8 de Febrero de 2021
La Universidad Pablo de Olavide pone en marcha CINEF, Centro Interdisciplinar de Estudios Feministas, de las Mujeres y de Género.
La Universidad Pablo de Olavide ha puesto en marcha, tras un largo proceso administrativo y de evaluación externa, el Centro Interdisciplinar de Estudios Feministas, de las Mujeres y de Género (CINEF), un centro propio y especializado que aúna y coordina investigación, docencia y transferencia de conocimiento en igualdad de género, campo en el que la institución cuenta con una larga y comprometida trayectoria.
La vocación de CINEF es promover, potenciar y coordinar actividades sobre investigación interdisciplinar y transferencia de conocimiento en materia de género e igualdad, así como asesorar y promover actividades docentes, incorporando la perspectiva de género en todas las áreas de conocimiento. El objetivo es que tanto la comunidad universitaria como la sociedad en general puedan tener conocimiento de los trabajos que se están llevando a cabo en la Universidad Pablo de Olavide a fin de ampliar las posibilidades de colaboraciones y sinergias entre diferentes grupos e instituciones. La creación de este centro propio de investigación suma a la UPO a las universidades españolas con un centro o instituto especializado en los estudios feministas y de género, facilitando la colaboración con otros centros de investigación.
CINEF, cuyo germen se gesta en la comisión académica del Máster de Género e Igualdad de la UPO, está promovido por personal de los siguientes grupos de investigación: Economía Ecológica, Feminista y Desarrollo (ECOECOFEM, SEJ507), Valores, Familia, Igualdad y Relaciones Intergeneracionales (SEJ468), Investigación de Acción Socioeducativa (GIAS, HUM929) y Grupo Métodos Cuantitativos en Empresa y Economía (SEJ374).
“A pesar de que la UPO tiene una larga trayectoria en materia de género, sobre todo en investigación, no existía un centro específico que permitiese una interconexión entre todo el PDI que desarrolla actividades en este área de trabajo, lo cual es vital, dado que la interdisciplinariedad es un factor clave, pues el aprovechamiento de sinergias se configura como un elemento esencial para concurrir a convocatorias de ayudas como Horizonte Europa, por ejemplo”, explica Mónica Domínguez Serrano, delegada del rector para la Igualdad de Género de la Universidad Pablo de Olavide y codirectora de este centro junto a Paula Rodríguez Modroño, responsable del Área de Historia Económica de la institución.
La Generalitat admite que llegó tarde para suprimir las vacaciones escolares y afirma no tener competencia para imponer el cambio
El Consell ha entonado, con la boca pequeña, el “mea culpa” en el asunto de suspender el calendario festivo para Fallas y Magdalena. La vicepresidenta del Consell y portavoz, Mónica Oltra, ha admitido que el planteamiento a los consejos escolares llegó “en términos muy apurados”. No obstante, descarta buscar un encaje legal para imponer la recomendación que realizó Salud Pública y que pretendía que sí hubiese clase en los días laborables de la semana de Fallas y Magdalena.
OItra ha explicado que se planteó que fuesen los consejos escolares los que aprobasen el cambio porque no existe “percha jurídica” para que lo haga la Generalitat. Fuentes jurídicas consultadas por este diario insisten en que el Consell podría haber emitido un decreto para regular esta cuestión, como ha hecho con otras restricciones o aprobar un cambio en el que da la potestad a los consejos escolares para decidir los días festivos locales. Ninguna de estas dos opciones se contempla y, por tanto, los escolares de Castellón, Valencia o Gandia, entre otras, estarán seis días sin clase.
Las “no” fiestas de Magdalena comienzan la próxima semana. En estos días regirán las restricciones actuales, pero antes de la semana fallera hay convocada una reunión de la Mesa Interdepartamental donde se estudiarán las medidas para la próxima quincena que comenzará con la semana fallera.
Oltra ha pedido que en el transcurso de esos días se cumpla estrictamente con la normativa. “Este virus es muy traidor y en cualquier momento suben los datos y no queremos que eso ocurra” y ha asegurado que las restricciones actuales son suficientes, incluso para estos periodos festivos.
Sobre la Semana Santa, ha pedido a los gobernantes que estén a altura de las circunstancias. “Los científicos nos dicen que si hay esa movilidad tendremos la cuarta ola. Ni la sociedad ni el sistema hospitalario se puede permitírselo. Es lo único que tiene sentido común”.
Libros de texto con pocos referentes femeninos
El pasado mes de enero, la Asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas (AMIT) lanzaba la campaña No more Matildas para reivindicar el papel de las mujeres científicas que, pese a sus importantes aportaciones a la ciencia, han sido borradas o ignoradas. Entre sus acciones se proponía la incorporación de un anexo a los libros de texto en el que se recogen figuras de científicas relevantes. El objetivo de este documento creado por la asociación es contrarrestar la casi única presencia de referentes masculinos en las aulas. Adela Muñoz, catedrática de Química Inorgánica y miembro de la AMIT, considera que se requieren esfuerzos por parte de las editoriales para que se emprenda una revisión de contenidos y enfoques de los libros de texto con perspectiva de género. También que por parte de la administración se impulsen proyectos que contribuyan a configurar un sistema educativo y formativo que elimine estereotipos de género asociados a determinadas vocaciones y profesiones.
Los libros de texto, como píldoras de conocimiento concentrado, nos ayudan a organizar y entender el mundo. Nuestra visión de ese mundo se agranda, se achica e incluso puede verse distorsionada, según qué contenido se recoja en ellos, y cómo se recoja. Mujeres científicas, historiadoras, músicas, escritoras, economistas que han sido relevantes a lo largo de la historia han sido invisibilizadas por el sistema educativo. Si faltan referentes femeninos en los libros de texto y en el interior de las aulas, falta también rigor en el relato histórico.
Carmen Rodríguez Martínez, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación y profesora de la Universidad de Málaga, coordinaba en 2004 La ausencia de las mujeres en los contenidos escolares, un libro en el que se hacía visible la ausencia de las mujeres en todas las materias que se aprenden en las escuelas: «Las mujeres que han contribuido en la construcción del conocimiento no aparecen y cuando lo hacen, son estereotipadas». El problema para Carmen Rodríguez es que, en general, los pocos cambios que se han producido «se han centrado en las formas, en lo superficial, en detrimento del fondo, de los contenidos».
