28 de junio de 2021
Aconsejar el analfabetismo
El Gobierno ha eliminado definitivamente esa cosa viscosa llamada suspensos como criterio para repetir y lograr el título en la educación obligatoria.
Porque total, para qué: el mensaje que lo peta es que se puede conducir sin carné.
Según establece el borrador del real decreto, las decisiones de quién pasa y quién no se tomarán ahora de forma colegiada entre todos los docentes sin valorar el número de asignaturas suspensas.
No especifica el texto si los profesores deberán sentarse en círculo y cogerse de las manos a la hora de decidir los sobresalientes o si bastará con que se pongan guirnaldas de flores y quemen incienso en el claustro, por eso del buen rollo con los chavales y el aprobado general.
Tampoco especifica el texto si para tener el título, en vez de los suspensos, se tendrá más en cuenta el tiempo que aguantas la respiración, las bolsas de risketos que eres capaz de comerte o el nivel de niño rata de cada cual con el Fortnite.
Pero ya puestos a mí me cuadra.
Pobre jibarizada escuela pública, que es la de todos y todas y por ello es la que más me importa. Pobre, porque es la única que puede compensar las desigualdades de esos chicos cuyos padres no tienen pasta para mandarles un año a Estados Unidos, ponerles un profesor nativo o pagarles un máster exclusivo.
Decía Inger Enkvist, pedagoga e hispanista, que para poder pensar, lo primero es querer pensar, estar preparado para hacer un esfuerzo.
Pero todo conspira para lo contrario.
Un día le quitamos la autoridad al profesor. Otro suprimimos los exámenes de septiembre para que no se agobiaran. Otro aligeramos los contenidos. Otro les permitimos pasar con tres suspensos. Otro con los que sean.
Algún día, en un futuro no muy lejano, la institución de la escuela nos recordará a aquella Estatua de la Libertad que aparece en la escena final de El planeta de los simios. Vencida. Sola. Semienterrada. Comida por el olvido y la sal. Como un vestigio de un pasado no diré que mejor (porque no fue mejor) pero sí uno donde las cosas (al menos en la pedagogía) tenían cierto sentido.
Joaquín Goyache: «Soy partidario de una Selectividad única en toda España»
El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, denuncia que «en Madrid es más complicado sacar una nota más alta» en la EvAU que en otras comunidades autónomas. «Soy partidario de una Selectividad única en toda España, la educación es una cuestión de Estado y debe ser homogénea», advierte este catedrático de Sanidad Animal, al frente del campus presencial más grande de España (74.000 alumnos y 6.000 docentes).
Preocupado por las «carencias» con las que llegan los alumnos desde el Bachillerato, se muestra rotundamente en contra de dar el título con suspensos como promueve Isabel Celaá y le reprocha a Manuel Castells su «falta de liderazgo». También alerta sobre cómo se han multiplicado las nuevas universidades en los últimos años. «Hay una burbuja de oferta universitaria y estallará antes o después salpicándonos a todos», advierte.
¿Qué tal han sido los resultados de la Selectividad?
La tasa de aprobados ha sido la más alta de los últimos años: más del 94%. Ha habido oscilaciones de notas en todas las materias, pero la media se ha mantenido.
¿Por qué era tan complicado el examen de Matemáticas?
El examen de Matemáticas no era tan difícil; era largo pero asequible y, en todo caso, formaba parte de la materia a estudiar.
¿La Selectividad es más fácil en unas CCAA que en otras?
Es obvio que sí. En Madrid es bastante más complicado sacar una nota muy alta. Yo soy partidario de que se haga un examen único en toda España, porque, dado que hay distrito único, lo lógico es que todos puedan elegir en las mismas condiciones. La educación es una cuestión de Estado y debe ser homogénea. El Gobierno debería trabajar para que fuera más comparable.
¿Les llegan alumnos con carencias del Bachillerato?
Hay carencias en cuestiones básicas en comparación con otras generaciones. Los estudiantes que entran en 1º comienzan con una menor capacidad de escritura y de análisis. Quizá haya una mayor dificultad en comprender los textos y organizar las ideas, pero son más intuitivos y más plásticos a la hora de aprender. Lo hacen de otra forma.
¿Tienen cursos cero para que los alumnos de primer año recuperen las lagunas de Bachillerato?
Ofrecemos desde hace años cursos de escritura, Matemáticas o español para extranjeros. En algunos estudiantes detectamos carencias y el curso cero, que es voluntario, les viene muy bien. Es verdad que deberían venir preparados, pero nuestra obligación es hacer que puedan acometer con más éxito el curso.
¿Es partidario de dar el título de Bachillerato y dejar ir a la Selectividad con suspensos, como ha permitido Isabel Celaá?
No. El único sitio donde el éxito está antes que el trabajo es en el diccionario. Los estudiantes, para tener éxito, tienen que trabajar y superar una serie de parámetros. Porque, si no, tenemos que organizar cursos cero y supercero para los que pasan con suspensos. La formación tiene que estar evaluada y ser validada. Y como yo piensan muchos profesores de universidad.
¿Por qué el Gobierno ha vacunado de Covid-19 a los profesores de instituto y no a los de universidad?
Es una decisión difícil de comprender, un error de un calibre inconmensurable. Los estudiantes universitarios tienen una vida social más amplia que los de 12 años, y no digo que sean irresponsables. Además, en una universidad es imposible hacer grupos burbuja. Es paradójico que, durante la EvAU, hubiera en una misma aula profesores de instituto vacunados y profesores de universidad sin vacunar. No se sostiene desde el punto de vista sanitario. Además, en unas semanas se van muchos estudiantes de Erasmus y necesitan estar vacunados. La Comunidad de Madrid quiere comenzar a hacerlo ya.
Los profesores asociados de la UJI amenazan con no comenzar el próximo curso
La plataforma de profesorado asociado de la Universitat Jaume I de Castellón, se ha cansado de esperar y atender a la buena voluntad que proclama tanto la Conselleria de Universidades como los responsables del campus público castellonenses. Los representantes de dicha plataforma, que lleva desde el año 2007 pidiendo soluciones concretas a los órganos de gobierno de la Jaume I para mejorar la situación de esta figura docente, tan olvidada, tanto en el ámbito salarial como en el de derechos laborales, sociales y de participación en el campus del Riu Sec.
Bajo el lema ‘igual trabajo, iguales derechos’, la plataforma denuncia que los docentes asociados de la Jaume I cubren el 50% de la docencia con retribuciones de 5€ euros por hora. «Hay que destacar la alta carga de trabajo que soportan los asociados de la UJI, una carga aún más agravadas en los dos cursos pasados de pandemia por la necesidad de virtualización y semipresencialidad, escenario donde han tenido que poner material e instalaciones de su propio bolsillo», ponen de relieve responsables de esta plataforma.
Los docentes asociados de la UJI evidencian ejemplos tan flagrantes como el de algunos docentes asociados que llevan trabajando como tal un cuarto de siglo, es decir acumulan 25 años de antigüedad, «lo que a todas luces supone un fraude de Ley, tal y como ha sentenciado recientemente el Tribunal Supremo ante la Universidad de Málaga», indican desde la plataforma, instando de esta manera a la necesidad de un aumento salarial urgente de los asociados y el reconocimiento de la cotización para la jubilación.
