17 de enero de 2022
La mayoría de las comunidades convocará oposiciones docentes antes de que Educación apruebe el polémico cambio del sistema
El nuevo modelo transitorio de oposiciones docentes, que hasta 2024 facilitará enormemente el acceso a una plaza fija de los profesores interinos, tendrá que esperar. Al menos en las 10 comunidades que han convocado o prevén convocar los procesos de oposición para 2022 sin esperar a ese nuevo sistema, que el Ministerio de Educación está tramitando y calcula que estará aprobado en el mes de abril. Fuentes de ese mismo departamento, sin embargo, aseguraron a este periódico hace apenas tres semanas que la previsión era aprobarlo a principios de enero. Sea como sea, buena parte de las autonomías ha decidido no esperar, aseguran, porque si lo hacen no les dará tiempo a organizar las pruebas con suficientes garantías jurídicas y organizativas en tiempos de pandemia. Son Asturias y Navarra (que convocaron ya antes de que terminara 2021), la Comunidad Valenciana (lo ha hecho este martes), y Baleares, Cantabria, Aragón, Extremadura, Galicia, Canarias y La Rioja, que les seguirán en las próximas semanas.
En Galicia, la única comunidad gobernada por el PP que de momento ha anunciado la convocatoria inminente, su consejero de Educación, Román Rodríguez, mencionó otro factor que puede estar jugando un papel clave en estas decisiones: el enfado de quienes, con poca o ninguna experiencia como interinos, se quieren presentar a las oposiciones y, con el nuevo sistema, verían cómo sus posibilidades de conseguir un puesto se quedan en casi nada. El anuncio el mes pasado del nuevo modelo “lógicamente, generó una gran inquietud entre los nuevos aspirantes a profesores, los recién titulados, que ven mermadas sus posibilidades de conseguir una plaza”, dijo Rodríguez este martes al anunciar la convocatoria del proceso.
Así, a la más que previsible polémica que generaría en pleno ciclo de elecciones autonómicas, se sumarían las posibles disputas jurídicas contra el modelo transitorio, que retrasaría aún más su puesta en marcha. “Esperemos que no se apruebe, pero si ocurre, no queda otra que llevarlo a los tribunales, porque es inconstitucional”, asegura María Martín, miembro de La plataforma Docentes por la Justicia, que reúne ya a unas 3.000 personas. Martín, maestra de 39 años, se va a presentar por primera vez a las oposiciones en Madrid, después de haber estudiado dos carreras, trabajado en precario y emigrado a otro país tras la crisis de 2008. “Estamos a cinco meses y medio de las oposiciones y [con el futuro cambio de modelo] son unos exámenes completamente distintos. En la mayoría de academias, los preparadores no saben qué preparar”, se queja.
Sindicato exige bajas laborales para cuidar de familiares dependientes o menores con Covid
Desde el inicio de la pandemia FSIE ha venido exigiendo al Gobierno la aprobación de permisos retribuidos o bajas laborales para los trabajadores que tengan el deber de cuidado y atención a familiares dependientes e hijos menores de edad que como consecuencia del Covid deban guardar cuarentena sin la posibilidad de que otras personas puedan hacerlo por ellos.
El incremento de casos en esta nueva ola, como consecuencia del alto grado de contagios de la variante Ómicron, está ocasionando serios problemas para la conciliación familiar y laboral de miles de trabajadores que se ven obligados a renunciar a sus derechos laborales teniendo que dejar sus trabajos o solicitando permisos no retribuidos.
La excepcionalidad de la situación, la temporalidad de la incidencia y los trámites administrativos hacen que esta medida no sirva para compatibilizar el trabajo y el cuidado de familiares dependientes e hijos.
Asimismo, FSIE ya denunció que la reducción de la jornada, otra de las posibilidades del Plan Mecuida, supone que el trabajador deje de percibir su salario, algo que muchas familias no pueden permitirse de ninguna forma y menos en estos momentos en los que existe un IPC desbocado que está castigando la economía familiar.
Esta situación de desamparo institucional está llevando a algunas familias a comportamientos extremos de necesidad que ponen en peligro la salud pública, llevando a sus hijos al colegio o teniendo que poner en situación de riesgo a familiares vulnerables, como los abuelos, y cuyas consecuencias son altamente peligrosas.
El propio Gobierno anunció en el año 2020 que iba a aprobar una “incapacidad temporal para aquellos trabajadores que tuvieran que cuidar a un menor contagiado o que debiera guardar cuarentena por haber estado con un contacto estrecho”. Este compromiso nunca se cumplió y dos años después la situación de las familias y trabajadores es mucho peor.
