6 de abril de 2021
La formación de los profesores entra en la campaña del 4-M.
La Educación será uno de los asuntos centrales de la campaña y los candidatos empiezan a lanzar propuestas que, en este ámbito, no pueden ser más opuestas entre la izquierda y la derecha. Ayer, el candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad, Pablo Iglesias, anunció que, si gobierna, formará a los profesores en «educación afectivo-sexual» contra las violencias machistas y a favor de la diversidad sexual. Más aún, los padres no podrán poner objeciones a que se impartan estos contenidos que tendrán la importancia que tienen materias troncales como Lengua y Matemáticas.
Y no sólo eso. Iglesias está decidido a aplicar la «ley Celaá» en la parte más restrictiva respecto a la educación concertada. En el punto de mira del líder morado están especialmente los colegios que educan a niños y niñas en aulas separadas, porque considera que «segregan por sexos». Para éstos, se acabarán los conciertos, pero para la educación pública habrá más financiación. De hecho, su compromiso es incrementar la inversión en 1.000 millones de euros anuales. Y eso incluirá la gratuidad de la enseñanza superior y la creación de nuevas plazas públicas. Podemos quiere poner en marcha una Ley de Calidad del Sistema Educativo que determine por ley la ratio de alumnos por profesor, según anunció durante su visita al CEIP Miguel de Cervantes de Getafe.
Mientras, para el Gobierno de Díaz Ayuso una de las prioridades en lo que concierne a formación del profesorado tiene que ver con combatir las adicciones a los móviles desde las aulas, después de detectar que estas situaciones se repiten cada vez con más asiduidad, pese a que desde este curso están prohibidos salvo para fines educativos. Así, la Comunidad de Madrid tratará de prevenir la adicción a los móviles a través de un plan de formación del profesorado para que los docentes aprendan a enfrentarse a estas situaciones. El curso pretende que los profesores participantes adquieran estrategias básicas para la prevención escolar de las conductas de riesgo relacionadas con las nuevas tecnologías o el juego de apuestas. Así, el curso será telemático y con ello se pretende que después puedan desarrollar en sus clases actividades y dinámicas preventivas de este tipo de adicciones. De momento, el primer curso está previsto que se celebre entre el 10 y el 19 de mayo, pero el plazo de inscripción termina el mismo día de las elecciones autonómicas.
Las oposiciones docentes en mayo ‘amenazan’ el final de curso escolar.
La convocatoria de oposiciones docentes, que comenzarán el próximo sábado 15 de mayo, amenaza con desequilibrar el final de curso escolar en la Comunidad Valenciana, ya que prácticamente en esa fecha restará un mes del fin de curso actual 2020-2021. Esta es la opinión del sindicato docente ANPE, que en los foros de negociación con la administración educativa siempre ha apostado por llevar a cabo las pruebas de las oposiciones docentes en las fechas habituales, es decir a partir del 24 de junio, cuando normalmente se realizaban las oposiciones.
Para responsables de ANPE «el hecho de convocar las pruebas de las oposiciones docentes para celebrarlas los sábados 15 y 22 de mayo repercutirá en el final del curso escolar ya que a partir de ahora ya hay muchos profesores que se encuentran en la bolsa de empleo que se están desactivando para poder estudiar, lo que provocará que no se pueda dar respuesta a sustituciones y bajas docentes, ni siquiera con la convocatoria de plazas de difícil cobertura».
Este es un problema que ya se ha sufrido en otras convocatorias de oposiciones, pero al celebrarse más tarde no incidía tanto en los centros. Además, hay que recordar que entre las plazas de difícil cobertura figuran sobre todo las de profesorado de valenciano, por lo que puede pasar que los estudiantes dejen de tener profesor de esta especialidad al final del presente curso.
Los alumnos más perjudicados serán como siempre los que cursan segundo de Bachiller, que se deben examinar de la EBAU (antigua Selectividad), una prueba que tendrá lugar del 8 al 10 de junio y los días 6,7 y 8 de julio, en convocatoria extraordinaria. Según evolucionen las cifras de contagios las pruebas podrían celebrarse en la UJI o en los diferentes institutos de la provincia, modalidad que se eligió en junio de 2020 para evitar aglomeraciones en el campus público.
Por su parte, el sindicato STEPV siempre ha mantenido una postura férrea sobre la convocatoria de oposiciones docentes en 2020 ya que considera que la Conselleria de Educación debería replantearse estas pruebas, previstas para junio de 2019 pero que la Covid-19 obligó a suspender.
A juicio del STEPV, se podrían celebrar las oposiciones en otro escenario menos grave a nivel sanitario es decir «no necesariamente tienen que ser en mayo, ni en junio o julio, pueden ser a partir de septiembre o en enero de 2022, cuando la carga de trabajo sea menor y la situación de la pandemia esté más controlada».
La Generalitat afea al TSJC que entre en un debate «100% pedagógico y educativo» al fijar un 25% de castellano en las aulas.