Investigación, doctorados y pandemia. Un llamado urgente
Estamos asistiendo a las primeras bajas de programas de doctorado de aquellos jóvenes investigadores que han tendido dificultades a la hora de reprogramar el desarrollo de su trabajo y, por tanto, la finalización de sus tesis doctorales. Esto, en condiciones ordinarias, es lo que preveía el Decreto de 2011 que regula los estudios mencionados. Sin embargo, la irrupción de la alerta sanitaria de la covid-19 y su duración, que ha llevado a un segundo estado de alarma, desigual en medidas, pero con muchas restricciones que afectan al estudio, sigue afectando y alterando los cursos del avance de las investigaciones y de la finalización de las tesis doctorales. Esto es, estamos en un contexto anómalo y adverso creado por la pandemia.
Los investigadores FPU (Formación de Profesorado Universitario) y FPI (Formación del Personal Investigador), dependientes del Ministerio de Ciencia e Innovación, pero también otros contratos de investigación de las comunidades autónomas, siguen esperando noticias de planes de choque para mitigar los efectos de la pandemia. Sin embargo, de nada servirán esas prórrogas de contrato si la universidad en la que está matriculada la tesis doctoral no es sensible a las dificultades de los doctorandos. Muchos otros estudiantes no contratados compatibilizan su investigación con empleos, a tiempo total o parcial, que también han visto sus desempeños alterados, en una situación generalizada de precariedad. No obstante, algunas universidades han respondido con flexibilidad, dando prórrogas generosas, y otras, en cambio, solo han sumado los 79 días del primer estado de alarma a los plazos correspondientes. Actúan como si la complejidad de la investigación fuera posible reducirla a un mero trámite burocrático. Han optado por dejar en la estacada a personas con unas trayectorias académicas sobresalientes en las que tanto ellas como los grupos de investigación y diversas instituciones académicas han puesto muchos esfuerzos y recursos.
El 63% de las alumnas titula en Bachillerato frente a solo el 48% de chicos.
El informe sobre igualdad del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que recoge los principales indicadores educativos en clave de género, difundido hoy, también resalta una menor presencia femenina en los ámbitos científicos y tecnológicos.
En el curso 2018-19 las alumnas eran el 48,7% de los matriculados en ESO y el 53,5% en Bachillerato, con diferencias entre itinerarios: en el Bachillerato de Artes, el porcentaje de alumnas llega al 70,2%; en Humanidades, al 63,6%; en Ciencias Sociales, al 55,3%; y en Ciencias alcanza el 47,3%.
En Formación Profesional, las mujeres representan el 29,3% del alumnado de FP Básica; el 43,7% en Grado Medio; y el 47,7% en Grado Superior, aunque existen también importantes diferencias según las familias profesionales. Así, en la FP de Grado Superior, Imagen Personal tiene un 93,9% de alumnas; Servicios Socioculturales y a la Comunidad, un 87,1%; Textil, Confección y Piel, un 85,1%; y Sanidad, un 75,9%. En el otro extremo, las mujeres son un 3,7% del alumnado de Transporte y Mantenimiento de Vehículos; un 4,4% en Instalación y Mantenimiento; un 5,5% en Electricidad y Electrónica; un 9,5% en Marítima y Pesquera; y un 11,6% en Informática y Comunicaciones.
En la Universidad, las mujeres son mayoría (55,6%), pero su presencia varía en función del grado cursado. Hay más chicas en Educación (77,9%) y Salud y Servicios Sociales (71,8%) y menor en Ingeniería, industria y construcción (29%) e Informática (13,4%).
En cuanto al profesorado, las mujeres son el 66,9% del total de docentes (el 72,2% en el personal no universitario), aunque su presencia es muy importante en Educación Infantil (97,6%) y en Primaria (82%). También son mayoría en los centros de Educación Especial (81,5%). En cambio, siguen siendo minoría entre el personal docente de enseñanzas universitarias, un 42,4%, a pesar de que esta cifra ha subido casi seis puntos desde el curso 2008-09, cuando era del 36,6%.
En la última década también ha aumentado de forma sostenida el porcentaje de directoras de centros educativos no universitarios hasta alcanzar el 66,3% en el curso 2018-19, casi 10 puntos más que en el 2008-09 (56,7%). En los centros de Primaria, son el 65% (eran el 53,1% en 2008-2009) y en los de ESO, Bachillerato y FP, son el 40,5%, 9 puntos más que hace una década (31,3%).
ACADE defiende que la deducción fiscal de 1.000 euros va dirigida a los centros de educación infantil autorizados.
La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) ha recordado a las autoridades autonómicas que la normativa vigente establece que la deducción fiscal de 1.000 euros para gastos educativos de las familias solo puede aplicarse en el caso de que los usuarios escolaricen a sus hijos en centros de educación infantil autorizados por cada comunidad autónoma.
Según ha señalado este viernes ACADE, para obtener la autorización autonómica, «los centros deben cumplir unos requerimientos muy rigurosos que incluyen número mínimo de profesores por alumno, titulación adecuada, medidas de higiene y seguridad, impartición de un currículum educativo, cumplimiento estricto del convenio colectivo del sector, y hasta carencia de antecedentes penales relacionados con delitos sexuales de sus profesionales».
En este sentido, ha defendido que «sería un contrasentido que una deducción fiscal pensada para centros educativos pudiera emplearse en otro tipo de establecimientos que no lo son, como ludotecas, parques infantiles o las llamadas ‘madres de día’, que carecen de licencia autonómica porque no son centros de educación infantil, al no cumplir los requisitos para serlo».
9 de febrero de 2021
España se mantiene por encima de la media de la UE en número de investigadoras
La proporción de mujeres en el conjunto del personal investigador en España ha aumentado hasta el 41% (porcentaje que se mantenía estable desde 2009, en el 39%), mientras que en la UE las investigadoras representan el 38% del total. En concreto, el número de investigadoras ha mejorado en los sectores de Administración pública (52%), aunque en universidades (43%) y en el sector empresarial (31%) se ha mantenido igual que en el último informe.
Así lo pone de manifiesto ‘Científicas en Cifras 2021’, informe publicado por el Ministerio de Ciencia e Innovación este lunes 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, que analiza la presencia de las mujeres en los distintos ámbitos y niveles de la ciencia en España, con especial atención a la carrera investigadora en Organismos Públicos de Investigación (OPI) y universidades.
El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha destacado en el prólogo del informe que la igualdad entre hombres y mujeres “es una prioridad para el Gobierno, una cuestión de democracia y de justicia social. Pero en el caso de la ciencia y la innovación es además una necesidad. No podemos perder el talento de las mujeres, que son más de la mitad de la población, bajo ninguna circunstancia”.
