5 de Julio de 2021
Educación saca a consulta pública la norma con la que regulará el procedimiento para pasar de curso
El Ministerio de Educación ha sacado a la consulta pública este viernes 2 de julio y hasta el 27 de julio el proyecto de real decreto por el que se regula la evaluación, promoción y titulación en la Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (FP), que se aplicará en el año académico 2021-2022 para todos los cursos y durante el curso 2022-2023 para los cursos pares.
Según indica el departamento de Isabel Celaá en el proyecto de real decreto, en el proceso de elaboración del mismo han sido consultadas las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, el Consejo Escolar del Estado, el Ministerio de Cultura y Deporte y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
En este sentido, indica que la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) modifica «significativamente» la regulación de la evaluación, la promoción y la titulación, «basándola principalmente en la consecución de los objetivos y en la adquisición de las competencias que se estimen necesarios para la formación del alumnado en cada momento».
«En consonancia con este marco, cobra una especial relevancia la actuación colegiada del equipo docente, a quien se otorga la responsabilidad última de la decisión sobre la promoción y la titulación de su alumnado, dentro de los márgenes establecidos por las Administraciones educativas y los proyectos educativos de los centros», añade.
Al mismo tiempo, destaca que la nueva redacción de la norma «favorece el establecimiento de mecanismos de apoyo y refuerzo». Por ello, dispone que la permanencia en un mismo curso escolar en la educación básica debe ser considerada «una medida excepcional que solo se podrá adoptar una vez durante la Educación Primaria y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria, y que deberá ir acompañada de un plan específico y personalizado de apoyo para la adquisición de las competencias no alcanzadas».
En concreto, el proyecto de real decreto establece que en Educación Primaria «la evaluación del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje», y las decisiones sobre la promoción serán adoptadas colegiadamente por el equipo docente en una sesión de evaluación que tendrá lugar al finalizar el curso escolar.
En relación con la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), la evaluación será «continua, formativa e integradora» y, como en Primaria, las decisiones sobre promoción y titulación serán adoptadas colegiadamente por el equipo docente tras una convocatoria de evaluación que tendrá lugar al finalizar el curso escolar.
Los alumnos de ESO promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias que, en su caso, pudieran no haber superado, «les permite seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica». En todo caso, promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias.
Celaá asegura que era «muy urgente» para el Gobierno aprobar la LOMLOE, que sustituye a una LOMCE «desconectada»
La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha asegurado este jueves que era «muy urgente» para el Gobierno aprobar la nueva Ley educativa, la LOMLOE (también conocida como ‘Ley Celaá’), una norma duramente criticada por la oposición por no contar para su tramitación con la comunidad educativa.
Según ha explicado este jueves en Barcelona durante la inauguración del seminario ‘La LOMLOE: un paso adelante para la equidad, la calidad y la excelencia de la educación’, organizado por la Diputación de Barcelona, urgía aprobar una nueva Ley de Educación para así dejar atrás la LOMCE, una «legislación desconectada de las corrientes pedagógicas más interesantes europeas o internacionales», a juicio de la ministra.
«Sentimos la necesidad de tener otro marco legislativo para llegar a desarrollos que nos fueran útiles», ha añadido Celaá, que defiende que la LOMLOE está «conectada con Europa, la Agenda 2030 y la UNESCO».
La ministra ha dedicado su intervención inicial a defender la Ley. En primer lugar, ha insistido en que la LOMLOE pone sobre la mesa una «realidad incómoda pero real» como es la segregación escolar. «Sabemos que no se puede llegar de 0 a 100 en un año, pero lo importante es trazar el camino correcto», ha afirmado Celaá, que advierte de que «todos» los niños y jóvenes «tienen que caber» porque «todos tienen el mismo derecho» a la educación.
En este sentido, asegura que la LOMLOE establece que la prestación del servicio público de la educación se hace por la red pública y por la red concertada, por tanto, «ambas tienen que asumir todo lo que significa la tarea de educar en equidad». «Si ambas redes tienen acceso al sistema público de prestación financiera, queremos que compartan derechos y obligaciones», avisa.
Por otro lado, ha hablado de que la nueva Ley, que fue aprobada el pasado 23 de diciembre, regula la educación infantil de 0 a 3 años –que en España es de carácter voluntario–, ya que se trata de una «etapa educativa» y «como tal ha de tratarse». La LOMLOE establece el incremento progresivo en la oferta de plazas públicas en el primer ciclo «con el fin de atender todas las solicitudes de escolarización de la población infantil de 0 a 3 años», un aspecto que también ha recibido críticas, sobre todo, por parte de las patronales.
Para la ministra, existe «evidencia» de que la primera etapa de educación infantil redunda en un «beneficio» en el desarrollo de los menores. De ahí que la nueva Ley incorpore el «interés superior del menor», según la ministra.
Diseñar unidades didácticas por varios profesores mejora el aprendizaje
Según ha puesto de manifiesto un proyecto europeo en el que participa la Universidad de Córdoba, se trata del desarrollo de las llamadas lesson study, que vienen a abundar en el aprendizaje cooperativo, en las que se trabaja “en grupo con una serie de objetivos, tareas y finalidades y de una forma específica, no como el alumno quiere, sino como tú quieres que lo haga”. Así lo ha expresado a Efe María Elena Gómez Parra, profesora titular de la Facultad de Educación de la Universidad de Córdoba, responsable en la institución académica española del proyecto internacional DICO+, liderado por la Agencia Nacional Francesa por encargo de la Unión Europea.
En el proyecto, que celebra en Córdoba la próxima semana un congreso y el acto final de diseminación, participan, además de España y Francia, entidades de Lituania, Rumanía, Hungría y Países Bajos, que han actuado sobre los niveles de Primaria y Secundaria y con alumnado de entre 8 y 14 años, cuyo en abandono escolar en Europa es “bastante alto, aunque no significativo”, según Gómez. Para su desarrollo han colaborado 11 entidades europeas, entre instituciones de formación del profesorado, cuerpos de inspectores, escuelas con enfoques cooperativos y asociaciones europeas de profesorado.
Las lesson study nacen en Japón y tratan de “organizar una serie de alumnos que trabajan juntos pero de una forma estructurada”, pero no solo, sino que cuentan también con la participación del “profesorado que diseña esa unidad de didáctica”. “La implementación de la unidad es colaborativa desde el punto de vista del alumnado y el profesorado, que está en el aula viendo cómo se implementa la acción, que se graba para analizar más tarde el proceso, concreta la profesora cordobesa.
Ahora toca el análisis de los tres años de trabajo que los docentes universitarios y no universitarios han desarrollado en los seis países, una de cuyas anualidades estuvo marcada por la pandemia, que sacó a los alumnos de las aulas.
Para Gómez Parra, “el hecho de que el profesorado contribuya colaborativamente a diseñar esas unidades didácticas hace que estén más pulidas, mejor hechas, mejor estructuradas, más pensadas, y el alumno trabaja mucho más fácilmente y se divierte más y aprende más cuando lo hace a través de una lesson study“. Por ello, enfatiza, “estas unidades le gustan más” en el conjunto de las que se han diseñado en los distintos países, que han tenido a las Matemáticas como materia común. De hecho, esta asignatura es de la que parten las lesson study. En este proyecto europeo también se ha implementado “un poco de todo”, desde Educación Cívica, a Ciencias Sociales, pasando por Ciencias Naturales e Historia. En el caso de la profesora Gómez Parra, integrante del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Córdoba, se han impartido en inglés.
