24 de mayo de 2020
Así es ser profesor de un instituto sin suspensos, sin “pellas” y con alumnos que tienen un 9 de media
En el instituto San Mateo acaban de recibir buenas noticias. Uno de sus alumnos ha sido seleccionado para la final del certamen ciceroniano de latín que se celebra en la ciudad italiana de Arpino. Su ejercicio ha merecido estar entre los 50 mejores de toda Europa. Es el mismo alumno que está haciendo un trabajo de investigación sobre Píndaro y que trata de traducir al castellano una de las obras clave de la época grecolatina: la Teogonía de Hesíodo. Otro de los estudiantes ha recibido este año también la medalla de oro en la Olimpiada de Física.
Pero recibir tan buenas noticias no es algo excepcional en este instituto público de la calle Beneficencia (zona de Tribunal), que cumple ahora diez años desde que echó a andar con la máxima «summa in primis» (lo mejor, ante todo) y en el que estudian Bachillerato 128 alumnos excelentes. Solo acceden los que tienen de ocho en adelante en 4º de la ESO.
Es ya habitual que los alumnos reciban premios. Los de teatro están entre los más laureados. Ya han interpretado obras en el teatro romano de Mérida en varias ocasiones y Ana Concha, la jefa de estudios y profesora de latín, aún no puede creerse que el viernes pasado, cuando representaron «Himmelweg» en el instituto, estuviera entre el público asistente el mismísimo autor de la obra teatral: Juan Mayorga.
El teatro forma parte de las actividades vespertinas que se ofrecen, una de las particularidades del proyecto educativo. «Son voluntarias y de lo que se trata es de que los alumnos desarrollen otras habilidades más allá de lo estrictamente académico. Desde los orígenes del Bachillerato de Excelencia, se quería dar mucha importancia a la capacidad de expresarse en público y eso está muy asociado a la idea de “high school” de potenciar no solo el debate: “sports y drama”», resume Horacio Silvestre, director del instituto.
Así que, por la tarde, los alumnos del centro pueden apuntarse, si lo desean, a prepararse para participar en las Olimpiadas de Matemáticas o de Física, a talleres de lectura, de literatura hispanoamericana, a prepararse para obtener el título de «Advanced» de manera gratuita... «En la actividad de teatro, se trabaja muy duro. Analizamos los textos en profundidad y fomentamos el compromiso por el bien del conjunto. Si faltas un día a ensayar, fastidias a todo el mundo. Eso si, hacemos casting. Solemos intercalar y un año representamos tragedia griega y, al otro, contemporánea. El dinero que ganamos en los concursos lo utilizamos para seguir haciendo teatro», comenta entusiasmada Ana Concha.
Manuel Castells regula que las universidades puedan abrirse a impartir minicursos de formación para desempleados
Las universidades podrán impartir minicursos de formación para desempleados. El ministro Manuel Castells ha abierto la puerta en los campus públicos al creciente negocio del longlife learning o aprendizaje durante toda la vida. A la ingente oferta de grados y máster permitirá añadir otro tipo de titulaciones propias vinculadas a las necesidades del mercado laboral, no necesariamente presenciales y que permitan a los adultos acreditar su nivel de cualificación. Así aparece regulado por primera vez en el proyecto de real decreto de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias, al que ha tenido acceso EL MUNDO.
El borrador, que está en fase de consulta pública, contempla que las universidades españolas puedan ofertar títulos propios de menos de 30 créditos (medio curso académico) destinados a la «ampliación de conocimientos, competencias y habilidades formativas y/o profesionales que contribuyan a una mejor inserción laboral de los ciudadanos sin titulación universitaria».
Plantea, en segundo lugar, otras propuestas de formación muy «específicas y rápidas», según fuentes del Ministerio de Universidades. Se llamarán «microcredenciales» o «micromódulos» y durarán menos de 15 créditos. Estarán destinadas a personas con o sin titulación previa universitaria que quieran «certificar resultados de aprendizaje ligados a actividades formativas de corta duración».
Un tercer grupo es el de las titulaciones para «la ampliación de conocimientos y competencias, la especialización y la actualización formativa de titulados universitarios», que incluyen el Máster de Formación Permanente (entre 60 y 12 créditos), el Diploma de Especialización (entre 30 y 59 créditos) y el Diploma de Expertos (menos de 30 créditos).
«En ningún caso estas enseñanzas podrán confundirse con las titulaciones ofertadas por los centros de FP de Grado Medio o Grado Superior», avisa el real decreto, que insta a publicitar estos títulos de forma clara para que «no induzcan a confusión en cuanto su nivel» y a garantizar «la calidad y el rigor académico y científico». En el caso del Máster de Formación Permanente, por primera vez se obligará a que, previamente a su aprobación, tenga un informe favorable del sistema interno de garantía de la calidad de la universidad.
La caída de la población juvenil de entre 18 y 25 años y las exigencias de la Cuarta Revolución Industrial han obligado a las universidades a reinventarse, para buscar nuevos matriculados también entre la población adulta. El Gobierno ha detectado que hay tres millones de personas que no acreditan competencia profesional alguna y va a poner 1.220,3 millones de euros para recualificarlas.
En el Plan España 2050 se resalta que, «a diferencia de lo que ocurre en otros países, las universidades públicas españolas tienen poca conexión con el mundo empresarial y reciben financiación principalmente en función del número de alumnos matriculados, sin que pesen demasiadas cuestiones como el porcentaje que logra encontrar un empleo y desarrollar una carrera profesional satisfactoria una vez graduado».
Los exámenes universitarios de fin de curso serán presenciales, con más aulas, menos aforos, y accesos escalonados.
Los exámenes universitarios de fin de curso serán presenciales, con más sedes y aulas, reducción de aforos, y entradas y salidas escalonadas a fin de garantizar las medidas de seguridad sanitarias frente a la Covid-19.
El Ministerio de Universidades y Crue Universidades españolas han celebrado este viernes un encuentro para hacer seguimiento a la pandemia en relación con la próxima convocatoria de exámenes en este final de curso universitario y garantizar que se realiza con seguridad sanitaria.
Así lo han indicado ambas instituciones en un comunicado, recogido por Europa Press, tras la reunión mantenida donde el Ejecutivo y los rectores han incidido en la necesidad de que los exámenes sean presenciales y de que se realicen cumpliendo con las medidas higiénico-sanitarias adecuadas.