La situación es, a juicio de los representantes del colectivo de asociados de la UJI, insostenible y, de hecho, tal y como han indicado estas mismas fuentes de la Jaume I, si esta situación continua así el colectivo de profesores asociados tiene intención firme de cortar de raíz. « El próximo curso no se empezará por parte del profesorado asociado hasta que no se nos den nuestros derechos laborales igual que los que disfrutan nuestros colegas», aseguran desde la plataforma de docentes asociados de la UJI, haciendo referencia de esta manera a distintos aspectos en materia salarial, equipamiento informático, zona de trabajo (despacho), reconocimiento de antigüedad, y muchos otros etcéteras por los que llevan luchando durante años.
«La sensación general que siente el colectivo de asociados de la UJI es de ninguneo, falta de respeto y empatía, así como escasa implicación en un tema que es de base», manifiestan desde la plataforma, recordando que se trata de una reivindicación histórica en la que apenas se ha avanzado.
«Nuestra intención es clara y exigimos soluciones inmediatas, no promesas ni más reuniones que, según el paso de los años, han demostrado no tomar en serio» aseguran los representantes de este colectivo docente, decidido a no iniciar el próximo curso «hasta que no se materialicen nuestras exigencias mínimas».
Castells: «Condenar a un alumno por un suspenso es elitista»
En una entrevista que publica hoy el diario ABC, Castells ha defendido así el proyecto de real decreto del Ministerio de Educación por el que se regula la evaluación para el curso 2021-22, que permite que los alumnos de Secundaria y de Bachillerato con hasta dos asignaturas suspensas puedan promocionar de curso. “A veces no depende del esfuerzo sino de las condiciones de las personas, de lo que les está pasando y condenar a la gente a perder años de vida en un momento clave simplemente porque ha habido en algún momento un suspenso me parece totalmente injusto, elitista”, declara el ministro.
Castells subraya que hay numerosos estudiosos sociológicos que indican que las condiciones para progresar para los hijos de familias humildes son mucho más difíciles que para los de clase media. “El derecho a estudiar no depende de coyunturas y, si en algún momento algunos estudiantes tienen dificultades, hay que darles la oportunidad de que lo puedan reparar y puedan seguir su vida normal”, añade.
El borrador del real decreto propuesto por la ministra de Educación Isabel Celaá, enviado a las comunidades autónomas para su discusión, permite pasar de curso con dos suspensos pero deja en última instancia la decisión en manos del equipo docente de forma colegiada y en determinadas condiciones. El texto refleja el espíritu de la última reforma educativa (Lomloe), que limita el recurso a la repetición escolar y establece que esta medida debe ser excepcional, de manera que solo se podrá adoptar una vez durante la Primaria y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.
Celaá dejará pasar de curso en Primaria y Secundaria en función de la «madurez» y sin importar el número de suspensos
Los docentes podrán hacer pasar de curso a sus alumnos en Primaria cuando «hayan alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de madurez» y en Secundaria atendiendo a la «consecución de objetivos, adquisición de competencias y valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno» sin que, en ningún caso, el número de suspensas «pueda ser la única circunstancia a tener en cuenta en la decisión sobre la promoción».
Así se desprende del borrador de real decreto por el que se regula la evaluación y las condiciones de promoción de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el Bachillerato, al que ha accedido ABC. Este real decreto viene a ser el ‘aterrizaje’ de la Lomloe, más conocida como ‘ley Celaá’ en las aulas para el curso 2021-2022.
En cualquier caso, el Ministerio de Educación ha aclarado a este periódico que el texto del real decreto «aún no está terminado» pese a que ya ha sido enviado a las comunidades autónomas.
El preámbulo del real decreto señala que «la nueva ley modifica significativamente la regulación de la evaluación, la promoción y la titulación en (…) la educación obligatoria y el Bachillerato, basándola principalmente en la consecución de los objetivos y la adquisición de las competencias (…), y primando siempre este criterio sobre la mera consideración del número o combinación de materias superadas».
El real decreto señala que será el equipo docente, de forma colegiada, el que tendrá la última decisión sobre la promoción y titulación (en ESO y Bachilerato).
29 de junio de 2021
Una persona universitaria vive entre tres y cinco años más que otra con educación primaria
La esperanza de vida en un país está condicionada por la alimentación, los servicios sanitarios y la educación. Sin embargo, hasta ahora en España no se habían cruzado de forma simultánea y en todo el territorio los datos de mortalidad, calidad de la salud y nivel formativo. Lo ha hecho por primera vez la Universidad Autónoma de Barcelona con datos del Instituto Nacional de Estadística de 2017 a 2019. En el artículo Vivir menos y con peor salud: el peaje de la población menos instruida de España, Amand Blanes y Sergi Trias-Llimós, del Centro de Estudios Demográficos (CED), calculan que a los 30 años un varón con estudios superiores tiene una esperanza de vida de cinco años más que uno con formación primaria: 83,5 años frente a 78,4. En el caso de las mujeres, la desigualdad se acorta a poco más de tres años. A los 30 años, una mujer con título universitario puede aspirar a vivir hasta los 88 años, frente a los 84,9 de las poco formadas. A más años de vida, las desigualdades se atenúan.
A medida que se tiene más instrucción, señala el artículo de la revista del CED que se ha publicado este lunes, el desnivel entre hombres y mujeres mengua al tener ambos sexos comportamientos más parecidos ―respecto al tabaco, alcohol, comida, preocupación por la salud y uso de los recursos sanitarios―, aunque ellas siempre viven más de media. Trias-Llimós explica que se toma de referente los 30 años porque en la juventud se adquieren los comportamientos, se crean los grupos de amigos y, de todos los indicadores socioeconómicos (ingresos, ocupación, formación o riqueza heredada), el educativo es el más robusto.
El epidemiólogo Manuel Franco, que estudia las desigualdades en salud desde la Universidad de Alcalá (Madrid), remarca la importancia del nivel educativo frente al de renta: “Un mileurista con dos másteres va a tener un comportamiento hacia la salud individual y colectiva mejor que un narco riquísimo. La educación amortigua la diferencia de dinero”.
Los autores del estudio hablan de una triple penalización en la salud por la educación recibida. Los que tienen menor formación no solo viven menos, sino que lo hacen en peores condiciones. En España, la mortalidad debida a causas evitables ―tabaco, alcohol, suicidios, accidentes de tráfico o enfermedades cardiovasculares― representó de 2017 a 2019 alrededor del 65% de los fallecimientos entre personas de 30 a 74 años, pero con grandes diferencias en las franjas de edad por sexo.
El avance de la vacunación contra la covid reactiva las oposiciones
Si el estallido de la pandemia y la declaración del estado de alarma supusieron la inmediata suspensión de todas las oposiciones, la lenta pero progresiva vuelta a la normalidad, gracias al avance de la vacunación y a la reducción de la incidencia, está suponiendo una reactivación de la oferta de empleo público. En 2020, este aplazamiento hizo que miles de opositores se quedaran sin saber cuándo ni cómo se examinarían, pero también facilitó el que muchas personas aprovecharan para preparar con más tiempo las diferentes pruebas de acceso. La crisis económica atrajo además a aquellos fuertemente golpeados por la pandemia, especialmente “hombre y mujeres mayores de 40 años que habían perdido su trabajo o se vieron abocados a un ERE o un ERTE, y que se plantearon la opción de las oposiciones para conseguir una mayor estabilidad en su vida y asegurarse un trabajo digno”, sostiene Jonathan García, CEO de la plataforma OpositaTest.
