15 de noviembre de 2021
Educación eliminará este mismo año los exámenes de recuperación de secundaria
Este curso no habrá exámenes de recuperación para los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). El Ministerio de Educación se ve obligado a terminar con las repescas para cumplir con el dictamen emitido por el Consejo de Estado sobre esta cuestión, según has informado fuentes del departamento de Pilar Alegría este viernes. Un día antes, el órgano consultivo había anunciado a la ministra el cambio. Educación asegura que no hay más modificaciones de calado en el dictamen sobre el real decreto de Evaluación, Promoción y Titulación.
El Gobierno pretendía que este curso no hubiese repeticiones, pero varias comunidades ―encabezadas por Galicia, cuyo consejero habló en dos ocasiones del tema con la ministra― reclamaron una moratoria para mantenerlas este año académico. Los gobiernos autonómicos alegaron que la moratoria facilitaba la organización de los centros, ya que los planes del curso ya estaban en marcha. A Alegría ―deseosa de destensar las relaciones con los gobiernos regionales del PP tras meses de encontronazos con su predecesora, Isabel Celaá― le pareció razonable el aplazamiento y así se lo hizo saber a finales de septiembre a las autonomías.
Sin embargo, el dictamen del Consejo de Estado, de obligado cumplimiento al tener carácter “esencial”, fuerza a que las recuperaciones en la ESO ―se mantienen en el Bachillerato― terminen en toda España. El organismo considera que se crearían desigualdades entre los alumnos de las distintas comunidades si unos se examinan y otros no. La eliminación de las recuperaciones, que se han ido moviendo de septiembre a junio y julio, viene recogida en el real decreto que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes.
La Comunidad Valenciana, Aragón y Baleares ―ambas gobernadas por la izquierda― ya habían anunciado que no habría recuperaciones, mientras otras regiones se resistían a anularlas ya como el País Vasco. Es el caso del Gobierno gallego, que se planteó acudir a los tribunales contra el cambio, argumentando que, al haber comenzado ya el curso, la decisión alteraría el calendario escolar previsto. Castilla y León también amagó con recurrir. O Madrid, que había solicitado la moratoria y que este viernes no se ha ahorrado las críticas por boca de su consejero, Enrique Ossorio: “Es un ejemplo más del caótico y desordenado desarrollo que está teniendo la ley Celaá”.
El real decreto establece que los equipos docentes de forma colegiada decidirán la nota y si pasa de curso el alumno de ESO sin que haga un examen de recuperación de las asignaturas que ha suspendido. Asimismo el texto estipula que la evaluación en esta etapa será “continua, formativa e integradora” y que se establecerán medidas de refuerzo cuando el alumno vaya rezagado. La comunidad educativa coincide en que los exámenes, con pocas semanas de margen de estudio, sirven de poco porque los adolescentes vuelven a suspender. Que lo que no se ha aprendido en nueve meses no se adquiere en 15 días.
Los estudiantes de la ESO pasarán de curso cuando el profesorado considere que las asignaturas no superadas no les impiden seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación. Así, obtendrán el título de ESO los alumnos que hayan adquirido, a juicio de los docentes, las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa.
Educación elimina finalmente también para este curso los exámenes de recuperación extraordinarios de la ESO
El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha decidido finalmente eliminar también para este curso los exámenes de recuperación extraordinarios de junio y septiembre correspondientes a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), para cumplir con el dictamen emitido por el Consejo de Estado sobre esta materia.
Así lo han confirmado este viernes a Europa Press fuentes del departamento que dirige Pilar Alegría, que indican que, por lo tanto, no se aplicará la moratoria de un año anunciada por la titular de la cartera de Educación tras las peticiones de varias comunidades autónomas de mantener durante este curso académico las citadas recuperaciones.
Madrid, Murcia, Galicia, Andalucía y Canarias tenían previsto mantener este curso escolar, ya iniciado, los exámenes de recuperación en Secundaria, mientras que otras regiones como la Comunidad Valenciana y Cataluña ya confirmaron que las eliminarían.
El proyecto de Real Decreto por el que se regula la evaluación, promoción y titulación en Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, dado a conocer a las regiones este mes de septiembre, no contemplaba la realización de los exámenes de recuperación en la ESO, pero algunas comunidades autónomas pidieron una moratoria.
Fuentes ministeriales consultadas por Europa Press detallan que la ministra consideró «razonables» los motivos esgrimidos por algunas comunidades, como Galicia, y se incluyó la citada moratoria en la Disposición Transitoria Quinta para que las comunidades autónomas pudieran decidir sobre este asunto para el presente curso 2021/2022.
Sin embargo, el dictamen emitido por el Consejo Escolar del Estado se opone a esta posibilidad y cree que debe eliminarse ya que habría «desigualdad» entre unas comunidades y otras.
«Es de obligado cumplimiento», añaden las fuentes del Ministerio de Educación. No obstante, según señala el propio Consejo de Estado, sus dictámenes no son vinculantes, con carácter general. En algunos casos, no obstante, sí lo son, como cuando se refieren a supuestos de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho. A pesar de no ser vinculantes, prácticamente el 99% de los dictámenes emitidos por el Consejo de Estado son secundados por los órganos consultantes.
