22 de noviembre de 2021
Podemos quiere que el Gobierno asegure que la escuela concertada informa a las familia que las cuotas son voluntarias
El Grupo parlamentario Unidas Podemos-En Comù Podem-En Marea ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados con la que quiere asegurar que la escuela concertada informa a las familias de que las cuotas son voluntarias.
En el texto, recogido por Europa Press, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en colaboración con las administraciones educativas, «medidas que permitan asegurar que los centros concertados sostenidos con fondos públicos informen, como mínimo una vez al inicio del cada curso escolar, de la voluntariedad de las aportaciones económicas de las familias».
Según expone la formación en la exposición de motivos, «la normativa vigente determina que los colegios concertados sostenidos con fondos públicos son gratuitos para las familias». «Sin embargo, lo habitual es que se establezcan una serie de cuotas llamadas voluntarias que acaban pagando las familias», subraya.
También argumenta que hay informes de la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) o de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que afirman que «son mayoría las familias que desconocen la voluntariedad de dichos pagos, denunciando así la falta de transparencia y claridad a la hora de comunicar este carácter voluntario establecido por ley».
«Por ejemplo, la CICAE registró en septiembre de 2017 un informe en la Asamblea de Madrid en el que se demuestran presuntas irregularidades en el cobro de cuotas de la mayoría de colegios de la nueva concertada de la Comunidad de Madrid», detalla la formación política.
En este sentido, Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea apunta que dicho informe concluye que «el 100% de los centros visitados exigen un pago fijo obligatorio, 148 euros mensuales de media, siendo en algunos casos hasta de 198 euros, vulnerando así toda la normativa vigente, en particular la Ley Orgánica del Derecho a la Educación».
En el mismo sentido, según manifiesta, un estudio de la OCU de septiembre de 2012, elaborado a partir de 168 centros concertados establecidos en 18 ciudades diferentes, destaca que «nueve de cada diez centros educativos subvencionados exigen el pago de cuotas sin ser las familias conscientes del carácter voluntario de las mismas».
La iniciativa parlamentaria ha sido registrada por el diputado y portavoz, Joan Mena, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional de la Cámara Baja.
Podemos vuelve a proponer en el Congreso que las escuelas concertadas que lo soliciten puedan convertirse en públicas
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos – En Comú Podem – Galicia en Común ha registrado una proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para que las escuelas concertadas que lo soliciten puedan convertirse en públicas.
En febrero de 2018, la formación ‘morada’ ya registró otra iniciativa relativa a la enseñanza concertada en la que proponía cambiar la LOMCE para facilitar la «integración voluntaria» de los colegios concertados a la red pública, esta vez con el objetivo de «garantizar la suficiencia de plazas».
Ahora, la nueva iniciativa ha sido promovida por el diputado y portavoz de En Comú Podem, Joan Mena, y establece que los centros de educación Infantil, Primaria y Secundaria concertados que «voluntariamente» así lo soliciten «podrán integrarse a partir de un proceso de convocatoria de la Administración competente en la red de centros docentes públicos».
El proceso se realizará, según añade, «de acuerdo con la forma y los procedimientos establecidos en esta Ley, mediante un convenio entre el Ministerio de Educación, la Consejería de Educación de la comunidad autónoma correspondiente, respetando las competencias transferidas de ésta si las tuviere, el ayuntamiento de la localidad y el titular del centro educativo concertado en cuestión».
Respecto al personal, la iniciativa apunta que los centros educativos mantendrán su plantilla laboral «con el objetivo de adecuarse a la normativa laboral de los centros educativos públicos en un plazo máximo de cinco años». El profesorado, en un plazo máximo de cinco años a partir de que el centro educativo quede adscrito al Departamento correspondiente, deberá participar en las convocatorias de acceso al cuerpo de funcionarios docentes.
«El proceso de integración del centro privado en la red pública de centros educativos en ningún caso supondrá la pérdida de puesto de trabajo del personal del centro en cuestión», aclara. La continuidad y garantía laboral del personal quedará determinada un protocolo laboral acordado con la plantilla y la representación legal de los trabajadores.
En la exposición de motivos, el grupo parlamentario sostiene que «han de ser los poderes públicos, según queda recogido en el ordenamiento jurídico español, los encargados de garantizar la suficiencia de plazas de escolarización pública».
Así pues, defiende que «sería oportuno establecer los mecanismos legislativos necesarios» para garantizar que las escuelas privadas o privadas concertadas que así lo soliciten voluntariamente se puedan incorporar, como instituciones de pleno derecho, a la red de escuelas públicas del estado español.