Se avecina un nuevo capítulo de la polémica en la escuela catalana por la aplicación de la inmersión lingüística pese a las advertencias judiciales. El Departament de Educación de la Generalitat afeó a los magistrados del Tribunal Superior de Justícía de Catalunya que vayan «más allá de las funciones legislativas que les son atribuídas y que entren en un debate que es 100% pedagógico y educativo». Consideran que es «difícil de entender» las sentencias de este tribunal que anulaban los proyectos lingüísticos de dos centros educativos públicos de Barcelona y Abrera porque no tienen en cuenta el castellano como vehicular y no reconocen el 25% de enseñanzas curriculares en esta lengua.
La Generalitat estudia el «recorrido judicial» de estas sentencias que obligan a impartir un mínimo del 25% en la enseñanza en castellano y recuerdan que la administración catalana tiene «competencia sobre el tratamiento de las lenguas y la inmersión en la escuela», como indica la Llei d’Educació de Catalunya (LEC). Además, señalan que la nueva ley española de educación, la LOMLOE, «ratifica» que estas decisiones en materia lingüística en la escuela catalana corresponden a la Generalitat.
Sin embargo, el TSJC considero que la LOMLOE (conocida como Ley Celaá) no cambia la situación porque, según la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, el carácter de lengua vehicular del castellano en el modelo educativo catalán deriva directamente de la Constitución. Las sentencias recuerdan que los alumnos deben recibir en castellano una proporción razonable de la enseñanza «pero partiendo de la consideración del catalán como centro de gravedad del sistema educativo».
Miles de inmigrantes titulados, abocados a la precariedad.
Contar con un título universitario no sirve de mucho si no te permite ejercer. Hacer efectiva la homologación en España supone una travesía burocrática que suele ir de los nueve meses a los dos años para los diplomas europeos, pero puede extenderse hasta cuatro años o más si se trata de extracomunitario. Ahora, el Ministerio de Universidades prepara un decreto en el que se compromete a acortar los plazos de espera hasta menos de seis meses, simplificando trámites . Y para las 15.000 personas (9.000 de ellas desde 2019) que ya han echado la solicitud —esta debe de tramitarse con la normativa actual— el ministerio lanzará un “plan de choque”, que consiste en digitalizar los expedientes y contactar con los demandantes telemáticamente (desterrando el correo certificado). En algunas carreras, sobre todo de la rama sanitaria, además de la homologación de las asignaturas cursadas en el país de origen, el Ministerio de Universidades exige superar unos requisitos formativos complementarios para poder ejercer en España. Para ello, las universidades realizan dos convocatorias de exámenes al año, una en mayo y otra en noviembre. Pero la pandemia ha alterado el funcionamiento interno de los campus y en carreras como odontología esas pruebas no se convocan desde 2019. “Necesitamos que el ministerio haga de interlocutor con las universidades para que vuelvan a convocar las pruebas”, reclama Víctor Orezzoli, fundador de la asociación Odontólogos Homologantes en España, con más de 200 miembros. La organización reclama obtener las mismas facilidades de las que disponen los profesionales de otros grados universitarios de áreas sanitarias como enfermería o fisioterapia que sí han podido optar a estas pruebas.
Como resultado de todo ese laberinto burocrático, los extranjeros se ven abocados a la precariedad laboral. Son muchos los inmigrantes con una formación invisible que se ven obligados a encadenar empleos de baja cualificación para sobrevivir. Directoras de colegio que recorren casas para cuidar a niños de otras familias, dentistas que cambian las herramientas de trabajo por una caja registradora o abogados que abandonan su despacho para repartir comida a domicilio. Llegan desde países y contextos distintos, pero comparten la ilusión de mejorar sus condiciones de vida y lograr una integración laboral.
¿Cómo logra España mantener los colegios abiertos mientras todos a su alrededor los cierran?
De tanto verla, la imagen de colegios e institutos abriendo las puertas cada mañana independientemente de los vaivenes de la pandemia parece de lo más normal. Pero el caso español resulta, en realidad, bastante excepcional. Un informe de la OCDE situó este jueves al país dentro del grupo de Estados donde los alumnos perdieron menos días de clase el año pasado. Desde que empezó 2021, España sale todavía mejor parada en la comparación: los centros educativos han permanecido abiertos mientras casi todos los países a su alrededor enviaban en algún momento a sus estudiantes a casa.
Pese al repunte de casos de los últimos días y al incremento de la incidencia esperable tras las vacaciones de Semana Santa, los expertos creen que la vacunación de los docentes y el aumento de las temperaturas, que favorece la ventilación natural de las aulas, hacen improbable que España se vea forzada a cerrar las escuelas en el último trimestre.
España fue el año pasado el décimo país donde menos días de clase se perdieron (en torno a 50, con variaciones según las comunidades autónomas, cuyos calendarios no son idénticos), de un total de 30 analizados por la OCDE. Y desde que empezó 2021, los nueve países cuyas escuelas resistieron mejor el año pasado han tenido más problemas que España. Dinamarca, Alemania, Noruega, Bélgica, Holanda, Irlanda e Inglaterra (que aparece mencionada así en el informe del organismo internacional) se han visto forzados a suspender temporalmente las clases presenciales; Nueva Zelanda cerró en febrero las escuelas de Auckland, la mayor ciudad del país, y Francia, que se había resistido a hacerlo, anunció el miércoles que seguirá el mismo camino.