El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha trasladado la decisión a los viceconsejeros autonómicos del ramo en un encuentro mantenido este mismo viernes.
La ministra de Educación anuncia un nuevo modelo de EBAU con más contenidos comunes
En una entrevista concedida a la Cadena SER en Burgos, la ministra ha asegurado que el actual modelo de EBAU parte de la ley educativa (Lomce) aprobada por el anterior Gobierno del PP, aunque la vigente (Lomloe), promovida por el Ejecutivo socialista, plantea trabajar para cambiar esa prueba de acceso a la universidad. Alegría ha asegurado que los trabajos ya se han iniciado, se han abierto conversaciones con la Conferencia de Rectores Españoles y se están elaborando diferentes modelos, que tienen en común un amplio bloque común y “cierto margen” para las comunidades autónomas.
Pilar Alegría se ha referido también a la ratio profesor-alumnos en España, que ha asegurado que en muchos casos está por debajo de la media europea, aunque la regulación estatal deja un margen del 10 por ciento al criterio de las comunidades autónomas. La ministra ha reconocido que la reducción de alumnos por aula es una postura que se ha reforzado durante la pandemia, con los obligados desdobles de clases. En este sentido, ha añadido que ha pedido a las comunidades autónomas que a la hora de invertir los fondos del II Plan Covid prioricen a la Educación.
El Gobierno pagará este mes la parte pendiente de ayudas del II Plan Covid
Por otro lado, el Gobierno central pagará este mes a las comunidades autónomas el 30 por ciento de los fondos del II Plan Covid que estaba pendiente, tras el abono en septiembre del 70 por ciento, ha informado también la ministra. En declaraciones a los periodistas antes de clausurar los actos del 175 aniversario del Instituto “Cardenal López de Mendoza”, en la capital burgalesa, Alegría ha recordado que el Gobierno dotó el primer plan con 16.000 euros, que incluían 2.000 específicamente para el sistema educativo. Para este segundo plan, para 2021, dotado con 13.500 euros, la ministra ha reconocido que no hay partida específica para Educación, aunque ha explicado que se ha dirigido a los responsables de las comunidades autónomas en esta materia para aconsejarles consideren que la Educación debe ser prioritaria a la hora de recibir estas ayudas.
Por su parte, la consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, ha asegurado que varias comunidades están pidiendo a la Administración del Estado que fije alguna dotación económica para los meses de enero a agosto de 2022, la parte del curso escolar que no cuenta con posibilidad contar con fondos específicos para la Covid ya que no hay un plan previsto para el próximo año. Lucas ha explicado que hay una dotación de algo más de 760 millones de euros para las necesidades especiales que genera la prevención de la pandemia en los centros educativos, aunque ha recordado que el curso no termina en diciembre y en el borrador de presupuestos estatal no hay ninguna partida para nuevas medidas contra el Covid.
También el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa (PSOE), ha aprovechado la presencia de la consejera de Educación para reclamar fondos, en su caso para la limpieza extraordinaria de los centros educativos porque las aportaciones del gobierno autonómico solo cubren el 25% del gasto extraordinario que afronta el Ayuntamiento.
En lo que sí han coincidido las autoridades asistentes al acto de aniversario del instituto “Cardenal López de Mendoza” es en la importancia del centro, creado por una Real Orden de Isabel II en 1845. La ministra se ha referido al instituto como “buque insignia” de la Educación pública en España, ya que en 1985 se convirtió en el segundo de España, tras el “Ramiro Maeztu” de Madrid, en impartir el Bachillerato Internacional. Además, ha insistido en la definición de la Educación pública como “una prioridad para el Gobierno” y ha recordado que en 2021 invirtió 268 millones de euros en esta materia en Castilla y León, para crear 6.500 plazas de formación profesional y avanzar en planes de cooperación territorial, Educación de 0 a 3 años y digitalización.
Por su parte, la consejera de Educación ha recordado que se trata de un instituto incluido en la Red de Centros Históricos de Castilla y León y un “referente” en lo que se refiere en innovación, con una alta implantación de Tecnologías de la Información y la Comunicación y del bilingüismo.
Alegría da el “golpe mortal” a las academias al anunciar por sorpresa el fin de las recuperaciones de la ESO desde este curso
No habrá exámenes de recuperación desde este curso. El Ministerio de Educación ha eliminado la moratoria de un año que había dado a las Comunidades autónomas para la supresión de los exámenes de extraordinarios de recuperación de la ESO después de que el Consejo de Estado impida mantener este año los exámenes ante la circunstancia de que unas autonomías puedan tener «repescas» y otras. El informe lo ha emitido tras examinar el proyecto de Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación y la noticia ha sido comunicada hoy a las Comunidades autónomas en el transcurso de una reunión de la Comisión General de Educación. Esto supondría el fin de los exámenes de recuperación que en Madrid se celebraban en junio, desde hace unos años («juniembre») y que en otras Comunidades autónomas se convocan en septiembre y un “golpe mortal” a las academias de recuperación, según asegura Antonio Barbeito, presidente de la Asociación de Academias de Enseñanza de Madrid (Ascade). “Cuando se quitaron las recuperaciones de septiembre en algunas autonomías, como Madrid, ya perdimos el 30% de nuestro negocio. Después, vino la Covid y ahora, si los chicos saben que van a pasar de curso y no va a haber recuperaciones…Toca reinventarse porque esto va a suponer la pérdida de miles de puestos de trabajo”. Barbeito cree que con medidas como esta “la educación va a sufrir porque de lo que se trata es de disminuir constantemente la exigencia y eso es una forma de penalizar la educación”.
