20 de septiembre de 2021
Los fondos de inversión buscan negocio en la FP ante la escalada de demanda y la escasez de plazas
Que la Formación Profesional (FP) ya no es la eterna hermana pobre del sistema educativo es evidente desde hace tiempo: ha ganado en la última década más de 300.000 alumnos (un crecimiento del 45%, hasta alcanzar el millón de estudiantes), mientras el resto de las enseñanzas no universitarias perdían 14.500 estudiantes. Pero cuando los fondos de inversión de capital riesgo (aquellos que buscan los nichos de negocio de mayor rentabilidad a corto plazo) vuelven la vista hacia estos estudios, el asunto ya no deja lugar a dudas. En 2018, el fondo español Queka Real Partners adquirió el 51% de la empresa andaluza Medac, una red de 30 centros de FP, por 15 millones de euros, y ahora el fondo estadounidense KKR compra la compañía entera por 200 millones, lo que ha multiplicado su valor por siete en solo tres años.
De hecho, la oferta totalmente privada de FP (sin contar la concertada, que recibe subvención pública) ha explotado en los últimos años, pasando de ser casi anecdótica dentro del sistema en el curso 2009-2010, con 22.000 alumnos en toda España (el 4% del total) a casi 125.000 (un 15%) en el curso 2019-2020 (último para el que hay cifras desagregadas por redes). Si en la FP de grado medio (a la que se accede con el título de enseñanza obligatoria) el aumento ha sido importante, hasta llegar a 32.000 alumnos, es el grado superior, para el que hace falta el título de grado medio o el de bachillerato, donde la privada se ha hecho más fuerte: se ha multiplicado por seis su alumnado. En Cataluña acoge al 33% de los estudiantes de esta etapa (colocada en un escalón educativo similar al de los estudios universitarios) y en Madrid, al 41%, porcentajes que ascienden a más de dos tercios si nos fijamos solo en la educación a distancia.
La compra de Medac por parte de KKR se suma a otras dos adquisiciones hechas por la firma en el último año: MasterD, especializada en preparación de oposiciones y cursos de FP, y el Instituto Técnico de Estudios Profesionales (ITEP). “Esta operación se produce en un contexto en el que España tiene uno de los déficits de empleo y cualificación más importantes de Europa, lo que ha hecho que la educación y la formación profesional hayan adquirido una importancia creciente y se espere que aumente en los próximos años”, señalan fuentes conocedoras de la operación. Pero ese tirón también consiste en aprovechar los huecos que deja un sistema público incapaz de atender toda la demanda para unos estudios que el mes pasado registraron una tasa de empleabilidad del 42%, según el Servicio Público de Empleo Estatal, por encima de los títulos universitarios, con el 38,5%.
El profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona Rafael Merino hace el siguiente resumen de la situación: “Hay un desajuste entre demanda y oferta”, en el que “el sector privado, evidentemente, ve un nicho de mercado”. Un desajuste que se traduce, entre otras cosas, en falta de equidad, pues “una parte de la demanda solo la pueden satisfacer las familias que tienen poder adquisitivo” y aquellas personas que no lo tienen, “se deben conformar con otras opciones de estudio o abandonar”, añade.
Un experimento en España muestra que las tutorías suben un 30% los aprobados en matemáticas
En España todavía no se ha medido el impacto en el aprendizaje causado por la pandemia en los escolares. En otros países, como Bélgica, sí se ha hecho. Allí dos investigadores han concluido que, aunque los centros estuvieron cerrados tres meses (en España fueron casi dos), la pérdida de nuevos conocimientos en matemáticas supuso más de la mitad de lo que se aprende en un año académico. Son los estudiantes con menos recursos económicos los más perjudicados: dejaron de aprender un 40% más que el alumno promedio, según un estudio con 350.000 chavales en Holanda. Otra de las certezas de la literatura científica es que las tutorías individualizadas son una de las herramientas más efectivas. Un experimento con casi 400 estudiantes vulnerables de la ESO en España ha demostrado esa tendencia; después de ocho semanas de tutorías online en horario extraescolar, aumentaron un 30% los aprobados en matemáticas, mejoraron un 17% las notas en esa asignatura y las probabilidades de repetir curso descendieron un 75%.
La crisis educativa provocada por la Covid-19 es “silenciosa”, su impacto es mucho menos visible que el de la crisis sanitaria o económica, señalan los impulsores de Menttores, un programa diseñado por el think-tank EsadeEcPol y la ONG educativa Empieza por Educar (ExE), que durante ocho semanas en el último trimestre del curso pasado ofreció tutorías online en grupos de dos alumnos en 18 centros públicos y concertados ubicados en barrios desfavorecidos de Madrid capital, Barcelona y Lleida. Las clases se centraron en reforzar los contenidos de la asignatura de matemáticas y en proporcionar herramientas socioemocionales (relacionadas con la motivación o las rutinas de trabajo) a alumnos de primero y segundo de la ESO (de 12 a 15 años).
Entre los estudiantes que participaron, el 46% eran de origen migrante, el 42% vivían en hogares con ingresos de menos de 1.000 euros al mes, el 52% de los progenitores no tenían estudios más allá de secundaria y el 28% pertenecían a familias monoparentales. El refuerzo académico mediante sesiones extraescolares privadas está en alza como una forma de distinguirse del resto y poder posicionarse mejor en el mercado laboral en el futuro. Según las estimaciones de la consultora estadounidense Global Industry Analysts, el pago por parte de las familias de esos servicios crecerá un 8,4% al año en el próximo lustro a nivel global.
