26 de abril de 2021
Celaá en campaña anuncia que el Gobierno cederá 500 millones a la Educación madrileña
Así lo manifestó Celaá en un acto electoral que celebró el candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, en una plaza del distrito de Carabanchel en el que intervino también el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Los destinatarios de estos recursos serán las personas “más vulnerables” porque “hay que ayudar más a quien más lo necesita, para que los más débiles puedan desarrollar su talento y puedan aspirar a un buen empleo”, añadió Celaá.
Sobre las amenazas al candidato de Podemos en las elecciones madrileñas, Pablo Iglesias; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en forma de carta con cartuchos de balas, la ministra dijo que son amenazas “inaceptables”.
Tras destacar de Gabilondo que es un político con “valores y con ética”, criticó que el Ejecutivo regional que ha presidido Isabel Díaz Ayuso (PP) durante dos años ha sido un Gobierno “sin gestión y sin presupuestos, solo con el empeño constante de enfrentarse con el Gobierno de España”, por lo que destacó su “deslealtad”.
La EvAU se desarrollará en la UCLM en 15 localidades y pruebas por la mañana y la tarde
Igual que ocurrió en el curso pasado, las pruebas de la EvAU en la Universidad de Castilla-La Mancha se desarrollarán por la mañana y la tarde y, para cumplir con las recomendaciones sanitarias, además de los espacios universitarios en las distintas capitales de provincia se utilizarán otros espacios en 15 localidades de Castilla-La Mancha.
Concretamente, se habilitarán espacios en centros educativos o de otro tipo en Almansa, Hellín y Villarrobledo, en la provincia de Albacete; de seis municipios de Ciudad Real, en concreto en Alcázar de San Juan, Almadén, Manzanares, Puertollano, Tomelloso y Valdepeñas; de tres de Cuenca, que son Las Pedroñeras, Quintanar del Rey y Tarancón; y en otras tres localidades de la provincia de Toledo, que son Quintanar de la Orden, Talavera de la Reina y Villacañas, según ha informado la Junta de Comunidades en nota de prensa.
Según las previsiones que manejan los servicios centrales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, este año, alrededor de 12.000 alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato de la región están llamados a realizar las pruebas de la EvAU en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y hasta 2.000 alumnos y alumnas de este curso podrán participar en las pruebas que se realicen en la Universidad de Alcalá (UAH), lo que supone 800 y 300 más que el curso pasado respectivamente.
Así lo ha señalado la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, momentos antes de inaugurar las IV jornadas de formación sobre esta prueba para orientadores y equipos directivos de los centros educativos.
Ana María Sánchez, nueva presidenta de Escuelas Católicas
La Asamblea General de Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG) ha elegido, por unanimidad, a la superiora provincial de la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, Ana María Sánchez García, como nueva presidenta tras la marcha en 2020 a Roma del salesiano Juan Carlos Pérez Godoy.
Así lo ha dado a conocer la organización, que ha informado de que Ana María Sánchez nació en Jerez de la Frontera (Cádiz) y es licenciada en Matemáticas, diplomada en Ciencias Religiosas, máster en Acompañamiento Espiritual y Discernimiento Vocacional, y experta en Dirección y Gestión de centros educativos no universitarios.
Asimismo, Escuelas Católicas ha destacado que Sánchez ha sido directora de varios colegios y de una residencia de protección de menores, docente, tutora y coordinadora de Pastoral en varios centros, y Directora General de la Fundación Educativa ACI, además de formadora de postulantes, maestra de Novicias, Superiora en varias comunidades y delegada de Vida Consagrada de la diócesis de Ebibeyin (Guinea Ecuatorial). En la actualidad, es provincial de la Congregación en España y Presidenta del Patronato de la Fundación Educativa ACI.
Por otro lado, la organización ha apuntado que la Asamblea anual de ambas instituciones, celebrada de forma telemática, ha aprobado además la gestión económica de la institución, la memoria de actividades, el balance de cuentas, presupuesto para 2021 y el Plan Estratégico de la sede Nacional 2021-22.
En este sentido, al término de la reunión, se ha ratificado una ‘Declaración final’ que pone de relieve y agradece el esfuerzo colectivo realizado por titulares, equipos directivos, docentes, alumnos, familias y comunidades religiosas y parroquiales, durante la pandemia. Destaca la necesidad de aprender de lo acontecido, priorizar la identidad y afianzar la visión compartida de la educación donde la innovación pedagógica y pastoral vayan de la mano.
Igualmente, se lamenta que se haya aprobado una reforma educativa que ha resultado ser «una nueva oportunidad perdida para alcanzar el deseado y necesario Pacto Educativo», con una norma que, a su juicio, «limita los derechos de los padres a la hora de elegir centro, considera a la concertada una red subsidiaria, promueve la desaparición progresiva de la Educación Especial y excluye la clase de Religión como asignatura equivalente al resto de materias».
Junto con Más Plurales, plataforma constituida para defender los derechos fundamentales y la libertad de enseñanza, Escuelas Católicas se compromete en esta Declaración a «seguir defendiendo, por todas las vías legales y ante todas las instancias, españolas y europeas, los derechos consagrados en el artículo 27 de nuestra Constitución y a exigir un verdadero Pacto Educativo».
Jaque al español
Cajas de cartón, sillas fuera de sitio y un lúgubre vacío casi más evidente en la profundidad del alma que ante los sentidos. Un calendario de escritorio clavado en el 13 de marzo de 2020 señala el día exacto en que todo cambió como una página maldita, hasta ahora, imposible de pasar para dejar atrás. Como si no existiera todavía suficiente energía para apenas activar dos dedos con la fuerza necesaria para doblegar las anillas y dejar paso, finalmente, al siguiente día, a una realidad distinta. La pandemia de la Covid-19, restricciones de movilidad mediante, continúa devastando el próspero negocio de las escuelas de español y la falta de ayudas aboca a la industria de enseñanza del segundo idioma más hablado del mundo a languidecer cual ‘lengua muerta’ hasta que pase la tormenta.
Antes de la hecatombe, se calcula que el turismo idiomático movía en Salamanca más de 50 millones de euros anuales. La provincia salmantina es, de hecho, la más castigada de Castilla y León en este sentido, ya que reunía casi a 35.000 alumnos extranjeros cada año, el 68 por ciento del total comunitario. Según datos de la marca ‘Salamanca, ciudad del español’, en la capital del Tormes había 17 escuelas y dos agencias de español. Aparte, más de medio millar de familias vivían de la acogida de estudiantes en una ciudad, eminentemente cultural, que alberga además el Centro Internacional del Español de la Universidad, un referente mundial. No en vano, dicha marca llegó en 2019 a otros 11.000 clientes potenciales con acciones internacionales para alumnos y profesores.