Algunas autonomías, como la madrileña, se habían opuesto al decreto porque consideraban que no se podían cambiar las reglas del juego a mitad de curso y contaban con poder hacer este año las recuperaciones acogiéndose a la moratoria ministerial. Y más cuando todavía ni siquiera el decreto ha sido aprobado por el Consejo de Ministros a falta solo de siete meses para que acabe el curso. El Gobierno central ha venido manteniendo que esta «segunda oportunidad» para los alumnos de entre 12 y 16 años más rezagados no tiene sentido porque lo que se pretende es de reforzar conocimientos antes de llegar al suspenso y de que todo vaya orientado hacia una enseñanza más personalizada. El consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio, ha rechazado que los alumnos de la ESO no vayan a tener exámenes extraordinarios. «Aunque la ministra anunció en septiembre una prórroga para que aquellas comunidades que lo considerasen pudieran mantener este curso las pruebas extraordinarias, finalmente esto no se va a llevar a cabo. Esto es un ejemplo más del caótico y desordenado desarrollo que está teniendo la lomloe, la normativa más dañina de la historia de la educación», ha dicho el consejero de Educación, Enrique Ossorio, quien también aboga por aplazar un año la entrada en vigor de los currículos.
16 de noviembre de 2021
Los colegios deberán contar a partir del curso que viene con un coordinador contra el acoso y la violencia contra la infancia
El próximo curso, todos los centros educativos, ya sean públicos, privados o concertados, deberán contar con un coordinador de bienestar y protección, que será la figura de referencia en los centros a la que los niños podrán acudir en caso de que sean víctimas de violencia, desde el bullying al abuso o maltrato. Serán los responsables de actuar ante casos sospechosos y de velar por que se cumplan los protocolos contra cualquier forma de violencia contra la infancia. Para entonces esta figura también deberá estar operativa, bajo el nombre de delegado de protección, en las entidades que realicen actividades deportivas y de ocio.
Así lo ha acordado este lunes la conferencia sectorial de infancia, que reúne a las comunidades autónomas y al Ministerio de Derechos Sociales, y que ha acordado una hoja de ruta para desplegar las medidas contenidas en la ley de protección de la infancia frente a la violencia, que fue aprobada el pasado mayo y que es pionera en cuanto a reconocimiento de derechos de los niños y adolescentes, pero exigirá un gran despliegue normativo por parte de las autonomías y del ministerio hasta poder aplicarse por completo.
El acuerdo ha sido aprobado por 10 autonomías, seis se han abstenido (con la intención de consultar previamente con las consejerías de educación) y solo el País Vasco ha votado en contra. Durante la tramitación parlamentaria de la ley, el PNV ya había mostrado su rechazo por motivos competenciales. El pacto no es vinculante, pero se trata del primer acuerdo del Gobierno con las autonomías para avanzar en labores de coordinación durante el despliegue de la ley.
El coordinador de bienestar y protección del alumnado será la figura de referencia en los centros educativos para todo asunto relacionado con la violencia o con la prevención de la misma. Estará supervisado por el director y su labor será, básicamente, que se cumplan los protocolos de prevención de la violencia y de buen trato. Será quien actúe ante casos sospechosos. Entre sus tareas, según se especifica en la ley, estará la de promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los menores, tanto para el personal como para los propios estudiantes, la de identificarse ante la comunidad educativa como el principal referente para las comunicaciones relacionadas con violencia en el centro o en su entorno, y la de coordinar los casos que requieran intervención por parte de los servicios sociales, así como de las fuerzas de seguridad.
“Es una tarea urgente que incluimos en la ley y que debemos poner en marcha tan pronto como sea posible”, ha dicho durante el encuentro la ministra, Ione Belarra, en referencia a esta figura. “Deben ser la pieza clave que se encargue de que se implementen los planes y protocolos en el ámbito educativo y en el ocio y el deporte, de escuchar a los menores y sus avisos sobre cualquier tipo de violencia, y de comunicar situaciones de riesgo”, ha añadido, algo que “no puede esperar más”. En el curso 2022-2023 deberán estar completamente operativos. Y en el segundo trimestre del próximo año, la conferencia sectorial hará un análisis del grado de articulación y desarrollo de estas figuras.
El Gobierno aprueba mañana la supresión de los exámenes de recuperación en la ESO desde este mismo curso
El Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros el proyecto de real decreto por el que se regula la evaluación, promoción y titulación en la Educación Primaria, Secundaria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP), documento que elimina las pruebas de carácter extraordinario en la ESO desde este mismo curso 2021-2022, según informan a Europa Press fuentes del Ministerio de Educación y FP.