La solución es posible, como ya ocurre en el ámbito de la función pública, donde ya existe la posibilidad de disponer del tiempo indispensable para el cumplimiento de este deber personal inexcusable para conciliar la vida familiar y laboral. Algunas administraciones autonómicas están recurriendo a esta formula para solventar la ineludible obligación de los poderes públicos de proteger los derechos de sus trabajadores, la conciliación de sus vidas familiares y la salud de la ciudadanía.
FSIE vuelve a exigir al Gobierno la implementación de forma urgente de un permiso retribuido, similar al de los trabajadores de la Administración, que permita a quienes trabajen en el sector privado, y no tienen otra alternativa de cuidado de sus familiares dependientes más directos, cumplir personalmente con su obligación y deber inexcusable de atender y cuidar a sus hijos en cuarentena sin verse perjudicados en su situación económica y sin poner en peligro la salud pública.
El 0,03% de las aulas en España están cerradas por cuarentena, la mayoría de Educación Infantil
El 0,03% de las 417.181 aulas de los centros de titularidad pública y privada de Enseñanzas de Régimen General se encuentran cerradas por cuarentena, siendo el porcentaje más elevado en Galicia (0,13%) y Canarias y Cantabria (0,10%).
Así lo ha dado a conocer este viernes el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que ha indicado que los datos son los provistos por las comunidades autónomas relativos al miércoles 12 de enero y que no han remitido datos o los han remitido de manera incompleta o provisional Asturias, Baleares y Madrid.
En este sentido, el departamento que dirige Pilar Alegría ha detallado que Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra y Ceuta y Melilla no han reportado aulas cerradas. Así, la mayoría de las aulas cerradas (el 61%) corresponden a Educación Infantil.
Por otra parte, los datos publicados por el Ministerio indican que, a fecha de 12 de enero, el cien por cien de los centros educativos españoles se encontraban abiertos, sin ninguno reportado como cerrado.
Respecto a la situación de los estudiantes, el 1,19% del alumnado (102.233 de un total de 8.582.590) se encuentra en cuarentena o positivo por COVID, siendo los porcentajes más elevados en Navarra (4,58%), Ceuta (4,24%) y País Vasco (4,04%) e inferiores en Castilla y León (0%) y Andalucía (0,21%).
En el caso de los profesores, el 2,60% de los docentes (19.335 de un total de 744.095) se halla en cuarentena o positivo por dicha enfermedad, destacando los elevados porcentajes de Navarra (5,80%), Cataluña (5,33%) y Canarias (5,17%), frente a los más bajos de Extremadura (1,43%) y Murcia (1,72%).
Un 41% de los niños ya tiene una dosis en el primer mes de la vacuna infantil
Según los datos ofrecidos por la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, el 98 por ciento del profesorado de España está dando clase y la “normalidad” es la tónica general en las aulas tras las vacaciones de Navidad, pero un 2,3% de los profesores está de baja. Además, el 1,19% del alumnado se encuentra en cuarentena o positivo por Covid. Los porcentajes más elevados se dan en Navarra (4,58%), Ceuta (4,24%) y País Vasco (4,04%) mientras que los que menos niños tienen enfermos o en cuarentena son Castilla y León y Andalucía, aunque hay tres comunidades, entre ellas Madrid, que no han remitido datos.
Según las estadísticas del Ministerio de Sanidad la curva de contagiados menores de 11 años ha tenido la misma evolución que en el resto de edades: repuntó fuerte desde el 19 de diciembre y parece que acaba de iniciar un retroceso desde mediados de esta semana.
La incidencia en los menores de 11 años es de 2.641 casos por cada 100.000 habitantes, lo que significa que está por debajo de la media española (3.156). Según las estadísticas oficiales, se contagian menos niños de hasta 11 años que en el resto de franjas de población hasta los 59 años. Sin embargo, hay más infecciones entre los niños de hasta 11 años que entre los españoles mayores de 60, buena parte de los cuales ya ha recibido la vacuna de refuerzo.
Desde el 15 de diciembre, cuando comenzó la campaña de vacunación infantil, se han administrado algo más 1,3 millones de dosis pediátricas. Eso supone que el 40,9% de los niños entre 5 y 11 años cuentan ya con el primer pinchazo. Pero la segunda dosis se recibe a las 8 semanas, por lo que será a mediados de febrero cuando España comience a tener a los primeros niños en este rango de edad con la pauta completada, aunque el pico de la refuerzo inmunológico que otorga el segundo pinchazo se hace efectivo a partir de los 14 días.