Durante la crisis, que aún se manifiesta en toda su virulencia, uno de los centros con más solera de Salamanca, la Academia Isla, se vio obligada a cerrar y entró en concurso de acreedores. Otras dos, Enforex y Don Quijote, vieron en la fusión la mejor salida para aguantar el envite evitando el cierre. En este momento, según datos de la Asociación de Escuelas de Español de Castilla y León (Aeecyl), el 70 por ciento de las escuelas de la Comunidad permanecen cerradas, unas pocas funcionan online y todas ellas tienen a toda, o a la mayor parte de su plantilla en ERTE. Y es que solo el calendario de los ingresos ha quedado congelado. La mayoría de los gastos permanecen inalterables como una gota malaya que hunde un poco más cada mes a los centros.
Las comunidades prescindirán de la mayoría de los 35.000 profesores de refuerzo cuando pase la crisis sanitaria
Las comunidades autónomas han empezado a organizar el curso que viene. Y, según explican a EL PAÍS responsables educativos de una docena de ellas, dos grandes ideas se abren paso. La primera es que el curso volverá a ser, al menos en su arranque, excepcional debido a la situación sanitaria, lo que obligará a mantener ciertas restricciones en los centros, como el uso de mascarillas y la distancia interpersonal. Y por tanto a prorrogar la contratación de parte del gran contingente adicional de profesorado que se incorporó en septiembre con motivo de la covid.
La segunda es que una vez que la crisis sanitaria se dé por superada (o, al menos, que haya mejorado mucho), los Ejecutivos autonómicos prescindirán de la mayor parte de dichos docentes de refuerzo ―que llegaron a ser cerca de 39.000 al inicio de este curso, de los que hoy quedan en sus puestos 35.012, según el último de los recuentos que realiza regularmente CC OO―. Su contratación fue necesaria para reducir el número de alumnos por aula y permitir los desdobles a los que obligaron los protocolos higiénico-sanitarios aprobados para prevenir los contagios. A pesar de que los principales sindicatos, asociaciones de directores y de familias han pedido mantenerlos como una forma de mejorar la calidad del sistema, las comunidades lo consideran, en general, presupuestariamente insostenible.
Los responsables de departamentos de Educación autonómicos entrevistados para este artículo ―entre ellos consejeros, viceconsejeros, jefes de gabinete y de comunicación, todos los cuales aceptaron hablar a condición de que no se los citara, ya que la organización del próximo curso no solo es potencialmente polémica hacia fuera, sino que también está siendo debatida dentro de muchos Gobiernos autónomos― coinciden en que la decisión final dependerá de lo que establezcan las autoridades sanitarias. Y dan por descontado que el asunto será abordado de forma conjunta con el Ministerio de Educación en una próxima Conferencia Sectorial de Educación.
27 de abril de 2021
Libertad e igualdad: las guerras culturales que pasan por las aulas
Madrid es la región donde se aglutinan más guerras culturales en torno a la escuela. Las dialécticas pública/privada, laicidad/religiosidad, igualdad/libertad o compensación/mérito se libran más intensamente en las aulas madrileñas que en el resto de España desde que en 2011 surgió la marea verde, primero como reacción al modelo educativo de Esperanza Aguirre y después contra la Lomce del PP. Ahora es el turno de la marea naranja, cuyas protestas en rechazo de la Lomloe de PSOE y Podemos han recibido el respaldo del Gobierno autonómico.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha sido la única, de hecho, en redactar una ley de educación autonómica para contrarrestar los efectos de la Ley Celaá, blindando durante 10 años los conciertos. No es casual, por tanto, que Pablo Iglesias ambicione la Consejería de Educación, campo de batalla en torno a unas señas de identidad escolar tan criticadas como imitadas por otras CCAA:
1. CONCERTADA
Madrid es, junto al País Vasco y Cataluña, la región con más concertada (un 30% frente al 25% de España; en la capital llega al 58%). Este modelo se expandió en los años de la burbuja inmobiliaria gracias a la cesión de suelo municipal, mientras la pública pasaba de representar el 60% en 1996 al 53% en 2009, un porcentaje que, no obstante, se ha mantenido invariable desde la crisis económica.
En un contexto de desplome de natalidad que amenaza con reducir aulas, hay un debate en torno al derecho a la libertad de elección, que el Gobierno madrileño materializa habilitando más plazas concertadas porque así lo piden las familias. Los defensores de la pública creen que se «ha desvirtuado» este derecho porque «se está abandonando lo público». Vecinos del Ensanche de Vallecas protestaron hace unos días porque hay más colegios concertados que públicos en el barrio; la marea verde también se manifestó en este sentido. El consejero de Educación, Enrique Ossorio, asegura, por su parte, que «lo que hay es una agresión del Gobierno contra la concertada» porque la Ley Celaá elimina la llamada «demanda social». El profesor Agustín Moreno, fundador de la marea verde y número cinco en la lista de Podemos, sostiene que Madrid «no atiende a la demanda social de los que piden más pública» y «las familias se ven forzadas a escoger la concertada porque no les queda otra opción».
«Si gana la izquierda, será la Administración, y no la preferencia de las familias, la que decidirá dónde escolarizar a cada alumno y la concertada se convertirá en subsidiaria de la pública y no complementaria como ahora», augura Emilio Díaz, portavoz de Escuelas Católicas.
2. BILINGÜE
El programa bilingüe heredero de Aguirre también genera polémica. Sus detractores opinan que perjudica a las familias sin recursos, porque no pueden ayudar a sus hijos por desconocimiento de la lengua, y también «segrega» a los alumnos en dos grupos: los que van a Sección (con mejor conocimiento de inglés y, por tanto, presuponen que más avanzados en el resto de asignaturas) y los que van a Programa (con peores resultados).
Un estudio realizado en 2013 por Antonio Cabrales, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III, apreció un «efecto negativo» en el aprendizaje de la asignatura de Sciences para los niños en desventaja socioeconómica. Otro trabajo de Mauro Mediavilla, profesor de Economía de la Universidad de Valencia, indicó que las familias pudientes tienen más probabilidades de querer ir a centros bilingüe que las humildes.