Colegios públicos que abandonan el bilingüismo: “Es un engaño, los niños ni aprenden inglés ni las materias”
A Rubén García, maestro de 39 años, le inquieta tener que recurrir a la diva del nuevo country estadounidense Taylor Swift para enseñar Ciencias Naturales. Él da clase en un colegio público bilingüe de Valladolid y la primera vez que sus alumnos miran el dibujo de un tipo de ave originaria de África en su libro de texto, ven escrita al lado la palabra swift, que es vencejo en inglés. A los chavales, que están en primaria, les resulta complicado retenerla y por eso el profesor busca referencias anglosajonas que puedan recordar, como la famosa artista de Pensilvania. Igual que otros maestros, cree que el programa bilingüe en España no está bien planteado. Identifica dos grandes problemas. El léxico y la gramática de los libros de texto de ciencias van más avanzados que los de la asignatura de inglés en cada uno de los cursos, por lo que los alumnos no tienen el suficiente nivel para interiorizar lo que leen. Eso los conduce a tener que memorizar sin poder deglutir los contenidos.
Su colegio, el Antonio Allúe Morer, es uno de los siete centros públicos que han abandonado el programa bilingüe en Castilla y León (de los 374 que lo siguen) desde su puesta en marcha por la Junta en el curso 2006-2007. No es la única autonomía en la que colegios e institutos se están bajando del bilingüismo: en Castilla-La Mancha ya son 80 los que han abandonado el modelo (de un total de 271) desde que la Junta lo lanzó en el curso 2005-2006; y en Navarra (donde 114 centros están adheridos) un colegio ha conseguido por primera vez la luz verde del Gobierno para renunciar al programa a partir del próximo curso (allí comenzó en el 2010-2011).
¿Qué está fallando para que una de las grandes apuestas educativas de partidos políticos de diferente color pinche? Antonio Cabrales, investigador de la Universidad Carlos III y coautor del informe Evaluating a bilingual education program in Spain (2017), cree que al exceso de contenidos del currículum español se suma que las asignaturas se den en inglés con docentes que no son nativos. “Hay que prescindir de algo y esa decisión no se ha tomado”, añade.
El bum del bilingüismo no ha parado desde que las comunidades autónomas lo lanzaran a principios de los 2000, permitiendo a los centros públicos y concertados adherirse de forma voluntaria. De los 240.154 alumnos matriculados en esos programas en el curso 2010-2011 en las diferentes autonomías (excepto Cataluña que no ofrece datos), se pasó a 1,4 millones en el 2019-2020, un aumento del 498%, según el análisis de EL PAÍS con los datos publicados por el Ministerio de Educación. En España hay 8,2 millones de alumnos en las enseñanzas no universitarias, los matriculados en bilingüe suponen el 17,3%.
Los expertos denuncian la falta de análisis y datos objetivos sobre los efectos en el aprendizaje de los alumnos y acusan a las regiones de usar a los estudiantes como banco de pruebas para cumplir sus promesas electorales. El 95,8% de los alumnos españoles en la red bilingüe ha escogido el inglés como lengua de enseñanza.
6 de julio de 2021
¿Es la reducción de ratios la solución a los problemas educativos?
Cuando José Giner entró por primera vez en clase este curso y miró a su alrededor, pensó: “Esto es otra cosa”. El maestro del colegio público Bertomeu Llorens i Royo de Catarroja (Valencia) tenía ante sí a 13 alumnos de primero de primaria, cuando un año normal habrían sido 26. “Ha ido muy bien, sobre todo por la atención más personalizada que he podido darles. Hay niños que desarrollan con más rapidez la competencia lectora y escritora y son más autónomos, y otros necesitan más tiempo y dedicación. Esta vez he tenido la sensación de darles a todos una respuesta educativa más adecuada. Es difícil saberlo, pero puede que haya servido para que niños que habrían tenido dificultades en el futuro no las tengan o sean menores”.
Las normas para prevenir contagios en la escuela han reducido este curso las ratios de alumnos por clase a niveles históricos, si bien ha habido grandes diferencias entre comunidades autónomas en función de los recursos adicionales que han recibido los centros, explica Vicent Mañes, presidente de la federación de directores de colegios públicos Fedeip, y también del espacio con el que contaba cada escuela. “Allí donde la reducción ha podido hacerse, se ha notado mucho”, añade.
Este curso se han creado 9.004 clases más en primaria, hasta sumar un total de 142.137 grupos, pese a que el número de alumnos ha descendido un 2,3%. En la ESO se han formado 7.727 unidades adicionales, hasta las 87.081, en paralelo a un aumento en el número de estudiantes en la etapa del 1,3%. La creación de nuevas unidades ha respondido en casi todos los casos a desdobles y ha producido como consecuencia la reducción en las ratios de alumnos por aula en los grupos divididos. Una mejora que ha tenido una distribución geográfica muy desigual. En general se han concentrado en las zonas más densamente pobladas, donde partir las clases ha sido necesario para cumplir los protocolos sanitarios.
Colegios públicos que abandonan el bilingüismo: “Es un engaño, los niños ni aprenden inglés ni las materias”
A Rubén García, maestro de 39 años, le inquieta tener que recurrir a la diva del nuevo country estadounidense Taylor Swift para enseñar Ciencias Naturales. Él da clase en un colegio público bilingüe de Valladolid y la primera vez que sus alumnos miran el dibujo de un tipo de ave originaria de África en su libro de texto, ven escrita al lado la palabra swift, que es vencejo en inglés. A los chavales, que están en primaria, les resulta complicado retenerla y por eso el profesor busca referencias anglosajonas que puedan recordar, como la famosa artista de Pensilvania. Igual que otros maestros, cree que el programa bilingüe en España no está bien planteado. Identifica dos grandes problemas. El léxico y la gramática de los libros de texto de ciencias van más avanzados que los de la asignatura de inglés en cada uno de los cursos, por lo que los alumnos no tienen el suficiente nivel para interiorizar lo que leen. Eso los conduce a tener que memorizar sin poder deglutir los contenidos. Su colegio, el Antonio Allúe Morer, es uno de los siete centros públicos que han abandonado el programa bilingüe en Castilla y León (de los 374 que lo siguen) desde su puesta en marcha por la Junta en el curso 2006-2007. No es la única autonomía en la que colegios e institutos se están bajando del bilingüismo: en Castilla-La Mancha ya son 80 los que han abandonado el modelo (de un total de 271) desde que la Junta lo lanzó en el curso 2005-2006; y en Navarra (donde 114 centros están adheridos) un colegio ha conseguido por primera vez la luz verde del Gobierno para renunciar al programa a partir del próximo curso (allí comenzó en el 2010-2011).
¿Qué está fallando para que una de las grandes apuestas educativas de partidos políticos de diferente color pinche? Antonio Cabrales, investigador de la Universidad Carlos III y coautor del informe Evaluating a bilingual education program in Spain (2017), cree que al exceso de contenidos del currículum español se suma que las asignaturas se den en inglés con docentes que no son nativos. “Hay que prescindir de algo y esa decisión no se ha tomado”, añade.
Menos deberes en verano y más andar descalzo por la hierba y soñar despierto
Eva Bailén defiende que los deberes durante el verano, “salvo que el niño lo pida porque le gusta”, son “contraproducentes” para quienes han trabajado bien durante el curso y lo que necesitan es descansar.
Este tipo de tareas suelen ser muy “repetitivas” y los estudiantes que han tenido alguna dificultad de aprendizaje, sin el apoyo de los profesores, “se van a desmotivar”, añade Bailén, que tiene activa en la plataforma change.org una campaña por la racionalización de los deberes (229.975 firmas). En este sentido es más partidaria de acercar la vida real a los conocimientos transmitidos en la escuela, por ejemplo convertir la cocina en un laboratorio de divisiones y multiplicaciones o utilizar los juegos de mesas, porque en definitiva de lo que se trata es de “aprender y no hacer ejercicios”.