El perfil del opositor sigue siendo mayoritariamente femenino, pero su edad media (39) es cinco años mayor que en 2019, y el grupo de edad más numeroso se sitúa ya entre los 36 y los 50 años (48 %, frente al 33 de un año antes), seguido por los de 26 a 35 (que bajan del 48 al 33 %) y los mayores de 50 (que suben del 5 al 13,3 %), según una encuesta realizada a principios de año por OpositaTest. Teniendo en cuenta que 2020 cerró con 936.200 personas mayores de 50 años en paro (uno de cada cuatro desempleados), la preparación de oposiciones es sin duda una opción crecientemente relevante. La mayoría de los aspirantes (un 61 %) afirma compaginar el estudio con otras obligaciones, ya sean laborales, familiares o académicas.
No ha sido solo el perfil lo que ha cambiado: también lo ha hecho la forma de preparar las oposiciones, ya que las restricciones por la pandemia provocaron un aumento del interés en los cursos y herramientas online: “Esta tendencia se mantiene en 2021, aunque en los últimos meses vemos un cambio de metodología, que pasa de un 57 % online (desde el confinamiento hasta marzo) a un crecimiento de más del 20 % en semipresencial e incluso el resurgir de las academias presenciales”, explica Ferrán Ferrer, CEO de Emagister. Las metodologías digitales ayudan a maximizar su tiempo y contribuyen a personalizar mucho más el estudio: “Para mí, lo mejor es combinar la formación sistematizada que te ofrece el curso de una academia presencial o un centro online, junto con la búsqueda de contenidos en plataformas especializadas en temarios y pruebas anteriores, y cerrar el círculo compartiendo apuntes, formación en grupo o resolución de dudas con otros opositores”, aconseja Ferrer.
Los beneficios de hacer gratuita la Educación de 0 a 3 años superan a los costes
El trabajo calcula entre 5.400 millones y 7.500 millones de euros el coste de implantar este ciclo de Infantil, lo que supondría un aumento del gasto actual de entre 2.900 y 4.900 millones, teniendo en cuenta los permisos parentales igualitarios y las jornadas laborales semanales de 40 horas. “Los beneficios ascenderían a 3.900 millones de euros generados en su mayoría de la creación directa de empleo. Además, de un aumento en la equidad y la igualdad de oportunidades”, según el estudio de Cristina Castellanos, profesora de Economía Aplicada de la UNED, y la economista Ana Carolina Perondi.
A petición del Instituto de Estudios Fiscales, se analizó cuánto costaría y qué beneficios económicos supondría crear un sistema público de cuidados que permitiera que todas las personas tuvieran acceso a servicios de calidad, de forma similar a lo que ocurre con los servicios sanitarios. A tenor de sus resultados, los beneficios directos de la puesta en marcha del nuevo sistema de Educación Infantil de 0 a 3 años ascenderían a unos 3.900 millones, “provenientes de la generación directa de empleo y la mayor disponibilidad de recursos de los hogares, que podrían usarse en otros sectores de la economía”.
Por otra parte, los beneficios indirectos provenientes de la mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo se calculan entre los 1.800 y 6.200 millones de euros, por lo que los beneficios económicos totales de la implantación del nuevo sistema (entre unos 5.700 y 10.100 millones de euros) superan “ampliamente” los costes de funcionamiento del nuevo diseño de dicho tramo de Infantil.
Aparte de la vertiente económica, las autoras defienden la importancia de los “beneficios sociales, educativos, de bienestar infantil, igualdad de género e igualdad de oportunidades”. La implantación de esta política es “relevante para la equidad social de hombres y de mujeres y el bienestar infantil porque posibilitaría un reparto más equilibrado de las tareas de cuidado, y reduciría la penalización laboral de las mujeres que en la actualidad asumen en mucha mayor proporción las responsabilidades domésticas y de cuidado de la familia”.
Pedro Uruñuela: «Ante el descenso en el número de alumnos y alumnas apostamos por bajar la ratio»
La convivencia ha sido siempre uno de los intereses declarados más destacados del consejero de La Rioja Pedro Uruñuela, que lo es desde hace un año. Presidente de honor de la Fundación Convives, ha visto convertidos en decreto, con permiso de los servicios jurídicos de la Consejería, buena parte de los postulados que lleva defendiendo durante años (de su puño nació el primer Plan Estatal de Convivencia en 2004, poco después del caso Jokin).
En el nuevo decreto, se apuesta por un enfoque restaurativo, que, ante un conflicto, analiza las necesidades presentes y pone en el centro el cuidado mutuo. Se aspira con él a la inclusión y al bienestar emocional del alumnado.
¿Qué nos encontramos en el nuevo decreto de convivencia?
–Ante todo hemos querido que sea un decreto de convivencia, no de disciplina. En él exponemos qué entendemos por convivencia positiva. Frente al enfoque reactivo, que reacciona cuando hay un problema, desde el enfoque proactivo te adelantas e intentas hacer prevención, formar en competencias para la convivencia. Esto supone centrarnos en los conflictos como una oportunidad educativa y convertir el servicio de mediación y las prácticas restaurativas en elementos habituales. Nos hemos centrado en las violencias presentes en la escuela. De hecho, los servicios jurídicos me han obligado a centrarnos sobre todo en las que afectan al alumnado: acoso, ciberacoso, violencia de género y conductas disruptivas. En todas ellas hay tres niveles de intervención: primero, el preventivo; después, el de actuación, cómo abordar los casos que pueda haber y, por último, el de restauración, de recuperación del ambiente, de la relación rota.
No compartimos el planteamiento de Cataluña de que el acoso no tiene que ver con la convivencia, de abordar el acoso por un lado y la convivencia, por otro. Nosotros creemos que sí tienen que ver. Entendemos que la violencia es como la fiebre, el síntoma de que la convivencia no se está trabajando bien. De todas formas, allí parece que esta orientación tampoco está calando demasiado, pues en la convocatoria Escuelas Libres de Violencias no se ha apuntado ningún centro…
El bilingüismo se abre paso en la Formación Profesional
El proyecto experimental para introducir el biligüismo en centros de Formación Profesional de Castilla y León arrancará el próximo curso con 21 centros incorporados a esta dinámica que pretende mejorar el conocimiento de idiomas como el inglés, el francés, el alemán, el italiano y el portugués también entre estos estudiantes.
Consejería de Educación ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León la resolución que establece los centros seleccionados para implantar esta experiencia, que tiene su origen en el funcionamiento del Programa de Secciones Bilingües que arrancó en la Comunidad hace años en el resto de los centros educativos.
Esta iniciativa consistirá en la docencia de dos módulos profesionales -uno en cada curso del ciclo formativo- en lengua inglesa, francesa, alemana, italiana o portuguesa y de dos módulos complementarios específicos de lengua extranjera, también una en cada curso.
En concreto, son 31 ciclos formativos implantados en 21 centros de las nueve provincias los que ofrecerán esta posibilidad el próximo curso, aunque un tercio de ellos tienen referencia en Valladolid (10), mientras que en el resto de provincias son menos: Zamora (6), León (4), Palencia (3), Ávila (2), Salamanca (2), Soria (2), y Burgos Segovia, con uno..