Ismael Sanz, profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos y uno de los impulsores del programa bilingüe, sostiene que los datos muestran que «no hay efecto de segregación y que los resultados de un alumno dependen mayoritariamente de sus capacidades, no del centro». «Los problemas de equidad, como una mayor presencia de alumnos con necesidades educativas especiales en los colegios públicos no bilingües (4%) frente al 2,5% en los bilingües, se van corrigiendo poco a poco. A medida que más colegios quieren participar, la distribución de alumnos se va haciendo cada vez más homogénea».
«Estamos a favor del aprendizaje de idiomas, pero no de esta manera, porque no se respeta la lengua materna en Infantil y porque el vocabulario que aprenden en inglés no lo dominan en español», advierte Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Giner de los Ríos.
¿Qué dicen los datos? «Muestran que se pierden dos décimas de aprendizaje en Sciences en 6º de Primaria y, a cambio, se ganan 12 décimas en Inglés. Y parece que las dos décimas que se pierden se recuperan en 4º de la ESO», responde Sanz. El 72% de los alumnos madrileños de 15 años consigue un nivel B1 o superior en inglés, lo que equivale a comunicarse de manera fluida. El programa, emulado por otras CCAA, va a modificarse ahora para poner más horas en la segunda etapa de Infantil y quitarlas en las asignaturas humanísticas de la ESO.
3. DISTRITO ÚNICO
Madrid ha sido pionera en implantar el distrito único, por el cual cualquier alumno puede optar a entrar en cualquier colegio del municipio. La Ley Celaá entierra este modelo porque prima lo contrario: la escolarización de proximidad. Según los datos de la Consejería, el cambio afectaría al 17% de los alumnos de la pública y el 23% de la concertada que apuestan por ir al colegio de un barrio que no es el suyo. La izquierda rechaza el sistema porque dice que provoca que la clase media huya de los barrios humildes y se creen colegios guetos. Ossorio defiende que «es al contrario, porque permite movilidad social».
«Es una libertad teórica, porque nadie de Vallecas se va a ir al colegio de Serrano, entre otras cosas por el coste del transporte. Además, el distrito único genera huella ecológica y desarraigo social, porque el alumno rompe los vínculos con su entorno más próximo», replica Moreno.
¿Qué dice la evidencia científica? «Apenas muestra impacto alguno en la segregación escolar», concluye un estudio de Lucas Gortázar, analista del Banco Mundial, en el que se detecta, no obstante, que lo que sí causa desigualdad es dar un punto por ser hijo de antiguo alumno, como hace Madrid. Otro trabajo –Chetty, Hendren y Katz (2016)- analizó el impacto a largo plazo de un proyecto que concedía subsidios de vivienda a las familias de renta baja para trasladarse a vivir a barrios más favorecidos: esos niños incrementaron sus posibilidades de acceder a la universidad y mejorar sus salarios.
4. DESIGUALDAD
PSOE, Podemos y Más Madrid reprochan a Ayuso que la región tenga el récord de España en «segregación escolar», entendida como la concentración de alumnado desfavorecido en determinados centros, según datos de PISA, de Save the Children y de una investigación de Javier Murillo, director de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid. La Consejería lo explica por las «características sociales» de cada zona -la llamada segregación residencial- y defiende que la desigualdad ha bajado un 9% en seis años gracias al distrito único, que también ha causado que Madrid sea una de las regiones donde menor incidencia tiene el nivel socioeconómico de los alumnos en los resultados académicos. Mientras, la izquierda señala a la concertada y plantea la igualdad de oportunidades como un fin por encima de la libertad de elección. Denuncia que la concertada «crea barreras» a determinado alumnado porque no es completamente gratuita.
Emilio Díaz dice que este modelo es «tabla de salvación» para las familias de barrios humildes. Y prueba de ello, apunta, es que hay más concertada que pública en Carabanchel (59%), Puente de Vallecas (55%), Moratalaz (52%), Tetuán (63%) o Usera (56%). «La pública falla más en el sur que en el norte y muchas familias están dispuestas a lo que sea por que sus hijos vayan a la concertada porque encuentran más orden, más garantías y más proyecto educativo». Los inmigrantes representan el 72% del alumnado en los centros públicos, el 18% en los concertados y el 8% en los privados. Díaz defiende que la escolarización de alumnos de origen inmigrante, aunque nacionalizados españoles, es mucho mayor en los concertados que lo que indican estas cifras. La Ley Celaá quiere que la Administración reparta a los alumnos inmigrantes y con necesidades por todos los centros, algo que, en opinión de la concertada, «choca» con la libertad de elección.
5. INVERSIÓN
El gasto educativo constituye otro de los puntos calientes de la escuela madrileña. PSOE, Podemos y Más Madrid quieren revertir la tendencia por la cual la Comunidad de Madrid es la región que menos invierte en educación de España (el 2% del PIB, frente al 4,2% actual y al 5% que establece la Lomloe) a pesar de ser la más rica de todas.
Este dato, según el consejero Ossorio, «obedece a un modelo de financiación estatal injusto con Madrid». «Hemos pedido muchas veces la revisión de este sistema, que da el triple de financiación al País Vasco o a Navarra que a nosotros», se queja, y argumenta que desde 2015 -«sobre todo en los dos últimos años»- se ha producido una recuperación de gasto.
Agustín Moreno recalca que «Madrid invierte 3.000 euros menos al año por alumno que el País Vasco» e indica que esto se traduce en menos profesores, ratios más altas y «un deterioro» de la calidad educativa.
Los resultados en esta región tradicionalmente han sido muy buenos, pero Madrid ha pinchado en la última edición de PISA (está entre los puestos noveno y décimo de 17 posiciones), aunque este informe tiene muchos fallos y el Gobierno regional lo ha desautorizado. A cambio, es la mejor en Comprensión Lectora en PIRLS y la segunda mejor en Matemáticas y Ciencias en TIMSS. Destaca también porque ha reducido muy rápido el abandono escolar temprano hasta el 10%, tal y como pedía la UE. Una de las tasas más bajas de España.