Según los resultados del documento, aunque en España las mujeres se incorporan cada vez más y a mayor ritmo que los hombres a las carreras científicas, no lo hacen por igual en todas las áreas. En ese sentido, informe destaca la necesidad de fomentar las vocaciones científicas y técnicas entre las jóvenes, como demuestra el hecho de que, aunque las mujeres son el 56% de las universitarias, en áreas como la ingeniería o la tecnología solo representan el 25,4%.
Ustea denuncia que se han “recortado 4.000 plazas públicas y decenas de clases” y la Junta replica que este curso hay 138 aulas más
El sindicato Ustea ha denunciado hoy que la oferta de plazas de la Consejería de Educación para el próximo curso supondrá la eliminación de un importante número de clases de la red de centros públicos, un “recorte” que afectará a “pueblos de las ocho provincias y a todas las capitales”.
Según la organización sindical, “el periodo de matriculación ha comenzado con una oferta de 1.441.000 plazas, es decir, con un descenso superior a 4.000 plazas respecto al curso anterior, cuando la cifra fue de 1.445.148″. Esto se traduce en “un importante recorte de aulas públicas andaluzas, que pasarán a engrosar la preocupante lista de más de 2.000 unidades públicas suprimidas en los últimos años, supresiones que, por el contrario, no se producen en la escuela privada subvencionada con fondos públicos (concertada)”.
El sindicato sostiene que la oferta de plazas públicas de la consejería se ha hecho “a la baja” y “sobre una previsión de 25 alumnos por aula”, lo que sería “muy por debajo de la demanda real, conforme a los datos municipales de empadronamiento que manejan los equipos directivos de los colegios y manteniendo las clases en la ratio máxima permitida por la normativa; manteniendo, además, en muchas ocasiones, una planificación por encima de esta ratio, incurriendo, un curso más, en una ilegalidad que afecta negativamente al derecho a una educación pública de calidad para todos”.
“Las familias que estos días realizan la solicitud de plaza para sus hijos e hijas se encuentran frecuentemente con que el colegio público de su elección cuenta con una sola clase, es decir, 25 plazas, en lugar de las dos clases que se ajustarían a la población del entorno”, añade Ustea en una nota de prensa, en la que se añade que, “ante el temor de no conseguir entrar, se ven forzadas a optar por una segunda o tercera opción para no “arriesgar”. De esta manera, a juicio de la entidad sindical, “el recorte de plazas ejerce un efecto disuasorio sobre las familias”.
Feministas denuncian la existencia de una «policía de género» en los colegios.
Protocolos autonómicos instan a los profesores a informar de alumnos que actúen con «una identidad no coincidente con el sexo asignado»
Trece de las 17 autonomías tienen protocolos educativos para garantizar la atención y el respeto de los alumnos transexuales en los centros educativos. Los principios generales de estas instrucciones no generan controversia, pero una parte de ellas ha causado alarma entre el medio centenar de asociaciones de mujeres agrupadas en la Confluencia Movimiento Feminista. Se trata de los artículos en los que se insta a los profesores a informar a los equipos directivos si observan a alumnos cuyos…
La desigual radiografía del absentismo escolar en España.
Así lo refleja el estudio internacional sobre absentismo realizado por Emma García, economista especialista en Educación del Instituto de Políticas Económicas de Washington, que durante una entrevista telefónica con EFE destaca que España figura entre los 15 países analizados con un mayor índice de alumnos que no asisten a clase de forma voluntaria.
Según la experta del laboratorio de ideas (think tank), el análisis apunta a que el problema no es solo un tema de notas o resultados académicos, sino que están implicados múltiples factores, como el clima escolar, el acoso en los centros o “el bienestar afectivo” del estudiante. “No hay una respuesta única”. Editado por las fundaciones Ramón Areces y Europea Sociedad y Educación, “La importancia del absentismo escolar para el desarrollo y el desempeño educativos” analiza este fenómeno basándose en la información del último Informe PISA y toma para ello los casos de Estonia, EEUU, Finlandia, Francia, Irlanda, Polonia, Portugal, Italia, Suecia, Países Bajos, México, Japón y Corea del Sur.
“Es una ayuda potencial para diseñar políticas educativas útiles pospandemia”, porque habrá que “prestar mucha atención a sus efectos dispares entre grupos, es decir, al crecimiento de las desigualdades educativas debido a la covid y qué se hace al respecto”, añade García, coautora del trabajo junto a la economista Elaine Weiss.
En cuanto a las comunidades autónomas, los resultados muestran una diferencia máxima en las tasas de asistencia entre regiones ligeramente superior a los 14 puntos porcentuales entre Asturias, región con una mayor tasa de absentismo (35,2%), y Galicia, con la menor tasa (21,1%).
Las profesiones científico-técnicas exigen negociar la futura ley de universidades.
Las profesiones científico-técnicas –representadas por el Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos, el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos, el Colegio Oficial de Físicos y el Colegio Oficial de Geólogos– exigen su presencia en la ronda de consultas abierta por el Ministerio de Universidades que gestiona Manuel Castells, para desarrollar y redactar la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), previo paso de ésta al Congreso.
Los representantes de los profesionales de la Química, Biología, Física y Geología en España se muestran «extrañados» por no haber sido consultados por el Ministerio. «Ni siquiera recibimos información sobre un asunto fundamental que afecta a los estudios que habilitan para ejercer nuestras profesiones –señalan–. Confiamos en que el Gobierno central y el ministro de Universidades, que tanto se ufanan en destacar su apuesta por el diálogo, rectifiquen y nos llamen para conocer nuestra opinión argumentada sobre las reformas que dibujan lo que será el futuro sistema universitario».
Según el decano del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos, Antonio Machado; el decano del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos, Eduardo Morán; el presidente del Colegio Oficial de Físicos, Gonzalo Echagüe; y el presidente del Colegio Oficial de Geólogos, Manuel Regueiro, son ellos quienes tienen una perspectiva de las profesiones científico-técnicas, aspecto «imprescindible» para incluir en el debate de la nueva reforma del sistema universitario.
«Está pendiente un debate que nunca llegó a producirse, es hora de tomarse en serio la negociación de la reforma del sistema universitario; en esta nueva etapa de crear resilencia con perspectiva a largo plazo, reclamamos de forma rotunda nuestra presencia como expertos intervinientes», piden estos cuatro representantes.