La intención es que, tras cursar estos módulos, los estudiantes sean capaces de interpretar información escrita y oral en otro idioma, elaborar mensajes escritos y orales, cumplimentar e interpretar documentos y adquirir la terminología propia del sector productivo.
Los 31 centros en los que se implantará este proyecto se han elegido entre quienes ya venían desarrollando proyectos bilingües, o imparten ciclos formativos de Grado Superior de las familias profesionales de Administración y Gestión, Comercio y Marketing, Imagen y Sonido, Informática y Comunicaciones u Hostelería y Turismo o el ciclo formativo de Grado Superior Educación Infantil.
30 de junio de 2021
Manuel Castells baja del 6,5 al 5 la exigencia en la nota media para obtener una beca en el máster habilitante
Manuel Castells ha rebajado la exigencia para que los alumnos universitarios puedan optar a una ayuda económica para cursar un máster habilitante, que es el que que hay que cursar obligatoriamente para trabajar en algunas profesiones, como abogado, profesor de instituto, psicólogo sanitario o algunos ingenieros. Hasta ahora se pedía un 6,5 para estos estudiantes, pero desde el próximo curso bastará con que saquen un 5 para conseguir una beca.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para 2021/2022 tanto para los alumnos de instituto como para los de universidad. Una de las novedades respecto a otros cursos es este cambio en la nota exigida, que se suma al que ya se hizo para los alumnos de grado, pasando del 6,5 que se pedía en los tiempos de José Ignacio Wert al 5 para poder disfrutar de ayudas económicas.
En aquellos años, Wert defendía que esa mayor nota había hecho ponerse las pilas a los alumnos y esforzarse más. Este Gobierno defiende que, dado que la universidad está subvencionada para todos los alumnos tengan o no beca, pues sólo pagan en torno al 20% del precio real de la carrera, sería injusto pedirles más a los que están en desventaja socioeconómica. El objetivo es «democratizar el derecho a la educación superior y aumentar el número de estudiantes que acceden a las universidades».
Para los máster no habilitantes, que no son obligatorios, se seguirá exigiendo una media de un 7, como se pedía con el PP.
Los ministerios de Educación y Universidades han dispuesto una bolsa de más de 2.000 millones de euros para 850.000 alumnos el próximo curso: 460.000 de institutos y 390.000 de universidades. Como se relajan los requisitos, el número de beneficiados en la universidad se ha duplicado en apenas un curso en lo que se refiere a becas completas (las personas que acceden al umbral 1 porque sus familias tienen el nivel de recursos más limitado). De los 90.006 beneficiarios de 2019/2020 se ha pasado a 172.492 beneficiarios. ¿Por qué?
«Pues por dos motivos», responden en el equipo de Castells. «Por un lado crecen por las becas que se han dado por el aumento presupuestario y por otro porque muchos hacen el salto del umbral 2 al 1 con los cambios que introdujimos. Y entonces el umbral 1 sube mucho», indican.
En esta convocatoria se ha incrementado el dinero en 128 millones de euros que, según el Gobierno, estarán dirigidos a «cubrir la entrada de nuevos beneficiarios como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia de Covid-19«. Sin embargo, se siguen sin recoger los cambios pedidos por los estudiantes, que querían que se tuviera en cuenta también a las familias que han perdido su trabajo en los últimos meses, pues las ayudas se conceden teniendo en cuenta la renta del año anterior.
Ha aumentado este año la cuantía de la beca base para la Formación Profesional Básica (de 300 a 350 euros), donde hay elevadas tasas de abandono, y se prevé también la incorporación del alumnado con trastorno grave de la comunicación y del lenguaje entre los beneficiarios de las ayudas para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Para estudiantes víctimas de violencia de género, se suprime el requisito de acreditación por parte de alguna autoridad educativa de que el menor rendimiento académico de la solicitante está directamente relacionado con la violencia sufrida.
Impotencia de los opositores a docentes tras la escabechina en las notas: «El sistema es obsoleto»
Día de alegaciones, este lunes, para los participantes en el concurso-oposición a la función pública docente de la Comunidad Valenciana, cuyas notas de la primera parte fueron publicadas el viernes y pusieron de manifiesto la impotencia e indignación de los examinandos ante la «escabechina» de las puntuaciones. Apenas el 36% de los presentados logró superar la criba provisional y hay incluso tribunales, como el de Geografia e Història de diversidad (para personas con discapacidad), en el que ha suspendido el 100% de los presentados.
Este lunes era el día de la alegación, por escrito y ante el tribunal examinador, y el día de movilizaciones en redes sociales. Centenares de opositores se han unido en plataformas online como Opositores en guerra para exigir el cambio del sistema de las pruebas «obsoletas» y del modo de puntuarlas, «carente de transparencia», según entienden.
Critican la «mala organización» de las oposiciones y la falta de empatía de muchos tribunales a la hora de atender las alegaciones tras las notas. «Ni nos muestran los exámenes ni las rúbricas ni nos dan explicación alguna sobre la puntuación. El sistema está obsoleto, no es transparente y no demuestra la capacidad o no de ser un buen docente», aseguran los perjudicados.
David, un opositor de Castellón, explica que ya se presentó en 2019 y lleva preparando las pruebas tres años, al tiempo que trabajando como docente interino. «No me puedo creer que apenas haya rascado unas décimas a las notas de entonces y no podemos saber nuestros fallos porque la rúbrica de corrección de cada especialidad no es pública ni nos aportan los exámenes en la revisión». «Creemos que la escabechina inicial se hace para quitarse al máximo de candidatos en la primera parte y no permitir una amplia bolsas de empleo después», recela.
RESPUESTA DE CONSELLERIA
Por su parte, la Conselleria de Educación responde que cada una de las 67 especialidades convocadas cuenta con una comisión formada por personal docente funcionario de cada materia. Esta comisión diseña la prueba y establece el nivel de dificultad a exigir a los aspirantes, así como los criterios de corrección comunes para los tribunales de dicha especialidad. «De la corrección se encargan los tribunales, constituidos por sorteo entre el personal docente funcionario, y son totalmente independientes», resaltan desde el área de Vicent Marzà.
Las reclamaciones se canalizan vía alegación por escrito ante el tribunal examinador «y no contempla la entrega de una copia del examen». Según argumentan desde la Conselleria, «hay que tener presente que el examen está en custodia por el tribunal y éste no dispone de tiempo ni medios para hacer copias y entregárselas al reclamante. Una vez finalizado el concurso-oposición, los aspirantes que deseen una copia digitalizada de su examen deben solicitarlo a la Dirección General de Personal Docente», apuntan.
Una persona universitaria vive entre tres y cinco años más que otra con educación primaria
La esperanza de vida en un país está condicionada por la alimentación, los servicios sanitarios y la educación. Sin embargo, hasta ahora en España no se habían cruzado de forma simultánea y en todo el territorio los datos de mortalidad, calidad de la salud y nivel formativo. Lo ha hecho por primera vez la Universidad Autónoma de Barcelona con datos del Instituto Nacional de Estadística de 2017 a 2019. En el artículo Vivir menos y con peor salud: el peaje de la población menos instruida de España, Amand Blanes y Sergi Trias-Llimós, del Centro de Estudios Demográficos (CED), calculan que a los 30 años un varón con estudios superiores tiene una esperanza de vida de cinco años más que uno con formación primaria: 83,5 años frente a 78,4. En el caso de las mujeres, la desigualdad se acorta a poco más de tres años. A los 30 años, una mujer con título universitario puede aspirar a vivir hasta los 88 años, frente a los 84,9 de las poco formadas. A más años de vida, las desigualdades se atenúan.