Para ejecutar el programa, que fue evaluado con una metodología experimental, se crearon dos grupos: uno de tratamiento (que recibió la intervención mediante las tutorías) y otro de control (que no las recibió). Para realizar las sesiones, un total de tres a la semana de 50 minutos de duración cada una, se contrató a 52 graduados universitarios con el Máster en Formación del Profesorado en la especialidad de ciencias. “Es muy importante que para que estos apoyos extracurriculares den buenos resultados se ponga al frente a profesionales formados”, explica Miriam Arriola, directora de la ONG ExE. Al proceso de selección se apuntaron 500 candidatos. “Buscamos que tuvieran competencias pedagógicas y digitales y les formamos en el aspecto socioemocional, para que supiesen cómo generar altas expectativas en los estudiantes, autonomía y regulación emocional… Este tipo de alumnos suelen tener carencias en este ámbito, muchos llevan una mochila de fracaso escolar a cuestas y necesitan que alguien les ayude a recuperar la confianza”, añade.
Clara Eugenia Núñez: «Las universidades viven mirándose el ombligo»
Clara Eugenia Núñez (Almería, 1957) es catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Uned. Doctora por la Universidad de Nueva York, fue directora general de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2009 y ha sido profesora visitante en Chicago, Harvard y Columbia. Dice que «la universidad española es muy de izquierdas políticamente pero conservadora en cuanto a sí misma». «Hay estudios de FP que dan mejor formación que muchas carreras universitarias», sostiene.
¿En qué es bueno el sistema universitario español?
En que es incluyente. Prácticamente todo el que quiere estudiar puede hacerlo, aunque hay jóvenes con gran talento y ganas de estudiar que se quedan fuera por falta de apoyo, de becas salario. Otra cosa es que en la universidad se adquiera una gran formación.
¿Por qué dice eso?
No lo digo yo, sino los estudios internacionales que señalan que los universitarios tienen el nivel formativo de los bachilleres de otros países. Y lo vemos día tras día en las aulas. Para graduarse tienen que hacer un trabajo de fin de grado cuyo resultado es pavoroso: ni han adquirido los principios teóricos, ni dominan las herramientas de trabajo de su disciplina, ni saben plantear un problema ni mucho menos resolverlo. Se entiende la desesperación de los que les ofrecen trabajo. Los jóvenes conocen sus derechos como graduados universitarios pero desconocen el alcance de su falta de formación.
¿Cómo lo solucionaría usted?
Con una buena selección de los alumnos. Si no tienen un determinado nivel en determinadas materias, no pueden seguir estudios universitarios. La Ley Celaá acentuará el problema pues pretende acabar con el fracaso suprimiendo la repetición.
¿Cree que es buena idea que las universidades se abran a impartir también estudios de FP?
La distinción entre enseñanza universitaria y FP carece de sentido. El objetivo de la mayor parte de los grados es formar profesionales. Lo importante en educación es distinguir entre una buena y una mala formación. Hay estudios de FP en España que dan una mejor formación que muchos grados universitarios y tienen más reconocimiento social, con mejores tasas de empleo.
¿Por qué la oferta de grados es tan amplia? ¿Está justificado mantener muchos títulos que no tienen salidas laborales?
Son dos temas distintos. La oferta es amplia porque sobran profesores y, ante la caída en el número de alumnos, la única vía para disimularla es poner en marcha títulos nuevos. Respecto a la falta de salidas profesionales, no creo que sea un problema de determinadas ramas, como las Humanidades, sino de calidad: muchos de los títulos actuales no garantizan una formación adecuada a los alumnos, algo que la sociedad reconoce cuando intenta integrarlos profesionalmente. Si queremos buenos títulos necesitamos buenos profesores; que los hay, pero lo son contra viento y marea.
¿Por qué?
El marco legislativo es excesivamente regulatorio e ineficaz, y ahoga la iniciativa propia para establecer soluciones innovadoras, pero no establece un mínimo control de resultados. En mi época de gestora de la política universitaria negocié con seis universidades públicas los indicadores de seguimiento que se iban a usar para distribuir los fondos públicos entre ellas y le puedo decir que su resistencia a aceptarlos fue numantina. Eran capaces de proporcionar decenas de indicadores que no medían nada y resistirse a poner en marcha los más sencillos y relevantes, como, por ejemplo, la tasa de inserción de los graduados en el mercado laboral. Un sistema de financiación vinculado a objetivos sería uno de los mecanismos más eficaces para dinamizar la universidad; con ese marco general, cada universidad debería ser libre de tomar las decisiones que les parezcan oportunas: si impartir grados de tres o cuatro años, si contratar a extranjeros o promover a sus propios doctores…
No tenemos universidades españolas entre las 100 mejores del mundo pero las escuelas de negocios privadas sí lo están.
Porque no se les aplica el mismo corsé legislativo y tienen una agilidad al actuar de la que carece la universidad española. Y también cuentan con el incentivo para mantenerse en continua redefinición: si su reputación se resiente por una política equivocada, pierden alumnos y, lo que es más importante, su principal fuente de financiación. La financiación pública a las universidades está garantizada independientemente de que actúen bien o mal. No es un gran incentivo para que sean eficaces.
¿Ve mucha inercia en las universidades públicas?
Se da la paradoja de que la universidad española es muy de izquierdas políticamente pero rabiosamente conservadora en cuanto a sí misma. Los campus no quieren competencia entre ellos, son todos prácticamente iguales. En mi etapa como directora de Universidades de la Comunidad de Madrid propuse muchas iniciativas de mejora a los rectores. Aun estando de acuerdo, más de uno me dijo: «Si propongo eso al claustro, me echan». Como era de esperar, ninguno se arriesgó a perder el puesto. Las universidades, sus responsables, viven mirándose el ombligo y pensando más en los intereses de quienes formamos parte de ellas, en especial los profesores. Esto es así porque somos quienes elegimos a nuestros rectores, decanos y directores de departamento. ¿Qué rector va a ocuparse de la falta de sintonía entre la universidad y la sociedad si su puesto se lo debe a sus colegas?
21 de septiembre de 2021
Francesc Michavila, catedrático y escritor: «Los europeos necesitamos de grandes proyectos colectivos»
Francesc Michavila (Castellón, 1948) catedrático de Matemática Aplicada de la UPM desde 1980. Es profesor emérito y escritor. Fue el primer rector que tuvo la Universidad Jaume I de Castellón; ha sido secretario general del Consejo de Universidades, creador de la cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria; y consejero de Educación ante la OCDE, la Unesco y el Consejo de Europa.
