando” en un momento que han considerado “bastante delicado” y en el que “es necesaria una apuesta clara por los servicios públicos”, además de la reversión “inmediata de los recortes de derechos y condiciones arrebatados desde 2010” a los trabajadores del sector.
Díaz Ayuso diseña una “revolución” en las aulas con 900 millones de inversión.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid presentará este miércoles sus proyectos de cara a la percepción de los fondos europeos. Se trata de las Líneas estratégicas de Recuperación y Resiliencia que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha diseñado y cuya aprobación definitiva corresponde al Ejecutivo central de Pedro Sánchez.
Reconocen en el entorno de la presidenta madrileña que todas las consejerías implicadas llevan meses trabajando en estos programas de inversión destinados a poner la base de la recuperación del Madrid post pandémico. De entre todos los proyectos, el más ambicioso a nivel presupuestario es el que afecta al ámbito educativo. Constituirá, reconocen en la Puerta del Sol, una auténtica «revolución en las aulas». Según la información a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, esta inversión educativa histórica ascenderá hasta los 900 millones de euros. Y tendrá dos objetivos fundamentales: la mejora de las infraestructuras de los centros educativos y la digitalización de las aulas.
El primero de los pilares de esta «revolución» será el plan de mejora de eficiencia energética en todos los centros educativos públicos. Está diseñado para una inversión de 600 millones en escuelas infantiles, colegios e institutos con el objetivo de lograr un ahorro de energía mediante la renovación y rehabilitación de sus instalaciones. Entre otras actuaciones, se acometerá una importante mejora en las envolventes de los edificios a través del aislamiento térmico. También se renovarán los sistemas de calefacción y las calderas, lo que reducirá también las emisiones contaminantes de estos centros. Se instalarán sistemas fotovoltaicos, de Aero termia y geotermia y dispositivos inteligentes de regulación.
Firme compromiso con la educación concertada en Castilla y León.
Castilla y León refuerza su compromiso con la educación concertada en esta Comunidad. Así se ha rubricado en la firma del acuerdo entre la Consejería de Educación, los sindicatos y la patronal durante un encuentro celebrado en Valladolid, y que ha estado presidido por la consejera de este departamento, Rocío Lucas, y que supondrá una mejora en la calidad de la enseñanza, el mantenimiento del empleo en el sector, así como una adecuada dotación de los equipos docentes en los centros concertados.
Todos los presentes han destacado el incremento de la ratio conseguido entre docente/unidad y la posibilidad de que el profesorado de los centros concertados pueda acceder a la jubilación parcial anticipada siempre que lleven asociados contratos de relevo.
Escuelas Católicas Castilla y León se ha mostrado muy satisfecha con este acuerdo, con vigencia hasta el curso 2023/2024 y que se «ha logrado gracias al esfuerzo que realizan tanto la administración, al correr con el sobrecoste económico que supone la jubilación parcial de profesores que figuran en pago delegado y al ofrecer un aumento de ratio para posibilitar el mantenimiento de los centros concertados, ya que en la medida de sus posibilidades harán lo posible para facilitarlas», ha manifestado la patronal que reúne a 179 centros educativos en la Comunidad.
Los centros educativos acumulan más de 22.200 casos de coronavirus de 3.194 brotes desde la vuelta a las aulas.
Los centros educativos acumulan casi 22.220 casos de coronavirus de un total de 3.582 brotes desde la vuelta a las aulas, según datos de Sanidad recogidos por Europa Press. Se trata de un 7,4 por ciento del total de casos registrados en diferentes ámbitos desde el inicio de la desescalada.
Concretamente, esta última semana se han notificado 388 brotes en diferentes aulas, con un total de 2.241 casos, lo que implica 5,8 casos por brote. Mientras, el acumulado se registra una media de 6,2 casos en cada brote. La semana anterior se notificaron 413 brotes y 2.570 casos, convirtiéndose en el record de notificaciones en siete días desde la desescalada. No obstante, Sanidad precisaba que el 98,63% de las aulas estaban en funcionamiento sin estar cuarentenadas.