A medida que se tiene más instrucción, señala el artículo de la revista del CED que se ha publicado este lunes, el desnivel entre hombres y mujeres mengua al tener ambos sexos comportamientos más parecidos ―respecto al tabaco, alcohol, comida, preocupación por la salud y uso de los recursos sanitarios―, aunque ellas siempre viven más de media. Trias-Llimós explica que se toma de referente los 30 años porque en la juventud se adquieren los comportamientos, se crean los grupos de amigos y, de todos los indicadores socioeconómicos (ingresos, ocupación, formación o riqueza heredada), el educativo es el más robusto.
El epidemiólogo Manuel Franco, que estudia las desigualdades en salud desde la Universidad de Alcalá (Madrid), remarca la importancia del nivel educativo frente al de renta: “Un mileurista con dos másteres va a tener un comportamiento hacia la salud individual y colectiva mejor que un narco riquísimo. La educación amortigua la diferencia de dinero”.
Se reduce a 5 la nota media para becas universitarias y máster habilitante
Así lo ha anunciado en rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno la ministra portavoz, María Jesús Montero, que ha detallado que se ha aprobado una inversión de 2.038 millones de euros para 460.000 becas de estudiantes de enseñanzas no universitarias y 390.000 universitarias para el próximo curso, lo que supone 138 millones más que el pasado año y un 24,5% más de beneficiarios. Según Montero, esta inversión demuestra el compromiso del Gobierno con el talento y evita que haya discriminación por cuestión de renta, ya que uno de cada cuatro nuevos beneficiarios de becas del próximo curso “antes no podían acceder a ella”.
El real decreto aprobado por el Gobierno establece los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2021-22.
Según el Gobierno, el presupuesto para becas se incrementa un 39,6% desde 2018 y el número de beneficiarios sube un 24,5%.
Alumnos universitarios
Para obtener una beca o cursar un máster habilitante será suficiente una nota media de 5 puntos, en lugar de los 6,5 exigidos hasta ahora, tanto en primer como en segundo curso.
Según datos del Ministerio de Universidades, en el curso 2019-20 se beneficiaron de becas 322.999 estudiantes, una cifra que ascendió a 362.783 en el 2020-21, lo que supone un aumento del 11% (39.784 nuevos becarios).
Respecto a las becas completas (que acceden al umbral 1), hubo 90.006 beneficiarios en el curso 2019-20 y 172.492 en el 2020-21, un 98% más y 88.486 nuevos becarios.
Novedades del real decreto
Aumenta la cuantía de la beca base para cursar Formación Profesional Básica, que pasa de 300 euros a 350 euros. Se trata de la beca que reciben los alumnos no universitarios que no obtienen ayuda asociada a la renta. Esta medida se suma al incremento de las cuantías fijas en 100 euros, la elevación del umbral de renta 1 y el aprobado como nota de acceso a estas ayudas; unas mejoras ya introducidas en la anterior convocatoria 2020-21.
La próxima convocatoria prevé además la incorporación del alumnado con trastorno grave de la comunicación y del lenguaje entre los beneficiarios de las ayudas para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Además, para estudiantes víctimas de violencia de género, se suprime el requisito de la acreditación, por parte de alguna autoridad educativa, de que el menor rendimiento académico del solicitante está relacionado con la violencia sufrida.
Se mantienen las medidas extraordinarias adoptadas durante la pandemia, con lo que no se tendrán en cuenta, para conceder una beca, las asignaturas, créditos o módulos que no se hayan podido cursar o evaluar adecuadamente.
Trámites más ágiles
El Gobierno ha anunciado que continúan los trabajos para reformar la gestión administrativa con el objetivo de adelantar varios meses la solicitud de las becas. Así, los estudiantes podrán conocer antes del inicio del curso si cumplen los requisitos económicos para recibir las ayudas.
Según los ministerios de Universidades y de Educación, esta reforma precisa cambios que implican a varias administraciones, por lo que está previsto ponerla en marcha en el curso 2022-23. Además, ambos ministerios trabajan con las comunidades para crear un portal común con las convocatorias de ayudas estatales y autonómicas.
1 de julio de 2021
La digitalización en pandemia
La pandemia ha cambiado todo; incluida la política, en la que pueden ocurrir sucesos inesperados. El poder quizás sigue siendo una de las formas esenciales del mal; ahora ya no se consigue por la fuerza, sino con la elección de los ciudadanos.
Pero los procesos electorales, y la vida diaria, están mediatizados por nuevos altavoces de propaganda sucia. Han surgido portales engañosos, que difunden hechos alternativos y mentiras. Con internet y la peste se ha ensanchado la libertad, que se ha contaminado con calumnias, fotos trucadas, campañas de los negacionistas. Nunca ha sido tan democrática la información ni tan arriesgado disfrutarla.
Los ciudadanos han sido bombardeados sin posibilidad de esconderse en refugios. Se ha comprobado en España los meses de confinamiento que los medios controlados por populistas han calumniado a la prensa, a los periodistas, acusándoles de defender los intereses de las élites y de las empresas mediáticas. Con una extravagancia inexplicable han criticado más a sus compañeros de viaje. «El auge del populismo -dicen los liberales- coincidió con el crecimiento de las redes sociales y la pandemia por Covid-19, donde la mayoría de la gente tuvo que adaptarse a la vida digital en cuestión de días».
La pandemia digitalizó a los jóvenes y a los viejos. Se engancharon a las tabletas y a los ordenadores para informarse, para entretenerse, para relacionarse con sus familiares lejanos y amigos, para ver vídeos y películas. El escritor Jesús Úbeda me dice que los móviles se han transformado en prolongaciones orgánicas del cuerpo humano, conectado así a las redes. «La tropa almacena en un cacharrito con pantalla táctil sus lecturas, sus ligues, sus placeres y sus fracasos. Durante la epidemia a algunos les jodía más perder el iPhone que el bazo».
También hubo una interconexión vertiginosa en las universidades y escuelas al suspenderse las clases presenciales; avanzó la educación on line como una forma de pedagogía de futuro. Me explica Ángel Pérez del Pozo, profesor de Matemáticas de la Universidad Rey Juan Carlos, que utilizaron un aula virtual donde podían subir apuntes elaborados por los profesores a los que los alumnos tenían acceso, con vídeos y el apoyo de una pizarra virtual. Lo más duro fue la evaluación. «Había que hacer un esfuerzo para diseñar exámenes que hicieran difícil copiar en un entorno digital, comunicándose entre ellos o con otros. Aun así, mis alumnos se comportaron bien en general».
Durante los toques de queda bajó la venta de periódicos, la radio volvió a funcionar como casi nunca y las plataformas de internet, controladas por toda clase de poderes y servicios secretos, han multiplicado su tráfico.