Pese a la variante ómicron, los niños en España han retomado sus clases tras la pausa navideña de forma presencial y lo han hecho con algunos cambios: las mascarillas tienen que utilizarse en el recreo además de en las aulas y hay un nuevo protocolo que evita confinamientos continuados de clases. Hasta ahora, los alumnos completamente vacunados que eran contacto estrecho de un positivo estaban exentos de hacer la cuarentena, y los que no lo estaban debían respetar un periodo de siete días. Los niños de entre 5 y 11 años están recibiendo ahora la primera dosis, con lo cual no tienen la pauta completa.
La nueva decisión de la Comisión de Salud Pública (Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas) determina recomendar cuarentena para todo un aula siempre que se den al menos 5 casos de covid, o estén afectados al menos el 20% de los alumnos, en un periodo igual o inferior a 7 días. La recomendación también incluye que en caso de que sean 4 casos o menos del 20%, se considerarían casos esporádicos y no haría falta cuarentena, mientras que con el protocolo anterior sí había que cerrar las aulas. Los progenitores vacunados con hijos enfermos no tienen derecho a baja laboral, lo que complica la conciliación en las casas con menores confinados.
Muchas comunidades han actualizado sus protocolos, incorporan pequeñas novedades respecto a lo que se venía haciendo y recuerdan reforzar medidas que no son nuevas como la recomendación de tomar la temperatura en casa a los alumnos, limitar el acceso a las instalaciones escolares del personal no docente y la importancia de la ventilación cruzada. Aún así, la virulencia de la sexta ola ha hecho que más profesores estén de baja al inicio de curso. En Euskadi, por ejemplo, las clases empezaron con más de 800 docentes de la escuela pública enfermos, cuatro veces más que hace un año tras el periodo festivo. No obstante, a fecha de 12 de enero el cien por cien de los centros educativos estaba abierto.
MAGISTERIO
18 de enero de 2022
Madrid y Castilla-La Mancha también adelantan las oposiciones docentes y esquivarán el nuevo sistema del Gobierno para estabilizar interinos
Madrid y Castilla-La Mancha también han decidido convocar las oposiciones docentes de este año sin esperar a la aprobación del nuevo decreto que está elaborando el Ministerio de Educación que facilitará la estabilización de los profesores interinos, según han anunciado este lunes. Con ambas, son ya 12 las autonomías que optan por convocar las plazas de profesorado de infantil, primaria y secundaria de este año aplicando el sistema tradicional.
El borrador del nuevo decreto, adelantado por EL PAÍS, preveía una regulación transitoria para las convocatorias que tuvieran lugar entre este año y 2024. Un plazo en el que fuentes sindicales esperaban que se convocaran unas 125.000 plazas y que la gran mayoría de ellas fueran a parar a docentes interinos gracias a los cambios en el sistema de acceso a la profesión.
Las autonomías que según el recuento realizado por este periódico la semana pasada ya habían realizado la convocatoria o habían anunciado su intención de hacerlo en las próximas semanas eran: Asturias, Navarra, la Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria, Aragón, Extremadura, Galicia, Canarias y La Rioja, a las que ahora se suman Madrid y Castilla-La Mancha.
Madrid, ni este curso ni el que viene
El Ejecutivo madrileño ha argumentado que ha decidido adelantar la convocatoria para no tener que aplicar la nueva normativa, “tremendamente injusta sobre todo para aquellos aspirantes bien preparados que se quieren presentar al proceso y apenas cuentan con experiencia”, según su consejero de Educación, Enrique Ossorio. La intención del Gobierno regional es, además, convocar en unas semanas tanto las oposiciones previstas para este año como para el que viene, con el objetivo de no aplicar los cambios ni ahora ni en 2023 para unas 5.500 plazas de maestros de primaria y profesores de secundaria.
Castilla-La Mancha afirma, en cambio, que lo hace porque si no no les dará tiempo a cumplir los plazos para la convocatoria de este año, un argumento parecido al que han empleado otras comunidades autónomas presididas por los socialistas.
Preguntados al respecto este lunes, los portavoces de los departamentos de Educación vasco y catalán de Educación aseguran que la idea de sus gobiernos es esperar a la aprobación del nuevo decreto, inicialmente previsto para enero, pero que el Ministerio de Educación calcula ahora que será aprobado en abril. Las consejerías de Educación de Andalucía, Murcia y Castilla y León afirman que están estudiando qué hacer.