Más Madrid plantea un acuerdo preelectoral de «veto al veto parental».
Para ello, Mónica García ha dirigido cartas a cada los principales candidatos a gobernar la Comunidad de Madrid menos Vox: Isabel Díaz Ayuso (PP), Ángel Gabilondo (PSOE), Edmundo Bal (Cs) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos). En las misivas, la candidata de Más Madrid expresa “una enorme preocupación al ver los primeros anuncios realizados por la titular de la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia”, ya que “la decidida apuesta” de la nueva consejera de implantar el veto parental supone “un retroceso tanto en materia educativa como de derechos y libertades”. Para García, ello pone “en peligro la salud de los estudiantes al abrir la veda a que dejen de recibir formación básica sobre enfermedades de transmisión sexual, prevención de consumo de estupefacientes, hábitos alimenticios saludables y un larguísimo etcétera”, continúa la carta.
Tras recalcar la “pluralidad y diversidad” que enriquecen a la sociedad madrileña, considera que “el respeto a los derechos humanos no es susceptible de ser debatido” y que el veto parental supone “un atentado al derecho a la información de los niños y las niñas”. “Por ello, te insto a que adquiramos un compromiso público, ante todos los madrileños y madrileñas, de que, independientemente del resultado electoral, el veto parental no llegará a las aulas de la Comunidad de Madrid”, añade la candidata de Más Madrid en cada una de las cartas.
El objetivo del compromiso es “desterrar siquiera la posibilidad de que el conocimiento quede amordazado en nuestra región” con “medidas censoras de ese calibre”. Por ello, propone un acuerdo de diferentes fuerzas políticas que “mande un mensaje unívoco a la sociedad madrileña: los derechos de los niños y niñas, los derechos humanos, no se debaten y no son moneda de cambio. Solo así conseguiremos que Madrid siga siendo una Comunidad abierta, libre y tolerante”, concluye.
7 de abril de 2021
Las fechas de los exámenes de la EBAU, la antigua Selectividad, en toda España.
Las comunidades autónomas ya han puesto fecha a la celebración este 2021 de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), la antigua Selectividad. La primera comunidad que convocará a sus alumnos a las pruebas será Murcia, mientras que los estudiantes de Andalucía, Ceuta y Melilla serán los que más tarde lo hagan, según las resoluciones publicadas por cada región.
El pasado 13 de enero se publicó en el BOE la orden por la que se determinaban las características, el diseño y el contenido de la EBAU, así como las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas.
Dicha orden recoge que la Selectividad se celebrará finalmente este año de manera presencial, a pesar de las medidas extraordinarias que puedan tomarse en el contexto de la pandemia. De hecho, señala que «teniendo en cuenta la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19», las Administraciones educativas, en colaboración con las universidades, «velarán por que se arbitren los procedimientos necesarios para garantizar su normal celebración en las fechas previstas, con independencia de las medidas excepcionales que pudieran estar implantadas en ese momento en sus respectivos territorios».
La orden también establece la celebración de la EBAU para antes del 18 de junio en convocatoria ordinaria. Esto supone realizar los exámenes en las fechas habituales y no en fechas tan tardías como las del pasado año, ya que se retrasaron las pruebas hasta el verano por el Estado de Alarma, que decretó el cierre de todos los centros educativos el 16 de marzo. Así, la Selectividad de 2020 dio inicio el 23 de junio y se alargó en la mayoría de comunidades autónomas hasta las dos primeras semanas de julio.
Pero, pese a ello, no todo está cerrado, pues no se descarta un retraso en las fechas si los contagios vuelven a subir, tal y como ha asegurado este mismo lunes el presidente de Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, José Carlos Villamandos: «Se volvería a retrasar la Selectividad, y eso ya sería por acuerdo entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Universidades y las comunidades autónomas».
Los exámenes de Selectividad, a los que se presentan cada año más de 200.000 estudiantes en toda España, se realizaron el año pasado con medidas excepcionales para evitar contagios, como el uso de mascarillas o la multiplicación de sedes, incluyendo pabellones deportivos o recintos feriales, que facilitaron la distancia de seguridad de dos metros de distancia entre los estudiantes.
Jordi Musons: “En educación estamos demasiado alejados de la ciencia, de los datos de cómo se aprende”.
El profesor y director de la escuela Sadako de Barcelona cree que memorizamos mucho, pero no transferimos lo que aprendemos a nuestros contextos reales.
Como tantos otros innovadores, Jordi Musons (53 años) cree que el sistema educativo español sigue anclado en el pasado. Este maestro y director de la escuela Sadako de Barcelona, uno de los centros de referencia en Cataluña de la pedagogía transformadora, señala que aunque el mundo ha cambiado drásticamente y las investigaciones apuntan a la necesidad de un modelo mucho más flexible y adaptado a las competencias del siglo XXI, el paradigma “se sigue basando más en las creencias que en las evidencias científicas o los datos que tenemos de cómo se aprende”.