Según añade, existe un «exitoso» precedente a este respecto. «Se trata de la Ley 14/1983 del Parlament de Catalunya, reguladora del proceso de integración a la red pública de centros docentes públicos de diversas escuelas privadas aprobada a instancias del Grupo Socialista en el Parlament de Catalunya, y que supuso la integración de 71 escuelas privadas catalanas en la red de escuelas públicas», agrega.
Unidas Podemos – En Comú Podem – Galicia en Común también destaca que, según los últimos datos ofrecidos en 2014 por la agencia europea de datos, EUROSTAT, «y que se han mantenido constantes al menos hasta el curso 2016-2017, España es, por detrás de Bélgica, el país de la Unión Europea con menos alumnos escolarizados en la escuela pública, con 22 puntos por debajo de la media europea».
En este sentido, la formación política hace hincapié en que «en España, en la Educación Primaria, el 68% del alumnado está escolarizado en la escuela pública y el 32% lo está en la privada o privada concertada.
«Sin embargo, la media de los países de la Europa 21 (aquellos países miembros de la Unión Europea y de la OCDE) arroja que el 90% del alumnado se escolariza en la escuela pública mientras que el 10% lo hace en la privada o en la privada concertada, esta última prácticamente inexistente en numerosos países de la Unión Europea», apostilla.
En concreto, detalla que Francia matricula al 85% de sus alumnos en las escuelas públicas y el 15% en la privada o privada concertada; Portugal el 88% en la pública y el 12% en la privada o la privada concertada; Suecia el 91% en la pública y el 9% en la concertada; Grecia o Italia el 93% en la pública y el 7% en la privada; Reino Unido el 95% en la escuela pública y el 5% en la privada; Finlandia el 98% en la pública y el 2% en la privada o privada concertada; Holanda y Eslovenia el 100% del alumnado en escuelas públicas.
Los rectores plantan a Castells y colocan su ley al borde del naufragio
El Consejo de Universidades ―que reúne al ministro con los responsables de los campus (50 de 87 de la pública)― se ha celebrado este jueves de forma virtual en un ambiente tensísimo, según reconocen fuentes del Ministerio de Universidades y de la conferencia de rectores (CRUE). El ministerio convocó a sus miembros para tratar la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y ha sufrido un plantón de los rectores en toda regla. Se ha escenificado con una única intervención de estos, la de su presidente José Carlos Gómez Villamandos, que se ha negado a que el consejo emita un informe preceptivo para aprobar la ley. La CRUE considera que no está sobre la mesa el documento definitivo y ha propuesto que se posponga a la siguiente sesión con un texto que consideren concluyente.
En paralelo, las asociaciones de estudiantes que acuden a las reuniones (CREUP y CEUNE) han convocado para este jueves “parones académicos” contra la ley del ministro Manuel Castells que no han tenido gran repercusión. Y el viernes se celebra una reunión con ERC ―el socio que debería apuntalar la ley en la votación en el pleno del Congreso― en medio de un ambiente poco propicio para el acuerdo, pues el Gobierno catalán ―del que este partido forma parte― reclama más autonomía de gestión para sus campus y ha presentado 100 páginas de alegaciones a la LOSU. Las universidades catalanas ―que comparten su criterio con la Generalitat―, por su parte, durante un debate celebrado la semana pasada en la Universidad de Barcelona criticaron la “excesiva regulación” del proyecto de ley.
Gómez Villamandos, según se recoge en un relato de la reunión que la CRUE ha hecho llegar a la prensa, ha mostrado su “frustración” porque asegura que esperaban el texto con “optimismo e ilusión” y sostiene que el proyecto de la LOSU “no es lo suficientemente innovador para el nivel de transformación socioeconómica que requiere España”. Fuentes del ministerio reconocen su decepción. La relación de Castells y la CRUE ha sido muy buena en estos casi dos años de Gobierno de coalición: tan solo tuvieron un fuerte encontronazo por los exámenes presenciales del pasado enero. El plantón de los rectores al ministro José Ignacio Wert en 2012 ―se levantaron de la mesa porque se negaba a discutir los recortes― es el único momento de gran tensión que se había vivido entre la CRUE y el Gobierno en ejercicio en la última década. La conferencia es siempre muy comedida en sus declaraciones, pues representa a un espectro muy dispar de universidades públicas y privadas.