90% de las plazas
Fuentes sindicales calculaban a finales de diciembre que, con el nuevo sistema, más del 90% de las plazas convocadas serán ganadas por interinos. Una parte de ellas (que las mismas fuentes situaban en torno al 20% del total) serán adjudicadas sin examen, mediante un concurso de méritos en el que, aunque estará abierto a todo el mundo, se impondrán de forma masiva los interinos. Para el resto sí se convocará un concurso-oposición, pero el examen contará con dos partes (en lugar de las tres habituales) y no serán eliminatorias, lo que permitirá compensar el resultado de una con el de la otra. El peso de la experiencia aumentará, además, de forma muy considerable, pasando de un 12% a un 28%.
El nuevo decreto desarrollará en el ámbito educativo la ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público aprobada en diciembre. Los defensores de la estabilización argumentan que acabará con la elevada tasa de precariedad laboral en la educación pública española, cercana al 25%, que además de resultar injusta para los afectados representa un obstáculo para la calidad docente. Los críticos advierten de que el cambio implicará que muchos jóvenes que están preparando las oposiciones y no tienen mucho tiempo de experiencia como profesores interinos apenas tendrán posibilidades de conseguir plaza, independientemente del resto de méritos, así como que facilitará el acceso a personas que durante años no han aprobado la oposición.
Un 41% de los niños ya tiene una dosis en el primer mes de la vacuna infantil
Según los datos ofrecidos por la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, el 98 por ciento del profesorado de España está dando clase y la “normalidad” es la tónica general en las aulas tras las vacaciones de Navidad, pero un 2,3% de los profesores está de baja. Además, el 1,19% del alumnado se encuentra en cuarentena o positivo por Covid. Los porcentajes más elevados se dan en Navarra (4,58%), Ceuta (4,24%) y País Vasco (4,04%) mientras que los que menos niños tienen enfermos o en cuarentena son Castilla y León y Andalucía, aunque hay tres comunidades, entre ellas Madrid, que no han remitido datos.
Según las estadísticas del Ministerio de Sanidad la curva de contagiados menores de 11 años ha tenido la misma evolución que en el resto de edades: repuntó fuerte desde el 19 de diciembre y parece que acaba de iniciar un retroceso desde mediados de esta semana.
La incidencia en los menores de 11 años es de 2.641 casos por cada 100.000 habitantes, lo que significa que está por debajo de la media española (3.156). Según las estadísticas oficiales, se contagian menos niños de hasta 11 años que en el resto de franjas de población hasta los 59 años. Sin embargo, hay más infecciones entre los niños de hasta 11 años que entre los españoles mayores de 60, buena parte de los cuales ya ha recibido la vacuna de refuerzo.
Desde el 15 de diciembre, cuando comenzó la campaña de vacunación infantil, se han administrado algo más 1,3 millones de dosis pediátricas. Eso supone que el 40,9% de los niños entre 5 y 11 años cuentan ya con el primer pinchazo. Pero la segunda dosis se recibe a las 8 semanas, por lo que será a mediados de febrero cuando España comience a tener a los primeros niños en este rango de edad con la pauta completada, aunque el pico de la refuerzo inmunológico que otorga el segundo pinchazo se hace efectivo a partir de los 14 días.
Pese a la variante ómicron, los niños en España han retomado sus clases tras la pausa navideña de forma presencial y lo han hecho con algunos cambios: las mascarillas tienen que utilizarse en el recreo además de en las aulas y hay un nuevo protocolo que evita confinamientos continuados de clases. Hasta ahora, los alumnos completamente vacunados que eran contacto estrecho de un positivo estaban exentos de hacer la cuarentena, y los que no lo estaban debían respetar un periodo de siete días. Los niños de entre 5 y 11 años están recibiendo ahora la primera dosis, con lo cual no tienen la pauta completa.
La comunidad educativa pide «agilidad» en la sustitución y vacunación de profesores y mira con «inquietud» la evolución
La comunidad educativa pide «agilidad» en la sustitución de bajas y vacunación del profesorado, que ha sido el grupo «más perjudicado» en la vuelta a las aulas tras las vacaciones de Navidad, y mira con «inquietud» a la evolución de la pandemia en los centros en las «próximas semanas» ante las incidencias de la última.