Las universidades deberán aplicar las recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Ministerio de Universidades publicadas el pasado marzo y que fueron aprobadas en el seno de la Comisión de Salud Pública, donde se encuentran también las comunidades autónomas.
De esta forma, se debe establecer un plan por parte de las universidades que incluya medidas que faciliten evitar aglomeraciones y desplazamientos innecesarios de personas, como ampliar el número de sedes y aulas dispuestas para los exámenes, y redistribuir el alumnado en distintas aulas, a fin de reducir los aforos de los espacios destinados a los exámenes, e informarlo con antelación.
Reducir el aforo de los aseos y servicios; limitar la coincidencia de exámenes en la misma zona del edificio del centro universitario; y escalonar las entradas y salidas a los lugares de examen son otras de las medidas a adoptar.
El personal de administración y servicios facilitará el cumplimiento de las medidas, y, siempre que sea posible, se deberá permitir al alumnado acudir a las sedes más cercanas a su domicilio para reducir los desplazamientos y los contactos.
Cuando sea preciso, además de espacios para la realización de las pruebas, se debe tener en cuenta la disponibilidad de espacios de descanso y comida, priorizando si es posible las zonas al aire libre, según han subrayado.
Por otro lado, prevén un próximo curso 2021/2022 donde «la presencialidad adaptada será la fórmula estructural de la docencia» en las universidades ante el «avance positivo de la pandemia y los efectos que está teniendo la actual campaña de vacunación».
España podrá alcanzar el gasto por estudiante de Dinamarca en 2050, cuando el país habrá perdido casi un millón de alumnos
El educativo es el mayor desafío hasta 2050. Así lo ha asegurado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la presentación del informe España 2050, en el que diferentes expertos han dibujado los retos que el país debe afrontar para estar a la altura de sus socios europeos. Dentro del capítulo educativo, lo más significativo es cómo afrontará España la pérdida de 800.000 estudiantes (desde los tres hasta los 15 años) en los próximos 30 años, una “gran oportunidad”, según Sánchez, para alcanzar el gasto por alumno de países como Dinamarca sin necesidad de incrementar demasiado el gasto público actual.
Según la previsión de los expertos, entre los que se encuentran el sociólogo Mariano Fernández Enguita, el experto del Banco Mundial Lucas Gortázar o la pedagoga Carmen Pellicer, esa pérdida equivaldrá a unas 33.000 aulas, de 24 alumnos, menos que en 2019. Esa “fuerte contracción” de la población estudiantil, que obligará a cerrar colegios, sobre todo en las zonas rurales, y a reducir el tamaño de muchos centros, también traerá “mejoras profundas del sistema” como el incremento del gasto por alumno de los 4.880 euros actuales a unos 9.640 en 2050 (el nivel actual de Dinamarca) sin “apenas incrementar el gasto público”, señala el documento.
Además, el profesorado contratado permitirá impulsar la codocencia ―dos o más docentes por aula― o aumentar las clases de apoyo para los alumnos con problemas de aprendizaje. Los centros que se vean forzados al cierre se podrán destinar a aulas de educación infantil de cero a tres años o a la formación de adultos.
Otro de los principales objetivos es, según Sánchez, aumentar en 20 puntos los resultados en el informe PISA ―elaborado por la OCDE cada tres años para medir las competencias de los alumnos de 15 años en matemáticas, ciencias y lectura― hasta alcanzar los 500 puntos (la media de los países de la UE), así como incrementar en 23 puntos porcentuales la población que obtiene un título superior a la ESO. España sigue siendo el país europeo con la mayor tasa de abandono escolar temprano ―los jóvenes que dejan los estudios cuando únicamente han obtenido el certificado de la ESO o ni siquiera lo han alcanzado―, con una tasa del 17% frente al 10% de media europea. El objetivo es reducirla al 3%.
Otro de los temas que preocupan al Gobierno es la tasa de repetición. De aquí a 2050, 3,4 millones de estudiantes podrían repetir curso y alrededor de 2 millones podrían abandonar la escuela de forma temprana, algo que “los abocaría a una vida laboral precaria y aumentaría significativamente sus probabilidades de caer en la pobreza y la exclusión social”. Por ello, el objetivo es reducir el porcentaje de alumnos de 15 años que han repetido alguna vez del 28% actual al 10%.
25 de mayo de 2021
Mil docentes contra la imposición de la educación por ámbitos
‘Los experimentos con gaseosa’. La práctica totalidad de los docentes de Secundaria de la Comunidad Valenciana muestran su oposición a la educación por ámbitos y sobre todo a la imposición de este sistema que aterrizó en nuestro país de la mano de la pandemia.
«El sistema educativo no es un campo en el que experimentar, en el que innovar por innovar», indican responsables del colectivo Docentes contra la educación por ámbitos, una agrupación de profesores de la Comunidad Valenciana que ya suma el millar de docentes y que consideran que esta decisión impuesta en plena pandemia corresponde a una acción irresponsable de la administración.
A juicio de estos docentes, en su gran mayoría de enseñanza Secundaria «no se puede improvisar con la educación de nuestros adolescentes ni imponer al sistema educativo una educación competencial sin tener la seguridad de que da unos mejores resultados que el programa educativo que tenemos en la actualidad».
Además, los docentes indican que las administraciones educativas no tienen ningún recato en transmitir la sensación de que desconfían de la labor de sus docentes, ya que buscan fuera de nuestro país las buenas prácticas y las innovaciones, siempre copiando a otros países para dejar claro a los profesores y a los padres que lo que aquí se hace no sirve.
La administración educativa indica la necesidad de realizar la agrupación por ámbitos en el primer curso de Secundaria para compensar las deficiencias sufridas por la suspensión de la escolaridad realizada en el último trimestre de curso 2019/20. No obstante, ante esta decisión los docentes indican que esa decisión ha sido totalmente unilateral errónea de la administración, que ha supuesto una imposición en un periodo de gran incertidumbre y preocupación por la pandemia que se está padeciendo.
Los nuevos universitarios eligen la carrera por sus salidas laborales y becas
Así se desprende de los datos de la segunda edición de ‘Mira, Te Cuento’, un consultorio preuniversitario en red de Fundación Universidad-Empresa (FUE) donde voluntarios universitarios asesoran a los futuros alumnos sobre los grados y que en estas dos ediciones ha atendido a casi 3.000 estudiantes de EBAU de toda España.