Un primer borrador de este proyecto eliminaba estos exámenes de recuperación de final de curso en Secundaria, manteniendo las de Bachillerato, pero más tarde, la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, aseguró que dejaría en manos de las comunidades autónomas la decisión sobre suprimir o mantener estos exámenes para este curso escolar, siendo ya eliminados para el siguiente. Sin embargo, el Ministerio ha decidido suprimirlos desde este mismo curso y en toda España después de que el dictamen del Consejo de Estado a la norma considere que dejar a cada comunidad autónoma tomas la decisión generaría desigualdades.
Además de este asunto, el decreto también establece que la evaluación en la ESO será «continua, formativa e integradora» y, como en Primaria, las decisiones sobre promoción y titulación serán adoptadas colegiadamente por el equipo docente tras una convocatoria de evaluación que tendrá lugar al finalizar el curso escolar.
Los alumnos de ESO promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias que, en su caso, pudieran no haber superado, «les permite seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica». En todo caso, promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias.
En cuanto a la evaluación en Bachillerato, será «continua y diferenciada según las distintas materias» y los alumnos pasarán de primero a segundo cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo.
Para obtener el título de Bachiller, será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato, aunque excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachiller por un alumno que haya superado todas las materias salvo una.
Para que se dé esta condición, deberán cumplir las siguientes condiciones: que el equipo docente considere que el alumno ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título; que no se haya producido una «inasistencia continuada y no justificada» por parte del alumno en la materia; que el alumno se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de recuperación; y que la media de las calificaciones obtenidas en todas las asignaturas de la etapa sea igual o superior a un 5.
Un 30% de alumnos deja los estudios antes de terminar la Secundaria
Los resultados de una reciente investigación de la UNED publicada en la Revista Española de Orientación y Psicopedagogía muestran que la mayoría de las personas tituladas en Secundaria Obligatoria continúan estudiando con éxito, contribuyendo así a la reducción del abandono escolar temprano. Sin embargo, un 30% del alumnado que comienza sus estudios en ESO, no llega a terminarlos, siendo aproximadamente dos terceras partes de ese porcentaje quienes abandonan antes de 4º.
Según el estudio citado, “el éxito de la titulación en FP Básica es menor que en los PCPI, por lo que su contribución a la mejora de la cifra de abandono es clara porque permite certificar un nivel CINE 3 (Secundaria superior)”, opina Javier Morentín, uno de los autores del estudio que también firma Belén Ballesteros, y que recomienda “valorar con urgencia el funcionamiento y la implantación de medidas de flexibilización en los centros educativos que faciliten el éxito escolar”.
Transiciones entre etapas
Según explica Morentín, “desde el punto de vista de la orientación educativa, interesaba evidenciar las transiciones entre las distintas etapas hasta la consecución del nivel CINE 3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación) para responder a las preguntas: ¿cómo se produce la progresión de Secundaria obligatoria hacia Secundaria postobligatoria? y ¿cómo incide la Formación Profesional Básica (FPB) en el cálculo del abandono?”.
El artículo resulta relevante para la comunidad científica y educativa que estudia el abandono temprano de la Educación porque cuestiona los indicadores utilizados para medir las mejoras del sistema educativo nacional. “Además, los resultados derivados de nuestra investigación subrayan el interés del seguimiento y evaluación de las actuales medidas de prevención del abandono, con especial atención a la FP Básica, considerando que el análisis de sus resultados y la continuidad de las trayectorias, educativas o laborales, son aspectos clave para la orientación”, explica el investigador.
Varios estudios han puesto en evidencia que la orientación académica y la oferta formativa tienen una gran influencia en el proceso de elección de los estudios de Formación Profesional. “De hecho, la insatisfacción con la formación (bien por no ser la primera opción elegida, bien por no adaptarse a las expectativas del alumnado) es una de las causas principales de abandono en la Formación Profesional (tanto en el Grado Medio como en la Superior)”, señala Morentín, que apunta que “el desarrollo de una orientación académica es fundamental en la prevención del abandono escolar”.
Los grandes retos que habría que asumir para disminuir este abandono empiezan, según los autores, por evaluar correctamente el abandono mismo. “A día de hoy no se realiza de forma adecuada”, opina Morentín. “En segundo lugar, habría que establecer procesos de orientación centrados en el interés del alumnado y tener una oferta académica suficiente, flexibilizando también la cantidad de contenidos que se exige al profesorado que la imparta”, añade.
La cifra oculta la realidad
En sus conclusiones, el artículo señala que aunque la preocupación por el abandono temprano es “una constante en las políticas educativas y orientadoras tanto a nivel europeo como nacional –preocupación que se traduce en porcentajes como hitos a alcanzar en las tasas de reducción del abandono– el interés por la cifra se antepone a la revisión de las prácticas”.
Nos encontramos así en un “panorama complejo”: las medidas impulsadas por la LOE y Lomce para prevenir y dar respuesta al abandono “no son objeto de evaluación por parte de las administraciones públicas”, señala esta investigación; se focaliza la atención en el resultado más que en los procesos educativos y de orientación. “La cuantificación del abandono educativo no permite comprender con detalle qué está ocurriendo en la promoción de los estudiantes desde Secundaria hasta niveles postobligatorios”, añade el informe.