En similares términos, Aránzazu, periodista y madre de dos niñas pequeñas, es contraria a imponer los deberes, pero sí defiende actividades como leer y llevar a la práctica diaria lo que sus hijas aprenden en el centro educativo, algo que de hecho ya hace durante todo el año, no solo en el periodo estival. No está a favor de que todos los días sea obligatorio dedicar un determinado tiempo a los deberes y acabar los cuadernos veraniegos de repaso, pero sí mantener “un poquito la rutina” para evitar que las niñas estén desconectadas durante casi tres meses.
La profesora Pilu Hernández Dopico se pregunta en una entrevista con Efe si no es suficiente que los escolares hayan pasado casi diez meses un mínimo de cinco horas diarias “sentados en una silla y obedeciendo, porque en muchas ocasiones la educación de hoy es coaccional y coarta la creatividad”. “¿Qué pasaría si una empresa mandara a todos sus empleados trabajo en sus vacaciones? Abriría todos los informativos de todo el mundo y nos echaríamos las manos a la cabeza. Entonces, ¿por qué no vemos así los deberes? Para los niños no dejan de ser un trabajo y están cansados, y más este año”.
Hernández Dopico, que además de maestra imparte cursos de formación a futuros profesores, defiende dejar a los niños disfrutar de su descanso y que las familias piensen en otros “deberes” para los niños: soñar despierto, andar descalzo por la hierba, leer, escribir, aprender a escuchar, jugar con globos de agua, compartir, observar estrellas fugaces o disfrutar de la compañía de los demás. En opinión de esta profesora, uno de los problemas es que se pretende que la educación sea cómoda y eso, subraya, “¡no es posible!”. “Una comodidad son los deberes, tienes ocupado y callado al niño durante una o dos horas en su habitación”, explica la maestra, quien rechaza en rotundo la argumentación de que los escolares puedan olvidar lo aprendido durante el cuso en solo unos meses.
Proyecto para fomentar la Educación del carácter en países de habla hispana
La iniciativa Character education leadership program for Mexican public schools, que se desarrolla conjuntamente con investigadores de la Universidad Panamericana en Guadalajara (México), se está llevando a cabo en escuelas públicas de la ciudad mexicana de Guadalajara desde mayo de 2021, informa la Universidad de Navarra en un comunicado.
El proyecto, que se prolongará hasta abril de 2023, está financiado por la Templeton World Charity Foundation, que desde su origen ha promovido la investigación rigurosa sobre las acciones y estrategias que desarrollan el carácter de las personas. “Este estudio internacional consiste en traducir y adaptar culturalmente iniciativas del Centro para el Carácter y Ciudadanía que, durante los últimos veinte años, han ayudado a cientos de directivos de diversos países a transformar las comunidades de sus escuelas”, afirma Juan Pablo Dabdoub, codirector del proyecto y profesor de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra.
La Educación del carácter, según este experto, es uno de los ámbitos educativos que más relevancia está adquiriendo a nivel internacional, en países como Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Indonesia o los Emiratos Árabes Unidos. “En Latinoamérica y en España cuesta encontrar evidencia de programas que hayan sido medidos y evaluados en virtud de su eficacia, y se encuentren implementados a mayor escala”, añade.
Por su parte, la codirectora del proyecto Daniela Salgado afirma que “en aras de sumar a una Educación del carácter en México –tan urgente y necesaria–, el enfoque está puesto en la formación docente”. El proyecto, según explica, apuesta por “desarrollar estrategias a medio y largo plazo en las escuelas públicas, donde los profesores desarrollen ese liderazgo, esa capacidad para generar estrategias educativas diseñadas por ellos mismos y acordes a su contexto y a su comunidad educativa”.
Entre mayo y junio, los investigadores han realizado entrevistas a maestros, estudiantes y familias en las escuelas de Guadalajara, algunas en zonas de extrema pobreza, para evaluar diferentes soluciones para sus necesidades. Entre las actividades que organizaron con la comunidad educativa, destaca un curso sobre liderazgo en educación del carácter impartido por Dabdoub al que asistieron más de 30 directivos de estos centros.
Madrid vacunará desde el miércoles a los estudiantes que se vayan de Erasmus
Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero en su visita al dispositivo de realización de test de antígenos del intercambiador de Plaza de Castilla, donde ha añadido que este plan especial para estudiantes está dirigido a madrileños a partir de los 16 años.
Deberán solicitar cita para la vacunación a partir del próximo martes, pudiendo elegir entre cuatro espacios específicos, como son el centro de vacunación de General Oraa (en el distrito de Salamanca), el Hospital La Paz, el Colegio de Médicos de Madrid o la sede del Ayuntamiento de Madrid, en la calle Montesa, según ha especificado Escudero.
Los criterios que deben cumplir los jóvenes serán tener 16 o más años y presentar un documento acreditativo de su admisión en el programa de formación internacional, en el que se señale que la duración de su estancia en el país extranjero será superior a tres semanas. “Es momento de continuar dando pasos firmes que permitan a la sociedad recuperar la confianza”, ha aseverado el consejero de Sanidad.
La UPO consolida su oferta de 41 másteres oficiales para el curso 2021-2022 en un escenario regido por la máxima presencialidad
La Universidad Pablo de Olavide ofertará para el próximo curso 2021-2022 un total de 41 másteres universitarios, consolidando de esta manera esta oferta en un nuevo escenario en el que la UPO apuesta por la máxima presencialidad permitida por las autoridades sanitarias.
Solo si fuera necesario, y si no fuera posible la presencialidad del 100% del estudiantado en caso de que continuara la emergencia sanitaria, la Universidad Pablo de Olavide ha preparado un dispositivo de enseñanza dual interactiva, que implica que puedan participar tanto los alumnos desde casa como desde el aula e interactuar entre ellos y con el profesorado, a través de la instalación de un sistema de cámaras, monitores y sonido específico (aulas de aprendizaje dual interactivo).
La Universidad Pablo de Olavide presenta una oferta muy consolidada en diversos campos, en la que destacan, en primer lugar, los programas de biotecnología (sanitaria y medioambiental) o el dedicado a la ciencia y tecnología de aceites y bebidas fermentadas, todos ellos en estrecha colaboración con los centros colaboradores del CSIC y con un componente muy fuerte de especialización científica.
En segundo lugar, la UPO renueva su apuesta por programas multidisciplinares en temáticas socio-ambientales como el cambio climático, los recursos hídricos, las ciencias sociales aplicadas al medioambiente, la biodiversidad, la agroecología, o la educación ambiental, entre otros. Todos ellos se nutren y retroalimentan también con las iniciativas del proyecto Campus de Excelencia Internacional CEI CamBio, coordinado por la Universidad Pablo de Olavide.
En tercer lugar, destaca el éxito de la oferta de títulos de doble máster, con el eje central del Máster habilitante en Abogacía, y que incluye la especialización en derecho de la contratación y responsabilidad civil o en derecho de las nuevas tecnologías.
Sanidad confirma que las medidas “anticovid” han reducido la varicela y los piojos
Los casos de paperas, sarampión, rubeola o varicela han marcado registros residuales en el curso escolar que acaba de concluir en la Comunitat Valenciana, según datos de Salud Pública referidos a menores de 16 años. Las personas expertas apuntan a que las medidas impuestas debido a la pandemia de la covid- 19 han cortado también las cadenas de transmisión de estas otras enfermedades de declaración obligatoria.