6. ‘PIN PARENTAL’
Ilegalizado por la Ley Celaá, el pin parental sólo es defendido por Vox, pero probablemente será requisito en una eventual alianza con el PP, como en Murcia. El veto a talleres LGTBI en las aulas ya fue planteado en Madrid al inicio de la legislatura y al final los populares lograron esquivarlo. Ayuso no lo ve necesario, aunque dice entender que haya padres que no quieran que sus hijos asistan a estas charlas. Como alternativa ofrece que los centros informen a las familias de todas las actividades programadas antes de la admisión para que sepan si coinciden con su ideario. Eso sí, una vez que entren en el colegio, tendrán que asumir lo que se dé en el aula.
Los profesores de Secundaria admiten tener una formación insuficiente
Así lo refleja el estudio El profesorado a la luz de PISA 2018, que ha elaborado la Universidad Camilo José Celá de Madrid procesando casi millón y medio de datos de este informe de la OCDE.
Los resultados obtenidos en relación con la falta de una formación de base sobre la materia que enseñan los profesores alcanzan cifras, en su conjunto, moderadas, pero “mejorables”, ya que casi la quinta parte (19,41%) del profesorado de la ESO declara no disponer de formación reglada específica para impartir su materia. “Son más preocupantes los casos de Tecnología (30%) y Matemáticas (17 %) porque podrían estar anticipando una escasez ya anunciada a partir de la experiencia de países más avanzados”, según el estudio de la universidad privada.
Entre las conclusiones destaca que los profesores de la ESO, según sus opiniones, cuentan con una formación inicial y permanente “insuficientes, que además no están bien alineadas con factores críticos del rendimiento de los alumnos, tales como su comportamiento y gestión del aula, enfoques de aprendizaje individualizado o utilización de los resultados de la evaluación”. “Los profesores son quienes suelen elegir los contenidos (de la formación permanente) en los que quieren formarse, por lo que esta falta de alineación entre las necesidades reconocidas y la formación recibida no es atribuible solo a las administraciones educativas”, ha apuntado el investigador principal, Francisco López Rupérez.
Por otro lado, uno de cada cuatro profesores no utiliza nunca herramientas digitales, y este porcentaje se incrementa en función de la complejidad de la herramienta hasta superar el 40% para las más difíciles, añade.
Más de 130.000 alumnos estudiaron la lengua y la cultura españolas en el mundo en el curso 2019-2020
Unos 130.000 alumnos estudiaron la lengua y la cultura españolas en los sistemas educativos de todo el mundo en el curso 2019-2020, gracias a los programas de promoción de la enseñanza del español de la Acción Educativa Exterior (AEE) del Ministerio deEducación y Formación Profesional.
Así se refleja en el informe ‘El mundo estudia español 2020’, presentado este lunes, una publicación que recoge con detalle la situación del español en los sistemas educativos de 33 países.
«La acción educativa en el exterior tiene una doble finalidad: en primer lugar, garantizar la dimensión internacional de la educación, poniendo en un lugar relevante el español como lengua extranjera en centros educativos de muchos países y, en segundo lugar, contribuir a la representación española en el exterior como parte de una diplomacia blanda a través de la educación o la cultura que tiende a aproximar a los pueblos», ha explicado el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, en la presentación del estudio.
El informe, de publicación bienal, recoge los datos que realiza el Estado español en materia educativa fuera del territorio nacional. Su objetivo es la promoción, difusión y preservación de la lengua y de la cultura españolas en el mundo, así como la contribución al mantenimiento de los vínculos culturales y lingüísticos de los residentes españoles en el exterior.
Entre los principales programas de la AEE se encuentran los centros públicos españoles en el extranjero. Existen 18 colegios de titularidad del Estado español repartidos en siete países de Europa, África y América. En total, 8.009 alumnos de todas las etapas se matricularon en el curso 2019-2020 en estos centros, en los que impartieron clase 682 profesores. En este apartado destaca el caso de Marruecos, que cuenta con 11 centros de educación españoles.
28 de abril de 2021
El Gobierno trabaja para que la educación afectivo sexual quede plasmada en el currículo de ESO y Bachiller
El Ministerio de Educación y FP está trabajando para que la educación afectivo sexual quede plasmada en el currículo escolar de Secundaria y Bachillerato, según ha asegurado este martes la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ya que «los discursos de odio no caben en la escuela democrática» ni en «una escuela de ideario constitucional».
Así lo ha afirmado la ministra en contestación al senador de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, que le ha preguntado en el Pleno del Senado de este martes «sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para que el sistema educativo español avance de manera clara en materia de educación afectivo sexual».
Según ha explicado Celaá, «la primera medida» que ha tomado el Ejecutivo en este sentido ha sido «el reconocimiento legal» de implantar la educación afectivo sexual en la nueva ley educativa (la LOMLOE o ‘Ley Celaá’).
«Nuestras medidas son claras, trabajamos con determinación y convicción para, primero, establecerlo en la Ley, segundo, llevarlo al desarrollo curricular, tanto en Secundaria como en Bachillerato», ha señalado Celaá, que recuerda que la educación afectivo sexual está plasmada en la Ley en los arts. 24, 25 y 27.
Asimismo, la titular del Departamento de Educación y FP ha afirmado que desde el Gobierno se va a incentivar los protocolos dentro de los centros educativos para que ellos, en ejercicio de su autonomía pedagógica, puedan establecer protocolos que hagan conscientes a los niños de la necesidad de respetar a los demás y de evitar el abuso hacia uno mismo y hacia otros. «Esto forma parte sustantiva de la educación», añade.
Más de 650.000 niños madrileños recibirán un diploma tras ser premiados con la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo
Los diplomas están dirigidos a los estudiantes de segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y 1º y 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria. Además se les hará llegar a todos los niños de los Centros de Educación Especial, desde los 6 a 13 años.
En el caso de los colegios públicos y de los institutos, el envío se hará mediante la distribución centralizada a través de los correos integrados en la plataforma online Educamadrid, de forma que cada diploma estará personalizado automáticamente. Los centros concertados y privados lo recibirán sin la identificación para que cada uno lo pueda personalizar.
El Gobierno regional acordó conceder una Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid para agradecer a los niños de la región el “modélico comportamiento” que han tenido durante este año marcado por la pandemia del Covid-19.
El acto de entrega del galardón se desarrollará el próximo 2 de mayo con motivo del tradicional acto institucional en la Real Casa de Correos.
La Orden del Dos de Mayo es la máxima distinción de la Comunidad de Madrid y en esta edición reconocerá la trayectoria profesional de un total de 19 personalidades y entidades que trabajan diariamente en favor de la sociedad.