“Las salidas profesionales es el primer criterio que se tiene en cuenta para elegir carrera, pero no hay que olvidar que la realidad profesional cambia constantemente”, explica Carmen Palomino, directora de Operaciones de Fundación Universidad-Empresa. “El actual contexto de incertidumbre y paro juvenil puede estar detrás de esta elección”, añade.
Según los datos de FUE, el segundo criterio más demandado para elegir carrera es que la universidad tenga unas buenas instalaciones (un 71% de los estudiantes), seguido del sistema de becas que ofrezca la universidad de destino (un 57%), que cuente con un campus grande (52%) y tener una formación sólida para afrontar la titulación (52%).
La llegada de la crisis sanitaria ha cambiado las preferencias a la hora de elegir carrera. “Podemos hablar de una generación pre-Covid y otra post-Covid”, asegura Palomino. Se confirma la tendencia del año pasado: “Aumenta la demanda de las carreras sanitarias considerablemente frente a las titulaciones de ciencias jurídicas o las ingenierías, que siempre han estado a la cabeza en preferencias”.
La covid-19 también ha condicionado a los estudiantes que preparan la antigua selectividad, un 57% destaca que les ha afectado negativamente. “Tener que estudiar en el colegio y en casa, la incertidumbre sobre el futuro y la propia preocupación por la crisis sanitaria ha tenido consecuencias muy negativas en estos jóvenes”, lamenta la responsable de FUE.
Un 67% de los estudiantes quiere estudiar la carrera en una universidad pública, aunque un 29% no lo tiene claro todavía, solo un 5% se decide por la privada. En ese sentido, un 38% se plantea elegir una universidad privada si no aprueba la EBAU, el mismo porcentaje se decanta por repetir la prueba y un 24% elegiría un módulo de FP si suspende esta prueba.
Por otro lado, un 76% de los estudiantes de EBAU se plantea estudiar en su misma provincia. “Nos ha sorprendido esta reducción en la movilidad entre provincias, ya que la universidad es una experiencia que trasciende lo académico; sin duda la educación virtual y el escenario covid tienen mucho que ver con esta decisión”, concluye Palomino.
Prohibidas novatadas y plagios: la disciplina universitaria regirá por primera vez bajo principios democráticos
Por primera vez en la historia de la democracia un Gobierno propone tipificar las sanciones a la comunidad universitaria con un código que respete los principios constitucionales. El ministro de Universidades, Manuel Castells, represaliado él mismo por el franquismo en sus años de estudiante, pretende poner fin al Reglamento de Disciplina Académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior ―una reliquia de la dictadura diseñada hace 67 años para mantener el orden público en los campus, y que hoy solo se aplica a los estudiantes (la plantilla quedó excluida en 1985)― con una Ley de Convivencia Universitaria que ha consensuado con los rectores y los alumnos. Esta norma, de la que EL PAÍS ha accedido a los anexos, aboga más por la mediación que el castigo, pero tipifica las faltas muy graves, como las novatadas que menoscaban la intimidad o el plagio en las tesis doctorales, castigadas con penas que van de los dos meses a tres años de expulsión o anulación de parte de la matrícula.
Castells, que se autodefine como ácrata y que se instaló en París en 1962 como refugiado político tras unos disturbios en la Universidad de Barcelona, quiso en 2020 derogar el reglamento “anticonstitucional y obsoleto” sin remplazarlo, y los rectores amagaron con recurrir si les dejaba sin herramientas de sanción, aunque fuesen preconstitucionales. Finalmente, su equipo, los rectores y los alumnos ―el ministro anda centrado en la nueva ley de universidades― han dado forma a un anteproyecto de ley que este martes va a Consejo de Ministros y que deberá ser aprobado por el Parlamento. El respaldo de la conferencia de rectores (CRUE) y de los universitarios debería allanar el camino.
La Carta Magna dice que “quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a esta Constitución” ―libertad de expresión y de cátedra o derecho de reunión―, pero de facto hay artículos en el decreto franquista cuya constitucionalidad es muy interpretable.No regula el derecho de defensa del estudiante, las faltas no caducan, no considera los principios básicos de proporcionalidad y responsabilidad, y atribuye la potestad de sancionar a un tribunal de honor. Por ese motivo, si el alumno recurre un castigo, los tribunales le dan la razón pero con mucho retraso. El Tribunal Supremo presentó dudas respecto a la constitucionalidad de su articulado en dos sentencias (1988 y 1989), pero asumió su vigencia mientras no se derogase. Sucesivos defensores del pueblo han alertado en 1990, 2008 y 2012 de la necesidad de escribir una norma adaptada al mundo de hoy, pero el único intento serio de aprobar un texto lo hizo el ministro Ángel Gabilondo en 2010 y no dio tiempo, debido al adelanto electoral.
Rectores celebran la aprobación mañana de la ley de convivencia universitaria y destacan el papel de la mediación
Los rectores han celebrado la aprobación este martes 25 de mayo del anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria y han destacado el papel central que ocupará la mediación en los conflictos interpersonales.
Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a Europa Press José Antonio Mayoral, presidente de Crue-Secretarías Generales y rector de la Universidad de Zaragoza. A falta de conocer el reglamento definitivo, Mayoral ha asegurado que «las sensaciones son buenas» y destaca el documento inicial que ha aportado la Crue para la elaboración de la futura ley.
Para Mayoral, el punto clave de la futura norma es la mediación, sin evitar que exista el correspondiente régimen disciplinario y espera que, sino a comienzos del próximo curso, pueda empezar a aplicarse antes de final de año, ya que se ha trabajado de forma muy consensuada. No obstante, insiste en que cuando conozcan el texto final si tienen que presentar alguna corrección, lo harán.
A pesar de poner el acento en la mediación, los rectores también insisten en la necesidad de actualizar la norma casi 70 años después porque, a pesar de que conductas como el plagio, el fraude académico o el acoso sexual ya estaban contempladas y son delitos que se trasladan a la fiscalía, es necesario actualizar las nuevas herramientas con las que se pueden llevar a cabo.
En cuanto a las novatadas, Mayoral ha avanzado que, precisamente, la Crue tiene previsto analizar esta semana la situación y ver si es suficiente la capacidad de cada unviersidad de analizar normas propias.
26 de mayo de 2021
El plagio de tesis doctorales prescribirá a los tres años en las universidades
Los profesores consultados por EL MUNDO consideran que tanto la sanción como la vigencia de la falta son «insuficientes» y «muy escasas». Por poner un ejemplo, la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue leída en 2012, pero no fue hasta 2018 cuando salió a la luz pública que el trabajo del entonces profesor de la Universidad Camilo José Cela de Madrid recogía cortas y pegas de obras anteriores.