Los empresarios cuestionan que toda la FP tenga que ser dual
Este desajuste es uno de los motivos por los que se precisa una nueva ley de Formación Profesional, ha indicado el presidente de la Comisión de Educación y Formación de la CEOE, José Antonio Sarría, quien ha comparecido en la Cámara Baja para informar del anteproyecto, que pasó su primera lectura en Consejo de Ministros el pasado día 15. CEOE ha valorado el texto porque constituye “un buen punto de partida” para la negociación que se ha establecida en el marco del Diálogo Social tripartito y recoge propuestas que “históricamente” se vienen trasladando desde el ámbito empresarial.
La futura ley crea un sistema “innovador” que responde a las necesidades de cualificación de la población joven y adulta, ha añadido Sarría, quien ha urgido a resolver el creciente desajuste entre la cualificación demandada por las empresas y la que ofrecen los trabajadores. España, ha continuado, sufre un alto nivel de desempleo juvenil en menores de 25 años, que supone el 39,5%, mientras que “paralelamente, el 55% de las empresas tiene dificultades para encontrar trabajadores con la formación adecuada a sus necesidades”. A ello se suma, ha dicho, la alta tasa de fracaso y el abandono escolar temprano, y el alto porcentaje de la población activa que apenas posee estudios primarios y no tiene ninguna cualificación profesional reconocida (11 millones de trabajadores).
Sarría ha valorado además la apuesta por la FP Dual pero se ha preguntado si el tejido productivo –mayoría pymes–, tiene capacidad para hacer frente a la total dualidad de la FP que se pretende y que supondría acoger “de golpe” en torno a 900.000 jóvenes. En este sentido se ha interrogado acerca de si “realmente es preciso que todo el sistema de FP sea dual”.
Sobre la vinculación contractual que se establece para la llamada FP Dual Avanzada, ha considerado “imprescindible” que se mantenga, al menos durante un período transitorio, “la vinculación del aprendiz con la empresa mediante beca formativa hasta que no se disponga de un nuevo contrato laboral más flexible”. Ello “contribuiría a que las empresas que no pudieran asumir la contratación y las Administraciones que ya están desarrollando proyectos con becas, pudieran seguir participando en el modelo”.
Por otro lado, el secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Santiago García, ha abogado por definir un contrato que se adapte a las necesidades de la FP Dual, pues el actual contrato de formación y aprendizaje “no es el instrumento adecuado”. Hoy existen comunidades que realizan FP dual mediante becas al alumno, sin contrato: “Pasar a un modelo que exija contrato, siendo deseable, requerirá una transición para ir consiguiendo el cambio de mentalidad. No es algo que se haga de la noche a la mañana, ni se pueda imponer. Habría que estudiar fórmulas transitorias, mantener la opción de las becas, buscar incentivos para las empresas”. García se ha preguntado también si es viable pretender que todas las ofertas de ciclos formativos sean duales.
Oposiciones Secundaria: “Haces el examen, te ponen un 1,4 y nadie te explica por qué”
Más de dos años dedicados al estudio-la Conselleria de Educación aplazó en 2020 las oposiciones de Secundaria con motivo de la pandemia- que acaban en frustración. Así se sienten miles de aspirantes que, aun habiendo preparado de manera concienzuda su examen, no han podido ni siquiera pasar a la última parte de la convocatoria.
Es el caso de este candidato a profesor de Tecnología que obtuvo un 7,5 en la primera parte de la convocatoria y un 1,2 en la segunda. El examen no siguió el modelo de años anteriores. “No había cuestiones y los problemas que preguntaron tampoco son los que suelen preguntar”.
Esta parte conformaba la mitad de la prueba. En el otro 50 por ciento debía desarrollar una explotación didáctica de un proyecto. “La resolución técnica la hice con el máximo rigor posible teniendo en cuenta que el tiempo es limitado. El problema está en que los criterios de evaluación publicados por la Conselleria para esa parte son muy generales y escuetos”.
Cuando comprobó la nota el pasado viernes la decepción, la rabia y la sorpresa le invadieron a partes iguales. “Es inexplicable. No entiendo los criterios de corrección que han seguido”. Pero todavía hay algo más frustrante. Nunca sabrá qué hizo mal.
Con pocas esperanzas, ayer presentó las alegaciones. Después de más de dos semanas esperando la nota solo tenía cinco horas para realizar este trámite. Se hacen por escrito, sin poder revisar el examen y sin conocer los criterios que han seguido para la corrección. “Estaría bien que publicasen los exámenes y las correcciones para hacernos una idea de nuestros fallos para no cometer los mismos errores en futuras convocatorias”.
Además, apunta a la dificultad que implica alegar a un examen que hizo hace un mes sin tener acceso al mismo. “¿Por qué las correcciones no se pueden hacer de manera presencial? Esto sería lo educativo, que el corrector te explicara en qué has fallado. ¿No quieren que los profesores se formen?”
Los alumnos ganan: Valencia anula la corrección del examen de la EVAU en el que hubo un 90% de suspensos
Judit Sáez, de 17 años, ha pasado en 11 días de no poder parar de llorar a estar “supercontenta”. El 18 de junio le comunicaron que había sacado un 2,3 en el examen de Historia de la Filosofía de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU). Se había presentado a esa asignatura optativa para subir nota, pero la bajísima calificación arruinaba sus planes de entrar en la carrera de Magisterio. Su caso no era excepcional: unos 120 chavales de una docena de institutos se hallaban en la misma situación. El tribunal 14 de Historia de Filosofía en la provincia de Valencia había suspendido al 90% de los alumnos. Los estudiantes y sus centros educativos recurrieron, y este martes la Generalitat valenciana ha anunciado que la corrección del examen ha sido anulada tras comprobar la existencia de anomalías.
La comisión que gestiona la selectividad en la Comunidad Valenciana (integrada por cargos de la Generalitat y las universidades públicas) pidió un informe al departamento de Filosofía de la Universidad de Valencia después de que los alumnos y 11 institutos, casi todos públicos, recurrieran las notas. La conclusión del dictamen fue que la corrección incumplió los criterios que debían seguir los evaluadores: “En algunos casos parecen respetarlos, en otros se alejan de su cumplimiento y da la impresión de que se han realizado de manera arbitraria”, resume el comunicado difundido por la Consejería de Universidades de la Generalitat.
Los exámenes de los 120 alumnos fueron corregidos por otros evaluadores una segunda vez y obtuvieron una nota claramente más alta. “En muchos casos bastante superior a los dos puntos”, indica el comunicado. Los dos puntos de diferencia son el límite a partir del cual los afectados pueden pedir una tercera revisión de la prueba.
Las primeras calificaciones habían sido tan ínfimas, que el método habitual para solucionar este tipo de problemas (aplicar un promedio con la segunda revisión del examen) no servía: “La realización de la media aritmética con una segunda y hasta una tercera corrección no repararían suficientemente el error cometido”, admite la comisión gestora. De ahí que se haya optado por anular la primera corrección del examen y dejar a los alumnos con la nota que obtuvieron en la segunda revisión.
Sáez, alumna del instituto Rascanya, situado al norte de la ciudad de Valencia, cerca del campo del Levante, no sabrá hasta este miércoles la nota que finalmente le han puesto en Historia de la Filosofía, pero está tranquila. Como muchos de sus compañeros salió confiada del examen. Y gracias a la forma en que se puntúa la EVAU (la nota máxima que un alumno puede obtener si se presenta a las optativas es un 14), le basta un 5 para alcanzar una media de 9,6 entre la selectividad y el bachillerato, más de lo que necesita para entrar en Magisterio.