El 42,7 por ciento de los brotes y el 31,4 por ciento de los casos acumulados en las aulas se han notificado en los meses de enero y febrero de 2021. Según señala Sanidad, estos contagios predominan en Secundaria. Precisamte, la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha defendido de nuevo esta semana la presencialidad en la escuela, al igual que las comunidades autónomas. «Los centros siguen siendo los lugares más seguros», aseguró.
Albert Rivera ultima el recurso del PP contra la ley Celaá en defensa del castellano y la libertad educativa.
El despacho de abogador del expresidente de Ciudadanos, MartínezEchevarría & Rivera, está ultimando el recurso que el PP presentará contra la «ley Celaá», en defensa del castellano y la libertad educativa. Pablo Casado se ha reunido hoy con la Plataforma Más Plurales, sindicatos y otras entidades educativas para presentar los ejes de ese recurso, punto clave para los populares en esta recta final de la campaña de las elecciones catalanas.
El recurso del despacho de Rivera, que ya representó al PP en el recurso contra la ley de alquileres catalana, se basará en la defensa del español como lengua vehicular y en la libertad de elección de los padres para elegir el centro educativo para sus hijos.
Según informan los populares, este partido llevará ante el Tribunal Constitucional diez cuestiones incluidas en la ley Celaá divididas en tres apartados: la defensa de la lengua española, la libertad de elección y las cuestiones de procedimiento.
El PP se compromete a que las familias puedan elegir colegio público al margen de la zonificación o que las familias puedan escoger la enseñanza concertada y tengan libertad para acceder a un centro de educación especial. Además, para garantizar un sistema educativo vertebrado, el PP defiende el español como lengua vehicular, los currículos comunes en materias troncales y el refuerzo de la Alta Inspección frente al adoctrinamiento.
16 de febrero de 2021
La tercera ola golpea menos a los colegios: solo 32 en toda España están cerrados.
Los últimos datos de la evolución de la pandemia en los centros escolares constatan que son lugares seguros frente al virus. Ahora la situación es de contención en cuanto a la propagación del Covid-19 y mejor incluso que en meses anteriores pese a que en algunas comunidades autónomas se ha llegado a cifras récord de contagios.
Así, según los últimos datos proporcionados por las Comunidades autónomas, el 98,63% de las aulas funciona con normalidad y sólo están cerrados 32 centros educativos en toda España, el 0,11%, según los datos facilitados por la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, tras la reunión de la Conferencia Sectorial en la que participan los consejeros del ramo. Es decir, ahora el 1,37% de las aulas están confinadas, frente al 1,5% o el 1,6% de finales de octubre o principios de noviembre.
«El incremento de contagios se refleja en el ámbito educativo. Sin embargo, en esta tercera ola siempre hemos estado por debajo de las cifras de la segunda ola de finales de octubre y observamos ya una tendencia sostenida a la baja», dijo la titular de Educación. Para más detalles, la semana pasada no había ninguna comunidad autónoma que tuviera más del 3% de los grupos en cuarentena y solo dos autonomías tenían entre un dos y un tres por ciento de la actividad online.
Con estos datos en la mano, la ministra defendió el mantenimiento de la presencialidad en la actividad académica, porque «los centros siguen siendo seguros, aunque no debemos bajar la guardia, es imprescindible mantener el esfuerzo», dijo Celaá. Y en esto sí estuvieron alineados los consejeros de todas las comunidades autónomas.
Llega la hora de ESUE, la renovada escuela de Unidad Editorial
Con la esperanza de que los nuevos tiempos sean tiempos mejores, pero sin esperar a que lleguen, la Escuela de Unidad Editorial ha puesto en marcha una profunda reestructuración desde la que dar respuesta a la creciente demanda de formación que la sociedad reclama. Nace ESUE, la nueva Escuela de Unidad Editorial apoyada en los cimientos de más de 10 años de experiencia como centro de educación y en los más de 20 años de alguno de sus másteres.
La Escuela cambia de imagen pero, sobre todo, amplía en fondo y forma su oferta formativa con nuevos másteres, cursos, jornadas temáticas y paquetes de formación in company. Desde que nació en 2011 como institución agrupando a másteres como el de EL MUNDO, que está ya en su edición número veinte, o el de Comunicación Corporativa e Institucional con Expansión, más de 1.000 alumnos han pasado por nuestros másteres y más de 3.000 han asistido a nuestros cursos, un 20% provenientes de Latinoamérica.