Así lo ha expresado, en declaraciones a Europa Press, el personal docente, centros educativos, estudiantes y agrupaciones de padres y madres, todos coincidiendo en la problemática de las bajas y el aumento de contagios, pero con perspectivas distintas sobre la gravedad de la situación.
El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, ha subrayado la sensación de «abandono, malestar y cansancio» del profesorado por ver que las autoridades educativas «no toman medidas eficaces» ante las bajas en los centros que se tienen que «arreglar como pueden».
«Es difícil hacer una foto fija de la situación actual, pero las cifras de bajas ofrecidas por el Ministerio de Educación
están desajustadas», ha advertido, para incidir en que ve con «inquietud» y «preocupación la evolución de la situación en las próximas semanas dado que el protocolo se ha «flexibilizado».
La responsable de Educación de UGT, Maribel Loranca, ha coincidido con él y ha lamentado que los datos aportados están «claramente a la baja», para asegurar que la primera semana de vuelta al cole al menos un 5% del profesorado no podía ocupar su puesto, frente al 2,6% que indicó Educación.
Loranca ha criticado, en este sentido, la gestión «desigual» por CCAA y las «serias dificultades» a las que se enfrentan los profesionales para tramitar sus bajas por el «colapso» de la atención primaria en algunas de ellas, donde la realidad «atropella» a todas las previsiones. También, ha exigido la recuperación de los profesores de apoyo que se incorporaron en el curso anterior, así como la reducción de ratios o las distancias de seguridad en lugar de «gripalizar la situación».
Al respecto, el presidente de ANPE, Francisco Valenzuela, ha demandado que se «agilice» de forma «inmediata» la tramitación de bajas con el objetivo de que los sustitutos se incorporen lo antes posible y no en una media de «tres días», y los datos oficiales no «se queden cortos».
19 de enero de 2022
Los protocolos contra el suicidio entran en la escuela: “Algo les pasa, no es una llamada de atención”
Hace unas semanas, una alumna de 15 años de un instituto público de Zaragoza le confesó a una de sus profesoras lo que consideraba un secreto. Le contó cómo había planificado su muerte y que estaba decidida a hacerlo. “Por favor, no se lo digas a mis padres”, le pidió. Unos meses antes, el Gobierno de Aragón había aprobado por primera vez en el entorno educativo un protocolo para la prevención del suicidio y las autolesiones ―daños físicos autoinfligidos―. Según esa guía, esa conducta respondía a una ideación suicida, considerada de riesgo alto. El equipo directivo la derivó a atención primaria, y allí le dieron una cita en la unidad de salud mental infanto-juvenil. La familia no acudió. Los sanitarios alertaron a los responsables del instituto de la falta y la directora volvió a la carga. Se puso en contacto con la familia y le explicó la obligación de asistir. “No le habían dado importancia, habían minimizado el riesgo”, explica la máxima responsable del centro. Un día más tarde, la alumna quedó ingresada.
En los últimos meses, comunidades como Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Baleares y Extremadura han aprobado protocolos para la prevención del suicidio y las conductas autolíticas en los centros educativos (tanto primaria como secundaria) urgidas por la sensación de “desprotección” y falta de herramientas de los docentes y por los datos oficiales. En 2020, el suicidio fue la segunda causa de fallecimiento entre los jóvenes de 15 a 29 años (300) por detrás de los tumores (330). Hasta ese año nunca se había alcanzado una cifra tan alta en menores de 15 años (14 se quitaron la vida, siete niños y siete niñas). En 2020, se suicidaron 3.941 personas en España, el máximo histórico según el Observatorio del Suicidio. Las hospitalizaciones por autolesiones en la población de 10 a 24 años casi se han cuadruplicado en las últimas décadas: de las 1.270 en el año 2000 se pasó a 4.048 en 2020, según datos del Ministerio de Sanidad.
Esta misma semana la Asociación de Directores de Institutos de Madrid (Adimad) informaba de más de 200 casos de autolesiones en estudiantes de secundaria desde septiembre (en todo el curso 2020-2021 se registraron 250 casos de autolesión) y mostraba su preocupación por la falta de personal cualificado para atenderlos. “La salud mental y emocional de los alumnos nos preocupa muchísimo. Nunca habíamos tenido tantos casos y no tenemos suficiente personal ni en cantidad ni en calidad”, aseguró Adimad ―que agrupa al 85% de directores de institutos de la región―.