El uso de la mascarilla, el gel hidroalcohólico, las limitaciones en los contactos y la ventilación en las aulas han cristalizado en una importante reducción en el número de casos de paperas, sarampión, rubeola o varicela en los centros escolares valencianos. Estas patologías, que ya estaban en franco retroceso en la Comunitat Valenciana gracias a las campañas de vacunación, apenas han alterado el día a día del curso escolar que terminó hace dos semanas.
En concreto, los registros de Salud Pública revelan que este curso ha habido ocho casos de paperas, frente a los 26 de 2018-2019, el último curso sin pandemia por coronavirus.
De sarampión y rubeola no se ha registrado caso alguno durante este curso. En cambio, en 2018/2019, hubo 7 menores que contrajeron sarampión y no hubo rubeola.
Finalmente, las medidas de higiene y distanciamiento social que el alumnado ha seguido para combatir en las aulas la covid 19 se han traducido también en una reducción del 88 por ciento en los casos de varicela.
Durante el curso 2018/19 se contabilizaron 5.503 casos; el curso que terminó hace dos semanas se cerró con 671 diagnósticos de varicela. La mayoría de estos casos (469) fueron en la franja de edad de 6 a 12 años; seguida de 100 diagnósticos en menores de 3 a 5 años; y 76 más en niños/as que no habían cumplido los dos años, Además, hubo 26 jóvenes de 13 a 16 años con varicela.
Mención aparte merecen los “pediculus humanus capitis”, que se monitorizan en caso de grandes infestaciones y este curso escolar no se ha comunicado ninguno. En la mayoría de los centros han desaparecido de los comunicados escolares porque el metro y medio de distancia entre el alumnado y los grupos burbuja los han mantenido a raya. LARAZON
7 de julio de 2021
El conseller de Educación: «La modernización de la FP será clave en la recuperación social y económica de esta pandemia»
El conseller de Educación realiza un balance del curso escolar de la Covid, constatando las aulas como espacios seguros en pandemia. Además aborda todos los asuntos importantes de cara al próximo curso, desde la vacunación a los alumnos, infraestructuras, los ámbitos y la Ley Celaá, entre otros.
¿Qué balance hace del curso escolar acabado? ¿Y de su actividad como conseller de Educación durante este último sexenio? ¿Cree que ha cumplido con sus deberes? ¿Qué asignatura troncal tiene aún pendiente de lograr?
Se ha demostrado que los centros educativos han sido los espacios de socialización más seguros durante estos meses.La adaptabilidad a los diferentes retos que se han planteado en materia educativa en cada momento, la inversión y la comunicación constante con el conjunto de la comunidad educativa han sido las claves para hacer frente a esta pandemia desde el punto de vista educativo. Por eso hemos aumentado los fondos económicos para organizar los centros educativos siguiendo las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias. La clave ante la emergencia siempre es el refuerzo del servicio público, no los recortes como hacían gobiernos del pasado. Hemos sido la única Comunidad Autónoma que hemos proveído a los centros de purificadores con filtros HEPA o proporcionado máscaras FFP2 al profesorado. Todo siempre teniendo muy claro que debíamos atender a la emergencia sanitaria y a la vez estar muy centrados en aquello realmente importante para la educación de calidad: continuar con el trabajo de desarrollar proyectos educativos innovadores e inclusivos; continuar con todas las líneas que aseguran la igualdad de oportunidades para el alumnado; y continuar trabajando para mejorar las infraestructuras escolares. Respecto a la gestión educativa de estos últimos 6 cursos ha estado centrada en estos ejes que te comentaba. Fruto del trabajo de todo el equipo de Educación se creó Xarxa Llibres, un programa totalmente consolidado y que garantiza la gratuidad de los libros de texto; iniciamos también el camino para garantizar la escolarización en el tramo 0-3, tanto con las aulas gratuitas de 2 años como con los progresivos aumentos cada curso del Bono Infantil; hay que recordar también el importante aumento de las becas de comedor; Edificant es una realidad que se observa en cada municipio con la mejora y construcción de centros educativos; una cuestión también central está siendo importante la modernización e impulso de la FP valenciana, que será clave para la recuperación social y económica de esta pandemia. Sin dejar al margen la inclusión educativa y la innovación en las aulas, así como la formación del profesorado, el aumento y estabilización de las de las plantillas, las mejoras laborales de los docentes con acciones como la bajada de horas lectivas y la progresiva bajada de ratios para asegurar una mejor atención educativa. En educación siempre queda mucho por hacer, rehacer y definir. Somos muy exigentes con nosotros mismos, pero tenemos muy clara nuestra hoja de ruta desde siempre: trabajar y trabajar por una educación de calidad, inclusiva y para todos y todas.
¿Cree que el curso 2021/22 será definitivamente el de la vuelta a la normalidad?
Ahora contamos con un nuevo factor positivo para la educación: la vacunación masiva de todo el personal de los centros educativos, fruto de la demanda que hicimos en su momento. También será una ayuda importante la vacunación del alumnado de ESO, Bachillerato y FP. No obstante, pese a la vacunación, el virus está ahí y no debemos bajar la guardia. Seguir a rajatabla las medidas de seguridad y contar con los recursos necesarios para aplicarlas volverán a ser la clave del éxito.
Educación y Sanidad evaluarán en agosto las medidas Covid para el nuevo curso
Celaá, que ha presidido junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la firma de un acuerdo para la Formación Profesional de los militares de Tropa y Marinería, en la base de El Goloso (Madrid), ha abogado por no retirar ni las mascarillas ni ninguna de las medidas que han permitido, “siguiendo una disciplina férrea, transitar todo el curso con los centros abiertos”.
El próximo curso, con los datos que están hoy sobre la mesa, se permitirá a las autonomías reducir la distancia interpersonal en las aulas –pasando del metro y medio a 1,2 metros–, aunque a finales del mes de agosto habrá una reunión para “actualizar las circunstancias y, por tanto, las medidas higiénico sanitarias como hicimos el año pasado”, ha añadido en declaraciones a la prensa. Además ha recordado la intención de vacunar a los alumno de entre 12 y 17 años antes del comienzo del curso 2021-22 pero, ha matizado, esto es una competencia del Ministerio de Sanidad. “Hablamos con el Ministerio (de Sanidad) porque en algunos sitios han empezado a vacunarse ya a adolescentes por circunstancias que ustedes conocen mejor que yo y, por tanto, nosotros lo que queremos es comenzar la vacunación dos semanas antes o así; empezar el curso con esa hipótesis”.
El pasado 19 de junio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que de cumplirse las autorizaciones de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), dos semanas antes del inicio del curso 2021-22 se podría iniciar la vacunación de los estudiantes de Secundaria y de Bachillerato.
Las medidas frente a la Covid-19 para el próximo curso, acordadas en mayo por Sanidad y Educación junto a las comunidades autónomas, garantizan las clases presenciales en todas las etapas educativas en las comunidades con bajo riesgo de contagio, la obligación de la mascarilla a partir de los 6 años y la reducción de la distancia de seguridad de 1,5 a 1,2 metros dentro del aula.
Tiana: «La decisión de repetir o no, no se puede decidir en base a suspensos o aprobados”
Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, ha defendido que no se haga repetir de curso a los alumnos en base solo a criterios de suspensos y aprobados. “La repetición de curso no soluciona nada”, ha asegurado, ya que “es el mejor indicador de fracaso escolar”. Así lo ha declarado Tiana durante su intervención previa al curso Memoria Democrática: Reconstrucción del pasado en el momento presente, parte de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde analiza la importancia de la memoria en la Educación para construir una sociedad más democrática.