En esta ocasión, el Gobierno regional ha querido galardonar de manera especial a colectivos que han sido esenciales durante estos meses de pandemia, como los autónomos, peluquerías, cajeros de establecimientos comerciales o empleados de servicios funerarios.
Así, además de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo ya entregada al tenista Rafael Nadal, recibirán este reconocimiento los niños de la región; la historiadora Carmen Iglesias Cano, directora de la Real Academia de la Historia y preceptora de S.M. el Rey Felipe VI; la soprano Ainhoa Arteta; y el compositor y músico Nacho Cano.
Seis de cada diez alumnos estudian Religión
Un total de 3.255.031 estudiantes asisten a clase de Religión en nuestro país, según los datos facilitados por la Conferencia Episcopal. En total, representan un 60,59% del total del alumnado, lo que supone un leve descenso con respecto al curso anterior (63%). Repasando los datos de, al menos los cuatro últimos años, en la escuela pública por primera vez los alumnos matriculados en la asignatura son menos de la mitad, situándose en el 48,84%, frente al 52% del año anterior. En la escuela concertada asisten ocho de cada diez niños y jóvenes, y en la privada, ocho de cada diez. En total, seis de cada diez familias dan un aprobado al referéndum anual al que se somete la asignatura en tanto que se trata de una optativa cuya matrícula se renueva anualmente.
Desde el Episcopado se apunta que la situación de excepcionalidad por la pandemia podría estar detrás de la baja de esos 82.886 alumnos. «El hecho de que no se pudiera acompañar a los estudiantes al final del curso anterior por el confinamiento, unida a la confusión y la incertidumbre generada al arrancar este curso, con las dificultades para desdoblar grupos específicos para Religión, ha podido influir en los padres», apunta a LA RAZÓN Raquel Pérez Sanjuan, Directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura.
En breve se abrirá el plazo de matriculación para el curso que viene en un escenario de agravio tras la aprobación de la reforma educativa de la Ley Celaá. La normativa, que se comenzará a aplicar en septiembre en las aulas, cumple escrupulosamente con los acuerdos Iglesia-Estado. La Religión sí será evaluable, pero no contará ni para nota ni para becas. Además, en principio, según ha manifestado la ministra, tampoco tendrá una asignatura espejo, de tal manera que podría quedar relegada a primera o última hora de la jornada, quedando liberados aquellos que no la escojan, frente a la carga lectiva añadida para los que opten por ella.
El Gobierno repartirá a las comunidades 683 millones para la FP de Empleo
De esta cuantía, 548,7 millones se destinarán a la formación de desempleados, 115 millones a la de ocupados y 19,5 a programas convocados por las CCAA, ha explicado la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, tras la celebración del Consejo de Ministros. En esta distribución no se incluyen las acciones financiadas con cargo a créditos del Servicio Público de Empleo Estatal. El reparto deberá ser aprobado en la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y FP para el Empleo que se celebra hoy, y se informará de la misma al Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, que se reúne mañana miércoles.
Celaá ha recordado que se está llevando a cabo “una gran transformación y modernización” de la FP, parte de la cual consiste en crear un nuevo sistema que integra la FP del sistema educativo y la Formación Profesional para el empleo, porque “entendemos que la formación ha de estar presente no solo en las distintas etapas educativas, sino también a lo largo de toda la vida laboral de las personas”. Por ello, “hablamos ya de un modelo único de Formación Profesional al servicio de estudiantes y trabajadores, empleados y desempleados. Hemos de lograr que la formación pase a formar parte natural de la vida profesional de cualquier persona, garantizando así una actualización y recualificación constante de sus competencias profesionales”.
El objetivo es afrontar tres retos: el primero es el alto número de personas que carecen de acreditación formal de sus competencias profesionales –el 48% de la población activa no tiene acreditada su cualificación laboral–; el segundo es el desequilibrio entre la cualificación y las necesidades del mercado laboral, y el tercero es el bajo número de horas de formación por trabajador (17 horas frente a las 50 de Alemania o las 85 que invierten algunas empresas). Por otra parte, ha subrayado el deseo de incrementar el número de estudiantes de FP, que actualmente se sitúa en el 12%, frente al 25% de la media OCDE y el 29% en la Unión Europea.
El Consejo de Ministros, ha añadido la ministra, ha aprobado también el real decreto por el que se establecen 14 nuevas cualificaciones profesionales y se actualizan otras once, con lo que el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales suma 687 cualificaciones.
El Gobierno propone una Selectividad con distancia de 1,5 metros, aula de aislamiento y ventanas siempre abiertas
El Gobierno va a proponer esta tarde a las comunidades autónomas las medidas de prevención e higiene frente al Covid-19 que deberán aplicarse en la Selectividad de este año, prevista de forma presencial para el próximo mes de junio. Los ministros de Educación, Isabel Celaá, y Universidades, Manuel Castells, junto a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, han diseñado una prueba de acceso a la universidad en la que los alumnos guarden una distancia de 1,5 metros en todo momento, las ventanas estén abiertas de forma permanente y haya al menos un aula para aislamiento en el edificio. La consigna general, eso sí, es que nadie acceda con síntomas al lugar del examen.
Así lo establece el documento de 11 páginas, al que ha tenido acceso EL MUNDO que será debatido en la Comisión de Salud Pública. El texto es muy parecido al del año pasado, aunque en aquella distancia interpersonal estaba establecida en dos metros, no había que mantener las ventanas abiertas constantemente y no existía este aula de aislamiento. Tampoco era necesario llevar la mascarilla todo el rato. Ahora sí. Pero se prohíben las que tienen válvula.
Otra novedad que plantea el Gobierno es llevar un registro con la ubicación de los alumnos en las aulas para facilitar el seguimiento epidemiológico si hubiese algún caso.
Se nota que la evidencia científica ha evolucionado y ahora se pone el énfasis en evitar la inhalación de aerosoles respiratorios. «El riesgo de propagación aumenta a mayor interacción de las personas y mayor tiempo de duración de las mismas», señala el borrador. «También se ha demostrado que hay mayor transmisión en distancias cortas, en espacios cerrados y concurridos, cuando no hay una buena ventilación y sin las adecuadas medidas de prevención», añade.
Por eso las medidas están muy centradas en la ventilación, cuando en la EBAU de 2021 sólo se le dedicaba una frase. «Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos, y de las aulas después de cada prueba», se establecía entonces.