El plagio está recogido entre los artículos 270 y 272 del Código Penal como un delito contra la propiedad intelectual sólo cuando existe ánimo de lucro, punible con hasta cuatro años de prisión y con prescripción a los cinco años. Pero no está contemplado de ninguna forma en el Reglamento de Disciplina Académica que actualmente se encuentra en vigor. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Convivencia Universitaria para sustituir esta norma, que data de 1954 y era «anacrónica y preconstitucional», según explican en el Ministerio de Universidades.
El problema con el nuevo texto es que sólo incluye a los campus públicos. Si en los campus privados se plagia, se quedarán fuera de las sanciones. El texto ha sido consensuado con los rectores y con los estudiantes, pero voces universitarias ven muy «liviana» la sanción por copiar la obra ajena, sobre todo porque deja en una situación de impunidad a los plagiadores que ya no están en la universidad.
«Lo que muchos no entendemos es que la sanción no implique perder el título de doctor, como existe en los países avanzados; eso es un problema para el prestigio de la universidad española. ¿Qué problema tiene alguien que ya no está en la universidad porque ya ha defendido la tesis con que lo expulsen tres años?», denuncia Carlos Elías, catedrático de Periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid y director de la Cátedra Jean Monnet de UE, Desinformación y Fake News.
Elías también lamenta que, en el proyecto de ley, que se remitirá al Congreso, a final de verano, no se hayan tipificado otros comportamientos que, además del plagio, vulneran la ética científica, como publicar una investigación basada en falsos supuestos (la llamada agnotología), algo que ahora se persigue en los países de nuestro entorno.
SIN VINCULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD
«No se puede sancionar a una persona que ha plagiado su tesis porque ya no está matriculada y no tiene, por tanto, vinculación con la universidad», recuerda José Muñoz, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, que insiste en que «tampoco se contempla en la nueva norma dejar en suspenso el trabajo plagiado o una retirada de título».
A Pablo de Lora, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, también le parece «insuficiente» la sanción de hasta tres años de expulsión. «Esa persona debería estar inhabilitada para poder retomar sus estudios de doctorado en cualquier universidad. Y el plazo de prescripción a es muy poco tiempo, porque alguien podrá tardar más en descubrir este plagio y a los tres años se habrá extinguido esta responsabilidad».
Jorge Sainz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos y ex secretario general de Universidades con el Gobierno del PP, ve «correcta» la consideración que se hace del plagio como una «falta muy grave», aunque también considera que «la sanción debería incluir la retirada del título en cuestión».
Ana Botín anuncia que Banco Santander concederá 125.000 becas más de las comprometidas hasta 2021
La presidenta de Banco Santander y de Universia, Ana Botín, ha adelantado que Banco Santander concederá 125.000 becas más de las comprometidas entre 2019 y 2021, lo que elevará hasta 325.000 el número total de ayudas concedidas en este periodo. De este volumen, 85.000 han sido concedidas en España.
Botín ha hecho este anuncio en la XXI Junta General de Accionistas de Universia, que ha presidido junto al presidente de Crue Universidades Españolas, José Carlos Gómez Villamandos, el presidente de Santander Universidades, Matías Rodríguez Inciarte y el consejero delegado de Universia y director global de Santander Universidades, Javier Roglá, en un encuentro virtual con rectores y representantes académicos de todas las universidades de España.
Durante su discurso, la presidenta de Universia ha reclamado el papel de las universidades “para construir el país competitivo, inclusivo y sostenible que queremos” y ha llamado a la colaboración entre gobiernos, administraciones públicas, organismos internacionales, universidades y sector privado para “transformar nuestra sociedad a través del conocimiento”.
En su opinión, las universidades están obligadas a dar respuesta a los nuevos retos y necesidades que plantean las empresas pero, además, “todos los sectores económicos, incluyendo el financiero, tienen que reinventarse. Empresas grandes, medianas y pequeñas y nosotros, las personas; desde estudiantes hasta los jóvenes de 50 años”. “De lo que hoy hagamos dependerá el futuro de nuestro país y de las nuevas generaciones”, ha subrayado. En este sentido, es prioritario reducirla brecha digital y destinar recursos a atender a los colectivos más vulnerables: “Las universidades tienen que contribuir activamente a acelerar la digitalización de la economía”, ha apuntado.
“Nos hemos sumergido de manera acelerada en la cuarta revolución digital”, ha recordado Botín, para quien a lo largo de la historia los momentos de crisis han supuesto un punto de inflexión para la sociedad: “Las empresas, las administraciones públicas y todos los agentes sociales hemos tenido que adaptar nuestros procesos, la forma de relacionarnos con nuestros clientes y las competencias de nuestros empleados, teniendo que diseñar programas de upskilling y reskilling, para hacer frente a la nueva realidad del mercado laboral”.
Algunos ejemplos de ello son las nuevas Becas Santander Tech Digital Reskilling Ironhack o las Becas Santander Tech Reskilling in Data Analytics Ubiqum Code Academy. Banco Santander invierte 100 millones de euros al año en upskilling y reskilling, con acciones encaminadas a mejorar los conocimientos técnicos y las habilidades de sus profesionales que reciben una media de casi 40 horas anuales de formación.
Plagio, novatadas o acoso se castigarán en la universidad pública con la expulsión
El proyecto de ley redactado por la cartera de Manuel Castells, que se enviará al Parlamento a finales del verano, derogará una de las pocas normas franquistas aún en vigor: el Reglamento de Disciplina Académica de Enseñanza Superior, firmado por Franco y el ministro Joaquín Ruiz Giménez en septiembre de 1954 en el Pazo de Meirás. Un decreto “anacrónico”, “obsoleto” y que entraba “en contradicción” con los principios democráticos, según lo ha definido la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quien ha añadido que la nueva ley responde a una amplia demanda de la comunidad universitaria y del Defensor del Pueblo.
La nueva ley será de aplicación en las universidades públicas, mientras que las privadas podrán desarrollar sus normas de convivencia “inspirándose” en estas, según fuentes del Ministerio, que han añadido que los centros privados quedan fuera de su ámbito de regulación. Esto último ha sido criticado hoy por la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup), que ha dicho no entender por qué se excluyen los centros privados y por qué el régimen disciplinario solo afecta a los alumnos y no al personal docente y no docente. Según su portavoz, David López Maturén, “hay muchas cosas comunes en la comunidad universitaria, como puede ser el plagio”.