Tiana ha encarado así la polémica generada por el proyecto que el Ministerio envió a las comunidades autónomas hace unas semanas, en el cual se regulaba la evaluación y la promoción de curso en Primaria, Secundaria y Bachillerato. En el documento, se plantea que la repetición de curso no se haga bajo criterios de suspensos sino que se tome la decisión como “medida excepcional” por el equipo docente.
Además, ha apuntado que “los que hemos sido docentes sabemos de la dificultad que tiene tratar con repetidores” y ha mostrado su confianza en la “profesionalidad de los profesores” para aplicar estas medidas. “No se está regalando nada”, ha apuntado. “Con el sistema actual les atamos las manos respecto a qué soluciones aplicar”, ha asegurado Tiana, quien ha considerado que “algunos tendrán que repetir” pero subrayando la excepcionalidad de la decisión.
“El equipo docente es el que mejor conoce a sus alumnos y necesidades”, ha apuntillado, por lo que ha considerado que “no pueden ser solo contables de suspensos y aprobados”. “No tiene sentido suspender tres o cuatro asignaturas y no avanzar en las otras materias”, ha añadido.
Tiana ha defendido la medida, asegurando que los estándares internacionales muestran que España “no tiene el mejor sistema educativo” y ha señalado que el informe PISA muestra que los niveles de rendimiento bajo son similares en todos los países europeos, “pero en España hay el triple de repetidores”.
El modelo curricular
El secretario de Estado ha explicado también la aplicación del modelo curricular y su importancia dentro de la Educación democrática, que según ha señalado, se aplicará a partir de 2022. Tiana ha defendido que este modelo, “no trata de insertar una asignatura”, sino de plantear “espacios”.
Por otro lado, ha asegurado que la reforma se centrará en “el perfil de salida de los estudiantes”, y ha señalado que “se está trabajando con las comunidades autónomas” para lograr un modelo en base a las recomendaciones europeas. “Portugal es el modelo a seguir”, ha añadido el secretario de Estado.
Celaá y Robles firman un acuerdo para “canjear” experiencia por títulos de FP en el Ejército
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y su homóloga de Defensa, Margarita Robles, han firmado este martes un acuerdo de colaboración para impulsar acciones de Formación Profesional destinadas a la obtención de certificados de profesionalidad para los militares de tropa y marinería y del colectivo de reservistas de especial disponibilidad. El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) dedicará siete millones de euros a esta nueva iniciativa que ofrecerá más de un centenar de acciones formativas en 37 especialidades profesionales diferentes.
Estas actividades beneficiarán a más de 2.000 militares y se desarrollarán en alrededor de 60 instalaciones acreditadas en todo el territorio nacional. “Este acuerdo refleja el reconocimiento que hace toda la sociedad hacia su personal de tropa y marinería, facilitando su reinserción profesional en la vida civil a la que aportará los conocimientos técnicos y los valores de integridad adquiridos durante su experiencia militar”, ha declarado Isabel Celaá. “Nuestros militares forman quizá uno de los cuerpos de empleados públicos mejor preparados y respetados por desempeñar su labor en las condiciones más difíciles y peligrosas”, ha añadido. Margarita Robles ha señalado que “tener dentro de la plantilla profesional de una empresa a un hombre o mujer que ha formado parte de las Fuerzas Armadas es un éxito seguro, por eficacia, dedicación, esfuerzo y generosidad”, al tiempo que ha agradecido a su homóloga y a todo su equipo la “apuesta sólida” por la Formación Profesional de los soldados. La firma ha tenido lugar en la base militar El Goloso de Madrid, una de las instalaciones militares acreditadas para impartir Formación Profesional. Las ministras, acompañadas por el Jefe del Estado Mayor del Ejército, general de ejército José Varela, la subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce, y la secretaria general de Formación Profesional del MEFP, Clara Sanz, han presenciado una clase práctica de los cursos de Conductor de Transporte Sanitario y de Auxiliar Sanitario en Situaciones de Emergencias y Múltiples Víctimas, formación esencial en la operación BALMIS, con motivo de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.
Tras la firma del acuerdo, la ministra de Defensa ha impuesto la Gran Cruz al Mérito Militar a la secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz, como reconocimiento a su labor. “Es un placer siempre contribuir a la mejora de la formación de nuestras Fuerzas Armadas, que dedicáis vuestra vida a aliviar la de los demás. Vuestra entrega, vuestra vocación incondicional y vuestro espíritu de servicio y superación es sin duda un ejemplo para todos”, ha subrayado la condecorada. El acuerdo ratificado hoy por Isabel Celaá y Margarita Robles se suma a otras acciones conjuntas desarrolladas por ambos ministerios en el marco del Plan de Modernización de la Formación Profesional del MEFP y que pretenden integrar las enseñanzas militares con la formación acreditable ligada al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.
Unos 2.500 profesores de centros concertados, despedidos y sin indemnización
El final de curso ha sido amargo para cerca de 2.500 profesores de la enseñanza concertada, que durante todo el curso pasado, en lo más crudo de la pandemia, reforzaron las plantillas de los centros para hacer posible el cumplimiento de las medidas de control del Covid-19: aulas desdobladas y con menos alumnos por clase. Estos docentes han visto cómo su contrato se acababa con el último día lectivo, pero aún les esperaba otra sorpresa: recibieron el finiquito, pero no la indemnización correspondiente.
En concreto, se trata de una compensación recogida en la normativa y que supone 12 días de sueldo por año trabajado. En el caso de estos profesores, la mayoría de los cuales firmaron sus contratos para empezar a trabajar en otoño, les corresponderían 9 días de indemnización. En números redondos, calculan fuentes del profesorado, supondrían unos 400 euros de media por cada uno de ellos. O, lo que es lo mismo, en torno a un millón de euros para el conjunto.
Informe jurídico
Una cantidad importante de la que nadie se quiere hacer cargo: la consejería de Educación mira a los centros escolares, y éstos a la Administración regional. Y mientras, los docentes ya han sido despedidos y no han cobrado.
El Gobierno regional no paga estas indemnizaciones. Así ha ocurrido históricamente, y así lo confirman fuentes de la Consejería de Educación:este área «solicitó un informe a los Servicios Jurídicos en el que finalmente se concluye que no debe abonar las indemnizaciones legales por despido». Se basa esta decisión en el argumento de que «la Comunidad de Madrid está obligada al pago delegado de las nóminas de los docentes de centros concertados en lo que respecta a lo que señala la normativa (LOE)» pero eso «no incluye las indemnizaciones legales por despido».
La situación la confirma el secretario del sindicato mayoritario en el sector, FSIE-Madrid, Francisco José del Castillo explica que «los contratos Covid caducaron el último día lectivo, y entonces los profesores debían recibir su finiquito, con el sueldo del mes y la parte proporcional de pagas extra y vacaciones; pero también su indemnización». En este último asunto, añade, hay «un litigio entre la Consejería y las empresas», a resultas del cual los docentes no han cobrado ese concepto. «A nosotros nos da igual quién lo pague; no entramos en quién lo abone, pero vamos a gestionar jurídicamente las reclamaciones de cantidad correspondientes», aclara Del Castillo.
8 de julio de 2021
Murcia, Castilla y León, Galicia y Andalucía siguen la senda de Ayuso y protegerán la educación concertada frente a la Ley Celaá
La Ley Celaá comenzará a aplicarse en los colegios el próximo curso mientras se gesta un frente autonómico en contra que engloba a la mitad de la población escolar española. La primera región en armarse ha sido Madrid, que ayer aprobó el anteproyecto de Ley Maestra de Libertad Educativa. Los gobiernos de Murcia, Castilla y León, Galicia y Andalucía van a seguir la senda de Isabel Díaz Ayuso y también protegerán la libertad de elección de las familias, manteniendo el estatus que ha tenido hasta ahora la escuela concertada.