Musons, que acaba de publicar Reinventar la escuela (ARPA), donde da las claves para una enseñanza personalizada, responde por teléfono desde Barcelona a las preguntas de este diario.
Pregunta. ¿Cuáles son las dificultades más grandes que se encuentra hoy una escuela?
Respuesta. Lo más complejo está siendo romper con las inercias y con la resistencia al cambio que está tan instaurada en la dinámica docente. Las dificultades están más en nosotros que en el sistema. Es cierto que la estructura es muy rígida, con poca autonomía de los centros, pero la principal dificultad es el estrés de los equipos docentes.
P. ¿Estas resistencias son cuestión de miedo o “comodidad”?
R. Supongo que se generan por la rutina. Me gusta compararlo con el sistema sanitario. Nadie puede imaginar que en pandemia los sanitarios dejaran de usar las vacunas y de utilizar las herramientas médicas actuales porque confían más en las técnicas y los recursos de hace 100 años. En la educación pasa esto, estamos demasiado alejados de la ciencia: todo se basa más en las creencias y en las opiniones que en las evidencias científicas o los datos que tenemos de cómo se aprende. La situación es pésima si se compara con Europa. Es urgente hacer algo. Me atrevería a decir que hay un consenso internacional de cuáles son las metodologías que funcionan mejor.
P. ¿Está preparado nuestro sistema para ese cambio?
R. Estamos más preparados que nunca. Vivimos un momento de bullicio educativo local e internacional muy interesante. O lo aprovechamos o quizás estemos hablando de la primera generación de niños que tendrá un futuro peor que el de sus padres. Debemos educar para que nadie se quede atrás y con las herramientas de la escuela tradicional no lo vamos a conseguir.
Docentes con la primera dosis en abril en todo el territorio.
La práctica totalidad de las comunidades autónomas ha administrado ya la primera dosis de la vacuna frente al Covid-19 al personal de los centros educativos en la enseñanza obligatoria.
Las que no lo han hecho se dan de plazo este mes de abril. Ha sido notable la intensificación del ritmo tras la paralización de la vacunación con AstraZeneca en España entre el 15 y el 24 de marzo. Esta pilló a la mayor parte de las comunidades a mitad de proceso. En la Comunidad Valenciana la suspensión coincidió el mismo día en que comenzaba la vacunación, y en Castilla-La Mancha ni siquiera había comenzado.
Hasta el 24 de marzo se había restringido la inmunización con AstraZeneca para los menores de 55 años, pero a partir de entonces se amplió el rango hasta los 65. Este nuevo criterio de edad supondrá que prácticamente se englobe a todo el personal en activo de los centros educativos. En el caso de Asturias, incluso se cambió la estrategia (comenzó el 12, se paró el 15 y desde el 25 tiene prioridad el grupo de docentes entre 55 y 65 años).
Los rectores ruegan a Darias que los profesores universitarios sean vacunados como el resto de docentes.
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) ha rogado por carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que incluya al personal docente e investigador (PDI), así como al personal de Administración y Servicios (PAS) de las universidades en la Estrategia nacional de vacunación.
En una carta remitida a la ministra, y a la que ha tenido acceso Europa Press, los rectores insisten en que tanto profesores como demás personal universitario sean incluidos dentro de los grupos que están recibiendo la vacuna en estos primeros meses del año, es decir, que sean tenidos en cuenta dentro del Grupo 6 en esta nueva etapa de vacunación aprobada el pasado 30 de marzo.
«Al igual que ocurre con los docentes de Primaria y Secundaria (Grupo 6c), a los que ya se está vacunando, los trabajadores de las universidades somos un colectivo en activo con una función especial para la sociedad y desarrollamos nuestra actividad con carácter presencial, al menos una parte de la jornada», defiende José Carlos Gómez Villamandos, presidente de la Crue y rector de la Universidad de Córdoba, que firma la misiva.
Según expone en la carta, «los riesgos de morbilidad grave y mortalidad, de exposición, de impacto socioeconómico y de factibilidad de la comunidad universitaria son muy similares a los que afrontan el resto de docentes del sistema educativo», que sí están incluidos entre los colectivos prioritarios para recibir la vacuna.
Villamandos recuerda que a lo largo de este curso 2020-2021, las universidades no solo han mantenido la presencialidad en las prácticas y laboratorios, sino que la han extendido «siempre que ha sido posible al resto de las clases», eso sí, «buscando minimizar el impacto de la pandemia sobre el estudiantado».
Amnistía denuncia «discriminación y violación de derechos» a los mayores durante la pandemia en España.
Amnistía Internacional ha denunciado «discriminación y violación del derecho a la salud» a las personas mayores en España y ha advertido del «desproporcionado» número de muertes de personas de avanzada edad durante la pandemia de la Covid-19, en su informe anual, que analiza la situación de derechos humanos en 149 países.