Montero recrimina a Ayuso el veto a su acto: «No hay problema sanitario, es un problema con el feminismo»
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha recriminado este lunes a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la decisión de la Comunidad de Madrid de «impedir» su visita al Instituto de Educación Secundaria (IES) Gómez Moreno de Madrid.
«No hay problema sanitario, es un problema con el feminismo», ha explicado en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, en las que la titular de Igualdad ha acusado a Ayuso de «mentir» sobre la causa de suspender este acto y ha reafirmado su intención de retomar esta charla con un grupo de alumnas y profesoras.
En este sentido, ha indicado que la presidenta madrileña «ha demostrado que son unos mentirosos» al escudarse en motivos sanitarios «cuando está diciendo con claridad que prohíben una actividad educativa cuando no les gusta». El encuentro estaba previsto desde hace semanas y había sido solicitado por el propio Centro educativo con motivo del Día Internacional de la Mujer, según han indicado fuentes del Ministerio, quien han recalcado que desde la Consejería de Enrique Ossorio se ha enviado una carta prohibiendo el encuentro ‘por motivos covid'».
En concreto, según han informado a Europa Press fuentes del gobierno madrileño, se ha cancelado el acto para evitar «adoctrinamiento» al entender que la ministra de Igualdad pretendía hacer «un acto político» y no quiere «permitir ningún evento de adoctrinamiento en centros educativos públicos en horario escolar».
EUROPAPRESS
10 de marzo de 2021
El Gobierno destinará 850 millones para que se acrediten las competencias profesionales hasta 2024.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional quiere acelerar el reconocimiento de las competencias profesionales de aquellos trabajadores que no tienen la formación requerida para demostrar una capacitación. En esta situación se encuentran unos 11 millones de personas, según los números de este departamento. No obstante, muchos de ellos sí que disponen de las habilidades necesarias adquiridas en el ejercicio del trabajo o a través de formación no oficial. Para eso, el Consejo de Ministros tiene este martes en su orden del día la aprobación de un decreto que agilice el reconocimiento de esas competencias y a ello destinará más de 850 millones, explican fuentes próximas al Ejecutivo.
El mecanismo que está funcionando hasta ahora apenas ha reconocido las competencias de unas 300.000 personas en los últimos 10 años. El objetivo del departamento que dirige Isabel Celaá ahora es agilizar el proceso para que en los próximos cuatro años más de tres millones de trabajadores que no disponen del reconocimiento de sus capacidades puedan hacerlo.
El decreto, que está previsto que se apruebe este martes, lo que hace, básicamente, es modificar varios de los artículos del que está vigente desde 2009 y abrir un proceso continuo de reconocimiento en las administraciones competentes. Una vez acreditada la capacidad, el sistema permitirá que la persona beneficiaria pueda continuar con el proceso de formación para lograr el título que le corresponda de Formación Profesional (FP) o un certificado de profesionalidad. En este camino, la Administración reconocerá la competencia acreditada convalidando los módulos profesionales correspondientes o exonerando al beneficiario de cursarlos.
El procedimiento comienza por un periodo de asesoramiento que conducirá un profesor de secundaria o formación profesional, formadores de FP o profesionales que hayan superado un curso específico. Esta primera parte del proceso culmina con la elaboración de un informe orientativo. Después el trabajador deberá presentar la documentación necesaria para que, junto con el citado informe, demuestre sus competencias. Esta información se incluirá en un registro estatal.
Los estudiantes a favor de los grados de tres años: “Es una forma de acelerar la etapa universitaria”
El campus de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF) está inusualmente vacío. La pandemia ha mandado a buena parte de los estudiantes a las clases telemáticas, y los que se pasean por los pasillos son los que van o vienen de la biblioteca, cansados de estar en casa. Ha pasado mucho tiempo —12 años— desde el bullicio de las grandes movilizaciones estudiantiles contra el plan Bolonia, cuyo programa pretendía equiparar los sistemas universitarios europeos. Una de las claves era avanzar hacia la fórmula 3+2 (grados de tres años y másteres de dos), que empezaba a imperar en el resto de países europeos. En España se permitió la convivencia entre esta fórmula y la del 4+1, pero, según avanzó EL PAÍS la pasada semana, el Ministerio de Universidades ha decidido eliminar las carreras cortas.
Cuando Matt O’Malley, de 21 años, terminó sus estudios obligatorios en California, tenía dos opciones si quería seguir estudiando: o, como sus compatriotas, endeudarse para pagar las altas tasas de las universidades estadounidenses, o ir a estudiar fuera. Eligió la segunda, y recaló en el grado de Global Studies de la UPF, de vocación internacional, impartido en inglés, y de una duración de tres años. “Lo hubiese hecho igualmente si fuese de cuatro, pero lo vi como una manera de ahorrar para hacer un máster y también para acelerar mi etapa universitaria”, explica. Ahora se ha matriculado en un máster a distancia en la Universidad de Oxford, que fue junto a la de Cambridge la que inspiró el modelo 3+2 de Bolonia. Todo ha sido fácil. En Estados Unidos el sistema es de 4+1, pero O’Malley no cree que sea un problema si quiere volver: “Lo importante no son los años, si no lo que demuestres que has estudiado. Un año más me parecería forzado”.
Tres millones de empleados sin título podrán acreditar su experiencia laboral.
Casi la mitad de la población activa española (48%) no dispone de un reconocimiento formal de sus competencias, pese a desempeñar su actividad laboral a diario, lo que reduce sus opciones formativas y laborales.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha aprobado este martes un real decreto (ya publicado en el BOE) que establece la apertura de un procedimiento de carácter permanente para evaluar y acreditar dichas competencias. El procedimiento vigente hasta ahora solo ha certificado las habilidades profesionales de 300.000 trabajadores en diez años. Con un presupuesto inicial de casi 852,5 millones de euros, el Ministerio de Educación y FP acreditará las competencias de más de tres millones de personas en cuatro años.
El texto aprobado, que modifica el anterior real decreto sobre la materia de 2009, determina que las administraciones competentes mantendrán este proceso continuo para que cualquier persona pueda solicitar cuando lo necesite esa acreditación. Es una de las actuaciones recogidas en el Plan de Modernización de la Formación Profesional con mayor impacto en la población activa, ya que pone fin a las limitaciones del método existente que ralentizaba mucho la acreditación de competencias a través de convocatorias concretas referidas a una o varias cualificaciones, según el Ministerio de Educación. Tendrá como referencia toda la oferta de FP vinculada al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.