La falta de acuerdo en torno a la reforma educativa de Isabel Celaá va a dificultar el cumplimiento de la norma. Según la información que EL MUNDO ha solicitado a las 17 consejerías de Educación, en cada una de ellas se van a aplicar criterios distintos en cuanto a la escolarización, la admisión y la financiación.
Por ejemplo, Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia seguirán subvencionando a los colegios que separan por sexos, mientras que Cataluña, Extremadura o la Comunidad Valenciana van a dejar de hacerlo, como marca la Ley Celaá.
Con los puntos para entrar en un colegio sucederá igual. La Lomloe apuesta por escolarizar en el barrio mientras que regiones gobernadas por el PP defienden el distrito único, que permite que el estudiante, viva donde viva, pueda ir donde quiera. Murcia da 5 puntos sólo por residir en la localidad y ninguno por el barrio, mientras que en la Comunidad Valenciana es al revés: 10 puntos por proximidad del domicilio y ninguno por el municipio.
«Lo que se pretende es defender los derechos de calidad, de igualdad de oportunidades y de libertad de elección tras la promulgación de la Ley Celaá», resumió ayer el portavoz del Ejecutivo de Ayuso, Enrique Ossorio, que explicó la seis cosas de su norma que se alejan de la Lomloe. Para empezar, recupera la «demanda social» que permite que no se cierren plazas en la concertada. Incluye, asimismo, la posibilidad de que se puedan construir colegios concertados en suelo público, eliminada también de la Lomloe. También blinda el distrito único y permite la educación diferenciada por sexos, que, dijo Ossorio, «según el Constitucional no quiebra la igualdad». Además, recupera la mención del castellano como lengua vehicular de la enseñanza (suprimido en la Lomloe a instancias de ERC) y «respeta la voluntad de las familias» que quieran llevar a sus hijos a la educación especial. El texto tiene que ser aprobado por la Asamblea madrileña y necesitará la abstención de Vox.
Murcia también va a cambiar la norma para protegerse de la Ley Celaá. Fuentes de la Consejería explican que están preparando un nuevo decreto de admisión donde «se defenderá la libertad de elección de las familias y se mantendrá el distrito único municipal, conservando la esencia». Respecto a los colegios que separan por sexos, no hay intención de retirar los conciertos.
Castilla y León también trabaja ya en articular el próximo proceso de admisión, en donde estará el distrito único, según fuentes de la Consejería. Mantendrán la subvención a la diferenciada, aunque no será necesaria una nueva norma. «La Consejería apoya que en el resto de CCAA el castellano sea lengua vehicular», añaden las mismas fuentes.
Díaz Ayuso reta a Sánchez con una nueva norma educativa para neutralizar la ‘ley Celaá’
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido este miércoles enviar a la Asamblea regional la norma educativa con la que pretende neutralizar en lo posible la llamada ley Celaá (Lomloe), blindando la educación concertada y especial en la región, y manteniendo la segregación por sexos en centros sostenidos con fondos públicos (los privados concertados). El proyecto, que ya llegó a la Cámara en enero y quedó en suspenso por el adelanto electoral del 4-M, se ha puesto de nuevo en marcha en un momento especialmente sensible para la conflictiva relación entre las dos Administraciones: Isabel Díaz Ayuso será recibida por Pedro Sánchez este viernes en La Moncloa.
Desde que Díaz Ayuso llegó por primera vez al poder, en 2019, ha chocado con Sánchez por casi todo: la política sanitaria, la fiscal, la económica, o la internacional. La política educativa no ha sido una excepción. Desde que arrancó la tramitación de la Lomloe, aprobada finalmente en noviembre de 2020, el PP atacó el proyecto con dureza. Y como el Gobierno de Madrid es el gran escaparate de las propuestas de la formación conservadora, el Ejecutivo de Díaz Ayuso impulsa una norma con la que intenta neutralizar los aspectos de la ley nacional que no le gustan.
“La reciente aprobación de la ley Celaá ha supuesto un recorte de la libertad de elección de las familias a la hora de decidir centro y tipo de educación para los alumnos”, defendió Díaz Ayuso el 19 de junio, durante el debate para su investidura como presidenta regional. “Por eso, y con respeto absoluto a nuestra normativa constitucional y a la nueva Ley Orgánica de Educación, planteamos una ley autonómica que defienda la libertad”, añadió. “Concretamente, una ley que garantice la Libertad de elección de las familias y el distrito único, el criterio de la demanda social, la excelencia académica, los concursos públicos para centros concertados, la educación diferenciada, y por supuesto, la educación especial”, detalló.
Así, la propuesta de la Comunidad de Madrid reúne todos los requisitos para alimentar un nuevo choque con el Gobierno central. Este, probablemente, será uno de los asuntos que traten Sánchez y Díaz Ayuso el viernes, cuando tienen previsto reunirse en La Moncloa por primera vez desde que la líder conservadora accedió al poder.
“Lo que pretende la ley maestra de libertad educativa es defender los derechos de calidad educativa tras la promulgación de la ley Celaá”, ha asegurado este miércoles Enrique Ossorio, el portavoz del Gobierno de Madrid, subrayando que la norma busca “garantizar” la libertad de elección de centro educativo en Madrid y “proteger” el modelo de enseñanza concertada y especial. Además, ha señalado el también consejero de Educación, la nueva ley permitiría blindar la educación diferenciada por sexos en la región, porque “no quebranta la libertad”, o que siga habiendo concursos para usar suelo público para construir colegios concertados.
Los centros de FP: no queremos una formación de juguete, hace falta inversión
Así lo explica en una entrevista con la agencia Efe el presidente de la Asociación de Centros de Formación Profesional, Luis García Domínguez, antes de intervenir en la Comisión de Educación y FP del Congreso de los Diputados para dar su visión sobre el anteproyecto de la ley de Formación Profesional.
Aunque la ley incluye elementos “muy positivos”, el presidente de esta organización –formada por más de 300 centros públicos, privados y concertados donde estudian 280.000 de los 934.000 matriculados en FP del país–, cree esencial que la norma se apruebe con una memoria económica que garantice los adecuados recursos materiales y de personal. “Una de las piezas básicas es que no queremos una FP de juguete. Los chicos tienen que trabajar con herramientas profesionales, materias primas y maquinaria reales, eso vale dinero, y estamos en un mundo con una aceleración tecnológica brutal”.
En segundo lugar, explica García, el anteproyecto no menciona las ratios del número de profesores por alumno, por lo que pide establecer, al menos, un tope de 25 estudiantes en Grado Superior, 20 en Grado Medio y 15 en Grado Básico, y así frenar la alta tasa de abandono existente. “El 75 % de nuestras horas totales tienen un componente práctico y se trabaja en los talleres, laboratorios, en procesos tecnológicos complejos, con herramientas, con máquinas, algunas veces en talleres con un nivel de peligrosidad importante, por eso proponemos que se baje la actual ratio”, añade García. A esto último se suma que muchos de los chicos que llegan a los niveles de FP Básica y Media vienen “rebotados” del sistema educativo y arrastran problemas que van desde dificultades de aprendizaje a otros de tipo familiar y que desertan con frecuencia en el primer año. “Pero nosotros queremos que no se vayan, por eso necesitamos que el profesor le pueda prestar más atención”.