En lo que se refiere a España, el ‘Informe 2020/21 de Amnistía Internacional: La situación de los derechos humanos en el mundo’ precisa que «suscitaron preocupación, por ser discriminatorios y violar el derecho a la salud, los protocolos de derivación de pacientes adoptados en Madrid y Cataluña, que recomendaban tratar a las personas de mayor edad con COVID-19 en las residencias en lugar de trasladarlas a hospitales».
«En Cataluña y Madrid muchas personas mayores que vivían en residencias no fueron atendidas de forma individualizada, no fueron trasladadas a hospitales cuando lo necesitaban y se les impidió ver a sus familias durante largos periodos de tiempo», ha explicado el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.
Amnistía denuncia «discriminación y violación de derechos» a los mayores durante la pandemia en España
Tal y como ya denunció Amnistía el pasado mes de diciembre, las personas mayores en residencias han sido «abandonadas a su suerte» durante la emergencia sanitaria. Thank you for watching. En el momento álgido de la pandemia, según precisa la ONG, algunas «estuvieron confinadas indefinidamente en sus habitaciones, con escaso o nulo contacto con sus familiares y sin supervisión efectiva de las autoridades regionales y nacionales, lo que dio lugar a violaciones de sus derechos humanos».
EUROPAPRESS
8 de abril de 2021
Por una nueva ley para la Universidad que España necesita.
El modelo de desarrollo al que debemos dirigirnos es el basado en el conocimiento. No nos cansamos de repetirlo, hay que invertir en investigación, en I+D para afianzar las bases de nuestro crecimiento, y la investigación se debe extender a todas las áreas del conocimiento, incluyendo áreas no explotadas hasta ahora. En este objetivo, el papel de la Universidad es imprescindible, como lo es transferir el conocimiento a través de la formación a los estudiantes universitarios, empoderándolos para que ellos y ellas puedan insertarse dignamente en el mercado laboral y construir su propio futuro.
En esto se basa nuestro futuro, y en esto se basa cualquier procedimiento de mejora en todos los ámbitos que nos rodean: económico, laboral, social y vital, porque cualquier proceso de mejora repercute en nuestra calidad de vida.
Estos últimos meses hemos constatado como aquellos países que han estado más volcados en priorizar la ciencia y la investigación como avances en todos los ámbitos, han estado más equilibrados para hacer frente a esta crisis. Hemos visto como la investigación se puso al servicio de las necesidades que surgían, diseños y fabricación de EPIS, respiradores, PCR, test y el gran reto de la vacuna. Hasta la toma de decisiones políticas se ha basado en investigaciones y recomendaciones científicas: la organización de la vuelta al cole, la desescalada, los protocolos, las fases de vacunación, etcétera.
También hemos podido comprobar que las crisis que hemos vivido en los últimos tiempos suelen llevarse por delante múltiples empleos y perspectivas laborales, especialmente para los más jóvenes. Es indudable que son los más afectados por la precariedad, inestabilidad laboral y el desempleo. Cerca del 40% del paro castiga a nuestros jóvenes. Pero también hemos de reconocer que no todos y todas lo viven de la misma manera. Mujeres y jóvenes entre 25-34 años son las más castigadas con una tasa del 17,5%, y mujeres con estudios básicos, como mucho tienen educación primaria, son las que encabezan la tasa de desempleo 24,5%. Frente a ellas, están los hombres con educación superior, cuya tasa de desempleo se reduce al 6,5% según datos de la EPA, FUNCAS. La conclusión es evidente, hay que tener formación, cuanta más mejor.
César Coll, coautor del nuevo modelo de aprendizaje escolar: “En ningún caso nuestra propuesta busca bajar el nivel”.
César Coll (70 años, Benicarló) es catedrático emérito de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Barcelona. Participó en la elaboración y desarrollo de la ley de educación aprobada por los socialistas en 1990 que amplió la educación obligatoria hasta los 16 años, la Logse. Y es uno de los siete expertos elegidos por el Ministerio de Educación para sentar las bases del nuevo currículo escolar, que abarca todo aquello que los alumnos aprenden en primaria y la ESO y cómo se evalúa. Coll responde a la entrevista telemática desde el salón de su casa en Bellaterra, cerca de Barcelona, que se ve ordenado, lleno de libros y bañado por la luz del jardín.
Resumiendo, mucho, la reforma pretende cambiar el planteamiento memorístico implantado por la ley Wert por otro centrado en que los alumnos sean capaces de aplicar los conocimientos. Es lo que se conoce como enfoque competencial, patrocinado por instituciones como la Unión Europea y la OCDE y asumido por los países del entorno de España que también están reformando sus currículos. El grupo al que pertenece Coll ha diseñado la estructura del currículo y las metas generales de la educación básica. Concretarlo por materias ocupará las siguientes fases, en las que intervendrán el ministerio, representantes de las disciplinas, las comunidades autónomas y cada centro educativo.
Alejandro Tiana: «El alumno debe aprender competencias, no acumular conocimientos”.