“Si atendemos a los resultados que se derivan de esta cuantificación, podríamos pensar que son positivos, pues el porcentaje de abandono viene disminuyendo desde 2009”. Pero se necesita una “panorámica más compleja para comprender esta evolución”, señalan los autores.
Los colegios de Madrid inician una campaña para ayudar a los escolares de La Palma
Las asociaciones de padres y madres de alumnos de Madrid han lanzado una campaña solidaria con los escolares canarios afectados por la erupción del volcán en La Palma. Cada niño de los colegios madrileños donará un euro a los centros escolares de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.
A lo largo de toda la semana, los escolares de nuestra región depositarán un euro solidario en sus respectivos colegios. Una vez hecha la recolecta, el dinero se ingresará al 50% en las cuentas de Mensajeros de la Paz y de Cáritas de La Palma.
Ese dinero se repartirá a partes iguales entre todo el alumnado que está afectado. Unos datos que facilitan a ambas ONG los responsables de educación de esos tres ayuntamientos.
Se trata de una campaña, promovida con ocasión del Día Universal del Niño, el sábado próximo, que ha presentado este lunes la periodista Nieves Herrero.
La erupción en la Palma afecta a unos 5.000 alumnos de una veintena de centros escolares, algunos de ellos cerrados temporalmente a causa de la lava, y otros con cierres parciales o clases telemáticas debido a la calidad.
17 de noviembre de 2021
Educación aprueba las nuevas reglas sobre repetición de curso, que aspiran a convertirla en algo excepcional
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la distribución entre las comunidades autónomas de 666,5 millones de euros para crear 65.382 plazas de educación infantil de titularidad pública para niños de cero a tres años. Y de otros 87,7 millones para reforzar la Formación Profesional en sectores estratégicos. El Gobierno también ha aprobado el nuevo decreto de evaluación, por el que, salvo en el Bachillerato, pasar de curso ya no estará vinculado directamente al número de suspensos, sino a lo que el equipo de profesores consideren mejor para la evolución académica del alumnado, como adelantó EL PAÍS en junio.
El Ministerio de Educación fijó al principio de la legislatura la expansión de la cobertura de la escolarización infantil como uno de sus principales objetivos. Y en mayo anunció la creación de 65.382 plazas públicas, que serán financiadas con el fondo europeo de recuperación. El plan del Ejecutivo es que las comunidades creen las plazas entre este año y 2023 con los fondos finalistas que va a transferirles: 200,7 millones este año, 331 millones el que viene y 134,7 millones el siguiente.
La Ministra de Educación, Pilar Alegría, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la medida “aliviará la economía de muchas parejas y les permitirá también reincorporarse antes a la vida laboral activa, especialmente a las mujeres jóvenes, ya que suele ser sobre las que recae mayoritariamente el cuidado de los hijos”. Alegría ha recordado que la escolarización en el primer ciclo de infantil se sitúa en el 38,3%, pero con grandes diferencias según la riqueza de las familias: mientras que en los hogares humildes se sitúa en el 26,3%, entre los de rentas más elevadas alcanza el 63,5%.
Las investigaciones sobre el efecto de la escolarización en el primer ciclo de infantil indican que resulta beneficiosa para la posterior trayectoria educativa del alumnado, especialmente del que procede de entornos desfavorecidos. A la hora de invertir los fondos, ha afirmado la ministra, las comunidades deberán “priorizar el acceso del alumnado en zonas con mayor incidencia de riesgo de pobreza o exclusión social y la extensión a áreas rurales”.
El Gobierno concede 25.000 euros a una asociación para incentivar a estudiantes franceses que estudien en España
El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión directa de una subvención a la entidad ‘Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa’, para la realización de actuaciones para la incentivación de estudios de grado y postgrado en España por jóvenes de nacionalidad francesa y franco-española. El importe de la subvención será de 25.000 euros, con cargo al presupuesto de gastos del organismo autónomo Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).
La entidad ‘Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa’, es una asociación española con fines no lucrativos y declarada de utilidad pública.
En concreto, se ha autorizado la concesión directa de una subvención por razones de interés público para: favorecer la movilidad de jóvenes de nacionalidad francesa o franco-española que desean realizar estudios universitarios de grado o posgrado en España; para favorecer el incremento de estudiantes franceses que opten por ampliar sus estudios en España; para la generación de vínculos entre los sistemas universitarios español y francés; y para la profundización de la colaboración educativa en el marco europeo y en el ámbito de la educación superior, fomentando la internacionalización de los sistemas universitarios español y francés.
‘Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa’ destinará la subvención a financiar ayudas a alumnos que hayan superado programas de doble titulación Bachibac y/o Secciones Internacionales Españolas en Francia y que vayan a realizar estudios superiores de grado en España y al alumnado de la educación francesa que vaya a realizar un postgrado en alguna universidad española.
La cuantía de las becas oscilará entre 2.000 y 2.500 euros, por lo que se prevé que podrán beneficiarse de las mismas 10 estudiantes franceses.