Ha escrito numerosos libros sobre política universitaria y el próximo 21 de octubre presenta en la Llotja Cànem de Castellón (a las 19 horas) su obra Mi París, acompañado por la actual rectora de la UJI, Eva Alcón, el senador socialista Joan Lerma, la alcaldesa de la capital de La Plana, Amparo Marco, y el académico de la Llengua Valenciana Josep Palomero.
Mi París no pretende ser una obra autobiográfica, pero viéndola enmarcada en las inquietudes de un joven recién llegado a París y apasionado por el conocimiento científico, no se puede evitar pensarlo, ¿lo es?
El libro se basa, en gran parte, en vivencias propias, pero no solo en ellas. Incorporo personajes inventados para dar cuerpo a un relato novelado cuyo principal protagonista es la ciudad. Mi amado París, que desde que viví allí como estudiante me ha acompañado toda la vida allá donde he ido, como decía Hemingway en su obra de 1964, París era una fiesta.París se convierte, en la primera parte de la obra, en el motor constructor de gran parte de la personalidad propia. Un París donde ocurren hechos históricos de relevancia mundial. Por sus páginas desfilan personajes de la vida científica, cultural y política que he tenido la oportunidad de conocer o tratar, como Jacques Delors, Claude Allègre, Francis Gutmann, Jacques-Louis Lions, Laurent Schwartz, Pierre-Arnaud Raviart, junto a ilustres personalidades españolas que intervienen en los hechos.
¿Tuvo que llegar una pandemia para que se dedicara al relato novelado, tras numerosos libros sobre educación y política universitaria?
Sí, así es. Es mi primer libro que llamaría literario. Rondaba por mi cabeza desde hace unos cuantos años, pero no había tenido suficiente tranquilidad para ‘ponerme manos a la obra’. En 2018 y 2019 ya lo quise hacer cuando viví en París por última vez, como consejero de Educación en representación de España ante la OCDE, la UNESCO y el Consejo de Europa, pero el volumen de trabajo que tenía lo hizo imposible. Cuando se decretó el confinamiento, tomé la decisión de dedicar casi todo el tiempo del encierro a escribir.
¿Cuándo fue la última vez que visitó la Ciudad de la Luz?
Desde que comenzó la epidemia no he vuelto a París. Dos años que se me han hecho muy largos. Pero vuelvo el próximo mes para presentar el libro y visitar a tantos amigos como allí tengo.
Alegría pide diálogo, pero lo tiene difícil sobre la base de la ley de su antecesora
La ministra Pilar Alegría ofreció y reclamó consenso y diálogo –”sin apriorismos”– a los grupos parlamentarios en su primera comparecencia de la semana pasada en la Comisión de Educación del Congreso. El problema es que ese diálogo se debe hacer desde la base de la ley Celaá, algo sobre lo que la oposición no quiere ni hablar. La herencia Celaá es tan envenenada que, o bien habría que rehacer la Lomloe, o bien debería empezarse de nuevo, algo implanteable en este momento. Desde el PP, Oscar Clavell acusó a la ministra de “cubrirse con una piel de corderito para seguir con el desbarajuste que creó que su antecesora”; y Joaquín Robles, de Vox, calificó la intervención de la ministra de “buenismo” y “comparecencia metafísica”.
Más allá de las diferencias con la oposición, Alegría explicó que a principios de 2022 se iniciará la reforma de la carrera docente, que modificará la formación inicial y permanente del profesorado, así como al acceso a la profesión y al desarrollo profesional.
Respecto a los decretos de enseñanzas mínimas dijo que se aprobarían “en los próximos meses”, sin especificar más, y, posteriormente se publicarían los currículos educativos de las distintas comunidades, como establece la Lomloe.
A título anecdótivo (o quizá no tanto) no paso inadvertido el hecho de la durante la comparecencia de la ministra en la Comisión, el vicepresidente segundo de dicha Comisión, Miguel Ángel Bustamante (Unidas Podemos), luciera la camiseta de la Marea Verde por la Pública, algo que ha sido criticado en redes sociales por el representante de la Concertada y secretario general adjunto de Escuelas Católicas, Luis Centeno.
José Manuel Cidad: “Queremos que las escuelas nos vean como un socio”
Con el inicio del nuevo curso escolar, las editoriales también se preparan para afrontar los retos de un sector editorial en plena transformación: cambios curriculares de la Lomloe, adaptación al entorno digital, programas de gratuidad del libro de texto, caída de la natalidad, crecimiento de la creación de contenido propio por parte del profesorado… José Manuel Cidad nos cuenta cómo sorteará esta tormenta perfecta.
Pregunta. ¿Qué está pasando con el retraso curricular?
Respuesta. —Necesitaríamos tener los currículos cuanto antes y están tardando. Necesitamos ir perfilando los materiales que vamos a ofrecer a los profesores, estamos ya en el límite.
¿Saben cuándo estarían publicados?
—Nos han dicho que están ya prácticamente, según lo que nos va filtrando la patronal.
Y el enfoque, ¿cómo suena?
—Bien, parece que son currículos bastante abiertos, muy reducidos. Eso nos parece bien, pero preferiríamos que hubiera más sintonía entre las comunidades. No es lo mismo hacer 17 libros de Matemáticas que hacer uno que después hay que adaptar a las distintas realidades.
¿Las comunidades luego concretarán cada una a su modo?
—Exacto. Pueden concretar y tenemos que estar a la espera de lo que saque cada una. Y ese es el problema, que se puedan retrasar. Eso nos complica mucho, porque los materiales tienen que estar en marzo o abril.
¿Cuál sería la fecha límite?
—Un mes, más o menos. Ya estamos trabajando en los materiales, pero no podemos concretar todo.