Fue uno de los arquitectos de la LOE ya hora también de la Lomloe. Y conoce el sistema educativo de principio a fin: fue profesor en Primaria, pero también catedrático de Universidad y hasta rector de la UNED. De su amplia trayectoria dice que ha aprendido que la educación cambia, pero lo difícil es «conducir el cambio». Cree que el reto ahora es aprovechar todos los cambios que se están produciendo con la pandemia para sacar beneficios que mejoren la educación. Es partidario de un sistema más sensible a las necesidades de los jóvenes que se están formando y de la formación a lo largo de la vida. «Tengo que aprender cosas todos los días y estoy al final de mi carrera», dice.
–¿Por qué en España es imposible un pacto educativo, aunque es algo en lo que todo el mundo está de acuerdo?
–Estamos todos de acuerdo cuando hablamos en términos generales, pero cuando empiezas a descender a los detalles el acuerdo no es tan grande. Hay una visión equivocada de que parece que los que no se ponen de acuerdo son los políticos, pero ha habido ocasiones de intentos de pacto con organizaciones educativas y al final tampoco han llegado a conseguirlo, como cuando se estaba haciendo la LOE, en 2005.
Cuando se dice quiero pacto, pero tengo líneas rojas, entonces ya se hace todo muy complicado. Social y políticamente el país lo hace complejo. España no es una excepción, los países que lo han conseguido ha sido por circunstancias históricas que lo han favorecido. Más que de pactos prefiero decir que vamos a buscar acuerdos.
–Se habla de que estamos en la “cuarta revolución industrial”, ¿cómo va a afectar a la educación?
– Que va a afectar es indudable, pero no podemos saberlo por el ritmo acelerado que llevan las transformaciones. Una de las cosas que más está cambiando en lo que afecta a la educación es la digitalización, que no es solamente que pongas tecnología en el aula. Es un elemento clave.
– ¿La nueva ley educativa da herramientas suficientes para afrontar los desafíos del futuro?
– Creo que sí. Cuando elaboramos el proyecto de ley nuestra voluntad fue hacer un texto que dejara caminos abiertos hacia el futuro. Es imposible saber hoy cómo va a ser la educación dentro de 10 o 20 años. Los cambios en educación no se consiguen porque se publique la ley, pero si no las haces de tal manera que permitan esa transición hacia adelante será imposible.
Universidades reduce de dos años a seis meses el tiempo para convalidar títulos universitarios extranjeros.
Conseguir homologar un título universitario extranjero o convalidarlo para poder trabajar en España puede resultar «un drama humano para miles de personas», dice el ministro de Universidades, Manuel Castells, porque «el país es acogedor, pero la burocracia no». Y es que el trámite venía tardando hasta dos años en realizarse. Ahora, Universidades quiere acabar con esta «espera e incertidumbre insoportable» con una nueva normativa que reduzca tiempos. Es por esto por lo que ha comenzado la tramitación de un Real Decreto de homologación y equivalencias que tiene como objetivo reducir de dos años a seis meses, como máximo, el tiempo de una tramitación que todavía se sigue haciendo por correo postal certificado.
Ahora el trámite se podrá hacer accediendo a una aplicación informática del Ministerio, a través de la cual se podrá saber cuál es la situación procedimental de su expediente y el tiempo que se demorará su resolución. Para emitir una resolución, previamente se deberá elaborar un informe motivado respecto al procedimiento solicitado. Este informe será elaborado por una Comisión de Análisis Técnico de Homologaciones, Equivalencias y Correspondencias, que estará integrada por una docena de miembros, fundamentalmente por profesorado universitario, decanos de facultad y expertos y expertas.
El Ministerio recibe 9.000 solicitudes anuales de homologaciones y aguardan su resolución 15.000 que están en diferentes pasos del procedimiento y que ahora se resolverán antes.
La formación de los profesores entra en la campaña del 4-M.
La Educación será uno de los asuntos centrales de la campaña y los candidatos empiezan a lanzar propuestas que, en este ámbito, no pueden ser más opuestas entre la izquierda y la derecha. Ayer, el candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad, Pablo Iglesias, anunció que, si gobierna, formará a los profesores en «educación afectivo-sexual» contra las violencias machistas y a favor de la diversidad sexual. Más aún, los padres no podrán poner objeciones a que se impartan estos contenidos que tendrán la importancia que tienen materias troncales como Lengua y Matemáticas.
Y no sólo eso. Iglesias está decidido a aplicar la «ley Celaá» en la parte más restrictiva respecto a la educación concertada. En el punto de mira del líder morado están especialmente los colegios que educan a niños y niñas en aulas separadas, porque considera que «segregan por sexos». Para éstos, se acabarán los conciertos, pero para la educación pública habrá más financiación. De hecho, su compromiso es incrementar la inversión en 1.000 millones de euros anuales. Y eso incluirá la gratuidad de la enseñanza superior y la creación de nuevas plazas públicas. Podemos quiere poner en marcha una Ley de Calidad del Sistema Educativo que determine por ley la ratio de alumnos por profesor, según anunció durante su visita al CEIP Miguel de Cervantes de Getafe.