29 de abril de 2021
Un estudio alerta de que España es el tercer país de la OCDE con más colegios gueto
España es uno de los países europeos con mayor número de colegios gueto, situación que se da cuando el nivel de concentración de alumnado con bajos recursos socioeconómicos en un mismo centro supera el 50%. Es, por tanto, uno de los países que más divide a los estudiantes de primaria en diferentes centros educativos en función de su renta familiar, según un estudio pionero de la ONG Save the Children y el centro de estudios EsadeEcPol (dependiente de la escuela de negocios Esade), que analiza datos de 64 países. Esta segregación escolar genera que los alumnos más desaventajados se concentren en los mismos centros y vean reducidas sus posibilidades de relacionarse con niños de otros estratos sociales, lo que deriva en sociedades menos integradoras.
Los dos autores del estudio han analizado por primera vez los datos socioeconómicos del perfil de los alumnos que se desprenden del informe internacional TIMSS (Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias, en sus siglas en inglés), que elabora desde 1995 y cada cuatro años la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA son sus siglas en inglés). El TIMSS mide las competencias en Matemáticas y Ciencias de los alumnos de 4º de primaria (niños de 10 años) de 64 países, 28 de ellos pertenecientes a la OCDE ―del total de 37 integran el organismo―. En esa comparativa internacional, uno de los apartados configura un índice socioeconómico construido a partir de tres componentes: el número de libros del hogar, la carencia de materiales escolares y el nivel educativo más elevado entre los dos progenitores del alumno. Con esas variables, se construye un índice para conocer el capital sociocultural y económico de las familias.
El Ayuntamiento de Móstoles ayudará a los alumnos que no pueden pagar las tasas de selectividad
El Ayuntamiento de Móstoles, gobernado en coalición entre PSOE y Unidas Podemos, ha decidido hacerse cargo del pago de las tasas de Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), la antigua selectividad, de los menores vulnerables que no pueden pagarlas en un instituto de su localidad. Este martes por la mañana —después de leer la noticia en este periódico sobre la colecta que unos profesores estaban realizando para pagar el examen a tres alumnos de su instituto— el Consistorio se ha puesto en contacto con varios centros para dar con el que ha dado a conocer este problema. La sorpresa ha sido que no pasa en uno solo, sino en varios, y ha decidido habilitar ayuda de emergencia social a través de Servicios Sociales. Los centros aportarán los datos de las familias de estos chicos y se pondrán en contacto con ellos directamente. Las competencias en Educación, en todo caso, pertenecen a la Comunidad de Madrid, que respondió a la petición de auxilio del centro por escrito explicando que este curso “no se incluía ningún supuesto nuevo de reducción de las tasas diferentes a los que ya existían”. Los supuestos a los que se refería la Administración son los que vienen recogidos en el artículo 20 del Real Decreto 83/2016, que especifica que los alumnos de familia numerosa se beneficiarán de las exenciones. También lo harán las víctimas de terrorismo, sus cónyuges e hijos y los estudiantes con discapacidad. Los que pertenecen a familias vulnerables o en exclusión social, por tanto, no tienen posibilidad de beneficiarse de ninguna beca o rebaja, ya que no se consideran tasas académicas, que son las que cubren las becas, sino administrativas.
Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles, se ha comprometido a que su gobierno asuma el coste de las tasas “aunque esta competencia corresponda a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de Díaz Ayuso” y lo harán recurriendo a ayudas de emergencia social. “Estudiaremos también la manera de crear un fondo específico para pagar tasas educativas en un futuro”, ha asegurado. Natividad Gómez, concejal de Educación del municipio del sur de Madrid, ha asegurado que, al conocer la noticia, se han intentado poner en contacto con varios centros para ofrecer su ayuda. “Nos preocupa esta situación y haremos lo posible para que ningún chico se quede sin estudiar”, ha explicado. Aun así, ha insistido en que las competencias pertenecen a la Administración regional y ellos deberían tener “más sensibilidad” con estos temas. “Llevamos toda la pandemia haciendo estas cosas”, ha dicho. Se refiere a que el Ayuntamiento donó el curso pasado 119 tablets con conexión a internet a los alumnos más desfavorecidos del municipio “para evitar la brecha digital” y contrató los servicios de la empresa Mediterránea Catering para evitar que los que disponían de la beca comedor se alimentaran de los menús polémicos de Telepizza y Rodilla durante la primera ola de la pandemia.
Isabel Díaz Ayuso: «Vamos a llevar a cabo una bajada histórica de las ratios en los próximos años»
Isabel Díaz Ayuso se ha erigido en la defensora de las libertades, hasta el punto de poner en el centro de su eslogan electoral la disyuntiva entre comunismo o libertad, frente a quienes –desde la izquierda– quieren imponer las restricciones y las políticas ya ensayadas a nivel nacional por el Gobierno del sanchismo apoyado por Unidas Podemos.
La campaña parecía, al comienzo, una mera “cosa de dos” (Gabilondo versus Ayuso) hasta que irrumpió sorpresivamente el factor Iglesias, abandonando la Vicepresidencia del Gobierno para tratar de tocar el cielo de Madrid. Pero con el paso de las semanas este anuncio se ha desinflado entre acusaciones de dirigismo e incluso de machismo. Los debates y las escisiones internas de Podemos debilitan el efecto de la entrada de Iglesias en la liza electoral y, en cambio, elevan las posibilidades de Más Madrid, con Mónica García de cabeza electoral.
Por otro lado, el candidato socialista y exministro de Educación, Ángel Gabilondo, parece agotado en su fórmula demasiado cansina y aburrida y, sin embargo, suben las posibilidades de entrar en la Asamblea de Edmundo Bal (Cs), superada al parecer la crisis ocasionada por la salida del Gobierno de Madrid de Ignacio Aguado. Al final, la cuestión es si gobernará el bloque fragmentado y dividido de las izquierdas o si Ayuso será capaz de gobernar en solitario o con el apoyo de Vox. Los votantes tienen la última palabra.
La escuela concertada teme un gobierno de izquierdas en Madrid
«Si hay un cambio de gobierno, lo vamos a pasar mal», asegura José Antonio Poveda, secretario general de Escuelas Católicas de Madrid. El responsable de la patronal de la escuela concertada teme que «la izquierda entre a gobernar con el cuchillo entre los dientes contra la concertada» y con la «ley Celaá» en la mano. Y es que esta ley erige a la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo en España y elimina la «demanda social» de los padres de este tipo de colegios como un elemento a tener en cuenta por la Administración educativa a la hora de programar cuántas plazas escolares debe haber.