La Escuela, sin perder su esencia, el periodismo y la comunicación, incrementa sus contenidos formativos arropada y legitimada por las grandes marcas de Unidad Editorial: EL MUNDO, Marca, Expansión, Telva, La Esfera de los Libros y Diario Médico, entre otras. Sobre esa base, ESUE amplía sus miras y se abre hacia otras temáticas de la mano de los casi 300 profesionales y profesores vinculados a la Escuela.
Además de periodismo en general, periodismo deportivo o el periodismo económico, desde ya en nuestra página web (escuelaunidadeditorial.es) se ofrecen cursos relacionados con la comunicación, con todo lo relacionado con la transformación digital, con la creación de contenidos, con las finanzas y la inversión, con el deporte, o con la moda y la belleza.
Nuevas tecnologías, sanitarios y márketing digital: los estudios de FP más demandados tras la pandemia
España ha cerrado el 2020, el año del coronavirus, con una tasa de desempleo juvenil dramática, superior al 40%, según datos del INE. Para muchos jóvenes, hastiados de este mal endémico de nuestra economía, la salida podría estar en la FP, especialmente en carreras relacionadas con las nuevas tecnologías, la sanidad y el márketing digital, cuya demanda se ha disparado en este año de pandemia.
Los perfiles más demandados, según un estudio del centro de estudios Implika, están relacionados con los perfiles tecnológicos de desarrolladores web y administradores de sistemas, que ya suponen un 30% del total. «Muchas compañías, en este año de teletrabajo, incluso han tenido que crear planes de formación dentro de las propias compañías por…
El Gobierno adelanta a Bruselas que prepara para otoño la LOSU, una ley de universidades.
El Gobierno español ha adelantado a la Unión Europea que el próximo otoño tendrá un anteproyecto de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario). Bruselas condicionó la entrega de 70.000 millones de euros a España a cambios en las políticas de sus ministerios y en su paquete de compromisos ―junto a la digitalización de los centros y la recualificación de la plantilla― Universidades incluyó una nueva norma para sus campus. La Ley Orgánica de Universidades (LOU), de 2001, se ha quedado muy desfasada en un mundo en constante cambio y ningún partido negaría esa evidencia.
Cuando se inició la legislatura hace 13 meses, el Ministerio de Universidades descartó una nueva norma convencido de su inviabilidad con un Parlamento tan dividido, pero la aprobación de la ley Celaá ―siete partidos votaron a favor y cinco se abstuvieron― lograda por el Ministerio de Educación les hizo plantearse hacerlo. El compromiso con Bruselas ha sido el espaldarazo definitivo. Su idea inicial era hacer reformas parciales de la LOU. De los 70.000 millones que va a entregar Bruselas a España, 387 millones se van a destinar a recualificar o formar a 3.200 investigadores en universidades extranjeras y españolas y a traer a 700 talentos que están fuera del país.
El ministerio tiene mucho trabajo por delante y ya ha empezado a consultar a personas relevantes del mundo universitario para redactar la ley. A Bruselas le preocupan los problemas de gobernanza de las universidades, atrapadas en un sistema tremendamente lento. “La Universidad deberá dotarse de mecanismos de decisión que permitan una gestión eficaz y ágil capaz de adaptarla al cambio constante de su entorno. Dichos principios deberán plasmarse en estatutos de cada universidad”, se explica en la Estrategia programática del Ministerio de Universidades que este acaba de elaborar. En el debate está cuánto tiempo deberían durar los mandatos de los rectores o el sentido de claustros con cientos de representantes.
¿Está preparado el sector privado para auditar las universidades públicas?
Las universidades públicas españolas están obligadas a depositar sus cuentas anuales en el registro del Tribunal de Cuentas de España o ante los órganos hermanos autonómicos (OCEX) y se fiscalizan ―un concepto más amplio que el de auditoría, porque además de las cuentas se incluyen criterios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia― en muchos casos cada cinco años. De modo que cada año las universidades públicas acuden al sector privado para auditar sus cuentas. ¿Qué tipo de auditoras se encargan? Hemos realizado un estudio empírico, que abarca de 2010-2018 sobre 42 universidades, y nos pone de manifiesto que las firmas Big4 (las cuatro grandes) son las más representativas, si bien existe un abanico amplio y dispar de empresas.