Con el enfoque competencial de los contenidos llevamos años, pero ahora la Lomloe lo impulsa, ¿os trastorna o estáis alineados?
—Yo creo que es un enfoque necesario y que va a mejorar nuestra Educación.
¿Cómo está de salud el sector editorial?
—Tenemos la suerte de contar con un sector editorial muy consolidado, pero se tiene que transformar. Nosotros ya llevamos años en ese proceso. Pero al mismo tiempo hay que preservar el valor que tienen los libros.
¿Por dónde va esa transformación estratégica?
—Primero, lo digital es importante, pero con sentido. Desde SM atendemos a las escuelas como si fueran un socio más, como alguien que escucha e intenta ayudar. No nos limitamos a suministrarles contenidos sino que les ayudamos a desarrollar su proyecto educativo. Ofrecemos un ecosistema de servicios integrales que van desde plataformas LMS (Learning Management System) hasta herramientas de gestión y comunicación.
¿Notan, tras la pandemia, una cierta fatiga digital?
—Dar las clases en digital era una medida extraordinaria y cuando se ha podido hemos vuelto a clase y a las relaciones cercanas. Porque entendemos que la Educación es consecuencial de una relación y esta es más fecunda cuando es presencial.
22 de septiembre de 2021
Bruselas avanza en la digitalización de los trámites de Erasmus con una nueva aplicación móvil
La Comisión Europea ha lanzado este martes una aplicación móvil con la que busca digitalizar todos los trámites relativos al programa Erasmus, incluida la obtención del carnet europeo de estudiante.
Con el objetivo último de ahorrar en el consumo de papel y contar con un programa de intercambios más accesible, los estudiantes podrán realizar todo el proceso relacionado con su estancia universitaria en el extranjero desde su móvil. La herramienta permitirá desde solicitar su destino hasta cerrar el contrato de estudios que establece la convalidación de asignaturas.
«Se trata de un gran paso hacia la digitalización del programa de movilización. Los estudiantes podrán conectarse entre ellos y se simplificará el proceso administrativo», ha valorado la comisaria de Educación, Mariya Gabriel, que ha reivindicado que la aplicación está disponible en todos los idiomas, fomentando así su inclusividad.
A través de la aplicación, los usuarios podrán acceder a información y consejos sobre su destino Erasmus, estar en contacto con otros estudiantes, y solicitar su carnet de estudiante europeo que permite beneficiarse de descuentos en museos y actividades culturales.
La nueva iniciativa llega en el curso en el que está previsto que más de 600.000 estudiantes participen en el programa europeo de intercambio tras las dificultades registradas los pasados cursos por las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus.
En realidad, Bruselas actualiza la primera aplicación móvil que sacó hace cuatro años, cuando puso en marcha la política dirigida a digitalizar el programa Erasmus. Esa primera versión ya se ha descargado más de 120.000 veces y con esta actualización el Ejecutivo comunitario busca facilitar más los trámites burocráticos y tener una herramienta más intuitiva, ha apuntado Gabriel.
Castells convoca el próximo martes a la comunidad universitaria para tratar la gobernanza en la nueva Ley
El Ministerio de Universidades ha convocado a los diferentes actores de la comunidad universitaria a una reunión conjunta el próximo martes 28 de septiembre para «abordar y poner en común los diversos enfoques sobre los aspectos referidos a la gobernanza», que dichos actores tienen para la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
Así lo ha anunciado este martes el departamento que dirige Manuel Castells, que ha detallado que el encuentro tendrá lugar en el marco de reuniones que el propio Ministerio de Universidades está llevando ya a cabo con los diferentes sectores de la comunidad universitaria y los órganos vinculados para continuar con el trabajo de diálogo y negociación sobre la nueva LOSU.
«Este dialogo está facilitando tratar los aspectos concretos y las propuestas y observaciones sobre el anteproyecto de Ley presentado el pasado 7 de septiembre en el Consejo de Ministros», ha defendido el Ministerio.
A la reunión, a la que podrán acudir tanto de forma presencial como virtual, han sido llamados representantes de CRUE Universidades españolas, estudiantado, sindicatos, consejos sociales y representantes de las comunidades autónomas y de la Conferencia General de Política Universitaria.
«El objetivo de dicha reunión es el de avanzar en la construcción de acuerdos comunes y de facilitar el debate y dialogo para avanzar en la propuesta de nueva ley orgánica del sistema universitario», ha concluido el departamento de Castells.
FP Dual para atender la demanda de empleo en la industria agroalimentaria
Los responsables de las empresas agrarias y agroalimentarias se las están viendo y deseando para encontrar personal especializado en ambos sectores.
Conscientes de esta situación, y con el reto también de rejuvenecer estos ámbitos, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural tiene claro que la Formación Profesional (FP) Dual es una de las herramientas llamadas a dar respuesta a este problema. Y por ello el consejero Jesús Julio Carnero alcanzaba este lunes un acuerdo de colaboración con la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis), con las cooperativas (Urcacyl), la Fundación Kerbest y CaixaBank.
«La FP Dual es la respuesta más adecuada a las necesidades de estas empresas», destacaba Carnero, mientras defendía la eficacia de esta formación que dio en Ávila su primer paso en el curso 2019/2020 con el primer ciclo de Producción Agropecuaria y que para este curso ya ofertan en esta modalidad otros dos ciclos, como son el del Grado Medio de Producción Agropecuaria en el CIFP de Albillos, en Burgos, y el de Grado Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal, que se imparte en el CIFP de Segovia.
Además, la Consejería oferta 19 ciclos de FP en sus ocho centros, tres más que el curso pasado, por lo que el número de alumnos matriculados pasa de 616 a 676. Además, el 20 por ciento de los matriculados el pasado año eran mujeres.