«Los afectados iban a ser las familias porque nos tememos que una de las primeras medidas sería eliminar unidades en la etapa de tres años y, aunque quisieran llevar a sus hijos a un determinado centro, se van a encontrar con que no hay plazas», lamenta el responsable de Escuelas Católicas.
Por eso piensa que el resultado del 4-M dará respuesta a una pregunta que ahora está en el aire y que depende del Gobierno que salga de las urnas: «¿Tiene derecho a vivir la concertada?».
La situación no sería tan inquietante, según dice, si no hubieran vivido en otras autonomías un avance de lo que podría ocurrir en Madrid. Y lo dicen atendiendo al caso de La Rioja, Valencia, Aragón y Cataluña, donde asegura que se ha visto ya una supresión de aulas de la escuela concertada, que «se ha convertido en subsidiaria de la pública».
En La Rioja denunció que en los primeros meses del gobierno de Podemos-PSOE, se empezó por limitar el transporte público desde distintas localidades a niños que iban a colegios concertados, se eliminó el «cheque bachillerato» que subvenciona parcialmente los estudios en estos centros y solo en Logroño se redujo en un 25% la oferta de plazas concertadas en Infantil. En Cataluña, ya hay un decreto ley para convertir colegios privados y concertados en públicos. La medida facilita el traspaso de titularidad del centro si el dueño del colegio lo pide y la Administración educativa necesita plazas públicas para atender la demanda de escolarización. Ya hay colegios de monjas que están andando este camino.
La EvAU se desarrollará en la UCLM en 15 localidades y pruebas por la mañana y la tarde
Igual que ocurrió en el curso pasado, las pruebas de la EvAU en la Universidad de Castilla-La Mancha se desarrollarán por la mañana y la tarde y, para cumplir con las recomendaciones sanitarias, además de los espacios universitarios en las distintas capitales de provincia se utilizarán otros espacios en 15 localidades de Castilla-La Mancha.
Concretamente, se habilitarán espacios en centros educativos o de otro tipo en Almansa, Hellín y Villarrobledo, en la provincia de Albacete; de seis municipios de Ciudad Real, en concreto en Alcázar de San Juan, Almadén, Manzanares, Puertollano, Tomelloso y Valdepeñas; de tres de Cuenca, que son Las Pedroñeras, Quintanar del Rey y Tarancón; y en otras tres localidades de la provincia de Toledo, que son Quintanar de la Orden, Talavera de la Reina y Villacañas, según ha informado la Junta de Comunidades en nota de prensa.
Según las previsiones que manejan los servicios centrales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, este año, alrededor de 12.000 alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato de la región están llamados a realizar las pruebas de la EvAU en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y hasta 2.000 alumnos y alumnas de este curso podrán participar en las pruebas que se realicen en la Universidad de Alcalá (UAH), lo que supone 800 y 300 más que el curso pasado respectivamente.
Así lo ha señalado la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, momentos antes de inaugurar las IV jornadas de formación sobre esta prueba para orientadores y equipos directivos de los centros educativos.
En la inauguración de estas jornadas, que se ha realizado de forma telemática, también han participado el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, y el director general de Universidades, Investigación e Innovación, Ricardo Cuevas.
La consejera también ha detallado que se han recibido casi 850 solicitudes, entre catedráticos y catedráticas y profesorado funcionario de carrera de enseñanza Secundaria que imparte Bachillerato y por personal docente universitario, para participar en los tribunales calificadores de esta prueba.
30 de abril de 2021
Los sindicatos docentes piden un calendario escolar ajeno a fiestas religiosas
Sindicatos docentes como ANPE o CSIF solicitaron este jueves la creación de un calendario escolar desvinculado de las fiestas religiosas. «A consecuencia de los efectos de la pandemia muchas localidades han visto trastocadas sus festividades. Esto, en algunos municipios, ha derivado en un debate social sobre cómo afectaba la suspensión de las fiestas en el calendario escolar, debate el que ha metido de manifiesto la necesidad de diseñar calendarios escolares fundamentados en criterios pedagógicos», señalaron desde la Junta Personal Docente No Universitario, JPDNU.
Desde este órgano en el que tienen representación los sindicatos docentes de Castellón «consideramos que es esencial desvincular los calendarios escolares de las fiestas religiosas y las festividades». «Una educación de calidad requiere de una programación temporal que pueda atender las necesidades de los escolares, tenga en cuenta sus necesidades de descanso y les proporcione periodos lectivos equilibrados y regulares», apostillaron desde la junta.
Los calendarios escolares actuales, basados fundamentalmente en calendarios litúrgicos, no dan respuesta, a juicio de la JPDNU, «a las características del alumnado y resultan en una distribución desequilibrada de los trimestres, los cuales se convierten en periodos o demasiado largos o demasiado cortos». «Es por ello que desde la JPDNU de Castellón solicitamos a la Conselleria de Educación estudiar las medidas oportunas y la creación de un grupo de trabajo para diseñar los próximos calendarios escolares que respondan a criterios pedagógicos y aplican tan pronto como sea posible», insistieron estas mismas fuentes.
Por otro lado, en relación a los listados provisionales de destinos del concurso de traslados de secundaria en los que se detectó un error a través del cual ninguna persona con plaza definitiva en Cataluña, que optaba a plazas catalogadas con requisito lingüístico en valenciano en la Comunidad, fuera adjudicada, pidieron que la Generalitat inste al Ministerio a hacer una corrección de errores y una nueva publicación; adjudicación provisional, así como la apertura de un nuevo plazo para desistir del concurso si se participa voluntariamente o reclamar.
CSIF rechaza la propuesta de Celaá de cambiar el acceso a la función docente
Durante la Mesa Sectorial de Educación, el Ministerio ha presentado hoy a CSIF y al resto de los sindicatos las modificaciones del real decreto que regula el acceso e ingreso a la función pública docente. Según la CSIF, “no tiene sentido poner más parches al modelo actual precisamente ahora que el Gobierno ha anunciado que ultima una reforma general para acceder al empleo público en todo el país”.
El sindicato más representativo en las administraciones públicas critica además que con esta reforma, el Ministerio “prevé que los profesores técnicos de Formación Profesional no puedan optar a oposiciones si no tienen título universitario, con lo que deja fuera a profesores de distintas especialidades”, como ya adelantó MAGISTERIO. Efectivamente, el MEFP pretende “suprimir el anexo VI –titulaciones equivalentes a efectos de docencia para el Profesorado Técnico de FP de las especialidades que no disponen de titulación universitaria–. Así, ni los aspirantes ni el profesorado interino de este cuerpo de FP sin titulación universitaria podrían optar a las plazas que oferten las administraciones educativas”.