Mientras, para el Gobierno de Díaz Ayuso una de las prioridades en lo que concierne a formación del profesorado tiene que ver con combatir las adicciones a los móviles desde las aulas, después de detectar que estas situaciones se repiten cada vez con más asiduidad, pese a que desde este curso están prohibidos salvo para fines educativos. Así, la Comunidad de Madrid tratará de prevenir la adicción a los móviles a través de un plan de formación del profesorado para que los docentes aprendan a enfrentarse a estas situaciones. El curso pretende que los profesores participantes adquieran estrategias básicas para la prevención escolar de las conductas de riesgo relacionadas con las nuevas tecnologías o el juego de apuestas. Así, el curso será telemático y con ello se pretende que después puedan desarrollar en sus clases actividades y dinámicas preventivas de este tipo de adicciones. De momento, el primer curso está previsto que se celebre entre el 10 y el 19 de mayo, pero el plazo de inscripción termina el mismo día de las elecciones autonómicas.
Los rectores piden a Duque medidas adecuadas para impulsar la investigación en las universidades.
El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue), José Carlos Gómez Villamandos, se ha reunido este miércoles con el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, para abordar los problemas más urgentes que afectan a la investigación que se realiza en las universidades, que representa el 70% del total de la ciencia española.
Acompañado por el vicepresidente de Crue, Francisco Mora; el presidente de Crue I+D+i, Rafael Garesse; y por el miembro del Comité Permanente, Juan Romo, Gómez Villamandos ha insistido a Duque en la necesidad de dotar a las universidades españolas de mecanismos adecuados para poder competir en igualdad de condiciones con las mejores universidades europeas.
En el encuentro mantenido con el ministro, se ha puesto sobre la mesa el «grave problema» que supone la excesiva carga burocrática que deben asumir los investigadores y la necesidad de simplificar y agilizar todos los trámites de gestión relativos a la misma.
Los rectores piden a Duque medidas adecuadas para impulsar la investigación en las universidades
Asimismo, se ha pedido al ministro que se solucione el colapso burocrático en el que se encuentran las unidades de gestión de la investigación de las universidades españolas debido a las complejas y poco planificables auditorías a las que están siendo sometidas.
Los rectores le han trasladado también su preocupación por la situación en la que se encuentra el sistema de Ciencia e Innovación en España, que considera «muy castigado» debido a «años de recortes que aún no se han revertido en su totalidad», y le han trasladado también la necesidad de apoyar institucionalmente la investigación en las universidades e iniciar reformas urgentes que frenen la fuga de talento hacia otros sistemas universitarios.
9 de abril de 2021
Macron reemplaza la ENA, vivero de las élites francesas, por una nueva escuela para funcionarios.
Era una de las promesas, aplazada varias veces, que el presidente Emmanuel Macron formuló hace dos años para responder a la revuelta de los chalecos amarillos contra las élites: la supresión de la Escuela Nacional de Administración (ENA), el centro donde se forma a los altos funcionarios franceses. La ENA es un centro de excelencia para los mejores dirigentes, pero con la reputación de ser una institución rígida y elitista. Macron ha anunciado este jueves que la remplazará por un centro que se llamará Instituto del Servicio Público (ISP), teóricamente más flexible, diverso y abierto a la sociedad.
El anuncio de Macron, en un discurso ante altos funcionarios franceses, cierra un capítulo de casi ocho décadas en las que la ENA ha fabricado primeros ministros, presidentes de la República y ejecutivos de multinacionales. La fundó, al final de la Segunda Guerra Mundial, el general Charles de Gaulle, convencido de que una de las causas del derrumbe de Francia ante la Alemania nazi en 1940 y los cuatro años siguientes de ocupación había sido la quiebra moral y organizativa de las élites francesas, y entre estas, la funcionarial.
La idea en 1945 era que, para reconstruir el país, hacía falta un cuerpo de altos funcionarios seleccionados y formados con criterios meritocráticos y con los mayores niveles de competencia. Macron no renuncia a esta idea. Pero sí entierra la marca ENA, que goza aún de prestigio en el extranjero. En Francia, sin embargo, se había convertido con los años en el símbolo, quizá injusto pero arraigado, de una aristocracia arrogante y alejada de las realidades del francés de a pie, una élite marcada por una misma visión del mundo y una manera de actuar e incluso de razonar y de hablar.
Centros educativos piden transparencia a Gobierno sobre la vacunación con AstraZeneca a docentes: «Están generando caos».
Los responsables de los centros educativos, tanto de titularidad pública como privada y concertada, piden transparencia al Gobierno sobre qué va a pasar con la vacunación a los docentes y al personal de los centros, a los que se estaba administrando la vacuna de AstraZeneca.
Realizan esta petición después de que este miércoles el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) acordara suspender la inoculación de esta vacuna en los menores de 60 años por el nuevo informe del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia Europeo (PRAC) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que aseguró que existe una «posible relación» entre esta vacuna y los coágulos sanguíneos con niveles bajos de plaquetas.