El presidente de Vitartis, Pedro Ruiz Aragoneses, por su parte, destacaba la importancia de este convenio, que durará hasta el 31 de diciembre de 2023. «Queremos que las empresas se conviertan en los espacios donde los alumnos puedan adquirir experiencia y conocer de cerca el sector», decía el CEO de Alma Carraovejas, convencido de que con la FP Dual todos ganan: estudiantes, sociedad, empresas y, sobre todo , el medio rural.
Por su parte, el director de Dualiza CaixaBank, Juan Carlos Lauder, mostraba su apuesta por un convenio de FP Dual en un sector “fundamental” en Castilla y León. “Contamos con los ingredientes para que esto sea un éxito, con un compromiso de las empresas, la Junta y la Fundación Kerbest por que la FP Dual ofrece la oportunidad a los jóvenes de desarrollar una carrera profesional para tener un proyecto de vida y fijar población en el territorio rural pero también para que las empresas puedan incorporar el talento que necesitan para los procesos de innovación en que están inmersos”, apuntaba.
Universalizar el ciclo 0-3, tan deseable como factible
La Lomloe establece un plazo a ocho años para extender la Educación Infantil 0-3. Un estudio de la UNED, sin embargo, ve este objetivo poco ambicioso. “Si la Lomloe estableciera un plazo de ocho años para conseguir la universalización del primer ciclo de Educación Infantil sería un objetivo claro, medible y en el buen camino. Sin embargo, no es lo que establece. Mientras que para el segundo ciclo queda claro que “será gratuito”, cuestión que ya es una realidad en el sistema español, no se determina nada sobre el precio para el primer ciclo. Hablan de incrementar “progresivamente la oferta de plazas públicas en el primer ciclo con el fin de atender todas las solicitudes de escolarización de la población infantil de cero a tres años”, pero si no hay solicitudes porque las familias estiman que no pueden pagar los precios que se les pide, estaremos en una situación muy lejos de la de la óptima y con poco avance desde la actual. Se calcula según estadísticas oficiales que la mitad de las familias no usan el primer ciclo de Educación de 0 a 3 porque no pueden pagarlo. Extender es distinto de universalizar”, exponen sus autoras, Cristina Castellanos y Ana Carolina Perondi.
Que el 0-3 no sea universal genera problemas, exponen. Por ejemplo, cuando se crean criterios para priorizar quiénes tienen más necesidad de una plaza, pues “siempre existen muchas necesidades y demandas que pueden parecer contradictorias”: “En una familia en que la madre y el padre trabajan se necesita claramente una plaza, pero también la necesita una familia monoparental o una persona que esté buscando trabajo o formándose para poder encontrarlo. Con un sistema universal de calidad no habría que plantear criterios que puedan resultar perniciosos o discriminatorios, pues todas las criaturas podrían estar escolarizadas”.
Cuatro fases
Las investigadoras proponen un plan a cinco años con cuatro fases, “factible y costoeficiente”. En él, la primera fase sería de transición, manteniendo la cobertura actual. La segunda extendería el derecho universal de a los 2-3 años. La tercera, a 1-2 y la cuarta, a menos de 12 meses. En total, supondría la creación de más de 100.000 puestos de trabajo, como mínimo, de los que más de 40.000 serían para maestras y maestros (Castellanos y Perondi apuestan asimismo por mejores condiciones laborales y estatus y unas ratios adecuadas para garantizar un sistema de buena calidad).
Aunque hay que contemplar otros costes (infraestructuras, mantenimiento, etc.) el incremento del gasto en plantillas (en un 12,5%) sería el más importante y responsable, en buena medida, de que el PIB para 0-3 ascendiera del 0,25% actual al 0,5%.
23 de septiembre de 2021
La nueva, y buena, ley de Formación Profesional
Isabel Celaá dejó preparada antes de abandonar el Ministerio de Educación una ley que, aunque parezca mentira, fue bien acogida por la comunidad educativa: la Ley de Formación Profesional, cuyo proyecto aprobó el Consejo de Ministros el pasado 7 de septiembre.
Hay que ponerlo en el haber de currículum de la ex ministra, que tantos debes ha sumado en su trayectoria política. Porque parece que, al fin, se ha dado con la tecla para organizar en España un sistema de formación profesional (FP) homologable a los europeos. Algo fundamental en España porque somos los que peor aprovechamos la formación profesional entre los grandes países de la UE.
«Es una ley muy ambiciosa. Describe un sistema innovador, flexible, que responde a las necesidades de cualificación de la población tanto joven como adulta, y se adecua a las necesidades del mercado laboral», ha afirmado a la revista especializada Actualidad Docente Santiago García, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) -la principal organización empresarial del sector educativo, que reúne a miles de centros privados y concertados de toda España-, y uno de los expertos que mejor conoce los modelos de formación profesional en Europa. Aunque, por ser tan ambiciosa e innovadora, García reconoce que va a necesitar grandes esfuerzos por parte de todos para ponerla en práctica.
Algo no funciona en nuestro país cuando, con tasas de desempleo juvenil en el entorno del 40%, sólo el 12% de los jóvenes cursa algún tipo de formación profesional reglada. La media de la OCDE es del 29% y de la Unión Europea, del 25%. Otras cifras también muestran nuestro retraso: mientras que en España sólo el 34% de los estudiantes que finalizan la enseñanza obligatoria cursan formación profesional, en Alemania es el 48% y en Italia, el 56%.
La ley pone patas arriba, para bien, el actual modelo de formación profesional. Entre otras medidas, tiene el acierto de la estructuración de una nueva formación profesional dual, en la que empresa y centro educativo se corresponsabilizan de la formación del alumno, con contrato y cotización a la Seguridad Social incluidos en el caso de la FP dual avanzada. Algo que si se estructura bien facilitará el paso al mundo laboral de los estudiantes.
Lo mejor de esta nueva ley es la coordinación que establece entre el sector público -escuela- y la iniciativa privada -empresas- imprescindible para llevar a cabo ese proyecto de formación profesional dual y que es la clave del éxito para acoplar la oferta de trabajadores a la demanda de puestos de trabajo.