El sistema de acreditación será acumulable para que el beneficiario pueda completar la formación que le lleve a la obtención del correspondiente título de FP o certificado de profesionalidad.
La concertada pide un “plan B” para vacunar a los docentes de más de 55 años en la Comunitat Valenciana
El sindicato FSIE, mayoritario en la enseñanza concertada y uno de los más representativos en la privada y atención a la diversidad funcional, ha pedido a la Conselleria de Sanidad “un Plan B” para incluir en el plan de vacunación en centros educativos a los profesionales de más de 55 años y los que trabajan en las actividades extraescolares y la escuela matinera.
FSIE se ha pronunciado así tras conocer este martes que la vacunación del personal de centros educativos comenzará el próximo lunes, 15 de marzo.
El sindicato ha aplaudido la medida al tiempo que ha lamentado que “numerosos profesionales educativos se queden fuera de la campaña de vacunación” y ha plantado que se “necesita una alternativa para estos tres colectivos”.
”Si queremos conseguir la inmunidad de grupo es necesario no poner en riesgo a numeroso trabajadores que están en primera línea y si dejamos fuera a una gran parte de los profesionales no conseguiremos la protección total”, ha sostenido.
FSIE ha señalado que tanto los profesionales que centran su labor en atender a los alumnos que van a las llamadas matineras (horario de atención a alumnos antes de la apertura del centro escolar) como aquellos que organizan las actividades extraescolares en los centros “desarrollan una gran labor para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, sobre todo, en momentos tan complicados como el actual”.
” Tienen un papel fundamental, no solo en la buena marcha de los centros, sino en estabilidad laboral de la sociedad, son un eslabón fundamental de la cadena” y por lo tanto, “no se pueden quedar fuera”.
Desde el sindicato insisten en que “es de Justicia que tanto los profesionales de más de 55 años, como los que se dedican a atender a los alumnos en horario de mañana y extraescolares tengan una alternativa para poder trabajar con seguridad y sin poner en riesgo su salud”.
Finalmente, señalan que estos colectivos se arriesgan a terminar el curso sin estar vacunados, ya que entran en el protocolo de vacunación ordinario, y “no se les puede pagar su dedicación, esfuerzo y entrega durante esta pandemia con el olvido”.
Los libros digitales perjudican el aprendizaje de los niños pequeños.
Un metaanálisis exhaustivo de investigaciones anteriores ha encontrado que, en general, los niños de 1 a 8 años tienen menos probabilidades de entender los libros ilustrados cuando leen la versión digital, en comparación con la impresa. Sin embargo, cuando los libros de imágenes digitales contienen las mejoras adecuadas que refuerzan el contenido de la historia, superan a sus homólogos impresos, según publican en ‘Review of Educational Research’, una revista revisada por pares de la Asociación Americana de Investigación Educativa.
Las autoras Natalia Kucirkova, de la Universidad de Stavanger (Noruega) y The Open University en Reino Unido, y May Irene Furenes y Adriana G. Bus, de la Universidad de Stavanger, analizaron los resultados de 39 estudios que incluyeron un total de 1.812 niños entre las edades de 1 y 8 años.
Para su análisis, los autores compararon la comprensión de cuentos de los niños y el aprendizaje de vocabulario cuando leían un libro en papel versus en la pantalla, y evaluaron los efectos de las mejoras relacionadas con la historia en libros digitales, la presencia de un diccionario y la función de apoyo de adultos. La mayor parte de los estudios se realizaron entre 2010 y 2019 y, en su mayor parte, en los últimos cuatro años de ese lapso de tiempo.
«La amplia disponibilidad de opciones de lectura digital y la rica tradición de los libros impresos para niños plantean la pregunta de qué formato de lectura es más adecuado para el aprendizaje de los lectores jóvenes», explica Kucirkova, profesora de desarrollo de la primera infancia en la Universidad de Stavanger y The Open University. Thank you for watching «Descubrimos que cuando las versiones impresa y digital de un libro son prácticamente iguales y solo difieren en la voz en off o la impresión resaltada como características adicionales en el libro digital, la impresión supera a la digital», añade.
11 de marzo de 2021
La Usal refuerza el español como lengua de ciencia y conocimiento
Las universidades de Salamanca y Oxford lanzan la plataforma COMUN-ES, la primera comunidad global virtual para la investigación del español. Objetivo: conectar a los investigadores de español en cualquier parte del mundo reforzando el español como lengua de ciencia y de conocimiento y generando un impacto positivo y real, académico y social en el hispanismo a nivel mundial.
COMUN-ES está concebida como la primera comunidad global virtual de la investigación en español para tres ámbitos clave del hispanismo, fundamentalmente en Literatura y Estudios Culturales, Lingüística Hispánica y Español. Mediante el diseño de esta herramienta las universidades de Salamanca y Oxford persiguen dar respuesta a la necesidad de fomentar la colaboración entre investigadores creando redes académicas en líneas afines y de descubrir nuevas áreas de investigación.
En este sentido, sus impulsores subrayaron que “la era digital proporciona un medio único para compartir conocimiento de manera virtual”.
“Se abren nuevas vías para la comunicación y la colaboración científicas y para responder de manera efectiva a los retos del contexto actual”. COMUN-ES nace, por lo tanto, como “un nuevo espacio para albergar nuevas ideas, nuevos proyectos y nuevas formas de trabajo y cooperación en el ámbito de la investigación en el español”, según destacaron.
COMUN-ES es un recurso gratuito desarrollado en la Universidad de Salamanca a través del Centro Internacional del Español (CIE-USAL), con la colaboración del Servicio de Innovación y Producción Digital del Estudio salmantino, que persigue “potenciar en líneas generales la puesta en práctica de proyectos internacionales en torno al idioma con investigadores de cualquier contexto geográfico, reivindicar y reforzar el español como lengua de ciencia y de conocimiento, así como generar un impacto positivo y real, académico y social en el hispanismo a nivel global”.
El Gobierno de Madrid ocultó que el veto a Montero en un instituto era político
La Comunidad ocultó que el veto a la visita de la ministra de Igualdad, Irene Montero, al Instituto Gómez Moreno tenía un carácter político. Que era un veto, en definitiva. La Administración regional alegó razones sanitarias, pero el acto estaba programado en un espacio abierto de 4.000 metros cuadrados y no iban a asistir más de 20 personas. Esa explicación es la que se trasladó a la ministra, que no acudió al acto. Fue horas después cuando la Comunidad filtró a los medios que se trataba de una prohibición para evitar un acto de “adoctrinamiento”. Montero estudia organizar otro encuentro con las alumnas.