La OXEX afirma que para auditar las universidades públicas, además de la preparación genérica prescrita por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, hay que tener cualificación específica sobre el funcionamiento del sector público, especialmente en contabilidad pública y en derecho público. ¿Cumplen estos requisitos los auditores privados contratados? Tras analizar los informes de auditoría de nueve años hemos encontrado 567 salvedades, de las cuales 325 son limitaciones al alcance ―el auditor no pudo comprobar cierta información contenida en las cuentas anuales― y, 242 son errores u omisiones.
Algunos de los errores que hemos encontrado están relacionados con la liquidación del presupuesto de gastos e ingresos, tales como, incumplimientos de la regla de gasto y estabilidad presupuestaria, cálculo del remanente de tesorería ; otros, relacionados con la situación económica- patrimonial, tales como, omisión de información en la memoria relacionada con la contabilidad de costes, la no existencia de un control interno la incorrecta contabilización de los gastos de I+D, de los fondos bibliográficos, de las patentes, de la periodificación de los ingresos de matrícula y un largo etcétera.
17 de febrero de 2021
El Gobierno adelanta a Bruselas que prepara para otoño la LOSU, una ley de universidades.
El Gobierno español ha adelantado a la Unión Europea que el próximo otoño tendrá un anteproyecto de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario). Bruselas condicionó la entrega de 70.000 millones de euros a España a cambios en las políticas de sus ministerios y en su paquete de compromisos ―junto a la digitalización de los centros y la recualificación de la plantilla― Universidades incluyó una nueva norma para sus campus. La Ley Orgánica de Universidades (LOU), de 2001, se ha quedado muy desfasada en un mundo en constante cambio y ningún partido negaría esa evidencia.
Cuando se inició la legislatura hace 13 meses, el Ministerio de Universidades descartó una nueva norma convencido de su inviabilidad con un Parlamento tan dividido, pero la aprobación de la ley Celaá ―siete partidos votaron a favor y cinco se abstuvieron― lograda por el Ministerio de Educación les hizo plantearse hacerlo. El compromiso con Bruselas ha sido el espaldarazo definitivo. Su idea inicial era hacer reformas parciales de la LOU. De los 70.000 millones que va a entregar Bruselas a España, 387 millones se van a destinar a recualificar o formar a 3.200 investigadores en universidades extranjeras y españolas y a traer a 700 talentos que están fuera del país.
¿Está preparado el sector privado para auditar las universidades públicas?
Las universidades públicas españolas están obligadas a depositar sus cuentas anuales en el registro del Tribunal de Cuentas de España o ante los órganos hermanos autonómicos (OCEX) y se fiscalizan ―un concepto más amplio que el de auditoría, porque además de las cuentas se incluyen criterios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia― en muchos casos cada cinco años. De modo que cada año las universidades públicas acuden al sector privado para auditar sus cuentas. ¿Qué tipo de auditoras se encargan? Hemos realizado un estudio empírico, que abarca de 2010-2018 sobre 42 universidades, y nos pone de manifiesto que las firmas Big4 (los cuatro grandes) son las más representativas, si bien existe un abanico amplio y dispar de empresas.
La OXEX afirma que para auditar las universidades públicas, además de la preparación genérica prescrita por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, hay que tener cualificación específica sobre el funcionamiento del sector público, especialmente en contabilidad pública y en derecho público. ¿Cumplen estos requisitos los auditores privados contratados? Tras analizar los informes de auditoría de nueve años hemos encontrado 567 salvedades, de las cuales 325 son limitaciones al alcance ―el auditor no pudo comprobar cierta información contenida en las cuentas anuales― y, 242 son errores u omisiones.
Algunos de los errores que hemos encontrado están relacionados con la liquidación del presupuesto de gastos e ingresos, tales como, incumplimientos de la regla de gasto y estabilidad presupuestaria, cálculo del remanente de tesorería ; otros, relacionados con la situación económica- patrimonial, tales como, omisión de información en la memoria relacionada con la contabilidad de costes, la no existencia de un control interno la incorrecta contabilización de los gastos de I+D, de los fondos bibliográficos, de las patentes, de la periodificación de los ingresos de matrícula y un largo etcétera.