Que esta vez parece el Gobierno ha dado en el clavo lo atestigua que la firma de capital riesgo KKR comprara el pasado mes de agosto la empresa malagueña Medac, que gestiona 30 centros de FP, por 200 millones de euros para crear la mayor red de FP de España. Medac estaba valorada en 30 millones hace tres años: si los inversores entran en el sector significa que ven rendimientos.
Es una pena que el Gobierno proponga esa participación público-privada para la formación profesional y la niegue para la enseñanza obligatoria en la infausta Lomloe. Pero bueno, esperemos que, esta vez de verdad, al menos la FP empiece a funcionar en España.
La realidad de la inteligencia artificial más allá de la ciencia ficción
La Inteligencia Artificial (IA) era hasta hace poco ciencia ficción para muchos, no obstante, esta ha pasado a una nueva realidad la cual tiene un gran impacto, tanto económico como social, que va en alza. A pesar del crecimiento exponencial de esta tecnología, el debate debería dejar de centrarse en la parte más técnica y aceptar la importancia del ser humano como papel fundamental en el impulso del proceso de digitalización.
Estas cuestiones salieron a la luz en la mesa de análisis y debate «Innovaciones Disruptivas: Inteligencia Artificial», organizada por el diario LA RAZÓN el pasado 16 de septiembre. El acto contó con la participación de diferentes expertos como Carmen Camuñas, responsable del Digital Hub de Acciona; Salvador Estevan Martínez, Director General de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno; Fidel Rodríguez-Batalla, Viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación de la Comunidad de Madrid; Jorge Villagra Serrano, Head of Autopia Program en Centro de Automática y Robótica (UPM-CSIC); y por último, Tomás Martínez Buero, Presidente y Responsable de Relacione Institu ionales en AI- Network, Asociación Profesional de Inteligencia Artificial.
El encuentro comenzó con la intervención del moderador, Ignacio Rodríguez Burgos, Jefe de Economía de Onda Cero y colaborador de La Brújula de la Economía, el cual lanzó la siguiente pregunta: «¿Pueden pensar las máquinas?». A pesar de que todavía no se ha llegado a ese punto, Rodríguez Burgos afirma que «la inteligencia artificial está abriendo la puerta de un nuevo futuro». Estos últimos diez años han sido, según los especialistas, las «más cruciales» en la historia de la IA, la cual definen como «década prodigiosa». Tanto es así, que se calcula que para el año 2025, esta tecnología llegará a mover en el mundo alrededor de 15 billones de dólares.
En este sentido, Carmen Camuñas apunta que desde Acciona se está invirtiendo de manera decidida en el desarrollo de casos de uso de inteligencia artificial aplicados a los sectores en que trabaja la compañía (movilidad, infraestructuras, energía…), de manera que el foco no se pone en la tecnología en sí misma, sino en su aplicación para lograr una mayor eficiencia..
ponentes convinieron en que esta tecnología debe estar basada en una versión humanista que sitúa a la persona en el centro. «Hay que apostar, cómo se está haciendo desde Europa, por una IA más centrada en humanos y hacerla más competitiva», confirma Villagra Serrano.
El Govern catalán rechazó ampliar plazas concertadas de FP pese a la amplia demanda
En un comunicado publicado en su boletín semanal, la FECC señala que “la situación provocada por la demanda de alumnado en los ciclos de Formación Profesional para el curso 2021-22 ha puesto sobre la mesa el debate sobre la necesidad de movilización de todos los recursos disponibles para evitar la falta de plazas y la conveniencia de buscar la colaboración entre el ámbito público y el concertado y las empresas”.
Tras valorar que el Departamento de Educación haya apostado por la FP, las escuelas cristianas no comprenden que, ante la falta de plazas por el aumento de la demanda, no se haya “aprovechado toda la capacidad que los centros concertados disponen para incrementarlas”.
La FECC ha preguntado a las escuelas del colectivo su disponibilidad de oferta de plazas, recurso que trasladó al Departamento de Educación “con una voluntad clara y manifiesta de formar parte de la solución”. “Es incomprensible que no se amplíe el número de unidades concertadas y se frustren las expectativas de las personas que querían ampliar su formación. El sector concertado es Servicio de Educación de Cataluña, escolariza una tercera parte del alumnado en Cataluña y tiene responsabilidades en la formación”, señalan las escuelas cristianas.
Según la FECC, la situación provocada por el déficit de plazas de FP “vuelve a poner en consideración la necesidad, cada vez más evidente, de implantar un modelo de colaboración público-privada, una fórmula a la que asistimos cada vez más en ámbitos como la sanidad, servicios sociales o infraestructuras críticas, donde las viejas fórmulas ya resultan insostenibles para abordar nuevos desafíos”. En este sentido, recuerdan que la Unión Europea ha advertido de la importancia de que “haya equilibrios y fórmulas de colaboración pública-privada para preservar el interés público”.
“La escuela concertada, además de ser la concreción de la esfera de derechos fundamentales educativos, es un buen ejemplo de esta colaboración y forma parte del Servicio de Educación de Cataluña, constituido por una red plural de centros educativos de titularidad pública y de titularidad privada, y es el resultado de la tradición educativa y social del país”, subraya la FECC.
“Parece sensato tomar el régimen de conciertos como un parámetro de la realidad educativa del país, superando el barrido reduccionismo que confunde lo público con lo meramente estatal”, reprocha la FECC, que añade que “la apuesta por la FP sólo será creíble si va acompañada de una correcta dotación, programación y participación y de una sincera y leal colaboración pública-privada”. “Lo contrario supone dejar sin alternativa a miles de personas que querían estudiar y que ahora se quedarán descolgadas del sistema, así como vivir esta situación no como una oportunidad para avanzar en el afianzamiento del Servicio de Educación de Cataluña, sino como un nuevo ejemplo de reduccionismo estatalista”, aducen las escuelas cristianas.