En cuanto a la ambiciosa intención de esta ley de que toda la Formación Profesional sea dual (enseñanza combinada con prácticas en empresas), García Domínguez abraza la idea pese a la dificultad que entraña a muchos niveles. “Es complejo”, entre otras razones, porque una empresa solo dedica una parte de sus recursos a formación si necesita trabajadores.
En anteproyecto distingue entre la FP Dual General –con un periodo de estancia en empresa de entre el 25% y el 35% de su duración total– y la FP Dual Avanzada: con una formación en empresa entre el 35% y el 50%, que se establece a través de una relación contractual entre el estudiante y la entidad. Otra dificultad que plantea la Dual Avanzada es que fija que el alumno debe recibir el Salario Mínimo (SMI) y darse de alta en Seguridad Social. De hecho, patronales como la CEOE ya han pedido un periodo de transición para su aplicación. Según el presidente de FPEmpresa, “si hay un problema económico veamos qué sectores o territorios pueden hacer desgravaciones o ayudar directamente a las empresas”.
Educación y Sanidad evaluarán en agosto las medidas Covid para el nuevo curso
Celaá, que ha presidido junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la firma de un acuerdo para la Formación Profesional de los militares de Tropa y Marinería, en la base de El Goloso (Madrid), ha abogado por no retirar ni las mascarillas ni ninguna de las medidas que han permitido, “siguiendo una disciplina férrea, transitar todo el curso con los centros abiertos”.
El próximo curso, con los datos que están hoy sobre la mesa, se permitirá a las autonomías reducir la distancia interpersonal en las aulas –pasando del metro y medio a 1,2 metros–, aunque a finales del mes de agosto habrá una reunión para “actualizar las circunstancias y, por tanto, las medidas higiénico sanitarias como hicimos el año pasado”, ha añadido en declaraciones a la prensa. Además ha recordado la intención de vacunar a los alumno de entre 12 y 17 años antes del comienzo del curso 2021-22 pero, ha matizado, esto es una competencia del Ministerio de Sanidad. “Hablamos con el Ministerio (de Sanidad) porque en algunos sitios han empezado a vacunarse ya a adolescentes por circunstancias que ustedes conocen mejor que yo y, por tanto, nosotros lo que queremos es comenzar la vacunación dos semanas antes o así; empezar el curso con esa hipótesis”.
El pasado 19 de junio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que de cumplirse las autorizaciones de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), dos semanas antes del inicio del curso 2021-22 se podría iniciar la vacunación de los estudiantes de Secundaria y de Bachillerato.
Las medidas frente a la Covid-19 para el próximo curso, acordadas en mayo por Sanidad y Educación junto a las comunidades autónomas, garantizan las clases presenciales en todas las etapas educativas en las comunidades con bajo riesgo de contagio, la obligación de la mascarilla a partir de los 6 años y la reducción de la distancia de seguridad de 1,5 a 1,2 metros dentro del aula.
Ayuso aprueba la Ley Maestra de Libertad Educativa para blindar la Concertada y la Especial
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy el proyecto de Ley Maestra de Libertad Educativa para que el texto pueda ser remitido a la Asamblea e inicie el debate previo a su entrada en vigor. Con ella, el Ejecutivo regional quiere “garantizar un sistema educativo acorde con la Constitución y con el ejercicio de la libertad de elección de centro escolar, recogida en su artículo 27, teniendo en cuenta la demanda de las familias y el desarrollo integral de los alumnos y, específicamente, de los que presentan necesidades educativas especiales”.
Esta nueva normativa, cuya entrada en vigor se prevé a lo largo de este próximo curso 2021-22, se aplicará en los centros sostenidos con fondos públicos, de forma que más de 1,2 millones de estudiantes se beneficiarán de ella. En la actualidad, el 54,5% de los alumnos de la región está escolarizado en centros públicos, mientras que 29,6% lo hace en concertados y el 15,9% en privados.
Los objetivos de la ley madrileña son, además, “garantizar la igualdad de oportunidades, avalar el derecho a recibir las enseñanzas en castellano, confirmar la pluralidad de la oferta educativa y fomentar la excelencia académica, asegurando la transparencia informativa en todos los procesos”.
Del mismo modo, regulará la “normalización, inclusión, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo para los estudiantes con necesidades educativas especiales”. El número alumnos escolarizados en la modalidad de Educación Especial en centros sostenidos con fondos públicos es de 5.839, de los que 2.974 pertenecen a centros públicos y 2.865 a concertados. Esta escolarización se revisará “de forma continua para que en cada momento se cuente con el entorno educativo más inclusivo y potenciador de las capacidades del alumno”, señala un comunicado del Gobierno regional. De esta manera, se quiere garantizar la “continuidad de los centros de Educación Especial en la Comunidad, pese a la aprobación de la nueva ley educativa estatal”, añade la nota.
La Administración educativa señala que “dotará de los recursos humanos y materiales necesarios, y se impulsará la formación del profesorado junto con la investigación e innovación en la atención del alumnado con necesidades educativas especiales”. Además, se promoverá la “implicación de las familias del alumnado, recogiendo estas actuaciones en los documentos de organización para hacer efectiva la comunicación y participación de la familia en la vida de los centros educativos”.
Ayuso manda a la Asamblea su contrarreforma a la «Ley Celaá»
El Gobierno de Díaz Ayuso vuelve a la carga con su contrarreforma educativa a la “ley Celaá” que entró en vigor hace siete meses. Ayer, el Consejo de Gobierno aprobó el Proyecto de Ley Maestra de Libertad Educativa con la que se garantizar la subsistencia de la concertada, la libertad de elección de los padres y protege la educación especial que, a su juicio, quedan malparadas con la Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe).
Se trata de la primera ley que el Ejecutivo de Díaz Ayuso manda a la Cámara regional esta legislatura y la segunda vez que se somete al procedimiento ya que, en enero pasado, la remitió para su tramitación pero la convocatoria de elecciones provocó que la iniciativa decayera. Tras recibir ayer el visto bueno del Consejo de Gobierno, “aterriza” en la Asamblea de Madrid y se espera que esté aprobada a lo largo del próximo curso. Afectará a 1,2 millones de alumnos de centros educativos sostenidos con fondos públicos, de los cuales el 54,5% de los estudiantes de la región están escolarizados en centros públicos, el 29,6% lo hacen en centros concertados y el 15,9% en privados.
Ayuso ha empuñado la bandera de la defensa del castellano. La norma autonómica garantizará el derecho a recibir las enseñanzas en español, como lengua oficial y vehicular de la educación, después de que estos términos se hayan suprimido por la ley estatal, que da amparo legal a que en Cataluña la práctica totalidad de las clases se impartan en la lengua autonómica. Ayuso prevé incluso promover este derecho suscribiendo convenios con otras comunidades autónomas e instituciones públicas y privadas para la difusión de la lengua oficial. “La Comunidad de Madrid promoverá, dentro del ejercicio de sus competencias este derecho mediante cualesquiera instrumento de colaboración y coordinación con otras comunidades autónomas e instituciones públicas y privadas”, expone el anteproyecto.
9 de julio de 2021
El Máster de Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de EL MUNDO es el que tiene más salidas profesionales
Hay muchos máster de periodismo y muchos cursos para periodistas, pero sólo hay uno que ha logrado consolidar durante una década la tasa de empleabilidad más alta del mercado. El Máster de Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de EL MUNDOy la Universidad Rey Juan Carlos es el máster con más salidas profesionales: más de un 70% de sus alumnos ha encontrado empleo en distintos medios de comunicación.