La Inspección se lava las manos y condena al español.
La Alta Inspección del Estado en materia educativa no puede ampararse en tecnicismos jurídicos para sacudirse de encima la escandalosa marginación del español en las aulas de Baleares, o para asegurar que no actúa porque no tiene competencias para garantizar un 25 por ciento de lengua castellana en los colegios públicos. No es una cuestión de competencias, sino de cerciorarse de que se cumple estrictamente la legalidad. Y ese es el problema: que no se cumple. Lo de las competencias es una burda excusa. La Alta Inspección, controlada por Isabel Celaá, se ha convertido en un organismo irrelevante y sumiso, y su argumentación es falsa. Sí tiene competencias en materia de vigilancia y supervisión, e incluso en la propuesta de sanciones. Cosa distinta es que prefiera lavarse las manos mientras una autonomía convierte a trescientos centros educativos en áreas de adoctrinamiento masivo contra lo español.
Asenjo: «No tengo miedo a la contestación por las inmatriculaciones».
Pese a sus graves problemas de visión, el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, afronta el final de su pontificado con entereza sin esquivar ningún tema polémico que afecte a la Iglesia, como la controvertida «Ley Celaá» o el envío al Congreso del listado de bienes eclesiásticos inarticulados entre 1998 y 2015.
¿Cómo se encuentra?
Mi estado general es bueno. He perdido el ojo derecho y conservo solo el 20 por ciento del izquierdo. Tengo muchas limitaciones, pero me manejo bien. Cumplo con mi deber con dificultades.
En octubre envió su carta de renuncia al Papa y en diciembre pidió que se acelerara su relevo. ¿Por qué se está demorando tanto la designación de su sucesor?
Los procesos de nombramientos son muy largos. Consultan a muchas personas, el expediente lo elabora la Nunciatura y tiene que ir a Roma. Son muchos trámites y no creo que mi sustitución se haga efectiva antes de Semana Santa.
Hagamos balance. Durante su etapa en Sevilla puso en marcha el seminario menor, abrió cinco centros de orientación familiar, un centro diocesano de empleo en Palmete y recientemente inauguró la Facultad de Teología. ¿Con qué obra se siente más satisfecho?
Con todo lo relacionado con el seminario y la formación, en concreto la Facultad de Teología. Sevilla la merecía porque cumplía las condiciones establecidas. La conseguimos en un tiempo excepcionalmente corto: ocho meses. Teníamos un edificio espléndido y moderno, una biblioteca que va a llegar a los 100.000 ejemplares, teníamos profesorado suficiente, cerca de 30 doctores, y suficiencia económica. Gracias a Dios lo conseguimos.
Becas y ayudas al estudio, ejemplo del compromiso del CEU con las familias.
La Fundación Universitaria San Pablo CEU es una institución benéfico docente sin ánimo de lucro, que lleva más de 85 años destinando una buena parte de sus recursos a becar a estudiantes con talento que quieren formarse en alguna de sus universidades o colegios. Comprometida con la cultura del esfuerzo y la superación, la Fundación Universitaria San Pablo CEU cree en el valor de dar oportunidades a todos los que tienen una meta y luchan por alcanzarla.
Este curso, en línea con su misión fundacional, el Patronato de la Fundación Universitaria San Pablo CEU ha elevado su fondo de ayudas al estudio hasta un total de 12 millones de euros, con una ampliación de su línea de Becas y Ayudas al Estudio para apoyar a las familias de sus alumnos que atraviesan dificultades como consecuencia de la crisis generada por el coronavirus. Este mes de febrero se abre el plazo de solicitud para las becas del próximo curso académico. Estas becas se destinan tanto a nuevos alumnos nacionales o internacionales, como a los que ya estudian en alguno de los 25 centros repartidos por toda España. El CEU continúa así con su apuesta por premiar a los alumnos con expedientes sobresalientes y por ayudar en los estudios a las familias que lo necesitan.
Llega la hora de ESUE, la renovada escuela de Unidad Editorial.