Según fuentes del Ministerio de Universidades, el profesorado y el personal no docente son trabajadores, por tanto se rigen por otro tipo de legislación.
Faltas muy graves: copiar, plagiar y novatadas
Entre las faltas “muy graves” que contempla el nuevo proyecto se encuentra el plagio “total o parcial” de una obra o cometer fraude académico en la elaboración de un trabajo de fin de grado, fin de máster o tesis doctoral.
Alterar o falsificar documentos académicos, la discriminación por razón de sexo u orientación sexual, incumplir las normas de salud pública o suplantar a un miembro de la comunidad universitaria también son consideradas faltas muy graves, sancionadas con la expulsión de dos meses a tres años y la pérdida de la matrícula.
Igualmente son muy graves hacer novatadas o cualesquiera otras conductas o actuaciones de análoga naturaleza que supongan un grave menoscabo para la dignidad de las personas, e impedir el correcto desarrollo de los procesos electorales de la universidad. En el caso de las novatadas, si no se producen dentro de las instalaciones universitarias sino, por ejemplo, en los colegios mayores, no sería aplicable la ley dado que se ciñe en exclusiva a los espacios de la universidad.
Los médicos se rebelan contra la adjudicación “a ciegas” de las plazas MIR
La elección de plazas de los médicos internos residentes (MIR) seguía hasta el año pasado una fórmula tradicional y algo anacrónica: miles de estudiantes de toda España que habían superado la prueba selectiva tenían que personarse en la sede del Ministerio de Sanidad, en el paseo del Prado de Madrid, para elegir su puesto. En 2020 se incorporó una versión mixta y el 70% lo hizo de forma telemática. Este año, el departamento de Carolina Darias ha modernizado el sistema para hacerlo digital, pero la solución tiene en pie de guerra a la profesión médica. Sindicatos, colegios y estudiantes aseguran que es un sistema “opaco e injusto” que puede dejar vacantes 2.000 de las 8.000 plazas que salen a concurso.
El nuevo método es, en apariencia, sencillo. Los aspirantes a las plazas de especialidad rellenan un formulario con sus preferencias. Tienen para hacerlo entre este miércoles y el 16 de junio. Si nada cambia, el día 17 se publicarán las listas con la plaza que a cada uno le haya adjudicado el sistema en función de su puesto y sus preferencias.
¿El problema? Que los aspirantes van “a ciegas”, se quejan. Tradicionalmente, las plazas se repartían en tiempo real. Cuando los graduados iban al ministerio sabían qué puestos se iban adjudicando y podían adaptar sus preferencias a lo que quedaba. Al ser una elección con dos variables, especialidad y lugar de destino, las posibilidades son, literalmente, miles. Cuando esto lo adjudica el sistema no hay capacidad de recular, de adaptarse a las circunstancias para escoger la plaza que más les interesa entre las que quedan en cada momento, aunque no fueran las de primera preferencia.
Esto puede provocar, según los sindicatos, que acaben quedándose plazas sin cubrir. Calculan que pueden ser unas 2.000. “Muchas personas pondrán en sus listados puestos que realmente no les interesan por miedo a quedarse sin ninguno. A la hora de la verdad, es muy posible que las rechacen para presentarse al año siguiente o, que tras unos meses, dejen su puesto”, asegura Sheila Justo, presidenta del sector MIR del sindicato madrileño AMYTS y secretaria técnica MIR de la Confederación Española de Sindicatos Médicos.
Darias ha comparecido en la tarde del martes en el Senado para explicar que el proceso es consecuencia de un mandato legal que establece que las convocatorias tienen que hacerse de forma telemática, tal y como sucede con “el 99%” de las plazas que se adjudican en la Administración pública. “Este sistema ofrece las mismas garantías de justicia, equidad y seguridad que el anterior. Hemos mejorado en eficiencia y eficacia. Hemos ofrecido mejoras y estamos en condiciones de seguir dialogando, pero no se puede cambiar el procedimiento”, ha dicho.
Estudiantes celebran la futura Ley de Convivencia Universitaria, pero lamentan que sólo se aplique a los alumnos
El Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) celebra la aprobación este martes del anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria, que deroga el Reglamento de disciplina académica de los Centros oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica, decreto firmado por Franco que data de 1954, pero lamentan que sólo sea de aplicación a los estudiantes y no a toda la comunidad universitaria.
«Consideramos un paso que derogue el régimen del 54 y se trabaje en una nueva ley que encaje en el reglamento jurídico actual, pero no puede llamarse ley de convivencia académica cuando únicamente involucra al estudiantado y no al conjunto de la comunidad universitaria», señala en declaraciones a Europa Press la vicesecretaria del CEUNE, Laura Alcaide.
A su juicio, la nueva norma debería incidir «mucho más» en el Personal Docente e Investigador (PDI) y en el Personal de Administración y Servicios (PAS). «Si nuestro régimen disciplinario se va a adaptar al siglo XXI, también debería hacerlo el suyo», afirma, pues «la convivencia es para todos y lo único que hay para todos es la mediación, que depende de la libre voluntad de las personas».
Si bien, Alcaide recuerda que se trata de un anteproyecto sujeto a cambios hasta su aprobación definitiva, por lo que desde el CEUNE esperan que se les escuche y, por tanto, «se convierta en una normativa para el conjunto de la comunidad universitaria».
27 de mayo de 2021
Una decena de familias recurre a la Generalitat por no cumplirse en su colegio el fallo del TSJC que obliga a un 25% de castellano
La Generalitat de Cataluña sigue sin hacer cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, desde el pasado diciembre, obliga a todas las escuelas a impartir un 25% de la enseñanza en castellano. Al menos 10 familias han interpuesto recursos en la Administración autonómica porque sus hijos no aprenden en esta lengua en sus colegios, según la información facilitada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que ayuda a los padres a tramitar sus reclamaciones.
Estos 10 recursos se contradicen con lo expresado con la ministra de Educación, Isabel Celaá, que esta tarde ha asegurado en la Comisión de Educación del Congreso que, «según la información facilitada por las altas inspecciones de las comunidades con lengua cooficial, en este añono han recibido este año ninguna comunicación o recurso sobre la enseñanza en castellano». «Los últimos escritos, del pasado mes de diciembre, fueron respondidos a los interesados y en ninguno de esos casos resultó necesario iniciar una actuación adicional», ha explicado, después de insistir en que la Alta Inspección del Estado «no puede llevar a cabo medidas ejecutivas o sancionadoras» y se limita a «alertar de la posibilidad de iniciar procedimientos».