El ministerio, por el contrario, opina que los rectores no miran al futuro pues han rechazado de nuevo el plan del Gobierno para terminar con la precariedad salarial en los campus. Su pretensión es reservar el 15% de las nuevas plazas para profesores asociados que hayan leído la tesis, pero la CRUE no quiere que existan cupos y se ampara en la autonomía universitaria. “Una reserva legal para el acceso al empleo público debe justificarse en elementos objetivos de discriminación o en la existencia de méritos específicos diferenciados, algo que no ocurre en este caso”, defendió la CRUE en sus alegaciones. ELPAIS
23 de noviembre de 2021
Los rectores plantan a Castells y colocan su ley al borde del naufragio
El Consejo de Universidades ―que reúne al ministro con los responsables de los campus (50 de 87 de la pública)― se ha celebrado este jueves de forma virtual en un ambiente tensísimo, según reconocen fuentes del Ministerio de Universidades y de la conferencia de rectores (CRUE). El ministerio convocó a sus miembros para tratar la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y ha sufrido un plantón de los rectores en toda regla. Se ha escenificado con una única intervención de estos, la de su presidente José Carlos Gómez Villamandos, que se ha negado a que el consejo emita un informe preceptivo para aprobar la ley. La CRUE considera que no está sobre la mesa el documento definitivo y ha propuesto que se posponga a la siguiente sesión con un texto que consideren concluyente.
En paralelo, las asociaciones de estudiantes que acuden a las reuniones (CREUP y CEUNE) han convocado para este jueves “parones académicos” contra la ley del ministro Manuel Castells que no han tenido gran repercusión. Y el viernes se celebra una reunión con ERC ―el socio que debería apuntalar la ley en la votación en el pleno del Congreso― en medio de un ambiente poco propicio para el acuerdo, pues el Gobierno catalán ―del que este partido forma parte― reclama más autonomía de gestión para sus campus y ha presentado 100 páginas de alegaciones a la LOSU. Las universidades catalanas ―que comparten su criterio con la Generalitat―, por su parte, durante un debate celebrado la semana pasada en la Universidad de Barcelona criticaron la “excesiva regulación” del proyecto de ley.
Gómez Villamandos, según se recoge en un relato de la reunión que la CRUE ha hecho llegar a la prensa, ha mostrado su “frustración” porque asegura que esperaban el texto con “optimismo e ilusión” y sostiene que el proyecto de la LOSU “no es lo suficientemente innovador para el nivel de transformación socioeconómica que requiere España”. Fuentes del ministerio reconocen su decepción. La relación de Castells y la CRUE ha sido muy buena en estos casi dos años de Gobierno de coalición: tan solo tuvieron un fuerte encontronazo por los exámenes presenciales del pasado enero. El plantón de los rectores al ministro José Ignacio Wert en 2012 ―se levantaron de la mesa porque se negaba a discutir los recortes― es el único momento de gran tensión que se había vivido entre la CRUE y el Gobierno en ejercicio en la última década. La conferencia es siempre muy comedida en sus declaraciones, pues representa a un espectro muy dispar de universidades públicas y privadas.
Madrid amenaza con llevar a los tribunales el decreto de promoción educativa
En declaraciones a los medios en una visita al IES “Cardenal Cisneros” de Madrid, el consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha explicado que el texto tendría que haber estado vigente al inicio del curso escolar 2022-23, pero se ha aprobado ahora en noviembre “dificultando la labor de los docentes y las administraciones educativas”.
El real decreto, que desarrolla la ley Celaá, aprobada en diciembre pasado, establece que el número de suspensos no sea el único criterio para que un estudiante promocione de curso, sino que será una decisión colegiada del equipo docente del centro. La repetición de curso será un medida muy excepcional para pasar de curso en las distintas etapas de Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP y la decisión dejará de estar condicionada por el número de materias superadas y recaerá enteramente sobre el equipo docente.
Según el consejero de Educación madrileño, el nuevo decreto “tiene un incumplimiento legal de una ley orgánica, por lo que si no opta por retirarlo, “tomaremos las medidas oportunas”, ha expresado Ossorio. Frente a este nuevo decreto, la Comunidad de Madrid ha decidido “homogeneizar” los criterios de evaluación enviando una guía a todos los centros educativos de la región, regresando a “los límites que había actualmente que ya eran muy generosos para que los alumnos pudieran promocionar”, frente a la Lomloe que permite “aprobar a un alumno con ocho suspensos”.
Madrid recomendará a los centros educativos que no se titule con suspensos y reforzará “las mayorías” dentro de los equipos docentes para adoptar estas decisiones. Así, Ossorio ha avanzado que se ha decidido que sean dos tercios del claustro quienes decidan que un alumno pase de curso en Secundaria “con innumerables suspensos”, frente al criterio actual de que tenía que ser acordado por mayoría simple.
En el caso de Bachillerato, esa decisión tendrá que ser acordada por cuatro quintos del equipo docente “para tomar decisiones de forma homogénea”, ha señalado Ossorio, que ha precisado que hablará con otras comunidades autónomas para estudiar recurrir a instancias judiciales.