Los 660 millones de euros que pondrá el Gobierno para 64.000 plazas de Infantil serán sólo para la pública
El Consejo de ministros ha aprobado este martes la distribución de 660 millones de euros entre las CCAA para impulsar la escolarización en el primer ciclo de Infantil, sobre todo entre los alumnos de 1 y 2 años. El objetivo es mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar y reducir el fracaso escolar, pues la evidencia científica apunta que la escolarización en esta etapa es uno de los predictores más importantes de los resultados académicos futuros. Pero esta inversión -la mayor realizada nunca en esta etapa- está lejos de la prometida universalización pactada entre el PSOE y Unidas Podemos, según apuntan los sindicatos. Además, la escuela concertada afea al Gobierno que no haya contado con ellos, pues todas las plazas tendrán que ser públicas.
¿HAY MUCHOS NIÑOS ESCOLARIZADOS EN EL 0-3?
En España hay 1.118.000 niños de 0 a 3 años, según datos del INE de 2020. De ellos, el 37% está escolarizado en escuelas infantiles, una tasa superior a otros países (25% de meda en la OCDE y 22% en la UE). Son 407.000 alumnos, aunque las cifras se han reducido con la pandemia pues con el teletrabajo muchas familias han preferido dejarlos en casa. En el curso 2018/2019 llegó a haber 472.000 alumnos matriculados. En la segunda etapa de Infantil (de 3 a 6 años) el porcentaje de escolarización es mucho mayor -el 97%- y se ha conseguido la universalización.
¿CON ESTOS FONDOS SE LOGRA LA UNIVERSALIZACIÓN?
La universalización del acceso a la etapa de 0-3 años es uno de los puntos recogidos en el acuerdo de gobierno firmado en 2018 entre el PSOE y Unidas Podemos. El pacto contemplaba elaborar de forma conjunta con las CCAA un plan de extensión de Infantil, con «una red pública e integrada de recursos que garantice una oferta suficiente de plazas públicas para todos los niños y niñas menores de tres años». Ahora la educación de 0 a 3 años no es gratuita, a diferencia de la enseñanza de 3 a 6 años. La escolarización en 0-3 años es del 54% en la pública y el 46% en la privada.
Las 65.000 nuevas plazas suponen un incremento del 16% sobre las ya existentes. Fuentes de CCOO y de CSIF señalan que «con estas cifras está lejos de alcanzarse la universalización», pues se necesitarían alrededor de 800.000 plazas para igualar la situación con el segundo ciclo de Infantil, aunque no necesariamente todas las familias demandarían este servicio. CCOO ha calculado en un informe que la creación de 500.000 plazas más supondría un coste de 4.727 millones de euros.
¿CÓMO SE REPARTIRÁ EL DINERO?
Se hará de forma progresiva en los próximos tres años: 200 millones en 2021, 331 en 2022 y 134 millones en 2023. Las regiones que más dinero reciben son Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Las plazas las gestionan las CCAA salvo en el caso de Ceuta y Melilla, donde se suscribirán convenios para construir escuelas infantiles. Los fondos se han repartido atendiendo al número de niños entre 0 y 2 años, la dispersión de la población, las tasas netas de escolaridad y el nivel de estudios.
Pasar de curso dejará de depender solo del número de materias suspensas
Así lo regula el real decreto de Evaluación, Promoción y Titulación aprobado este martes en el Consejo de Ministros, en cuya rueda de prensa posterior, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, subrayó que con la evaluación continua hay que detectar las dificultades de aprendizaje y lograr “una mayor motivación” entre el alumnado para que superen con éxito las distintas etapas educativas.
Tras señalar que los cambios entrarán en vigor en el curso 2021-22, Alegría recordó que esta normativa no hace más que desarrollar la Lomloe, aprobada en diciembre de 2020, y ha rechazado las críticas respecto a que se esté atacando valores como los del esfuerzo y el mérito. “Intentamos promover un esfuerzo basado en la motivación no en el castigo” para que los alumnos alcancen el “mejor aprendizaje posible”, enfatizó la ministra. Además, dijo, se trata de atender las necesidades específicas de cada alumno, detectar las dificultades y prestar apoyo al estudiante, y “confiar más” en los docentes que son los que mejor conocen la adquisición de competencias de sus alumnos.
El objetivo del decreto es promover una evolución positiva del alumnado, especialmente en la educación obligatoria, favoreciendo que los escolares pasen por estas etapas con la mayor garantía de aprendizaje y manteniendo sus expectativas de lograr una formación tan avanzada como sea posible. Al respecto, Alegría considera muy preocupante que el 30% de los alumnos menores de 15 años hayan repetido al menos una vez de curso y que las tasas de abandono del país se sitúen en un 16%.
Evaluación continua y global en Primaria
- Las decisiones sobre la promoción serán adoptadas por los equipos docentes, que actuarán de manera colegiada. Se someterá a su consideración únicamente al acabar los cursos de segundo, cuarto y sexto, siendo ésta automática en el resto de cursos de la etapa.
- Será completamente excepcional la repetición de curso, que se contemplará únicamente tras haber agotado el resto de medidas y cuando se estime que esta medida es la más adecuada para favorecer el desarrollo del alumno.
ESO: se primarán los objetivos y competencias fijados
- Cada materia se evaluará de manera diferenciada, pero los equipos docentes deberán primar la consecución por el alumno de los objetivos y competencias fijadas.