Celaá respondía así a Vox, que le había preguntado sobre las actuaciones que había realizado la Alta Inspección del Estado ante las denuncias por incumplimiento de la sentencia del TSJC. No queda muy claro si el Ministerio -del que depende de la Alta Inspección- ha preguntado directamente a la Generalitat -responsable de la Inspección autonómica- y, si lo ha hecho, por qué la Generalitat no le ha informado de la decena de recursos interpuestos este año. No parece que haya mucha coordinación entre ambas administraciones a la hora de velar, como dice la Lomloe, por poner «las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas».
«Este año llevamos 10 recursos y cuatro de ellos ya se encuentran a la espera de medidas cautelares por parte del TSJC», explica a EL MUNDO Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe. «Proceden de familias de Girona, Tarragona, Martorell o Sitges. Lo primero que han hecho es pedir más castellano en sus colegios y, cuando les han dicho que no o no han respondido, han acudido a la Generalitat, que suele decir que el catalán es la lengua de aprendizaje. Con esa negativa van al TSJC, que aplica medidas cautelares».
Celaá anuncia un nuevo cuerpo docente de «especialistas en sectores singulares de FP»
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha anunciado que la nueva Ley Orgánica de Formación Profesional incluirá la creación de un nuevo cuerpo docente de profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional, englobado en el grupo funcionarial A2 y en el que estarán incluidas 10 especialidades, el mismo subgrupo al que pertenece el Cuerpo Técnico de Profesores de FP que la Lomloe declaró a extinguir. Así lo ha explicado en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso, en la que ha comparecido a petición propia para explicar la política de su departamento en materia de Formación Profesional.
“El éxito de nuestras reformas pasa por la excelencia del profesorado, formadores y colaboradores. Todas y todos son imprescindibles en un nuevo modelo de Formación Profesional que se amplía y transforma. Por eso, este Ministerio hace una apuesta sin precedentes por la dignificación del profesorado de la Formación Profesional”, ha declarado la ministra.
“Necesitamos los talentos y el conocimiento de todos los docentes y formadores para elevar al máximo cada talento que pasa por la Formación Profesional. Para ello contamos con el profesorado que podrá tener acceso al cuerpo de profesorado de secundaria y con los profesionales de Formación Profesional de grado superior, que pasarán a integrarse en un cuerpo de nueva creación”, ha añadido.
Hasta ahora, las 54 especialidades docentes de FP estaban divididas en dos cuerpos: 25 especialidades que pertenecían al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria (grupo funcionarial A1) y 29 que pertenecían al cuerpo de profesores técnicos (grupo funcionarial A2).
Con la nueva legislación, todos los profesores técnicos con Grado universitario o equivalente pasarán a integrar el cuerpo de profesores de Enseñanzas Secundaria. Esta medida beneficiará a los docentes de 19 especialidades, quienes, a pesar de disponer de la misma titulación, se encontraban en un grupo funcionarial diferente. Se atiende así una reivindicación histórica del profesorado de estas enseñanzas.
Diez especialidades singulares
Para las 10 especialidades docentes que no requerían el Grado universitario y a las que se permitía el acceso con una titulación declarada equivalente a efectos de docencia, la nueva Ley de Formación Profesional creará un cuerpo docente denominado profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional. Estará integrado en el grupo funcionarial A2 y se seguirá permitiendo el acceso con una titulación equivalente a efectos de docencia.
Los profesores de FP que no tienen título universitario se incorporarán a un nuevo cuerpo docente
La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha anunciado este miércoles una solución estable para el profesorado técnico de Formación Profesional que no tiene título universitario. Los docentes, pertenecientes a una decena de especialidades como Cocina y Pastelería, Peluquería, Estética o Mantenimiento de Vehículos, se integrarán en un nuevo cuerpo de profesorado, que existirá de forma estable, y continuarán impartiendo la enseñanza, más práctica y basada en la experiencia, de unas actividades que no tienen una carrera universitaria de referencia.
La nueva ley de Educación, la Lomloe, contiene una reivindicación histórica de los profesores de FP, consistente en ser equiparados a sus compañeros que dan clase en la ESO y en Bachillerato. Para beneficiarse de la promoción, que supone pasar del grupo A2 al A1 del escalafón de los empleados públicos, hay que tener un título universitario. La mayoría de los profesores de FP, unos 24.100, cumplen el requisito. Pero los que no tienen una carrera se han movilizado en los últimos meses, preocupados por el hecho de que su figura, la de profesorados técnicos de FP, es declarada a extinguir en la nueva ley.
Educación había adelantado que se daría una solución para estos profesores y Celaá, que los ha calificado de “imprescindibles”, la ha concretado este miércoles. Los docentes de estas 10 especialidades pasarán a integrarse en un nuevo cuerpo, el de Profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional.
Enfado monumental de los rectores por el «populismo» de Castells por defender ahora los exámenes online
Los rectores enviaron a última hora de este miércoles un contundente comunicado en el que manifiestan su frontal rechazo a la última medida anunciada por el ministro de Universidades, Manuel Castells. El cuestionado ministro ha cambiado repentinamente de postura y ahora defiende la realización de exámenes en el formato online.
«La vocación de servicio que profesamos todos los miembros de la comunidad universitaria nos impide rendirnos ante el populismo y el mensaje fácil. Muchos de los integrantes de los equipos de gobierno de las universidades han tenido que soportar en estas semanas una presión, en algunos casos a nivel personal, que es injustificable e intolerable», señala el comunicado de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
«Lo hace por populismo, por no saber dónde está, por no creer en las universidades, por imponer su dogma online, porque en Estados Unidos lo hacen bien y aquí mal», se quejaron a ABC fuentes universitarias, que recuerdan el apego de Castells por los campus americanos (el ministro fue docente en la Universidad de Berkeley durante 21 años).
Este malestar responde a un sorprendente comunicado, publicado a través de Twitter, en el que el ministro defiende los exámenes online. Hasta ahora, había hecho lo contrario, defendiendo la postura del Gobierno que era la misma que la de los rectores. En el Consejo Interterritorial de Salud, el exministro de Sanidad, Salvador Illa acordó con las comunidades «mantener el criterio de prespecialidad cumpliendo los criterios de cuidados y prevención del lavado de manos, distancia y uso de mascarilla». Así, Castells se ponía en contra de los alumnos que se quejaban del frío y de los contagios de coronavirus ante la llegada de la tercera ola.