24 de noviembre de 2021
Alegría defiende los PGE de su Ministerio: «A la Educación no le hace falta esfuerzo, lo que le faltaban eran recursos»
La Ministra de Educación, Pilar Alegría, ha defendido este martes en el Pleno del Congreso los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que corresponden a su departamento respondiendo, además, a las críticas por la decisión del Gobierno de permitir que se pase de curso sin límite de asignaturas suspensas. «A la Educación de este país no le hace falta esfuerzo, lo que le faltaban eran recursos», ha declarado.
En su intervención ante la Cámara baja ha desgranado alguna de las cifras más destacadas de las partidas presupuestarias de su departamento para 2022, que cuenta, en total, con más de 6.000 millones para el próximo año.
Alegría ha destacado, así, los más de 2.600 millones para mejorar la calidad, equidad e igualdad del sistema educativo –de los que unos 2.100 millones son para becas–; los más de 2.200 para la potenciación de la FP y la formación para el empleo; o los 477 millones para la digitalización del modelo.
También ha puesto el foco en programas más específicos, como 50 millones para ayuda en libros de texto; los 43 millones en recursos para mejorar la atención a alumnos con necesidades especiales; 334 millones para crear 21.794 plazas públicas de educación infantil; 120 millones para la implantación del programa PROA+ en 2.500 centros de especial complejidad educativa y 39 millones para la creación de al menos 1.000 unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar, entre otras medidas.
En materia de FP, Alegría ha destacado que se priorizará, con las partidas destinadas a este modelo, la creación de más de 50.000 nuevas plazas de FP, la puesta en marcha de 450 aulas de emprendimiento y de 221 aulas de tecnología, la formación digital de 125.000 trabajadores y la apertura de 750 Aulas Mentor en pequeños municipios de menos de 5.000 habitantes.
«Este esfuerzo presupuestario nos está permitiendo hacer frente a los retos principales que tiene nuestra educación, como el abandono escolar, la excesiva repetición de curso, la desigualdad, la segregación socioeconómica o la falta de cualificación en los profesionales que necesita nuestra economía», ha señalado la ministra.
En este sentido, se ha dirigido a la oposición para indicar que, aunque tengan «posiciones diferentes» sobre el modelo educativo que debe tener España, esto no es «incompatible» con «reconocer el valor social» que suponen estos PGE en cuanto a «becas», «digitalización», «refuerzo de la educación para los que más lo necesitan», en «inclusión» y en una reforma «profunda» de la FP.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Sin embargo, la oposición ha sido muy crítica con Alegría. Empezando por el PP, cuya portavoz en materia de Educación, Sandra Moneo, ha calificado estas partidas como el «más perverso instrumento» para la «rebaja» de la «calidad» de la Educación en España; para la «ruptura» de la equidad; para el «atropello» de los principios de la Constitución; o para la inclusión de «ideología» en el sistema educativo cediendo espacio a los «socios separatistas» del Ejecutivo.
Las familias denunciarán a la Generalitat de Cataluña si no cumple la sentencia del 25% del castellano y cambia el modelo lingüístico
La consagración por parte del Tribunal Supremo del 25% de clases en castellano en todas las escuelas catalanas se encuentra con el gran obstáculo de que la Generalitat no quiere acatar el fallo ni parece que el Gobierno central vaya a presionarle para que modifique todo su modelo lingüístico y entierre la inmersión que durante años se ha impuesto de forma sistemática en los centros educativos. Serán las familias afectadas las que, una vez más, tengan que instar a la ejecución de la decisión judicial. Ana Losada, presidenta de la asociación Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), advierte de que, si el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, no cumple, lo denunciarán.
«La Generalitat debe cumplir lo que ha dicho el Tribunal Supremo, pero, si no lo cumple, lo denunciaremos en el momento en que venzan los plazos. Está el precedente de Quim Torra, que fue inhabilitado por no querer quitar del Palau la pancarta en defensa de los presos», señala Losada. Pepe Domingo, portavoz de Impulso Ciudadano, explica que «el Gobierno es el que tiene que instar a la ejecución de la sentencia, pero también puede hacerlo cualquier padre afectado». «Esperemos que las autoridades educativas no incurran en desobediencia a la autoridad judicial», indica.
¿Qué planes tiene el Gobierno? Fuentes del Ministerio de Educación dicen que aún no han recibido la providencia y que, cuando les llegue, se pronunciarán. Hasta ahora el Gobierno no ha hecho nada. Ni siquiera pidió la ejecución del fallo del TSJC, a pesar de ser parte en este procedimiento, que surgió por un recurso de la Abogacía del Estado presentado en 2015 en representación del Ministerio. El Gobierno sostiene que el Estado «no puede interferir» en una materia que, en su opinión, es competencia de Cataluña y asegura que son los tribunales los que deben hacer cumplir las sentencias.