2 de julio de 2021
El equipo docente tendrá la “responsabilidad última” sobre si un alumno pasa de curso en primaria y secundaria
La decisión sobre cuándo debe pasar de curso un alumno en primaria y secundaria la tomará el equipo docente de forma colegiada en función de lo que considere que más “beneficiará su evolución académica”. El Ministerio de Educación ha mantenido, tras debatirlo con las comunidades autónomas, las grandes líneas de la primera versión del proyecto de decreto de evaluación y titulación que adelantó EL PAÍS. La nueva versión debe pasar ahora por varios organismos, como el Consejo Escolar del Estado, antes de ser aprobado. El nuevo texto, al que ha también tenido acceso este periódico, reafirma que los profesores tendrán la “responsabilidad última” en materia de repetición y obtención de los títulos de ambas etapas, sin estar condicionados por un número específico de materias suspendidas.
El decreto desarrolla lo establecido en la nueva ley educativa, la LOMLOE, aprobada en diciembre. Todas las leyes educativas han permitido pasar con suspensos. Con la anterior norma, la ley Wert, aunque en principio solo se podía promocionar con hasta dos suspensos, las excepciones que contemplaba permitían que por ejemplo en la Comunidad de Madrid, el territorio que más ha criticado la nueva ley, se llegue a pasar de curso hasta con cinco. La diferencia es que ahora ya no se menciona un límite, sino que se da a los docentes la capacidad de decidirlo en función de lo que piensen que más favorecerá “el progreso del alumno”.
La nueva regulación se enmarca en el intento de reducir el nivel de repetición que hay en España, que es escandalosamente alto en comparación con su entorno. Casi triplica el nivel de los países de la OCDE y, tal y como refleja el Informe PISA, miles de alumnos españoles repiten mientras estudiantes de otros países de la UE con su mismo nivel de competencias pasan de curso. La utilización intensiva de la repetición no reporta al país, además, mejoras comparativas, sino más bien al contrario, como pone de manifiesto, por ejemplo, el hecho de que España lidere el abandono educativo temprano en la Unión Europea. La repetición cuesta entre 1.800 y 3.000 millones de euros al año, según diferentes cálculos, que podrían destinarse a fórmulas más efectivas para paliar el fracaso, como la contratación de profesorado para poner en marcha programas de apoyo.
El texto apuesta, en esa línea, por abordar los problemas de aprendizaje de forma temprana. “Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo”, que deberán “adoptarse tan pronto como se detecten las dificultades”, señala.
Los alumnos obtendrán el título de la ESO cuando el equipo docente considere que han adquirido “las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa”. Solo se podrá repetir dos veces en toda la educación básica (hasta ahora eran tres) y una en primaria. Y en esta etapa, además, solo cabrá al término de segundo, cuarto o sexto, que son los últimos cursos de sus respectivos ciclos.
Comunidades autónomas
Uno de los cambios de la nueva versión del proyecto de decreto consiste en que ha desaparecido el apartado siguiente: “Las Administraciones educativas [en referencia a las comunidades autónomas] podrán establecer directrices para la actuación de los equipos docentes responsables de las evaluaciones, sin que, en ningún caso, el número o la combinación de materias o ámbitos no superados pueda ser la única circunstancia a tener en cuenta en la decisión sobre la promoción”.
200 estudiantes podrán hacer prácticas en la España vaciada por mil euros al mes
El próximo curso académico 2021-2022, 200 estudiantes de grado y máster de universidades públicas podrán realizar prácticas en la llamada España vaciada ―municipios o núcleos rurales de menos de 5.000 habitantes― con una remuneración de 1.000 euros brutos al mes. El nuevo programa Campus Rural, presentado este jueves por los ministerios de Universidades y de Transición Ecológica, permitirá a los alumnos seleccionados residir durante un mínimo de tres meses y un máximo de cinco en zonas en riesgo de despoblación con el objetivo de “romper prejuicios” y conseguir que los jóvenes se planteen como una posibilidad laboral una vez finalizados sus estudios trabajar en ese entorno.
Los jóvenes que presenten su candidatura a las prácticas, a los que la Administración cubrirá los gastos derivados de la Seguridad Social, deberán escoger una comunidad autónoma distinta a la de su universidad. Para la puesta en marcha del programa, el primer paso lo tendrán que dar las empresas, que mandarán a las universidades su propuesta de prácticas ―con los requisitos imprescindibles que debe reunir el estudiante y el horario de la jornada, entre otros puntos― antes del próximo 30 de octubre. A continuación, las universidades tendrán que comunicar a la comisión gestora del programa Campus Rural las propuestas preseleccionadas antes del 15 de noviembre, y estas serán validadas antes del 15 de diciembre. A partir de ese momento, los estudiantes podrán optar a alguna de esas ofertas, que serán asignadas antes del 15 de febrero de 2022. Las prácticas serán curriculares o extracurriculares.
Los alumnos estarán obligados a residir en el municipio de destino mientras duren las prácticas para “completar una experiencia de verdadera inmersión” y “fomentar la conexión emocional y laboral” de los jóvenes con el territorio. La idea es atraer nuevos talentos a esas zonas. A la hora de seleccionar a los 200 estudiantes, se tendrá en cuenta su expediente académico. Una vez en el lugar de destino, el becado contará con un tutor académico de su universidad y con un tutor de prácticas de la organización en la que realice la estancia. Cada una de las universidades podrá participar en el programa un máximo de dos años y medio porque los dos ministerios persiguen que se dé un equilibrio entre territorios.
El Ministerio de Universidades se ha inspirado en el programa Desafío de la Universidad de Zaragoza, conocido como Erasmus rural, un proyecto subvencionado por la diputación provincial con 30.000 euros anuales para que 24 estudiantes hagan prácticas en municipios de menos de 3.000 habitantes. Les pagan el alojamiento, dietas y una beca de 300 euros al mes. Otro de los programas que ha servido de ejemplo es el de la Universidad de Castilla-La Mancha, UCLM-Rural, cuyos resultados “motivan a replicar el modelo a escala nacional” para reactivar esos territorios.
Celaá anuncia que alumnos de 12 a 17 años empezarán el curso vacunado
La ministra ha hecho estas declaraciones antes de participar en el seminario La Lomloe: un paso adelante hacia la calidad, equidad y excelencia de la Educación en nuestro país, organizado este jueves por la Diputación de Barcelona. Según la ministra, “la intención del Ministerio de Sanidad” es que la vacunación a los alumnos se lleve a cabo dos semanas antes del inicio de curso.
Celaá se ha mostrado convencida de que el curso 2021-22 “empezará con mascarillas en las aulas” y ha valorado su uso durante este próximo curso como “altamente positivo”.
Por otro lado, la ministra ha anunciado que España invertirá en Educación casi 5.000 millones de euros hasta el año 2024, una inversión que ha calificado de “histórica”. De los 5.000 millones anunciados, “algo más de 2.000 se destinarán a la mejora de la Formación Profesional” con la incorporación de todo el tejido empresarial en la definición de perfiles y facilitando la formación y la competitividad del país, y “se destinarán otros 2.400” a digitalización y equidad, ha añadido la ministra. La Educación “es el principal motor de progreso de una sociedad”, por lo que “no se trata de un gasto, sino es una gran inversión”, ha afirmado.