Todo nació de las menores. Este curso el centro cumple 50 años desde su inauguración y, a principio de curso, tanto ellas como los profesores pensaron en actividades para celebrarlo “poco a poco”, cumpliendo siempre las medidas de seguridad. La pandemia obligaba a pensar de otra manera y eso intentaron hacer.
Y pensaron a lo grande. “¿Por qué no invitar a la Ministra de Igualdad a una charla para que entienda cómo vivimos el feminismo en un barrio como San Blas?”, se preguntaron. Era complicado, claro. Cómo iba a ir una ministra “y encima el 8M, con todo lo que tendría que hacer”. Pero había que intentarlo.
La manera de proceder ante una idea semejante es la siguiente. La Comisión de Igualdad, que se trata de un grupo de alumnos y profesores donde tratan temas de igualdad y de diversidad (ya que en el centro hay matriculados chicos con alguna discapacidad), elevó la petición al centro. El centro delegó la decisión en el Consejo Escolar, como obliga la normativa, y una vez pasó ese trámite lanzó la moneda al aire.
Hace un mes le llegó la petición a Montero. Se trataba de ir y escuchar a las alumnas, que querían hacer un manifiesto sobre lo que significa para ellas la igualdad en su instituto y en un barrio como San Blas, conocido en las noticias por hechos lamentables como el del pasado octubre, cuando el barrio se incendió con peleas entre grupos de extrema derecha y los menores magrebíes que viven en pisos tutelados (los conocidos como Menas). Para sorpresa del centro, y de las menores, la ministra aceptó la invitación. Y se pusieron a trabajar.
La baja incidencia estaría permitiendo un desarrollo adecuado de las clases, según el Ministerio.
Durante una comparecencia en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, Tiana ha afirmado que a fecha 19 de febrero solo diez centros educativos de toda España han cerrado por la pandemia y 3.341 aulas han estado en cuarentena, correspondientes a 1.226 centros. “Teniendo en cuenta que el número total de aulas de enseñanza de régimen general del sistema educativo es de 425.036 aulas y 29.100 el número de centros, se puede comprobar la baja incidencia” de la Covid-19, ha señalado Tiana en respuesta a la diputada Paloma Gázquez (PP), quien se ha interesado acerca de la dotación de EPI a los docentes asturianos. Al respecto el secretario de Estado de Educación ha indicado que España y el resto de los países miembro de la Unión Europea han adoptado medidas muy similares para afrontar el coronavirus y no hay ninguno que haya recomendado la utilización de los epis en el ámbito docente, sí en otras actividades laborales.
Tras señalar que la mayoría de las comunidades han comenzado o están a punto de proceder a la vacunación del personal de los centros, Tiana ha explicado que Asturias y el resto de las regiones han aplicado las pautas de Sanidad para garantizar la seguridad (básicamente el uso de la mascarilla a partir de los 6 años, toma de temperatura, distancia de seguridad, airear las aulas e higiene personal). Ha recordado asimismo que los gobiernos autonómicos han recibido un aporte adicional de 2.000 millones del fondo Covid-19 para hacer frente a los gastos derivados de la actual crisis sanitaria en los centros.
“Lo cierto –ha subrayado– es que el curso 2019-20 finalizó de manera adecuada y el de 2020-21 se está desarrollando sin mayores incidencias y toda la comunidad ha respondido y sigue respondiendo de forma ejemplar”. En su opinión, “podemos estar todos bastante satisfechos de cómo se están desarrollando las cosas y de cómo han funcionado las medidas que las administraciones educativas y centros han puesto en marcha”.
Los rectores y los colegios mayores firman un acuerdo para mejorar la formación y empleabilidad de los universitarios.
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) y el Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España han firmado este miércoles un convenio de colaboración para mejorar el desempeño formativo de los estudiantes y sus condiciones y experiencia universitaria, así como potenciar la formación integral, el desarrollo personal, la empleabilidad y el emprendimiento.
Ante el impacto que se prevé que tenga la actual crisis sanitaria sobre la economía y, en concreto, sobre sectores y colectivos tradicionalmente castigados por el desempleo como son los jóvenes, el acuerdo busca generar espacios de colaboración entre las dos entidades que mejoren el futuro profesional de los universitarios.
Según informa la Crue, esta colaboración se materializará en actividades, cursos, escuelas, programas y estudios y análisis. Además, se promoverá la movilidad nacional e internacional de los universitarios e iniciativas relacionadas con la cultura, la divulgación y la investigación científicas, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los valores universitarios, la ética y la deontología profesional entre los estudiantes.
El convenio ha sido suscrito este miércoles por el presidente de Crue y rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, y por el presidente del Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España, Juan Muñoz Martín.Gómez Villamandos ha destacado la importancia de realizar desde las universidades una «formación integral que vaya más allá del puro conocimiento» y que abarque «competencias, habilidades y, por supuesto, valores» que mejoren la empleabilidad y el emprendimiento del estudiantado. El presidente de Crue también ha subrayado su satisfacción por el compromiso adquirido por ambas entidades para facilitar el acceso de los estudiantes nacionales e internacionales a la red de Colegios Mayores e impulsar así la movilidad universitaria.
Como sabeis, hoy es noticia Isabel Diaz Ayuso, os dejamos diferentes opiniones:
Una encuesta interna de Cs confirma que Ayuso seguiría dependiendo de ellos para gobernar
Ciudadanos acaba de recibir una encuesta interna muy reciente -se realizó entre los días 2 y 9 de marzo- que constata la fuerza de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. El Partido Popular crecería en número de diputados, pasaría de los 30 actuales a 39, es decir, sería la formación más votada, pero sería insuficiente para poder gobernar en solitario con su socio preferente, la ultraderecha de vox, porque los números no les dan (solo sumarían 54 diputados y la mayoría está en 66). Isabel Díaz Ayuso necesitaría, sí o sí, de la complicidad y la alianza con Ciudadanos para poder revalidar el gobierno, la formación naranja se desplomaría, pero no se desangraría hasta desaparecer como insinúan internamente algunos en el partido, porque perdería 10 diputados y pasaría a ser la cuarta fuerza política, por detrás de Más Madrid.
En el lado de la izquierda, según esa encuesta, el PSOE se mantendría con 37 escaños, los mismos que consiguió en 2019, Más Madrid perdería 10 y Unidas Podemos se mantendría con 7. Con esos datos, la izquierda sumaría 62 escaños, es decir, tampoco les daría, se quedarían a 4 de la mayoría absoluta.