Lo que ocurre es que si el Gobierno sigue inhibiéndose, como ha hecho estos años, se vuelve a poner el estigma sobre las familias, que quedan señaladas si denuncian, pues el nacionalismo interpreta la petición del 25% -apenas una asignatura troncal más en castellano, además de Lengua- como «un ataque a toda la escuela catalana».
Así son los colegios que ya cuentan con un coordinador de bienestar
«En los centros escolares las cosas pasan. De hecho nosotros tuvimos aquí a la Guardia Civil la semana pasada», reconocen desde uno de los colegios que, desde hace años, tienen en su plantilla personal que desempeña las funciones de delegado de Protección y coordinador de Bienestar que propone el Gobierno de cara al próximo curso escolar 2021-22. En estas instituciones, conscientes de que ambas figuras son «absolutamente necesarias para proteger a los menores frente a la violencia», quienes están ejerciendo hasta el momento estas labores son, en su mayoría, los orientadores, psicólogos o mediadores, además de profesores voluntarios.
Estos profesionales, a pesar de verse reconocidos en la propuesta, reclaman «que la creación de estas dos nuevas figuras vengan acompañadas de una normativa que recoja de forma clara y concisa las funciones de estos coordinadores, así como las tareas básicas que deben realizar, incluso cómo actuar en casos que pudieran requerir la actuación de los servicios sociales», tal y como sugiere la directora del Colegio Los Robles, Ana Martínez.
En este colegio no es algo en absoluto novedoso, pues desde hace más de diez años un grupo de docentes –a través del Equipo de Mediación y Tratamiento de Conflictos (EMTC)–, trabaja codo a codo con los alumnos ayudantes en la prevención de los problemas relacionales en el centro. Gracias a ellos, explica el director del Colegio San Viator de Madrid, Javier Pizarro, «detectamos prematuramente la gran mayoría de enfrentamientos que pueden llegar a convertirse en casos de acoso-bullying y, cuando han ido a más, resolverlas satisfactoriamente, tanto para la víctima como para el victimario».
En el mundo de relaciones de la escuela, reconoce, «hay numerosas situaciones que devienen en conflicto de las que los adultos no somos ni mínimamente conscientes, por lo que estas nuevas figuras son absolutamente imprescindibles».
No obstante, remarca Pizarrol, «pensar que solo por designar a una persona encargada de este cometido se van a solucionar estos problemas es pecar de ingenuidad. Es necesario conformar equipos estables de trabajo en los centros educativos y diseñar planes de actuación que involucren al resto de la comunidad educativa, principalmente a los alumnos».
25 de noviembre de 2021
17 años sin evaluar el bilingüismo en la Comunidad de Madrid
La educación bilingüe, en la que están integrados el 50% de los centros educativos madrileños tanto públicos como concertados, carece de una evaluación integral que despeje todas las dudas sobre su utilidad para el alumnado, 17 años después de su aplicación. ¿Perjudica al rendimiento académico? ¿Es segregadora? ¿Es un modelo low cost, con más apariencia que eficacia? Defensores y detractores no se ponen de acuerdo y el debate permanece, eso sí, 17 años después, tiempo suficiente para que existiera una evaluación en condiciones, resaltan las voces más independientes.
La joven estadounidense de 30 años Andrea Palmer se encontraba trabajando en 2018 en un instituto del pueblo de San Martín de Valdeiglesias, (oeste de Madrid, 8.679 habitantes) cuando coincidió con un compañero que parecía una oveja negra. Ambos eran auxiliares de conversación, jóvenes extranjeros reclutados para apoyar en clase a los profesores españoles en el Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid. Durante las clases, los asistentes se sentaban en un aula aparte con pequeños grupos de alumnos para hablar en inglés en clases de Ciencias Naturales o Sociales, pero, según Palmer, para ese auxiliar, un australiano veinteañero, todo era una fiesta. “Él presumía de que aprovechaba esos momentos para mejorar su español”, cuenta ella. Irónicamente, nadie se lo reprochaba. “Todos estaban encantados con él, quizás porque era el típico rubio atractivo”.
A Palmer y otros auxiliares de conversación les indigna que se manche la reputación de un programa financiado por las arcas públicas madrileñas. Pero lo cierto es que no existen filtros exigentes de selección, muchos vienen a Madrid a divertirse y demuestran poco interés en las clases, según participantes de este esquema que este curso tiene 2.743 miembros en la Comunidad de Madrid. Los auxiliares son reclutados por el Ministerio de Educación, que pide únicamente como requisitos que sean graduados o universitarios de último año con alto dominio del inglés. Las comunidades autónomas deben supervisar el trabajo.