“Nos llegan casos de chavales que se autolesionan o que están medicados y abusan de los antidepresivos que les han recetado, intentos deliberados provocados por una situación emocional muy dura. Son nuestros alumnos y tratamos de hacer lo que podemos”, añadieron desde Adimad. Madrid es una de las autonomías que todavía no ha aprobado un protocolo, pero desde la Consejería de Educación señalan que “se está terminando”. En la actualidad, hay publicada una guía y cada centro elabora su propio plan. En junio de 2021, el Gobierno estableció en la ley de protección de la infancia frente a la violencia que todas las autonomías deben aprobar un protocolo de prevención del suicidio en el ámbito escolar.
Alegría incide en que el desafío del cambio climático requiere convertir las escuelas en «espacios ecológicos»
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha incidido en que no se puede enfrentar al cambio climático e impulsar la transición ecológica en Europa «sin que las escuelas se hayan transformado en espacios ecológicos» con la participación de toda la comunidad educativa.
Así lo ha expresado la titular de Educación este lunes, 18 de enero, en un debate de desarrollo sostenible y cambio climático protagonizado por estudiantes de las secciones bilingües españolas en Bulgaría, Hungría y Rumanía en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa lanzada por la Comisión Europea.
«El cambio climático y el desarrollo sostenible son cruciales para el futuro. Desde la escuela debemos saber responder a estos desafíos», ha apostillado, según un comunicado de la cartera.
Alegría ha condicionado así el «desarrolloo sostenible» a la acción en los centros educativos con la colaboración de «estudiantes docentes y familias». «Juntos tendremos que actuar para responder al cambio climático», ha subrayado.
En el debate han estado presentes también el secretario de Estaod de Educación, Alejandro Tiana; el director general de Planificación y Gestión Educativa, José Manuel Bar; el consejero de Educación de la Embajada de España en Bulgaria, Ángel Santamaría, y el embajador de España en el mismo país, Alejando Polanco.
El Gobierno crea 49 nuevas cualificaciones profesionales
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y FP, ha aprobado este martes cuatro Reales Decretos que renuevan el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). Con esta aprobación, se crean 49 nuevas cualificaciones profesionales y se actualizan otras ocho ya existentes de 16 familias profesionales.
Todas ellas están vinculadas a los once sectores productivos identificados como estratégicos en el Plan de Modernización de la Formación Profesional que está desarrollando el Ministerio.
Entre ellas, se establecen cinco nuevas cualificaciones vinculadas directamente con la digitalización, como son ‘Instalación y mantenimiento de dispositivos y sistemas conectados, IoT’; ‘Digitalización aplicada al entorno profesional’; ‘Gestión de datos y entrenamiento en sistemas de Inteligencia Artificial basados en aprendizaje automático’; ‘Gestión de la instalación, despliegue y explotación de sistemas de Inteligencia Artificial basados en aprendizaje automático’; y ‘Diseño de interfaces gráficas, interacción y experiencia de usuario en dispositivos digitales’, pertenecientes a las familias profesionales de Electricidad y Electrónica, Informática y Comunicaciones y Artes Gráficas.
Asimismo, otras nueve cualificaciones de nueva creación pertenecen a la familia profesional de ‘Actividades físicas y deportivas’; seis están vinculadas a ‘Edificación y Obra Civil’, dos a ‘Energía y Agua’, cinco a ‘Hostelería y Turismo’, cinco a ‘Transporte y Mantenimiento de Vehículos’, dos a ‘Imagen y Sonido’ y otras dos a la familia de ‘Servicios Socioculturales a la Comunidad’, entre otras.
Según indica el Ministerio, con la entrada en vigor de estos cuatro Reales Decretos, el catálogo suma un total de 736 cualificaciones profesionales.
20 de enero de 2022
De bien de lujo a primera necesidad: el gasto en clases particulares se triplica para que los niños sean más competitivos
Lo llaman educación en la sombra. Son clases particulares privadas a las que las familias acuden para reforzar los conocimientos de sus hijos en edad escolar. Contra todo pronóstico, la Gran Recesión que sacudió las economías familiares entre 2008 y 2015 no afectó al pago de estos servicios, sino todo lo contrario. En 2017 ese gasto se había triplicado en España hasta alcanzar los 732 millones de euros (fueron 246 en 2006). Esa inversión no solo se produjo por parte de las familias más adineradas, sino que creció entre las de clase media y baja, que sí redujeron su gasto en alimentación, ropa y restaurantes. Carmen, madre de dos hijos y dependienta, fue una de ellas. “Lo más importante para mí es el futuro de mis hijos, quiero que lleguen lejos y todos sabemos que para eso tienen que dedicar horas extra fuera de la escuela”, comenta. Quieren que sus hijos sean competitivos en un mercado laboral cada vez más exigente.