La tercera ecuación posible es que Cs de la espalda a la derecha y otorgue la presidencia al PSOE, en ese caso, también sumarían los números.
Última hora Ayuso: Las elecciones en Madrid en el aire tras la aceptación de la moción de censura
La convocatoria electoral de Isabel Díaz Ayuso está en cuestión tras la admisión a trámite de las mociones de censura de PSOE y Más Madrid en la Asamblea. La presidenta madrileña quiso esquivar las mociones de censura de la oposición con un adelanto de los comicios pero la operación podría acabar en los tribunales y el futuro de la legislatura está por ahora en el aire. En las próximas horas se puede decidir el futuro del gobierno de Madrid.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, comparecerán juntos mañana tras dejar claro hoy que el Gobierno municipal no corrre peligro.
La comparecencia se realizará en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que se celebra todos los jueves en Cibeles.
Las alarmas han saltado pasado el mediodía de hoy, cuando tras la moción de censura anunciada en Murcia, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la convocatoria anticipada de elecciones a la Comunidad.
12 de marzo de 2021
Imbroda: “A lo que unos llaman pin y otros vetos, nosotros lo llamamos sistema de transparencia de información”.
El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha señalado este jueves en el Pleno del Parlamento que “a lo que unos llaman pin y otros llaman veto, nosotros lo llamamos sistema de transparencia de información”, en respuesta a la pregunta planteada por el diputado no adscrito José Ignacio García de si habrá una autorización expresa de las familias que “impida” a los alumnos hacer una actividad complementaria.
Imbroda ha indicado que “hay quién habla de implantación y yo me he comprometido a impulsar, habla de censura y yo hablo de sistema de transparencia de información, habla de pin o veto y yo hablo de implicación de la familia”. “No voy a entrar en el juego, que cada uno llame a esto como quiera”, ha añadido.
Así, ha afirmado que para él “lo fundamental es avanzar, y ese ha sido mi compromiso, en seguridad jurídica, en información, en transparencia y en supervisión; todo lo demás es ruido”. “Este tema es muy comentado en todos los sitios y a mí no me pregunta nadie por esto, nada más que aquí -en el Parlamento-”, ha asegurado, para añadir que “no entrará en ese debate estéril”. “A lo que unos llaman pin y otros llaman veto, nosotros lo llamamos sistema de transparencia de información”, ha añadido.
García le ha respondido que este tema “se había zanjado hace un año e inexplicablemente ha hecho un pacto con Vox par recuperarlo”, e insiste en preguntar si habrá una autorización expresa que “impida” que un niño pueda participar en una actividad complementaria. Además, ha tachado de “ocurrencia” que ayer Educación “dijera que se garantizaría que los profesores estuvieran presentes en las actividades complementarias”. “Dónde se creen que están, comprando en el Zara”, se pregunta.
La UEMC y Escuelas Católicas abordarán las ventajas de la gamificación en la docencia
La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid acogerá el 27 de mayo la XI Jornada de Intercambio de Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa, organizada en colaboración con Escuelas Católicas Castilla y León. La edición 2021 de las ya tradicionales jornadas será online y se centrará en la innovación y gamificación en la docencia, con el título “Enseñanza y aprendizaje a través del juego”.
La jornada tendrá como protagonista a Camino López García, docente e investigadora en innovación, que ofrecerá una conferencia sobre la gamificación como motor del aprendizaje. La gamificación aplicada a la educación puede ayudar a superar la desmotivación de muchos estudiantes.
A través de la narrativa o storytelling se pueden crear experiencias educativas que sirvan para romper con la apatía y estimular el aprendizaje de los alumnos. También se expondrán los proyectos premiados en la décima edición del Premio de Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa, un certamen que reconoce la labor de los centros de Escuelas Católicas en el desarrollo de métodos, experiencias y temáticas innovadoras para la mejora de la formación de los alumnos. Renovación del acuerdo
Esta acción formativa se enmarca en el acuerdo de colaboración renovado hoy entre la UEMC y la patronal de centros educativos concertados Escuelas Católicas Castilla y León, un convenio que tiene como objetivo desarrollar el talento de alumnos y docentes de Escuelas Católicas y de estudiantes de la UEMC.
La baja incidencia estaría permitiendo un desarrollo adecuado de las clases, según el Ministerio,
Durante una comparecencia en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, Tiana ha afirmado que a fecha 19 de febrero solo diez centros educativos de toda España han cerrado por la pandemia y 3.341 aulas han estado en cuarentena, correspondientes a 1.226 centros. “Teniendo en cuenta que el número total de aulas de enseñanza de régimen general del sistema educativo es de 425.036 aulas y 29.100 el número de centros, se puede comprobar la baja incidencia” de la Covid-19, ha señalado Tiana en respuesta a la diputada Paloma Gázquez (PP), quien se ha interesado acerca de la dotación de EPI a los docentes asturianos. Al respecto el secretario de Estado de Educación ha indicado que España y el resto de los países miembro de la Unión Europea han adoptado medidas muy similares para afrontar el coronavirus y no hay ninguno que haya recomendado la utilización de los epis en el ámbito docente, sí en otras actividades laborales.
Tras señalar que la mayoría de las comunidades han comenzado o están a punto de proceder a la vacunación del personal de los centros, Tiana ha explicado que Asturias y el resto de las regiones han aplicado las pautas de Sanidad para garantizar la seguridad (básicamente el uso de la mascarilla a partir de los 6 años, toma de temperatura, distancia de seguridad, airear las aulas e higiene personal). Ha recordado asimismo que los gobiernos autonómicos han recibido un aporte adicional de 2.000 millones del fondo Covid-19 para hacer frente a los gastos derivados de la actual crisis sanitaria en los centros.
“Lo cierto –ha subrayado– es que el curso 2019-20 finalizó de manera adecuada y el de 2020-21 se está desarrollando sin mayores incidencias y toda la comunidad ha respondido y sigue respondiendo de forma ejemplar”. En su opinión, “podemos estar todos bastante satisfechos de cómo se están desarrollando las cosas y de cómo han funcionado las medidas que las administraciones educativas y centros han puesto en marcha”
Universidades, Crue y ANECA investigarán si hay brecha salarial por cuestión de género en el ámbito universitario.
El ministro de Universidades, Manuel Castells; el presidente de Crue Universidades Españolas, José Carlos Gómez Villamandos; y la directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), Mercedes Siles Molina, han firmado este jueves un convenio para la elaboración conjunta de un estudio sobre las retribuciones del personal docente investigador con perspectiva de género.