La falta de cualificación de estos auxiliares de conversación es una de las quejas contra el Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid. Este es un modelo que se ha extendido rápidamente desde que la expresidenta Esperanza Aguirre lo introdujo en 2004, convirtiéndose en una bandera que le dio tirón electoral. El 50% de los colegios e institutos públicos y concertados de la región se han convertido en bilingües (casi todos en inglés-español), según datos oficiales de este curso. Es un porcentaje cercano al de Murcia y Castilla y León, las otras dos comunidades españolas que lideran la implantación de este sistema. Buena parte de las críticas en Madrid se centran en que es un sistema basado en las apariencias, un bilingüismo basado más en la cantidad que en la calidad. La Comunidad invierte 28 millones de euros anuales en este programa. “Creo que para muchos padres es prestigioso decir que sus hijos van a una escuela bilingüe, pero buena parte es una fachada”, lamenta Palmer, que sigue en Madrid, pero ya fuera del mundo docente.
Educación apunta a la colaboración entre docentes y centros como clave para impulsar un currículo competencial
El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha asegurado que, a la hora de impulsar las enseñanzas competenciales, siguiendo las recomendaciones europeas, es clave la colaboración entre los docentes y entre los centros.
Así lo ha expresado este miércoles durante la clausura del acto de presentación del ‘Cuaderno sobre Aprendizaje Competencial en España: diagnóstico y recomendaciones para una transición curricular exitosa’, elaborado por HAZ, Alianza por la Educación y liderado por la Fundación Vodafone España, en colaboración con EsadeEcPol.
Durante su intervención, Tiana ha hablado de la transformación del sistema educativo que está llevando a cabo el Ministerio de Educación y FP con la nueva Ley de Educación (la LOMLOE) y la reforma del currículo.
Según Tiana, estas reformas suponen un cambio cultural
escolar, lo que implica adoptar un enfoque sistémico, que abarca también la organización de los centros y la profesionalización de la carrera docente, según informa el Ministerio.
El cuaderno, elaborado por HAZ, Alianza por la Educación y liderado por Fundación Vodafone España, en colaboración con EsadeEcPol, presenta un diagnóstico de la situación de las políticas y prácticas curriculares en los centros educativos y administración en España, así como de los elementos clave que explican, posibilitan o dificultan la implementación de un currículo por competencias.
El Govern catalán espera el apoyo del Gobierno central mientra el PP pide aplicar el artículo 155
El Supremo no ha admitido el recurso de casación que la Generalitat presentó contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba al Govern garantizar que el castellano sea la lengua vehicular, como mínimo en el 25% de las materias, por lo que este fallo pasa a ser firme.
Según ha afirmado el conseller de Educación, Josep González-Cambray, debe ser el Ministerio de Educación quien inste a la ejecución de la sentencia, algo que cree que no ocurrirá tras la conversación mantenida con la ministra Pilar Alegría. El conseller ha dicho que la ministra le habría trasladado que “desde el Ministerio emplazarán a que se cumpla la Lomloe”, en la que “se dice que en las comunidades con dos lenguas cooficiales se debe garantizar el aprendizaje de ambas al acabar la etapa obligatoria”, lo que ya “estamos haciendo en Cataluña”. Pero el Gobierno ha aclarado que no tiene “la más mínima duda” de que las administraciones cumplen “siempre” las sentencias, han dicho a Efe fuentes del Ministerio de Educación. El Ministerio no puede intervenir en este asunto, y la Alta Inspección educativa, dependiente del mismo, “no tiene capacidad de vigilancia sobre las comunidades autónomas, tal y como recoge una sentencia del Tribunal Constitucional”, han añadido las fuentes.
Desde Palma de Mallorca, el presidente catalán, Pere Aragonès, ha exigido al Gobierno central que defienda y proteja el catalán en Cataluña y ha aseverado: “El catalán en la escuela no se toca”. Y ha querido ser “clarísimo” en su defensa del modelo de inmersión lingüística en catalán, que “ayuda a la cohesión social del país y la igualdad de oportunidades”. Mientras que Cataluña forme parte del Estado español, ha argumentado, la defensa del catalán en la escuela “también” es una responsabilidad del Ejecutivo español.
En paralelo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha afirmado que “corresponde al propio órgano sentenciador darle el impulso a la ejecución” y, por tanto, será el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el que en un plazo de dos meses pida al Govern que cumpla la sentencia y ahí se verá cuál es su respuesta.
Mientras, el conseller de Educación, Josep González-Cambray, ha enviado una carta a los directores de los 5.018 centros educativos catalanes en la que les anima a hacer caso omiso de la sentencia. El conseller asegura en la misiva que la sentencia “es un grave ataque a los fundamentos del modelo de escuela catalana, realizado desde un tribunal alejado y desconocedor de la realidad, y les ha garantizado el “amparo total” de la Generalitat.
Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha instado al Gobierno a aplicar el artículo 155 de la Constitución, solo para el ámbito educativo, si la Generalitat no cumple la sentencia. En declaraciones durante la concentración convocada por policías y guardias civiles para protestar por la reforma de la llamada ley mordaza, Casado ha advertido al Ejecutivo y a Pedro Sánchez de que está “obligado a hacer cumplir las sentencias de los tribunales” y que, de no actuar, estaría “prevaricando”.
El Gobierno de Pedro Sánchez elude instar a la Generalitat al cumplimiento del 25% de castellano en los colegios catalanes
El Gobierno no instará a la Generalitat de Cataluña al cumplimiento del fallo judicial que obliga a poner al menos un 25% de clases en castellano en los colegios catalanes. Fuentes del Ministerio de Educación han explicado a EL MUNDO que «es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien tiene que velar por el cumplimiento de las sentencias».
«No vamos a instar a la ejecución de la providencia del Tribunal Supremo porque no tenemos que hacerlo. Es el TSJC quien tiene que hacerlo porque la ley así le obliga y es la forma más rápida y efectiva de que se cumpla», han manifestado las mismas fuentes, que han confirmado que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, habló ayer por teléfono con la ministra Pilar Alegría y ésta «le aclaró que no corresponde al Ministerio hacer cumplir las sentencias».
El Gobierno se escuda en que «la Alta Inspección del Estado, dependiente del Ministerio, no tiene capacidad de vigilancia sobre las comunidades, de acuerdo con las sentencias del Tribunal Constitucional«. «Será, por tanto, la Inspección educativa dependiente de la Generalitat la que debe garantizar el cumplimiento», señalan las fuentes.
Hoy, de nuevo, Cambray ha asegurado tener «garantías» de que el Gobierno no pedirá la ejecución de la sentencia.
«Sólo el Ministerio puede instar a ejecutar esta sentencia y tengo garantías de la ministra de que no se hará», ha asegurado el conseller. «La ministra instará a cumplir la Lomloe [la nueva ley de educación], que no habla de porcentajes», ha añadido el consejero de Educación catalán en una entrevista a Rac 1, para señalar la estrategia que tendría previsto seguir el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchezpara permitir que el Govern pueda seguir imponiendo la inmersión en Cataluña.
MODELO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
En este mismo sentido, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigido este miércoles al Gobierno que haga una «clara defensa» del modelo de inmersión lingüística tras la sentencia. El jefe del Ejecutivo catalán ha pedido al Gabinete de Sánchez no ser «cómplice» del fallo que tumba el modelo de educación monolingüe en Cataluña.
Intentará abortar esta maniobra la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), que ya ha advertido al consejero de Educación que reclamará la ejecución de la sentencia en caso de que el Gobierno decline hacerlo, como asegura Cambray. Esta entidad tiene previsto acogerse al artículo 104 de la reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que establece que «transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa».
Mientras tanto, el Ministerio trabaja sobre el escenario de que la Generalitat cumpla y cambie todo su modelo lingüístico para poner más castellano en todos los centros educativos de Cataluña, a pesar de que Cambray dejó claro ayer que no iban a acatar la resolución judicial. De hecho, hace unos días han puesto en marcha un plan que precisamente va en la línea contraria: reforzar el catalán en los colegios.
26 de noviembre de 2021
La Ley de Formación Profesional estará aprobada definitivamente en el primer trimestre de 2022, según Educación
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha trasladado a los consejeros autonómicos del ramo que la Ley de Formación Profesional estará aprobada definitivamente en el primer trimestre del próximo año, según informa el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
El objetivo de esta norma es la integración completa de la oferta formativa y la red de formación para el empleo para poner en marcha una oferta única, modular y flexible dirigida tanto a estudiantes como a trabajadores empleados y desempleados. La futura norma ha superado ya la fase de enmiendas en el Congreso y llegará próximamente al Pleno de esta Cámara.
En paralelo a la tramitación de la ley, tal y como ha explicado la ministra en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada esta tarde, están en marcha ya las actuaciones del Plan de Modernización de la Formación Profesional.
Entre otras, la ampliación de plazas, la creación o conversión de ciclos formativos en bilingües, la creación de aulas de emprendimiento, la creación de aulas de digitalización aplicada, y la formación del profesorado en formación profesional en digitalización y sostenibilidad aplicadas a los sectores productivos.
El Ministerio y las comunidades autónomas han abordado también el desarrollo de los currículos de las distintas etapas educativas, que serán aprobados previsiblemente en las próximas semanas.