Celaá espera que se pueda rebajar aún más la distancia de seguridad entre alumnos al inicio de curso en septiembre
La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha asegurado que su Ministerio aspira a reducir aún más la distancia de seguridad entre alumnos de cara al inicio del curso escolar, en septiembre, según ha indicado en la Comisión de Educación y FP del Congreso.
«Aspiramos a encontrarnos a las puertas de septiembre en unas mejores condiciones epidemiológicas que nos permitan, quizá, eventualmente, según vaya la marcha de la vacunación, establecernos de otra manera en las aulas», ha deslizado.
Durante su intervención, la ministra ha recordado que en la última Conferencia Sectorial de Educación, celebrada el pasado 19 de mayo en conjunto con la Consejo Interterritorial de Sanidad, con las comunidades autónomas, se tomó la decisión de reducir la distancia de seguridad entre estudiantes de 1,5 a 1,2 metros.
Pero esta medida es «sanitaria», según ha incidido la ministra, y la decisión se ha tomado «en mayo», tal y como ha destacado, cuando el próximo curso escolar dará inicio en cuatro meses.
Precisamente, la ministra ha avanzado que el Ministerio celebrará otra Conferencia Sectorial de Educación con los consejeros del ramo antes de que de comience la ‘vuelta al cole’.
28 de mayo de 2021
Solo el 4% de los alumnos de FP cursa la modalidad dual de formación en empresas
En total, el alumnado de FP durante el curso 2019-20 fue de 891.505 jóvenes, casi un 19% más que hace cinco años. La intención del Gobierno es que el futuro proyecto de Ley de Formación Profesional, que llegará en junio al Consejo de Ministros, establezca que toda la Formación Profesional sea Dual para ajustarse a las demandas y necesidades reales del tejido productivo.
Según la Estadística del alumnado de Formación Profesional. Curso 2019-20, publicada este jueves por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y elaborada con datos de las comunidades autónomas, un total de 32.919 alumnos se matricularon en FP Dual el curso pasado, 6.579 más que el curso anterior y 10.333 más que el 2017-18. De todos los matriculados, 19.988 lo hicieron en Grado Superior, 12.087 en Grado Medio y 844 en FP Básica, lo que supone el 5,4%, 3,6% y 1,1%, respectivamente, de la FP en régimen presencial.
Sin diferenciar por etapa, los estudiantes de la Formación Profesional Dual suponen el 4,2% del total. Esta modalidad, que cuenta con un mínimo del 33% de las horas de formación en la empresa, se impartió el pasado curso en 1.147 centros, el 72,1% de los cuales (827) son públicos.
Entre las familias profesionales con peso significativo, las que tuvieron mayor proporción de alumnado dual en Grado Superior son Industrias Alimentarias (14,8%), Química (13,2%), Instalación y Mantenimiento (12,9%) y Fabricación Mecánica (12,6%). En Grado Medio, corresponden a Agraria (10,7%), Industrias Alimentarias (10,3%) y Comercio y Marketing (8,5%).
La comunidad que más implantada tiene la FP Dual es Navarra, donde este alumnado representó el 11,9% del matriculado en régimen presencial (el 19% en el caso del alumnado de Grado Superior), seguida por Madrid, con el 7,1% del alumnado (el 8,3% en Grado Superior) y Castilla-La Mancha, con el 6% (el 6,3% en Grado Superior). En cuanto al alumnado que terminó FP Dual de Grado Superior el curso pasado, una novedad que incorpora este año la estadística ministerial, la comunidad con mayor porcentaje fue País Vasco (16,6%), seguida por Navarra (13,4%) y Cataluña (9,8%). En Grado Medio, también fue mayor este porcentaje en País Vasco (5,9%), seguido por Madrid (5,1%) y Cataluña (5%).
Celaá dice que no hubo recursos sobre el castellano este año cuando se presentaron al menos diez
La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha asegurado que en este año, «según la información facilitada por las Altas Inspecciones de las comunidades con lengua cooficial, no han recibido ninguna comunicación o recurso sobre la enseñanza en castellano. Los últimos escritos, del pasado mes de diciembre, fueron respondidos a los interesados, y en ninguno de esos casos resultó necesario iniciar ninguna actuación adicional».
Celaa ha hecho estas declaraciones en respuesta a una pregunta parlamentaria de Vox en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, a la que acudió a petición propia para dar cuenta de la política de su departamento en materia de FP.
Casi 33.000 jóvenes se matricularon en FP Dual en 2019-2020, 10.333 más que dos cursos antes
Un total de 32.919 alumnos se matricularon en Formación Profesional Dual el curso 2019-2020, según se desprende de la ‘Estadística del alumnado de Formación Profesional. Curso 2019-2020’, publicada este jueves por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y elaborada con datos de las comunidades autónomas.
Así lo ha dado a conocer este jueves el departamento que dirige Isabel Celaá, que ha detallado que esta cifra supone 6.579 estudiantes más que el curso anterior y 10.333 más que el 2017-2018
De estos 32.919 alumnos y alumnas, 19.988 se matricularon en Grado Superior, 12.087 en Grado Medio y 844 en FP Básica, lo que representa respectivamente el 5,4%, 3,6% y 1,1% del alumnado de Formación Profesional en régimen presencial. Sin diferenciar por etapa, el alumnado de FP dual supone el 4,2% del total
Esta modalidad, que cuenta con un mínimo del 33% de las horas de formación en la empresa, se impartió el pasado curso en 1.147 centros (815 de Grado Superior, 704 de Grado Medio y 77 de FP Básica), el 72,1% de los cuales (827) son públicos, según los datos del Ministerio, recogidos por Europa Press.
En relación con las familias profesionales con peso significativo en el volumen de alumnado matriculado, las que tuvieron mayor proporción de alumnado dual en Grado Superior son Industrias Alimentarias (14,8%), Química (13,2%), Instalación y Mantenimiento (12,9%) y Fabricación Mecánica (12,6%). En Grado Medio, corresponden a Agraria (10,7%), Industrias Alimentarias (10,3%) y Comercio y Marketing (8,5%).