Para la CSIF, este profesorado técnico es necesario para el sistema educativo y para la calidad de la formación profesional, por lo que “no seremos cómplices de una medida que rechazamos de plano”. “Exigimos que todo el profesorado técnico quede integrado en el sistema educativo, sin pérdida de condiciones laborales. Mientras esta cuestión no urgía porque no afecta en ningún caso a las oposiciones de 2021, no se ha abordado la disposición de la Lomloe mediante la cual se declara a extinguir” dicho cuerpo. Por ello, la CSIF ha exigido abordar este tema en una mesa monotemática urgente.
Durante la Mesa Sectorial se ha abordado también la posibilidad de que se exija la acreditación del conocimiento de lenguas extranjeras en los procedimientos selectivos del personal docente. CSIF también se opone a esto último porque “afectará a la igualdad de oportunidades de los opositores y consolidaría un modelo de bilingüismo que no funciona”. Hasta ahora, no es obligatorio tener conocimientos de idiomas para acceder a la docencia, ya que el aprendizaje de idiomas es competencia del profesorado de lenguas extranjeras.
Recuerda CSIF que el sistema universitario sigue titulando a las personas no bilingües, por lo que si finalmente se aprueba esta medida “solo aquellos con un nivel económico suficiente podrán obtener las acreditaciones oficiales de idiomas y por tanto acceder al empleo público en perjuicio de los profesionales con menores recursos”.
José María Ortiz: «Focalizar todos los esfuerzos en la investigación hace del alumno una molestia»
Tras 42 años como centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Villanueva celebraba el pasado mes de septiembre su primer curso académico como universidad privada. José María Ortiz Ibarz, rector de la institución, nos cuenta cómo están afrontando este primer curso tan atípico y reflexiona sobre el papel que tiene la universidad en la sociedad y los cambios a los que se enfrenta.
Pregunta. ¿Cuál sería su valoración general de la universidad española?
Respuesta. —Creo que ahora mismo está expectante ante la regulación y la normativa del Ministerio y muy concentrada en el impulso investigador, muy positivo para los docentes, pero que debe limitarse. Si se focalizan los esfuerzos exclusivamente en investigación, lo que ocurre es que el alumno termina convirtiéndose en una molestia. Suelo poner como ejemplo que en un supermercado, para el reponedor el cliente es una molestia porque le desordena el lineal. La investigación tiende, en numerosas ocasiones, a hacernos individualistas y a evitar la atención al alumno.
¿El carácter público o privado influye en la investigación?
—No tiene tanto que ver con el carácter público o privado de la universidad, sino con el tamaño de la misma. Para poder investigar se necesitan departamentos grandes con muchos profesores y las universidades pequeñas tienen muchos menos medios. Desde la Universidad Villanueva afrontamos el reto y reconocemos que la investigación es imprescindible para la docencia y la mejor forma para transmitir el conocimiento y buscar la verdad.
¿Cómo valora los rankings de universidades?
—Creo que son buenos para ver la evolución de ciertos aspectos y para orientar. Sin embargo, muchas veces se centran en la investigación internacional, que es lo que más se valora, y no se tienen en cuenta variables como el tamaño de la institución.
Si preguntásemos a los españoles sobre si prefieren que las universidades públicas sean centros de investigación o que formen buenos ciudadanos, estoy seguro que todos elegirían lo segundo
La internacionalización es una variable cada vez más demandada, ¿la cumplen las universidades españolas?
—Las universidades catalanas siempre han tenido una relación internacional más fluida que el resto, seguramente por la importancia que le han dado siempre a los idiomas, al intercambio de profesores, investigadores y estudiantes. Madrid también se ha consolidado como una opción internacional en el mundo. Se calcula que entre cincuenta y cien mil alumnos internacionales elegirán Madrid como destino para sus estudios en los próximos años. En Villanueva estamos trabajando para seguir aumentando la presencia de alumnado internacional, imprescindible hoy en día.
¿Cómo valora la decisión de Castells de acabar con los grados de tres años?
—Lo importante es que haya homogeneidad, porque las diferencias podrían utilizarse con fines comerciales. El decreto está bien regulado, quiere impulsar la investigación y la distribución de la oferta, equilibrar las titulaciones oficiales y los títulos propios, fomentar la variedad de materias y regular la formación permanente, pero debería modularse según el tamaño de la institución y centrarse en la calidad docente y en la valoración de los alumnos. Si preguntásemos a los españoles sobre si prefieren que las universidades públicas sean centros de investigación o que formen buenos ciudadanos, estoy seguro que todos elegirían lo segundo.
La concertada apela a un Pacto educativo para dar estabilidad al sistema: «Estamos hartos de constantes cambios»
El sector de la educación concertada ha apelado a la comunidad educativa y a los grupos parlamentarios a alcanzar un Pacto educativo con el objetivo de dar estabilidad al sistema.
«El mundo educativo está harto de esta situación de constantes cambios», ha señalado Juan Manuel Ruiz Santana, director del departamento jurídico-económico de Escuelas Católicas desde 2017 y miembro de la plataforma Más Plurales, que agrupa a sindicatos, asociaciones de familias, empresas del sector y diferentes organizaciones educativas de la concertada.
Santana ha participado este jueves en unas jornadas parlamentarias organizadas por el PP en las que se ha dado voz a la comunidad educativa para que exponga sus opiniones sobre el presente y el futuro de la Educación en España, así como para hablar de la nueva Ley de educación, la LOMLOE, más conocida como ‘Ley Celaá’, que fue aprobada el pasado 23 de diciembre entre críticas de la comunidad educativa por no haber podido participar en su tramitación.
El director del departamento jurídico-económico de Escuelas Católicas desde 2017 critica que cada vez que haya un nuevo Gobierno, se abogue por cambiar la ley educativa. «Esta Ley (la LOMLOE) va a ser cambiada y esto va a seguir siempre así mientras no lleguemos a ese Pacto», advierte.
Santana se refiere a la LOMLOE, la ley educativa que se ha aprobado en esta legislatura con el PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno, que fue aprobada el pasado 23 de diciembre entre críticas de la comunidad educativa por no haber podido participar en su tramitación.
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