La ministra ha desgranado los aspectos más destacados de la Lomloe, que ha definido como una “reforma educativa de calado”, y ha subrayado que uno de sus valores más relevantes es que “combate todas las formas de falta de equidad” porque “no hay calidad sin equidad”.
La Lomloe pone sobre la mesa que “nos hemos encontrado con una escuela que segrega por varias razones” y por ello “combate todos los formatos de segregación” con el fin de alcanzar una escuela inclusiva por “exigencias éticas, políticas, pero también económicas” dado que “necesitamos el talento de todos para ser una sociedad competitiva”, ha señalado la ministra. Para llevar a cabo esta lucha contra la segregación, el Gobierno cuenta con la red pública y con la concertada ya que “ambas tienen que asumir la tarea de educar con equidad, puesto que acceden al sistema público de financiación”, ha añadido.
Grupo Sorolla, primera organización en España que obtiene el sello EFQM +600
Grupo Sorolla Educación ha sido reconocido por el Club Excelencia en Gestión, con el Sello EFQM +600, única certificación internacional que reconoce la gestión excelente, innovadora y sostenible de las organizaciones, utilizando la evaluación del nuevo Modelo EFQM 2020.
Con la obtención de esta certificación EFQM +600 Grupo Sorolla Educación se convierte en la primera organización en España en obtener este sello.
Cooperación e innovación
Durante el proceso de evaluación se ha destacado el valor de la cooperación y la innovación en todas las iniciativas y equipos de trabajo de la cooperativa, la tendencia a obtener resultados sobresalientes y la implicación con toda la comunidad educativa.
Se ha valorado también muy positivamente el ser una organización con una estrategia eficiente y un propósito inspirador de “formar personas para volar alto” tal como queda reflejado en la formación de nuestro alumnado.
“El compromiso, el esfuerzo y la superación están siempre presentes en nuestro quehacer. Y lo más importante, la creencia de que seremos capaces de contribuir a tener una sociedad mejor. Por nuestras aulas pasan cada año cientos de estudiantes que se convertirán en la sociedad del mañana y nosotros debemos ser capaces de transmitirles los conocimientos y hacerles competentes para que su mundo sea mejor que el nuestro, porque en sus manos está el futuro. Este reconocimiento es un hito más que nos indica que estamos en el camino”, manifiesta Mayte Ramos, CEO Grupo Sorolla Educación.
El Gobierno suprime el fondo extraordinario para hacer frente a los gastos covid en Educación
Compromís exige al Ministerio de Educación un fondo extraordinario para hacer frente a las medidas de seguridad e higiene en las aulas el próximo curso , “con el fin de seguir garantizando la seguridad sanitaria y seguir todas y cada una de las instrucciones dadas por los Ministerios de Sanidad y Educación”.
El síndic de la formación nacionalista en Les Corts, Fran Ferri, ha defendido que el conseller de Educación, Vicent Marzà, ha cumplido escrupulosamente cada medida de seguridad en las escuelas. Sin embargo, el Ministerio se ha desentendido del esfuerzo económico extraordinario que tiene que hacer la Generalitat, “especialmente en una situación de infrafinanciación como la nuestra” y ha dejado a cero la dotación económica extraordinaria que el año pasado fue de 207 millones de euros. “Una medida que profundiza aún más en el maltrato financiero que padecemos”.
Para denunciar esta situación, la coalición presentará mociones en los Ayuntamientos y también una iniciativa parlamentaria en el Congreso en la que pide que el sistema educativo esté dotado con un fondo extraordinario, ajustado a la situación actual de la pandemia y a las exigencias de seguridad propuestas por el Ministerio que permita a las comunidades autónomas hacer frente a estos gastos.
También solicitan que se tenga en cuenta el criterio de esfuerzo presupuestario que realizan las comunidades en situación de infrafinanciación, como es el caso de la valenciana e insisten en que se lleve a cabo, lo más rápidamente posible la reforma del modelo de financiación.
Por su parte, la portavoz de Educación de Compromís en las Cortes Valencianas, Papi Robles, ha recordado que mientras las comunidades autónomas donde gobierna la derecha se ha apostado por el “austericidio y la mercantilización de la pandemia”, el territorio valenciano ha sido un ejemplo estatal en políticas educativas.
”Hemos contratado más de 4.000 docentes extra para este curso y a más de 3.000 profesionales no docentes para atender las medidas extraordinarias a los comedores escolares. Hemos sido el único territorio en adquirir mascarillas FFP2 para todo el personal docente de los centros educativos desde el momento en que el Ministerio recomendó su uso. También hemos sido la única administración en adquirir purificadores de aire con filtro HEPA de forma masiva, con más de 8.000 en Valencia, y todo ello, siendo el territorio peor financiado de todo el Estado “.
Celaá asegura que era «muy urgente» para el Gobierno aprobar la LOMLOE, que sustituye a una LOMCE «desconectada».
La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha asegurado este jueves que era «muy urgente» para el Gobierno aprobar la nueva Ley educativa, la LOMLOE (también conocida como ‘Ley Celaá’), una norma duramente criticada por la oposición por no contar para su tramitación con la comunidad educativa.
Según ha explicado este jueves en Barcelona durante la inauguración del seminario ‘La LOMLOE: un paso adelante para la equidad, la calidad y la excelencia de la educación’, organizado por la Diputación de Barcelona, urgía aprobar una nueva Ley de Educación para así dejar atrás la LOMCE, una «legislación desconectada de las corrientes pedagógicas más interesantes europeas o internacionales», a juicio de la ministra.
«Sentimos la necesidad de tener otro marco legislativo para llegar a desarrollos que nos fueran útiles», ha añadido Celaá, que defiende que la LOMLOE está «conectada con Europa, la Agenda 2030 y la UNESCO».
La ministra ha dedicado su intervención inicial a defender la Ley. En primer lugar, ha insistido en que la LOMLOE pone sobre la mesa una «realidad incómoda pero real» como es la segregación escolar. «Sabemos que no se puede llegar de 0 a 100 en un año, pero lo importante es trazar el camino correcto», ha afirmado Celaá, que advierte de que «todos» los niños y jóvenes «tienen que caber» porque «todos tienen el mismo derecho» a la educación.
En este sentido, asegura que la LOMLOE establece que la prestación del servicio público de la educación se hace por la red pública y por la red concertada, por tanto, «ambas tienen que asumir todo lo que significa la tarea de educar en equidad». «Si ambas redes tienen acceso al sistema público de prestación financiera, queremos que compartan derechos y obligaciones», avisa.
Por otro lado, ha hablado de que la nueva Ley, que fue aprobada el pasado 23 de diciembre, regula la educación infantil de 0 a 3 años –que en España es de carácter voluntario–, ya que se trata de una «etapa educativa» y «como tal ha de tratarse». La LOMLOE establece el incremento progresivo en la oferta de plazas públicas en el primer ciclo «con el fin de atender todas las solicitudes de escolarización de la población infantil de 0 a 3 años», un aspecto que también ha recibido críticas, sobre todo, por parte de las patronales.
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