Según recuerda el Ministerio, las mujeres no superan el 25% del cuerpo de catedráticos, pero tampoco superan el 41% del cuerpo de titulares y las dificultades que encuentran en la carrera académica son variadas y estas pueden afectar la brecha salarial. «Es tarea de toda la comunidad universitaria detectar y actuar sobre desigualdades de este tipo para eliminarlas», señala el Departamento que gestiona Castells.
Con este convenio, se impulsará un estudio sobre la realidad de las retribuciones del personal docente e investigador de las universidades desde una perspectiva de género, lo que permitirá conocer el alcance de la brecha salarial existente entre mujeres y hombres en una muestra significativa de universidades públicas españolas y ayudar a eliminarla.
Según ha señalado el ministro Castells, a partir de los resultados de este estudio, el Ministerio va a establecer «un marco normativo» con el que, en colaboración con las comunidades autónomas y las universidades españolas, se pueda tomar «medidas concretas para corregir de una vez las discriminaciones salariales por género en el seno de las universidades».
Ayuso planea el próximo curso con ratios más altas y menos aulas públicas de Infantil
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya planeaba el próximo curso antes de que soltara la bomba del adelanto de las elecciones. De hecho, ya lo tenía encarrilado porque ha dejado dos claves esenciales sobre su proyecto en el programa Raíces, el sistema de gestión educativa de la región al que se conectan todos los centros educativos. El próximo curso volverán las ratios antiguas, las de antes de la pandemia, y se suprimirán “unidades” en centros públicos, es decir, habrá menos aulas, concretamente para el grado de Infantil de menores de 3 años.
Los directores se conectaron hace una semana a Raíces para comprobar cómo se iba a realizar el proceso de matriculación, cuya presentación de solicitudes de plaza arranca el 8 de abril y finaliza el 23. En el sistema, suelen comprobar cada año cuántas aulas por curso ofertan el siguiente año a los padres que piden información y calculan, por tanto, el número de alumnos con el que pueden contar.
Y en esa consulta previa que realizaron, llegó la sorpresa. Primero, los centros de Primaria volverán a contar con 25 alumnos por clase (en lugar de 20, como este curso), los de Secundaria 30 (en lugar de 23) y los de Bachillerato 35 (en lugar de 23). “Para este Gobierno, en septiembre ya no hay pandemia”, ironiza Esteban Álvarez, presidente de la asociación de directores de Secundaria (Adimad). Eso significará que habrá que reorganizar de nuevo el curso, las aulas desdobladas volverán a juntarse y los docentes contratados para este curso se irán a casa. “No se corresponde con lo que habían dicho”, recuerda el director. La decisión de la Administración contrasta, efectivamente, con las palabras de la propia Ayuso del 25 de agosto, cuando presentó las medidas de este curso de pandemia y avanzó que su “intención” era que la bajada de ratios fuera “permanente”.
Además del tema de las ratios, los directores se encontraron otras sorpresas en Raíces. Ocho centros públicos (cuatro en Getafe y cuatro en Leganés) comprobaron en ese momento que les cierran un aula de Infantil para niños de 3 años, por lo que ofertarán menos plazas a los padres que vayan a preguntar.
Tecnología para aprender: de la emergencia a la categoría
«Siento que en estos meses hemos avanzado varios años en competencia digital», comenta David Santos, director del CEBIP Antonio Machado, desde su mitad de la pantalla de ordenador, que comparte con Ruth Rodríguez Berlanas, presidenta del AMPA de este colegio público bilingüe ubicado en el centro de Majadahonda, en Madrid. Ambos reflexionan, vía Google Meet, sobre los aprendizajes atesorados desde que empezó la pandemia y la educación presencial saltó por los aires. «Ni todos nuestros niños y niñas tenían los dispositivos necesarios para conectarse desde casa, ni todas las familias, alumnos y profesores tenían la suficiente competencia digital», recuerda Santos los primeros escollos. Un año después, la comunidad educativa tiene la sensación de haber pasado el examen, pero es consciente de que «quedan flecos».El Ministerio de Educación y Formación Profesional define competencia digital como «aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad». Es competencia clave en el sistema educativo español junto con la lingüística, la matemática, las sociales y cívicas, el espíritu emprendedor y el aprender a aprender. Llevamos años debatiendo sobre ella. Pero cuando el 14 de marzo de 2020 se implantó la educación a distancia «ni siquiera sabíamos con qué infraestructuras contábamos, ni quién las tenía en casa y quién no», lamenta Fernando Trujillo, profesor de la Universidad de Granada y socio fundador de Conecta13, consultora sobre educación, desarrollo profesional y TIC. «Quizás el principal avance haya sido tomar conciencia de que lo digital está ahí», tercia.
El Gobierno de Madrid ocultó que el veto a Montero en un instituto era político
Montero, al Instituto Gómez Moreno tenía un carácter político. Que era un veto, en definitiva. La Administración regional alegó razones sanitarias, pero el acto estaba programado en un espacio abierto de 4.000 metros cuadrados y no iban a asistir más de 20 personas. Esa explicación es la que se trasladó a la ministra, que no acudió al acto. Fue horas después cuando la Comunidad filtró a los medios que se trataba de una prohibición para evitar un acto de “adoctrinamiento”. Montero estudia organizar otro encuentro con las alumnas.
Todo nació de las menores. Este curso el centro cumple 50 años desde su inauguración y, a principio de curso, tanto ellas como los profesores pensaron en actividades para celebrarlo “poco a poco”, cumpliendo siempre las medidas de seguridad. La pandemia obligaba a pensar de otra manera y eso intentaron hacer.
Y pensaron a lo grande. “¿Por qué no invitar a la Ministra de Igualdad a una charla para que entienda cómo vivimos el feminismo en un barrio como San Blas?”, se preguntaron. Era complicado, claro. Cómo iba a ir una ministra “y encima el 8M, con todo lo que tendría que hacer”. Pero había que intentarlo.
La manera de proceder ante una idea semejante es la siguiente. La Comisión de Igualdad, que se trata de un grupo de alumnos y profesores donde tratan temas de igualdad y de diversidad (ya que en el centro hay matriculados chicos con alguna discapacidad), elevó la petición al centro. El centro delegó la decisión en el Consejo Escolar, como obliga la normativa, y una vez pasó ese trámite lanzó la moneda al aire.
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