«Pedimos transparencia, que cuanto antes se clarifiquen las cosas; si el riesgo potencial desaconseja de verdad la vacunación, que lo digan cuanto antes, porque estos bandazos lo que tiene es a la comunidad educativa desconcertada, lo que hace es provocar más incertidumbre», señala en declaraciones a Europa Press el secretario general adjunto de Escuelas Católicas, que agrupa a titulares de centros educativos católicos, sobre todo concertados.
A juicio de Centeno, las autoridades, con estos cambios de criterio, «están generando cierto caos», ya que «en nada contribuye a serenar los ánimos» sino «más bien al contrario».
El secretario general adjunto de Escuelas Católicas pide «aclarar» los posibles riesgos que tiene la inoculación de la vacuna desarrollada por AstraZeneca, así como la vinculación de ésta con los casos de trombosis detectados. En cualquier caso, recuerda que los epidemiólogos siguen insistiendo en que el porcentaje de casos detectados de efectos secundarios adversos no tiene una relevancia tan importante como para suspender la vacunación.
Duque apuesta por cambios en la carrera científica para hacerla más atractiva.
“Desde el Ministerio se ha propuesto la creación de un modelo de contratación tipo interino (tenure track), con una contratación fija sujeta a evaluación externa”, ha destacado Duque. Además, ha remarcado que se están reforzando las políticas de atracción del talento “con más y mejores contratos en la fase posdoctoral inicial y con ayudas a esos contratados para la proyección y consolidación de sus proyectos científicos”. Así lo ha destacado el ministro durante un encuentro con investigadores en la Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León (ULe), que ha visitado al igual que los laboratorios del Módulo de Investigación Cibernética y el Centro de Supercomputación de Castilla y León ubicado en el campus leonés.
El rector de la ULe, Juan Francisco García Marín, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Comunidad, Juan Carlos Suárez Quiñones, entre otras autoridades, han recibido al ministro a su llegada al Campus de Vegazana tras la visita que ha cursado en el Parque Tecnológico de León desde primera hora de la mañana a la compañía Mabxience. Duque ha recorrido las instalaciones del supercomputador Caléndula, centro integrado en la Red Española de Supercomputación impulsada por el Ministerio de Ciencia e Innovación para facilitar a la comunidad científica de España una mayor capacidad de computación y acceso a los recursos de cálculo intensivo existentes. A continuación, ha mantenido un encuentro con los directores de los diez institutos de investigación de la ULe y una veintena de investigadores en representación del resto de los científicos vinculados a distintos ámbitos de conocimiento. MAGISTERIO
Docentes piden una reunión con Sanidad y Educación por la suspensión de la vacunación a menores de 60 con AstraZeneca
Sindicatos docentes han pedido una reunión urgente con el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y FP para que informen de primera mano sobre la suspensión de la vacunación a los menores de 60 años con la vacuna desarrollada por AstraZeneca, ya que esta es la vacuna que se ha estado administrando a los docentes menores de 55 años, entre otros colectivos profesionales como bomberos o policías.
El pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) acordó este miércoles suspender la inoculación de esta vacuna en los menores de 60 años, después de publicarse un nuevo informe del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia Europeo (PRAC) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).
En el mismo, el organismo aseguró que existe una «posible relación» entre esta vacuna y los coágulos sanguíneos con niveles bajos de plaquetas, y señaló la necesidad de incluir estos acontecimientos adversos en la lista de efectos secundarios «muy raros» de la vacuna.
«Desde CSIF nos hacemos eco de la incertidumbre y la preocupación generada en la población general y de manera particular en los colectivos de empleados públicos, como en el ámbito de la Educación, que ya han recibido la primera dosis de esta vacuna. Exigimos mayor claridad sobre los criterios para aplicar una segunda dosis, que además coincidía con la celebración de las oposiciones a nivel nacional», ha solicitado este sindicato.
En este sentido, la organización sindical ha lamentado que desde que comenzara la campaña de vacunación contra el COVID-19, las autoridades sanitarias «no se hayan coordinado» con los representantes de salud laboral de los centros de trabajo.
Por ello, el CSIF ha exigido «coordinación, transparencia y coherencia» a las diferentes administraciones, ante la «gestión contradictoria y precipitada» que están mostrando. «Es preciso dejar de lado los criterios políticos y se atienda a la comunidad científica y a los profesionales», ha zanjado. Por su parte, desde la Confederación STEs, el responsable del Área de Política Educativa, José Ramón Merino, critica la «improvisación» y «falta de criterio» de las autoridades sanitarias españolas con los cambios de criterio sobre la administración de la vacuna de AstraZeneca. «Aún reconociendo la celeridad que ha presidido la toma de decisiones por parte de los responsables políticos, en base a tratar de avanzar en la vacunación de toda la población, sería deseable que las decisiones que se tomen tengan continuidad en el tiempo», ha señalado a Europa Press.
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