Por regiones, la estadística revela que la comunidad que más implantada tiene la FP Dual es Navarra, donde este alumnado representó el 11,9% del matriculado en régimen presencial (el 19% en el caso del alumnado de Grado Superior), seguida por Madrid, con el 7,1% del alumnado (el 8,3% en Grado Superior) y Castilla-La Mancha, con el 6% (el 6,3% en Grado Superior).
En cuanto al alumnado que terminó FP Dual de Grado Superior el curso pasado, una novedad que incorpora este año la estadística, la comunidad con mayor porcentaje fue País Vasco (16,6%), seguida por Navarra (13,4%) y Cataluña (9,8%). En Grado Medio, también fue mayor este porcentaje en País Vasco (5,9%), seguido por Madrid (5,1%) y Cataluña (5%).
El Ministerio ha destacado que la nueva Ley Orgánica de Formación Profesional, cuyo primer borrador estudiará el Consejo de Ministros a mediados de junio, «establecerá que toda la FP tendrá carácter dual, dado que reforzará la conexión con el entorno laboral».
La Cámara de Madrid participa, un año más, en la iniciativa Aula
La Cámara de Madrid participa, un año más, en Aula con el Instituto de Formación Empresarial (IFE), el cual va a ofrecer a los jóvenes un aprendizaje de calidad orientado a la inmediata incorporación al mundo profesional. “Mantenemos una estrecha relación con empresas que demandan a nuestros alumnos, gracias a la excelente formación recibida”, expresó a MAGISTERIO Carmen Pacheco, jefa del Área de Formación Profesional y para el Empleo.
Mediante su expositor instalado en la plataforma digital, el IFE proporciona información sobre ciclos formativos de Grado Superior y facilita la oportunidad de concertar una reunión virtual con su equipo de profesionales para aportar documentación adaptada a las necesidades del alumnado. “La Cámara de Comercio de Madrid considera un privilegio formar parte de esta comunidad virtual en la que están presentes las mejores propuestas formativas”, declaró Pacheco.
Con una amplia trayectoria y un claustro de profesionales de referencia, la Cámara de Madrid ha obtenido un gran reconocimiento a nivel nacional y europeo, destacando, incluso, entre las grandes Escuelas de Negocios.
Desde la entidad, manifestaron que los ciclos del IFE están diseñados para potenciar las salidas laborales y el desarrollo de los participantes, debido a la calidad del aprendizaje, basado en las escuelas de negocios, con la incorporación de masterclasses y actividades extracurriculares.
En este sentido, Pacheco detalló que el contenido reglado debe complementarse con acciones que enriquezcan la visión y el conocimiento del alumno sobre los diferentes temas que se relacionan con el ámbito profesional que elige. Por ello, se llevan a cabo masterclasses en la que expertos dan a conocer cuestiones relevantes sobre sectores concretos y, asimismo, se realizan otras actividades como salidas didácticas que les permiten participar en la actualidad empresarial y cultural.
Por último, la Cámara de Madrid añadió que la oferta formativa incluye acciones notables para los estudiantes que contribuyen a fomentar sus capacidades para innovar o emprender, o promuevan la complementación de los estudios con prácticas y ofertas de trabajo exclusivas para Formación Profesional.
“Destacamos, en este sentido, el programa e-FP que, integrado en las materias correspondientes del ciclo, se desarrolla en colaboración con Cámara de España y Fundación Créate. Así, se ofrece a los alumnos de FP de la Cámara herramientas y recursos didácticos para desarrollar la capacidad de emprender e innovar, mediante tecnologías como Design Thinking, Lean Start Up e inteligencia emocional”, indicó Pacheco.
Y finalizó: “El alumno será orientado en su iniciativa, gracias a la participación de mentores pertenecientes a empresas de diferentes sectores con amplia experiencia profesional. Igualmente, participará con su proyecto en una entrega de premios final que, este año, tendrá lugar el próximo 6 de junio”.
El reto de acabar con las novatadas, un acoso colectivo tolerado hasta ahora
En 2013 seis universitarios se ahogaron en una playa cerca de Lisboa por culpa de una novatada: daban un paso atrás cada vez que fallaban a una pregunta del Dux-Duque (el jefe de los veteranos). La ministra de Justicia, Paula Tereixa da Cruz, lamentó las muertes y eso fue todo. “No tiene sentido prohibir las inocentadas, que en determinados casos son bonitas. Prohibir no es la solución”, afirmó. La rebatió Mario Soares, que había sido presidente de Portugal, en Diario de la República: “Las novatadas son incomprensibles e inaceptables […] una suerte de fascismo. Deberían estar prohibidas”. La Ley de Convivencia Universitaria, cuyo anteproyecto fue visto este martes en el Consejo de Ministros en España, tipifica ahora como falta muy grave las novatadas que merman la integridad de la persona acosada y establece una pena de expulsión del campus para el que la perpetre de entre dos meses y tres años.
El reglamento disciplinario franquista, todavía en vigor, no contempla el castigo de las novatadas. “La tipificación en el decreto del 54 es muy general y orientada a mantener el orden público. No aterriza en las cuestiones que afectan en el ámbito académico”, explicó una técnico del Ministerio de Universidades en un encuentro telemático con la prensa. El nuevo código es para los campus públicos y el Gobierno aspira a que los privados apliquen su régimen disciplinario. En España las novatadas no aparecen en el Código Penal, a diferencia de Francia, donde se incluyeron en 1998.
La aprobación del anteproyecto coincide con la publicación del libro Las novatadas, el maltrato como diversión (Aula Magna), redactado por siete expertos en psicología, antropología y derecho. Es la primera vez que un título disecciona desde distintos ángulos lo que muchos consideran ritos de iniciación. Los especialistas concluyen que estas supuestas bromas son consentidas por la sociedad, aunque cada vez hay más campañas de concienciación en las universidades. Hay manifiestos en contra y los rectores, los colegios mayores, la Policía Nacional, los Ayuntamientos y los colectivos de estudiantes muestran su repulsa ante casos concretos.
“No es que haya abuso en las novatadas, es que las novatadas en sí son un abuso”, reflexiona en el libro la psicóloga Loreto González-Dopeso, presidenta de la asociación Nomasnovatadas.org. Si Íñigo Méndez de Vigo, siendo ministro de Educación con el PP argumentó en 2015 que eran “parte de la tradición” y había que buscar “un equilibrio entre la broma simpática y los disparates”, González-Dopeso contesta son un ejercicio de dominio, vejación y normalización del sometimiento muchas veces con tintes sexuales. Sin embargo, muchos novatos aceptan de buen grado estas prácticas.
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