Sí, ministro
El equipo del ministro Manuel Castells presentó a finales de agosto, ante el Consejo de Ministros, su anteproyecto de ley para las universidades: la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). En este pe riodo de debate hasta su remisión al Congreso queremos hacer una reflexión sobre ella. Si bien es una ley que busca garantizar la calidad del sistema y la buena gobernanza, entendemos que cede la ordenación académica a las editoriales científicas —multinacionales que sancionan el prestigio y la excelencia— y que mantiene la autonomía universitaria como una empresa con financiación pública y sin rendir cuentas.
Ahora bien, nuestra lectura propone que el principal problema que origina el anteproyecto de ley es que mutila a la comunidad investigadora y académica la capacidad de imaginar un cambio de políticas hacia un mundo más justo. En el texto del anteproyecto se sigue sin admitir, en horas y salario, el trabajo del profesorado asociado en el contexto del Proceso de Bolonia. Se otorga mucho peso a una evaluación individualizada como fin en sí misma y, si se fija en los escalones superiores de la universidad, además de que se llega tarde y mal a los problemas de las mujeres en la carrera académica.
La propuesta de ley se limita a enunciar la reducción del problema de la precarización de la docencia universitaria, ya que el profesorado universitario con contrato temporal, fundamentalmente el PDI asociado, no podrá superar el 20% de la plantilla. Recordemos que el límite establecido por la actual ley está en el 40 % y que, según los datos del Observatorio del Sistema Universitario, la mayoría de universidades superan ese límite, ¿cuál es la responsabilidad pública de las y los gestores y gobernantes universitarios? La desprecarización de la docencia universitaria comienza con el reconocimiento de las horas de dedicación docente al profesorado asociado, su correspondencia en el salario y sigue con el establecimiento de una vinculación laboral estable con las universidades que posibilite, entre otras cuestiones, la participación acreditada en la I+D+i competitiva española.
El acto de mantener la idea de calidad como centro de la evaluación lleva a dotar de más recursos económicos a las agencias de evaluación, a aumentar gastos en generar más estructuras para sostener un sistema deprimido más por la ausencia de criterios adecuados para el reparto de la financiación que por el siempre limitado dinero. Así, la evaluación es una medición permanente que se pone en el centro de la vida científica. El fetichismo de una evaluación que reparte recompensas y castigos individuales en un mercado de prestigio científico regulado por índices de impacto —creados por editoriales privadas e incrustados en el subconsciente colectivo— que estructuran el espacio de producción de conocimiento y que ordenan las vidas dedicadas a la investigación. A partir de la nueva ley, también a la docencia.
24 de septiembre de 2021
La nueva, y buena, ley de Formación Profesional
Isabel Celaá dejó preparada antes de abandonar el Ministerio de Educación una ley que, aunque parezca mentira, fue bien acogida por la comunidad educativa: la Ley de Formación Profesional, cuyo proyecto aprobó el Consejo de Ministros el pasado 7 de septiembre.
Hay que ponerlo en el haber de currículum de la ex ministra, que tantos debes ha sumado en su trayectoria política. Porque parece que, al fin, se ha dado con la tecla para organizar en España un sistema de formación profesional (FP) homologable a los europeos. Algo fundamental en España porque somos los que peor aprovechamos la formación profesional entre los grandes países de la UE.
«Es una ley muy ambiciosa. Describe un sistema innovador, flexible, que responde a las necesidades de cualificación de la población tanto joven como adulta, y se adecua a las necesidades del mercado laboral», ha afirmado a la revista especializada Actualidad Docente Santiago García, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) -la principal organización empresarial del sector educativo, que reúne a miles de centros privados y concertados de toda España-, y uno de los expertos que mejor conoce los modelos de formación profesional en Europa. Aunque, por ser tan ambiciosa e innovadora, García reconoce que va a necesitar grandes esfuerzos por parte de todos para ponerla en práctica.
Algo no funciona en nuestro país cuando, con tasas de desempleo juvenil en el entorno del 40%, sólo el 12% de los jóvenes cursa algún tipo de formación profesional reglada. La media de la OCDE es del 29% y de la Unión Europea, del 25%. Otras cifras también muestran nuestro retraso: mientras que en España sólo el 34% de los estudiantes que finalizan la enseñanza obligatoria cursan formación profesional, en Alemania es el 48% y en Italia, el 56%.
La ley pone patas arriba, para bien, el actual modelo de formación profesional. Entre otras medidas, tiene el acierto de la estructuración de una nueva formación profesional dual, en la que empresa y centro educativo se corresponsabilizan de la formación del alumno, con contrato y cotización a la Seguridad Social incluidos en el caso de la FP dual avanzada. Algo que si se estructura bien facilitará el paso al mundo laboral de los estudiantes.
Lo mejor de esta nueva ley es la coordinación que establece entre el sector público -escuela- y la iniciativa privada -empresas- imprescindible para llevar a cabo ese proyecto de formación profesional dual y que es la clave del éxito para acoplar la oferta de trabajadores a la demanda de puestos de trabajo.
Que esta vez parece el Gobierno ha dado en el clavo lo atestigua que la firma de capital riesgo KKR comprara el pasado mes de agosto la empresa malagueña Medac, que gestiona 30 centros de FP, por 200 millones de euros para crear la mayor red de FP de España. Medac estaba valorada en 30 millones hace tres años: si los inversores entran en el sector significa que ven rendimientos.
Es una pena que el Gobierno proponga esa participación público-privada para la formación profesional y la niegue para la enseñanza obligatoria en la infausta Lomloe. Pero bueno, esperemos que, esta vez de verdad, al menos la FP empiece a funcionar en España.