Esos datos, extraídos del informe Educación en la sombra en España: cómo las clases particulares se están convirtiendo en un bien de primera necesidad, publicado este jueves por el laboratorio de ideas EsadeEcPol y elaborado a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE), son “preocupantes” porque pueden agravar las desigualdades educativas y sociales entre las familias que pueden pagar más y menos. “Los gobernantes tienen que poner en marcha políticas de calado para dar respuesta a esa búsqueda cada vez mayor de educación no formal, las familias tienen unas expectativas muy altas y ven la formación clave para el ascensor social, gastan lo que haga falta”, apunta Juan Manuel Moreno, autor del estudio y exasesor educativo del Banco Mundial. A su juicio, el hecho de que muchos alumnos de bachillerato dejen de ir a clase las semanas previas a Selectividad para que les preparen en academias privadas puede mermar a medio plazo la calidad de la enseñanza y la confianza de las familias en el sistema educativo.
En 2019, los hogares con mayor presupuesto (los que estaban entre el 20% de los que más gastan) invirtieron cinco veces más en clases particulares que los hogares con menos recursos. Las familias más adineradas gastaron 1.023 euros de media frente a los 550 que destinaron a ese fin las más pobres. En España, un 24% de los alumnos de primaria siguen sesiones privadas de matemáticas y ciencias, según el informe TIMSS de 2019, elaborado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA, en sus siglas en inglés).
Ese mismo documento ―que mide las competencias en matemáticas y ciencias de los alumnos de 4º de Primaria (niños de 10 años) en 64 países―, señala que según las respuestas de los estudiantes de esa etapa educativa en España, acuden a clases particulares para “recuperar y reforzar” contenidos más que para “perfeccionar” y “ampliar”. Un aspecto que puede ser radicalmente opuesto en Secundaria, cuando la exigencia es mayor y están a las puertas de entrar en la Universidad. “Existe una conciencia cada vez más generalizada en todas las clases sociales de que invertir en clases privadas asegura el acceso a oportunidades de futuro para los hijos”, precisa Juan Manuel Moreno, que actualmente da clase en la UNED.
Alegría asegura que no se va a eliminar la asignatura de informática del currículo de Bachillerato
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha asegurado que no se eliminará la asignatura de informática de Bachillerato y ha defendido que el Gobierno apuesta, como hacen la mayoría de países de la Unión Europea, por trabajar para que «la competencia digital y tecnológica traspase y recorra todo el currículo educativo», desde infantil hasta primaria.
«No (se va a eliminar). El currículo educativo, con esta nueva ley, cambia. Y buscamos y se introduce un concepto, lo mismo que está haciendo la mayoría de países europeos, que es trabajar a nivel de competencia», ha asegurado en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la que también ha recordado que las comunidades autónomas tienen la competencia para «poner en marcha todas las materias optativas» que consideren «mejor para su territorio».
Sobre la incidencia del coronavirus en las escuelas, la ministra ha explicado que el número de contagios es el más alto de toda la pandemia y ha querido poner en contexto los cifras de profesores aislados, unos 24.000 frente a 750.000 docentes en todo el país, lo que supone un porcentaje del 4/4,2 por ciento del total.
En este sentido, Alegría ha defendido que las CCAA han puesto en marcha mecanismos para hacer las sustituciones en las escuelas que están funcionando. «Hay casos concretos donde no se está atendiendo con la celeridad que debiera, pero por norma general, el cambio de profesores es prácticamente inmediato», ha dicho.
«La escuela es un reflejo de lo que puede estar pasando en la sociedad. Seguimos apostando por la presencialidad. El control de la pandemia y el nivel de positivos e infectados es inferior al que puede haber en la sociedad», ha recordado Alegría, que ha reiterado que las escuelas son espacios seguros.
El 24% de los estudiantes recurre a clases particulares para completar su educación
Durante la crisis económica las familias dejaron de comprar ropa, renunciaron a los restaurantes y racionaron las visitas al supermercado. Pero no prescindieron de las clases particulares, a las que recurren el 24% de los alumnos españoles y que suponen a las familias un desembolso medio de 751 euros anuales. «Ha pasado de bien de lujo a producto de primera necesidad», sostiene Juan Manuel Moreno, especialista principal de Educación en el Banco Mundial y profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Uned.