Con la esperanza de que los nuevos tiempos sean tiempos mejores, pero sin esperar a que lleguen, la Escuela de Unidad Editorial ha puesto en marcha una profunda reestructuración desde la que dar respuesta a la creciente demanda de formación que la sociedad reclama. Nace ESUE, la nueva Escuela de Unidad Editorial apoyada en los cimientos de más de 10 años de experiencia como centro de educación y en los más de 20 años de alguno de sus másteres.
La Escuela cambia de imagen pero, sobre todo, amplía en fondo y forma su oferta formativa con nuevos másteres, cursos, jornadas temáticas y paquetes de formación in company. Desde que nació en 2011 como institución agrupando a másteres como el de EL MUNDO, que está ya en su edición número veinte, o el de Comunicación Corporativa e Institucional con Expansión, más de 1.000 alumnos han pasado por nuestros másteres y más de 3.000 han asistido a nuestros cursos, un 20% provenientes de Latinoamérica.
La Escuela, sin perder su esencia, el periodismo y la comunicación, incrementa sus contenidos formativos arropada y legitimada por las grandes marcas de Unidad Editorial: EL MUNDO, Marca, Expansión, Telva, La Esfera de los Libros y Diario Médico, entre otras. Sobre esa base, ESUE amplía sus miras y se abre hacia otras temáticas de la mano de los casi 300 profesionales y profesores vinculados a la Escuela.
Manuel Castells renuncia a su proyecto estrella de ‘americanizar’ la universidad por la oposición sindical.
Manuel Castells llegó hace un año al Ministerio de Universidades dispuesto a cambiar de arriba abajo los campus españoles. Pero por el camino se ha dado de bruces con la realidad y su idealismo de Berkeley ha perdido fuelle. La presión de los sindicatos le ha forzado a recular con su medida más ambiciosa y rompedora, el Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), que contemplaba un modelo más flexible de contrataciones paralelo a la vía funcionarial. Además, ha renunciado a su promesa de derogar el Reglamento Disciplinario, la norma que desde 1954 regula el orden y la convivencia en las aulas, porque los juristas le han advertido que antes necesita otro texto legal para sustituirlo. El rechazo que ambas medidas han generado en todos los miembros de la comunidad universitaria, desde los profesores hasta los rectores, ha llevado al ministro a alterar sus proyectos, según revelan a EL MUNDO fuentes educativas. No pensaba Castells, cuando diseñó estos cambios, que fuera a encontrarse con tanta oposición. Y ahora no le queda otra que replegarse y pasar al plan B. Para empezar, está su proyecto para modificar la estructura de las plantillas de las universidades públicas mediante el Estatuto del PDI. Castells quería que este Estatuto se aprobara a través de un reglamento, por un lado, y con un anteproyecto de ley que modificara la Ley de Universidades (LOU) de 2001, por otro. Es decir, con dos textos legales que confluyeran en paralelo y centrados exclusivamente en este asunto. Pero los sindicatos han ido a quejarse a miembros del PSOE y de Unidas Podemos por el contenido del Estatuto, que rechazan frontalmente. A pesar de las reuniones mantenidas para acercar posturas, no ha sido posible encontrar puntos de entendimiento. El Ministerio ha llegado a redactar hasta cuatro versiones distintas del borrador del proyecto de ley, «cada cual peor que la anterior», según fuentes sindicales. Así que Castells ha optado por no aprobar ni el reglamento ni el proyecto de ley. La estrategia será otra. Va a incluir todo lo relativo a la carrera docente dentro de una nueva Ley de Universidades. Esto es novedoso porque, hasta ahora, había apostado por cambios puntuales mediante reales decretos o reformas concretas, pero no se había planteado una ley orgánica redactada desde cero -el equivalente a la Ley Celaá de la escuela-, que sería la cuarta en democracia, después de laLRU, la LOU y la Lomlou, que es de 2007.
Nueva ley para octubre.