Catherine L’Ecuyer: “Hay que desconfiar de los métodos educativos que venden un aprendizaje fácil y acelerado”
¿Cuál es el rol que deben tener los profesores en la educación de sus alumnos? ¿Y qué hay de la tecnología? ¿Cómo influyen las emociones y los sentimientos en el proceso del aprendizaje? Matías, un inquieto estudiante de Educación, y Casilda, una profesora universitaria de 65 años recién jubilada, se embarcan juntos en Conversaciones con mi maestra (Espasa, 2021), un entretenido diálogo entre las ganas de saber y la experiencia vivida que repasa las corrientes pedagógicas que nos han llevado hasta la educación actual, desmonta mitos largamente asumidos y contesta muchas de las preguntas que padres, educadores y políticos seguramente se hacen al lidiar con las sucesivas leyes educativas. Catherine L’Ecuyer, autora también de Educar en el asombro, es investigadora y doctora en Educación y Psicología.
Pregunta. ¿Qué (o quién) sobra en la educación de hoy en día?
Respuesta. Los gurús. Aquellos que usurpan el papel del divulgador científico, buscando la piedra filosofal por el camino más corto y escapando al examen de la ciencia. Los gurús son los que, bajo el mantel de la industria tecnológica, se erigen en vendedores de humo: didáctica populista, homeopatía educativa, neuromitos, tecnomitos… Son creadores de tendencias educativas, como si la educación fuese fruto de unas “modas”. ¡Como las tendencias primaverales de El Corte Inglés! Son sofistas y demagogos, capaces de demonizar la clase magistral a través de una ponencia magistral y de arrancar una ovación al público.
P. Un profesor que sigue basando su enseñanza en clases magistrales, ¿es hoy un mal docente?
R. La clase magistral no tiene sentido en la etapa infantil, porque los niños aprenden a través de las experiencias sensoriales y de las relaciones interpersonales, y aún no tienen desarrollada la capacidad de abstracción que les permite interiorizar una explicación larga. Otra forma adecuada en la etapa infantil sería la “demostración”, que por ejemplo se utiliza en el método Montessori. La instrucción directa, adaptada a cada edad, es clave.
P. ¿Por qué?
R. Porque el niño no nace sabiendo; el educador es clave. Los métodos de descubrimiento son importantes porque ayudan a interiorizar lo aprendido, pero siempre y cuando el niño tenga una base previa para poder poner en marcha una exploración mínimamente guiada. Incluso en la etapa infantil, el juego ha de ser semiestructurado, a través del diseño del ambiente y del material, para que exista un propósito inteligente en la actividad. De lo contrario, la educación se convertiría en el reino del azar. En el caos no se aprende.
P. ¿Son hoy los conocimientos tan importantes como siempre, o han cedido terreno frente al “aprender a aprender” y el desarrollo de habilidades blandas como el pensamiento crítico, la creatividad o el trabajo en equipo?
R. Hay un dilema imaginario y mal planteado entre la educación “nueva” y “tradicional”. Todas esas habilidades son importantes, pero ¿se puede pensar de forma crítica sin criterios y certezas? ¿Se pueden tener criterios y certezas sin conocimientos? ¿Se puede crear de la nada? ¿Se puede compartir conocimientos sobre un tema en un grupo en el que cada miembro no tiene conocimientos previos sobre el mismo? Para investigar sobre una cuestión, se necesita un marco conceptual, una guía de trabajo. Si no, la mente del alumno erra en búsqueda de ese marco y acaba cortando y pegando de Wikipedia. Eso no es educar.
Aliados para impulsar la sostenibilidad
Las Naciones Unidas definen el desarrollo sostenible como ese tipo de desarrollo que responde a las necesidades del presente sin comprometer a las generaciones futuras. Por lo tanto, no solo es una cuestión medioambiental, sino que también tiene factores sociales y culturales a los que debemos prestar atención para caminar en este sentido.
La educación juega en este aspecto un papel fundamental. En palabras de la UNESCO, la educación para el desarrollo empodera a las personas y les anima a cambiar la forma en la que piensan y actúan, en la senda hacia un futuro más sostenible. Por lo tanto, es una baza indispensable para aquellos agentes de cambio que busquen un mundo más limpio y verde.
Aunque se trata de algo reciente, cada vez más las empresas requieren directivos que tengan una visión estratégica en materia de sostenibilidad y que marquen el camino hacia una Transición Verde.
Este tipo de perfiles deben ser capaces de combinar el día a día operativo de sus empresas con acciones innovadoras y revolucionarias que sean respetuosas con nuestro planeta, en línea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Por ello, es esencial contar con una formación directiva que cuente con los mejores expertos de este campo y la información y tecnología más innovadora.
Objetivo: desarrollo directivo con foco en la sostenibilidad
En nuestro país, dos importantes entidades se han unido para crear una oferta de postgrado innovadora y puntera en esta materia. Se trata de la Universidad Pompeu Fabra, a través de la Barcelona School of Management, y la Escuela de Agua de Agbar: combinando la experiencia educativa de la primera y el conocimiento especializado en materia medioambiental de la segunda, juntas ofrecen el Postgrado de Desarrollo Directivo en Negocios Sostenibles, una formación única en lo que a sostenibilidad se refiere.
Este postgrado está dirigido a directivos y ejecutivos que ven necesaria la responsabilidad de generar valor en el entorno de la Transición Verde en sus empresas y los preparará para gestionar de forma adecuada los retos económicos y sociales en el escenario ambiental.
Para esto, expertos y referentes del sector guiarán a los participantes en los contenidos más actuales y les mostrarán cómo abordarlos desde una perspectiva estratégica, financiera y organizativa.
El alumnado podrá aprender lo último en soluciones innovadoras dentro del emprendimiento y el intraemprendimiento verde, que contribuyan con sus acciones a la mitigación o eliminación de problemáticas ambientales.
Para comprender cómo se configura actualmente el escenario de la sostenibilidad, el programa ofrece 4 asignaturas troncales, que se dividen en:
- Entorno Actual
- Proyección Estratégica
- Economía y Management
- Liderazgo
Bajo estos ejes, los alumnos podrán adquirir las herramientas directivas necesarias para diseñar la hoja de ruta de su empresa o departamento hacia una actividad industrial más verde y sostenible.
Deja una respuesta