«Pilar Alegría ha destacado el diálogo y la colaboración entre las administraciones educativas para la elaboración de los Reales Decretos de enseñanzas mínimas, que se han discutido en reuniones bilaterales con cada una de las Consejerías de Educación, en la Comisión de Ordenación Académica de la Conferencia Sectorial y han sido presentados también a la Comisión General de Educación», añade el ministerio.
Por otro lado, la Conferencia Sectorial ha aprobado los criterios de reparto y la distribución de 200,7 millones de euros a las comunidades autónomas para la creación de 21.794 plazas públicas y gratuitas de Educación Infantil de 0 a 3 años. Esta partida forma parte de un plan a tres años financiado con 670,1 millones de euros para la creación de 65.382 plazas gratuitas de titularidad pública de 0 a 3 años.
En 2022, las comunidades autónomas recibirán 331 millones de euros de este programa, tal y como recoge el proyecto Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, aprobado este jueves por el Congreso. EUROPAPRESS
Madrid pide explicaciones a Alegría sobre el cumplimiento del 25% de castellano en Cataluña y exige que se cumpla
La Comunidad de Madrid ha pedido este jueves explicaciones a la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, tras la intención que ha trasladado el Gobierno regional de Cataluña de no cumplir con la decisión del Tribunal Supremo sobre la enseñanza de un 25% de clases en castellano y ha exigido a la ministra que haga cumplir esta sentencia.
El consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha señalado en declaraciones distribuidas a los medios que es «escandaloso» que Cataluña haya dicho que no va a cumplir una sentencia firme y haya enviado una carta a los centros educativos «incitando a que no se cumpla».
El consejero catalán de Educación aseguró que la ministra le ha dado «garantías» de que no ejecutará el 25% de castellano, algo que Ossorio considera «muy grave» y que es necesaria una explicación. Además, ha explicado que la sentencia es consecuencia de un proceso contencioso administrativo entre el Estado y el Gobierno de Cataluña y ha insistido en que el Gobierno central debe instar al cumplimiento de esta norma.
«Es totalmente intolerable, pero sería más intolerable aún que un Gobierno de un estado de derecho permita que esto suceda sin hacer nada. El nivel de degradación democrática al que estamos llegando es realmente terrible y todo ello para tratar de contentar a unos socios que siempre quieren lo peor para España», ha expresado el consejero madrileño. EUROPAPRESS
El Ministerio prevé que la ley de FP esté aprobada en el primer trimestre de 2022
La futura norma ha superado ya la fase de enmiendas en el Congreso sin que ningún grupo parlamentario presentara una enmienda a la totalidad, por lo que llegará próximamente al pleno de la Cámara Alta, continuando así su tramitación. En paralelo a la tramitación de la ley, tal y como ha explicado la ministra este jueves a los consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial de Educación, están en marcha las actuaciones del Plan de Modernización de la Formación Profesional. Entre otras actuaciones está la ampliación de plazas, la creación o conversión de ciclos formativos en bilingües, la puesta en marcha de aulas de emprendimiento y de digitalización aplicada y la formación de profesorado.
Este proyecto de ley, según ha informado la ministra, es una de las “prioridades” del Gobierno, ya que supone la principal herramienta para culminar la transformación de la Formación Profesional emprendida en 2018. Según ha relatado Alegría a los consejeros del ramo, el objetivo es la integración completa de la oferta formativa y la red de formación para el empleo para poner en marcha “una oferta única, modular y flexible” dirigida tanto a estudiantes como a trabajadores empleados y desempleados.
En una nota de prensa, el Ministerio de Educación ha subrayado que se trata de que la Formación Profesional sea una opción “de primera línea, puerta a un empleo de calidad y remunerado”. En la Sectorial, Ministerio y comunidades han abordado también el desarrollo de los currículos de las distintas etapas educativas, que serán aprobados previsiblemente en las próximas semanas. Alegría ha destacado la colaboración de las administraciones para la elaboración de los reales decretos de enseñanzas mínimas, que se han discutido en reuniones bilaterales con cada una de las consejerías de Educación.
Por otro lado, la Conferencia Sectorial ha aprobado los criterios de reparto y la distribución de 200,7 millones de euros a las comunidades por la creación de 21.794 plazas públicas y gratuitas de Educación Infantil de 0 a 3 años. Esta partida forma parte de un plan a tres años financiado con 670,1 millones para la creación de 65.382 plazas gratuitas de titularidad pública de este tramo de edad.
En 2022, las comunidades recibirán 331 millones de euros de este programa, tal y como recoge el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado, aprobado este jueves en el Congreso. Estos presupuestos incluyen, según la nota del Ministerio, una inversión “histórica” de 6.036 millones de euros para mejorar la calidad, equidad e igualdad de oportunidades del sistema educativo, la potenciación de la Formación Profesional y la digitalización.
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