La idea es arrancar octubre con esta nueva ley ya redactada y Castells preparado para abrir un debate donde la carrera profesional docente tendrá que compartir espacio con otros temas de calado, como el modelo de financiación o la gobernanza. El Ministerio ha justificado este giro de timón argumentando que, para recibir los fondos europeos de recuperación de la UE, era necesario hacer una reforma integral de la universidad. En el sector se interpreta, sin embargo, como «una huida hacia adelante», o una «retirada camuflada», o, sobre todo, como una forma de trasladar el problema a los grupos parlamentarios, porque serán ellos, al final, los que decidirán en el Congreso y el País Vasco y habían contribuido a mejorar la calidad de la docencia y de la investigación. Lo que van a hacer ahora es ponerse a trabajar en una Ley de Universidades que englobe en una sola todas las reformas previstas y después esperar a ver cómo encaja en la comunidad educativa.
El Gobierno distribuye los fondos europeos sin contar con las comunidades.
El Plan del Gobierno para Educación se centra en tres líneas: digitalización, FP y equidad. Ocho comunidades piden “una verdadera cogobernanza” y flexibilidad en el reparto territorial.
18 de febrero de 2021
El SEPIE adjudica cerca de 14,5 millones de euros para 87 proyectos Erasmus+ ante la COVID-19.
El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), organismo que actúa como Agencia Nacional del programa Erasmus+ de la Unión Europea en España y que está adscrito al Ministerio de Universidades, ha publicado este miércoles los resultados de solicitudes seleccionadas de las convocatorias extraordinarias de 2020 de proyectos Erasmus+ de Asociaciones para la Preparación para la Educación Digital y Asociaciones para la Creatividad, con el fin de responder a las circunstancias originadas por la pandemia de la COVID-19.
Las ayudas concedidas a organizaciones de educación y formación de todos los sectores educativos (Educación Escolar, Formación Profesional, Educación Superior y Educación de Personas Adultas), por un importe total de 14.465.799 euros, permitirán financiar en España un total de 87 proyectos destinados a promover la Educación digital y la Creatividad.
Este importe se distribuye entre instituciones de los diferentes sectores educativos y se engloba dentro de la acción de ‘Asociaciones Estratégicas’.
En concreto, en las Asociaciones para la Preparación para la Educación Digital (KA226), se han adjudicado ayudas para 23 proyectos, por un importe total de 3.921.348 euros en el sector de la Educación Escolar; en el sector de la Formación Profesional se han asignado 2.503.454 euros para un total de 15 proyectos; y en Educación Superior se han destinado 3.134.216 euros para financiar 14 proyectos. Esto se traduce en un total de 52 proyectos y 9.559.018 euros.
Estos proyectos tendrán como objetivo dotar a los sistemas de educación y formación de los medios para hacer frente a los retos que presenta el reciente y repentino cambio al aprendizaje en línea y a distancia, incluido el apoyo a los docentes a desarrollar las competencias digitales y la protección de la naturaleza inclusiva de las oportunidades de aprendizaje.
Las 700 enfermeras de los colegios permanecen en un limbo sin vacuna
A mediados de enero empezaron a preocuparse. Son enfermeras, pero en centros educativos, lo que hace que se encuentren en un limbo fuera del plan de vacunación, porque no pertenecen a la Consejería de Sanidad, sino a Educación. Son cerca de 700 profesionales y su misión, como coordinadoras covid de los centros públicos y concertados, consiste en aislar a los escolares sospechosos de coronavirus, acompañarlos, realizar un cribado en el centro e informar a Salud Pública. El Colegio Oficial de Enfermería ya ha mandado tres cartas a la Comunidad de Madrid para exigir que sean vacunadas. Sin respuesta. Las enfermeras de los colegios públicos y privados no solo son las responsables de alertar del coronavirus en las aulas, sino que tratan en sus centros a los niños con enfermedades crónicas. Por eso, explican, su inmunidad es esencial para la salud de esos menores.
El runrún ante la pasividad de la Comunidad de Madrid empezó a extenderse conforme pasaba enero. Crearon un par de grupos de Whatsapp y se organizaron. Primero preguntaron a Riesgos Laborales. No hubo respuesta. Después, a cada una de las cinco Direcciones de Área educativa correspondiente. Tampoco. Luego, acudieron a Salud Pública. Nada de nada. Como último cartucho, llegaron al Colegio Oficial de Enfermería, que recogió el guante.
La Generalitat abonará 998 euros a la concertada por cada alumno vulnerable escolarizado.