De las decenas de alumnos que han pasado por las aulas de la Escuela de Unidad Editorial y la Rey Juan Carlos, la gran mayoría se ha integrado en diferentes equipos de investigación y unidades de datos en los principales medios. Las técnicas aprendidas en este máster, que el próximo curso 2021-2022 cumplirá 10 años, han sido fundamentales en la especialización de estos reporteros.
De hecho, la profesión periodística exige cada vez más una mayor tasa de especialización, y demanda el conocimiento de herramientas y habilidades para poder mostrar a la sociedad las grandes historias de investigación en los formatos de consumo actuales.
En el Máster de Periodismo de Investigación, Datos y Visualización se aprende a dar forma a los grandes reportajes, a trabajar con grandes cantidades de datos y a verificar si esos datos son ciertos, pero no es lo único. De la mano de los mejores profesores, muchos de ellos autores de las grandes exclusivas del momento, así como de los mejores especialistas en investigación de diferentes campos, también se aprende a investigar y a buscar exclusivas propias.
Para los periodistas de investigación actuales tan importante es saber generar información y buscar temas propios como saber analizar esos temas y presentarlos al público. Por eso los ex alumnos del Máster de Periodismo de Investigación, Datos y Visualización se han convertido en grandes profesionales demandados por los principales medios, como EL MUNDO, El Confidencial, El País, o RTVE.
Uno de cada cinco jóvenes presenta adicciones a las nuevas tecnologías y parece que a nadie le importa
La directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, ha realizado un llamamiento sobre tres cuestiones de índole digital que considera “prioritarias” en las agendas políticas, como son la adicción de los jóvenes a las nuevas tecnologías, el control sobre el acceso de niños pequeños a la pornografía y la obligación de garantizar denuncias sobre corrupción desde el anonimato. España ha pedido, además, crear de servicios de prevención de adicción a las TIC en las consejerías de Educación.
La responsable española de Protección de Datos, que ha dirigido el seminario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) Privacidad, sostenibilidad e innovación, ha asegurado que “uno de cada cinco jóvenes presenta adicciones a las nuevas tecnologías y parece que a nadie le importa”. “Es un problema que provoca aislamiento social y opciones de fracaso escolar, y que cuanto antes se trate por medio de la prevención más fácil será de erradicar”, ha puntualizado.
En relación al acceso a la pornografía por parte de niños y preadolescentes, España ha indicado que la entidad que dirige ha formulado recientemente una proposición de modificación legislativa al Gobierno con el objetivo de establecer medidas de control y evitar así configuraciones equívocas sobre las conductas sexuales y la imagen de la mujer.
Además, la directora ha recordado que no existen todavía plenas garantías para realizar denuncias anónimas sobre corrupción en el ámbito del sector público, por lo que “si no se asegura el anonimato, lo más posible es que no se interpongan por el miedo del denunciante a perder su puesto de trabajo”.
España, que ha reclamado un aumento del presupuesto y de la plantilla de la Agencia en las cuentas estatales del próximo año, ha lamentado los recursos de la entidad en comparación con los de otros países europeos. “Contamos con 180 personas cuando otros colegas han recibido del orden de 300 o 400”, ha dicho, elogiando, eso sí, la “actitud proactiva” y el trabajo desempeñado por la plantilla desde la puesta en marcha del organismo.
La FP registra este curso su mayor subida anual en una década, con un 9,3%
Además, los matriculados en Formación Profesional en el curso 2020-21 suben un 19,5% respecto a 2017-18; el de Grado Superior se incrementa un 25 % en los tres últimos cursos y el de Grado Medio un 16,2%.
Según la nota del Ministerio de Educación y Formación Profesional, el impulso de las enseñanzas de FP es una de “las prioridades” de Isabel Celaá desde que asumió la cartera en junio de 2018. Para dar respuesta a la creciente demanda, se han creado más de 60.000 plazas este curso y se llegará a 200.000 en cuatro años.
En total, desde el curso 2017-18, estas enseñanzas han crecido un 19,5%, con 159.091 alumnos más. Ha subido en particular el número de matriculados en Grado Superior, con un crecimiento del 25% (99.572 más); los estudiantes de Grado Medio son un 16,2% más que hace 3 años (55.603 más) y los de Formación Profesional Básica son un 5,4% (3.916 más). Además, las enseñanzas de FP registran este curso su mayor subida anual en una década, con un aumento del 9,3% respecto al curso pasado.
En total, 974.445 estudiantes se matricularon en estas enseñanzas en el curso 2020-21: 497.560 en Formación Profesional de Grado Superior (un 11,4% más que en 2019-20); 399.769 en Formación Profesional de Grado Medio (un 8,5% más que el curso anterior) y 76.096 en Formación Profesional Básica, una cifra estable respecto al curso anterior. Destaca también el crecimiento del alumnado en la modalidad a distancia, tanto en Grado Superior (+15,7% respecto al curso pasado, hasta los 88.578 estudiantes) como en Grado Medio (+13,6%, hasta los 36.334 alumnos y alumnas).
Por sexo, las mujeres son el 42,1% del alumnado de Formación Profesional de Grado Medio y el 45,1% del de Grado Superior. Son más numerosas en el régimen a distancia, tanto en Grado Medio (62,6%) como en Grado Superior (60,5%). Por titularidad de los centros, el 69,9% del alumnado total de FP está matriculado en centros públicos (un total de 681.072) y el 30,1% en centros privados (293.373).
El Gobierno de Ayuso envía a la Asamblea la Ley Maestra, que enmienda la Ley Celaá
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado enviar a la Asamblea l a Ley Maestra de educación, que blinda la enseñanza concertada y es una enmienda a la totalidad de la Ley Celaá. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Enrique Ossorio, ha defendido que con ella se trata de defender la libertad de los padres para elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos. Sus objetivos son «garantizar la igualdad de oportunidades, avalar el derecho a recibir las enseñanzas en castellano, confirmar la pluralidad de la oferta educativa y fomentar la excelencia académica, asegurando la transparencia informativa en todos los procesos».
La ley iniciará ahora su tramitación en el Parlamento madrileño, para ser finalmente votada por el pleno. En la ley madrileña se incluye un artículo por el que el español se mantiene como lengua vehicular, «algo que desaparece en la Ley Celaá», ha indicado Ossorio. También se premia la excelencia académica, para lo que se realizarán pruebas externas de nivel en los centros educativos.
Otros aspectos que contempla son el mantenimiento de los concursos sobre suelo público dotacional para levantar sobre ellos centros concertados. Y también se mantiene la educación diferenciada -para niños o para niñas solo- en concertados, que la Ley Celaá no admite.
Y además, se incluye otro punto fundamental en la Ley Maestra: garantizar la Educación Especial. Según ha explicado Ossorio, se quiere «evitar el vaciamiento de estos centros», porque Madrid defiende que el alumno que pueda ir a un centro ordinario lo haga, pero aquel cuyos padres consideren que está mejor en otro tipo de colegio, tenga esa opción.
El número alumnos escolarizados en la modalidad de Educación Especial en centros sostenidos con fondos públicos es de 5.839, de los que 2.974 pertenecen a centros públicos y 2.865 a concertados. Esta escolarización se revisará de forma continua para que en cada momento se cuente con el entorno educativo «más inclusivo y potenciador de las capacidades del alumno».
Esta nueva normativa, cuya entrada en vigor se prevé a lo largo del próximo curso, 2021/22, se aplicará en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. En la actualidad, el 54,5 por ciento de los alumnos de la región está escolarizado en centros públicos, mientras que 29,6 por ciento lo hace en concertados y el 15,9 por ciento en privados.
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