- Las decisiones sobre promoción dejan de estar condicionadas por el número de materias superadas y pasan a recaer enteramente sobre el equipo docente.
- Los docentes valorarán que las materias no superadas por el alumno le permiten seguir con éxito el curso siguiente y estime que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica.
- La repetición se considera una medida absolutamente excepcional que solo se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo.
- El alumno podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.
- La decisión sobre la titulación recae también totalmente sobre el equipo docente, sin que pueda quedar condicionada por el número o la naturaleza de las materias no superadas.
- Se primará la adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa como criterio fundamental para la concesión del título.
- Se suprimen las convocatorias extraordinarias de junio y/o septiembre para terminar con la incongruencia de resolver un proceso de nueve meses de trabajo en una prueba única.
Ciclos de FP Básica
- La evaluación del proceso de aprendizaje será igualmente continua, formativa e integradora.
- Quienes superen todos los módulos incluidos en un ciclo de Formación Profesional Básica obtendrán el título de Graduado en ESO.
19 de noviembre de 2021
Los rectores plantan a Castells y colocan su ley al borde del naufragio
El Consejo de Universidades ―que reúne al ministro con los responsables de los campus (50 de 87 de la pública)― se ha celebrado este jueves de forma virtual en un ambiente tensísimo, según reconocen fuentes del Ministerio de Universidades y de la conferencia de rectores (CRUE). El ministerio convocó a sus miembros para tratar la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y ha sufrido un plantón de los rectores en toda regla. Se ha escenificado con una única intervención de estos, la de su presidente José Carlos Gómez Villamandos, que se ha negado a que el consejo emita un informe preceptivo para aprobar la ley. La CRUE considera que no está sobre la mesa el documento definitivo y ha propuesto que se posponga a la siguiente sesión con un texto que consideren concluyente.
En paralelo, las asociaciones de estudiantes que acuden a las reuniones (CREUP y CEUNE) han convocado para este jueves “parones académicos” contra la ley del ministro Manuel Castells que no han tenido gran repercusión. Y el viernes se celebra una reunión con ERC ―el socio que debería apuntalar la ley en la votación en el pleno del Congreso― en medio de un ambiente poco propicio para el acuerdo, pues el Gobierno catalán ―del que este partido forma parte― reclama más autonomía de gestión para sus campus y ha presentado 100 páginas de alegaciones a la LOSU. Las universidades catalanas ―que comparten su criterio con la Generalitat―, por su parte, durante un debate celebrado la semana pasada en la Universidad de Barcelona criticaron la “excesiva regulación” del proyecto de ley.
Gómez Villamandos, según se recoge en un relato de la reunión que la CRUE ha hecho llegar a la prensa, ha mostrado su “frustración” porque asegura que esperaban el texto con “optimismo e ilusión” y sostiene que el proyecto de la LOSU “no es lo suficientemente innovador para el nivel de transformación socioeconómica que requiere España”. Fuentes del ministerio reconocen su decepción. La relación de Castells y la CRUE ha sido muy buena en estos casi dos años de Gobierno de coalición: tan solo tuvieron un fuerte encontronazo por los exámenes presenciales del pasado enero. El plantón de los rectores al ministro José Ignacio Wert en 2012 ―se levantaron de la mesa porque se negaba a discutir los recortes― es el único momento de gran tensión que se había vivido entre la CRUE y el Gobierno en ejercicio en la última década. La conferencia es siempre muy comedida en sus declaraciones, pues representa a un espectro muy dispar de universidades públicas y privadas.
El ministerio, por el contrario, opina que los rectores no miran al futuro pues han rechazado de nuevo el plan del Gobierno para terminar con la precariedad salarial en los campus. Su pretensión es reservar el 15% de las nuevas plazas para profesores asociados que hayan leído la tesis, pero la CRUE no quiere que existan cupos y se ampara en la autonomía universitaria. “Una reserva legal para el acceso al empleo público debe justificarse en elementos objetivos de discriminación o en la existencia de méritos específicos diferenciados, algo que no ocurre en este caso”, defendió la CRUE en sus alegaciones.
Estudiantes se movilizan en toda España contra las reformas universitarias: «Queremos que se nos escuche»
Estudiantes universitarios se han manifestado este jueves en varias ciudades del país para protestar contra la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), en la que trabaja actualmente el Gobierno, y contra la Ley de Convivencia Universitaria (LCU), en trámite parlamentario.
Las movilizaciones, convocadas por la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), Estudiantes en Movimiento y Frente de Estudiantes, han tenido lugar este jueves en varias ciudades del país como Madrid, Barcelona, Bilbao, Cáceres, Córdoba, Granada, Gran Canaria, León, Logroño, Málaga, Navarra, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid y Zaragoza. En la capital, la protesta se ha desarrollado frente al Congreso, mientras que en la ciudad condal ha sido en la Plaça Universitat.
A las protestas se ha unido también el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE), órgano colegiado adscrito al Ministerio de Universidades. Este órgano, que se reunió esta semana con el ministro Manuel Castells, trasladó su malestar al ministro por ambas reformas.