La Generalitat de Cataluña pagará unos 1.000 euros a las escuelas concertadas por cada alumno con necesidades específicas que asuman. Esta es una de las medidas del decreto de admisión en los centros educativos aprobado este martes por el Govern, y que aspira a minimizar la segregación escolar. “Pretendemos mejorar la equidad y combatir la segregación escolar, y establecer los criterios de selección educativa”, justificó la portavoz del Ejecutivo, Meritxell Budó. “Es una de las principales medidas en la política educativa de la legislatura”.
El decreto es la aplicación normativa del Pacto Contra la Segregación Escolar, asumido por los principales agentes educativos y la administración. Durante todo este tiempo, la patronal y la Generalitat han estado negociando su contenido. “De lo que era inicialmente, a lo que ha resultado, es un documento muy mejorado”, celebra Eva Salvà, directora general de la Agrupació Escolar de Catalunya (AEC)
La normativa atribuye ahora a Educación la competencia de la programación de la oferta educativa para revertir las escuelas-gueto. Actualmente el 23% de los alumnos vulnerables están escolarizados en la concertada, y la Generalitat considera que deberían asumir el 32% para garantizar la “equidad educativa”, según fuentes del departamento.
La consejería podrá regular la oferta de plazas educativas públicas y concertadas para evitar situaciones de sobreoferta que acaben derivando en que la matrícula viva [matriculaciones durante el curso escolar] se siga concentrando en determinados colegios e institutos. “Una zona educativa es determinante para que su oferta sea segregadora, y por eso es muy importante que el departamento regule esa zona”, señalan las mismas fuentes.
Red.es acuerda la compra de 195.000 ordenadores para Andalucía, La Rioja, Cantabria y Murcia.
La mayoría de los equipos informáticos, que suponen una inversión superior a los 109 millones de euros, se destinarán a Andalucía (175.839), Cantabria (3.944), La Rioja (1.539) y la Región de Murcia (14.289). La actuación se orienta a cerrar la brecha social tecnológica para que los alumnos más vulnerables puedan beneficiarse de la Educación a través de medios digitales, informa en un comunicado Red.es, que impulsa programas de economía digital, innovación y de implantación tecnológica en la Administración, en especial en Sanidad, Educación y Justicia. Del presupuesto global de 109,3 millones de euros, 87,4 millones son aportados por Red.es, a través de los fondos Feder, y el resto por las comunidades autónomas.
Estos equipamientos se unirán a los ya licitados, en el marco del programa Educa en Digital, para Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, Ceuta y Melilla.
Los pliegos de suministro serán publicados en los próximos días en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Un 40% de las empresas de actividades y campamentos para niños han desaparecido por la pandemia.
Un 40 por ciento de las empresas de actividades y campamentos para niños han desaparecido a consecuencia de la pandemia sanitaria, según la Asociación Nacional de Empresas de Actividades y Campamentos (Aneacamp). Según datos la organización, antes de la pandemia el sector contaba con unas 37.800 empresas, un volumen de facturación anual de unos 9.000 millones de euros, 200.000 empleos directos, 700.000 indirectos con empresas suministradoras de servicios y cuatro millones de participantes al año.
«Estas cifras en el 2020 se han quedado por debajo del 15%, con lo que, muy posiblemente, se verán reducidas en una cifra importante a la vuelta de la normalidad, y aproximadamente el 40% de las empresas y autónomos del sector habrán desaparecido y otro 30% verán reducidos sus servicios por la reducción de sus capacidades económicas y humanas», ha indicado Julio Martínez, presidente de Aneacamp
BuscoCampamentos.com, uno de los principales buscadores de campamentos en España y que también forma parte de la Asociación, garantiza la seguridad de las empresas que organizan campamentos que se suelen realizar en espacios abiertos y en instalaciones reguladas y adaptadas para el trabajo con menores. Asimismo, recuerdan que los campamentos son «muy necesarios para la salud física, mental y emocional de la infancia y la juventud».
Igualmentee, garantizan que los campamentos de verano cuentan con un protocolo higiénico-sanitario que «demostraron el pasado verano su buen funcionamiento y eficacia» y recuerdan que el Ministerio de Educación lo ha utilizado como base para los colegios e institutos «con muy buenos resultados durante el curso escolar, donde trabajando con normas y grupos burbujas, los casos de Covid están siendo muy escasos».
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