A juicio del CEUNE, la futura LOSU (en la que trabaja el Ministerio) no supone ningún avance con respecto a la Ley Orgánica de Universidades (LOE) vigente desde 2001, mientras que la Ley de Convivencia Universitaria (que fue aprobada esta semana en el Congreso con los cambios introducidos por PSOE, Unidas Podemos y ERC) «elimina el espíritu de mediación y resolución de conflictos que caracterizaba al proyecto de ley» original presentado por Castells.
«El estudiantado ha hablado y ha salido a la calle para reclamar que se les escuche y tengan en cuenta», ha señalado en declaraciones a Europa Press la vicesecretaria del CEUNE, Laura Alcaide. «Hoy nos hemos movilizado para mostrar nuestro rechazo al contenido de la LCU y la LOSU, porque sin el estudiantado no hay universidad».
Según expone Alcaide, los estudiantes llevan «mucho tiempo» reclamando una «nueva perspectiva que no deje de lado a su estudiantado» en la futura Ley Orgánica de Sistema Universitario (LOSU).
Mientras que, en cuanto a la Ley de Convivencia Universitaria, que era un proyecto consensuado con los sectores de la comunidad universitaria, según recuerda Alcaide, ha sufrido «una gran modificación en el Congreso» que «repercute en los mecanismos de medicación comunes para las universidades españolas, posibilitando que puedan generarse desigualdades entre universidades y mermando los derechos del estudiantado».
La vicesecretaria del CEUNE espera que el poder legislativo decida «cambiar el rumbo» de ambas reformas. «De lo contrario, continuaremos reclamando y mostrando nuestro desacuerdo en todos los foros que nos sean posibles», advierte.
Además de las movilizaciones, que han sido también apoyadas por sindicatos como el CSIF, las asociaciones convocantes han llamado a realizar «paros académicos» para realzar la protesta. Estos ‘paros’ han sido secundados en casi todas las provincias españolas, según ha indicado Alcaide.
El Consejo Escolar del Estado pide incluir en Primaria la adquisición de habilidades para el trabajo doméstico
La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado ha analizado este jueves el proyecto de real decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y ha pedido al Gobierno que incluya en esta norma un nuevo objetivo que han de alcanzar los alumnos en esta etapa.
Se trata de «adquirir habilidades para el trabajo doméstico que les permitan ganar autonomía y valorar estas actividades», propuesta presentada por la Federación de Enseñanza de CCOO.
Durante la reunión, la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado ha analizado un total de 271 enmiendas, de las cuales han sido aprobadas todas menos una decena.
Otras de las propuestas aprobadas van encaminadas a reforzar en los menores de 6 a 12 años la corresponsabilidad –el proyecto no recoge ninguna mención a este término– y los trabajos relacionados con los cuidados.
El Consejo Escolar del Estado reclama la inclusión de esta terminología en varios apartados del proyecto, como en el relativo a los fines (art. 4), las competencias que han de adquirir los alumnos (dentro de la competencia ciudadana), los saberes básicos de la etapa, en lo que respecta a la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos o en las Situaciones de Aprendizaje (Anexo III).
«Las situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la corresponsabilidad en el cuidado de las personas, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el alumnado se prepare para responder con eficacia a los retos del siglo XXI». Este es uno de los ejemplos, a iniciativa de FECCOO y UGT, del redactado propuesto por el Consejo, que será remitido al Ministerio para su valoración.
Los rectores se niegan a emitir informe sobre la reforma de Castells
El presidente de Crue Universidades Españolas, José Carlos Gómez Villamandos, ha planteado que la redacción del informe preceptivo se posponga a la siguiente sesión del órgano consultivo, en la que se espera disponer de un texto concluyente. Villamandos ha sido el único rector que ha hecho uso del turno de palabra durante la reunión del Consejo de Universidades, en la que figuraba como único punto del orden del día el debate e informe del anteproyecto de la LOSU, explica la Crue en un comunicado.
Durante su intervención, ha mostrado “la frustración” de los rectores ante un texto “supuestamente reformador que esperaban con optimismo e ilusión” y que ahora ven que “no es lo suficientemente innovador para el nivel de transformación socioeconómica que requiere España”. Y ha reiterado que el proyecto de ley no aborda “con decisión” la necesidad de una mayor autonomía y financiación para modernizar y hacer más competitivas a las universidades. “Si realmente se quiere que las universidades españolas empiecen a colocarse entre las 100 mejores del mundo, es imprescindible dotarlas de una financiación específica –con un plan de incremento de gasto público específico para la educación universitaria– y acorde con los resultados que se exigen. Lo contrario sería injusto y absurdo”, ha añadido.
El también rector de la Universidad de Córdoba ha censurado que se hayan “quedado atrás” las reformas dirigidas a hacer más eficiente el gobierno de las universidades y que el anteproyecto no genere unidad “sino todo lo contrario”. En este contexto, ha lamentado que “se haya roto la trayectoria de consenso en las negociaciones previas de los reales decretos y leyes desarrolladas durante estos meses”, y ha pedido a Castells que “no tenga prisa”. No se trata de “tener una ley a toda costa”, sino de consensuar una “buena ley que acerque a las universidades españolas a Europa y las haga más competitivas y eficientes”, ha enfatizado.
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