Moreno es el autor del primer estudio que estima el peso en España de la educación no formal, un sector privado no regulado que no expide diplomas y que con frecuencia está dentro de la economía sumergida. El trabajo, que este jueves publica el think tank EsadeEcPol, muestra que ese gasto está creciendo de forma sostenida, incluso durante la crisis, y que tiene cada vez más peso en el presupuesto familiar. En una década se ha triplicado: de los 246 millones de euros que suponía en 2006 ha pasado a 732 millones en 2017.
Durante la crisis económica las familias dejaron de comprar ropa, renunciaron a los restaurantes y racionaron las visitas al supermercado. Pero no prescindieron de las clases particulares, a las que recurren el 24% de los alumnos españoles y que suponen a las familias un desembolso medio de 751 euros anuales. «Ha pasado de bien de lujo a producto de primera necesidad», sostiene Juan Manuel Moreno, especialista principal de Educación en el Banco Mundial y profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Uned.
Moreno es el autor del primer estudio que estima el peso en España de la educación no formal, un sector privado no regulado que no expide diplomas y que con frecuencia está dentro de la economía sumergida. El trabajo, que este jueves publica el think tank EsadeEcPol, muestra que ese gasto está creciendo de forma sostenida, incluso durante la crisis, y que tiene cada vez más peso en el presupuesto familiar. En una década se ha triplicado: de los 246 millones de euros que suponía en 2006 ha pasado a 732 millones en 2017.
A Moreno le ha sorprendido que donde más crece el gasto proporcionalmente es en los hogares con rentas medias y medias-bajas. ¿Por qué? «Las familias podrían estar bajando su confianza respecto a la escuela formal y recurriendo a clases particulares porque les dan una ventaja añadida a sus hijos que no encuentran en otra parte. Las familias ricas también lo piensan, pero su punto de partida era más alto porque son las que más gastan en clases», dice.
Entre los factores que pueden estar acelerando la demanda en España están «la percepción creciente de que la calidad de las escuelas ha bajado» y «la desconfianza creciente en las instituciones públicas, incluidas las escuelas, en un contexto de politización creciente del sector educativo y de recesión democrática».
También las «altas tasas de fracaso y repetición», un «clima generalizado de competitividad por entrar en la universidad» y el hecho de que las familias tengan menos hijos, lo que les «permite invertir más en cada uno de ellos» y, sobre todo, compensar el tiempo que no tienen «para ayudarles con las tareas escolares».
«Este trabajo confirma que la auténtica revolución educativa es que las familias están tomando las riendas de los itinerarios educativos de sus hijos. La escuela sigue siendo un lugar importante, pero su papel está menguando. Las fuentes del conocimiento están transformándose y, si la familia no encuentra en la escuela lo que necesita, acude a la iniciativa privada», reflexiona el profesor Gregorio Luri, que recuerda que las asociaciones de padres «tienen más agilidad que otras instituciones» a la hora de observar los cambios sociales. Cita, por ejemplo, el caso de la Robótica: las AMPA fueron las primeras en convertirla en extraescolar, mucho antes de que lo hicieran los colegios.
Se triplica el gasto en clases particulares, que toman el 24% de los alumnos
“Educación en la Sombra”, elaborado por Juan Manuel Moreno, analista de investigación del Centro de Políticas Económicas (EsadeEcPol), estudia por primera vez el peso del mercado de las clases particulares en España a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). Dicho análisis destaca que pese al crecimiento sostenido a lo largo del período estudiado (2006- 2020), el 23% de los hogares (y un 24% de los estudiantes) consume clases particulares en España, cifras relativamente bajas en relación con los países asiáticos y aun con los europeos.
En nuestro país el impacto de este servicio sobre la equidad educativa es, como en todas partes, negativo –los hogares ricos gastan hasta cinco veces más que los más pobres–, si bien las familias de ingreso medio y bajo están aumentando el porcentaje de sus presupuestos dedicados a ella.
El gasto en clases particulares –centradas en recuperar y reforzar más que en perfeccionar y ampliar– no es en España un fenómeno predominantemente urbano, sino que crece con más fuerza en pequeños municipios y zonas rurales. Su volumen ha crecido con independencia del contexto económico: se triplicó entre 2006 (246 millones de euros) y 2017 (732 millones de euros), coincidiendo con la Gran Recesión. La demanda se estaría convirtiendo, “de facto”, lo que era un bien de lujo en un bien de primera necesidad, añade el documento.
Por otro lado, en 2020, el confinamiento y sus consecuencias inmediatas en España afectaron mucho más al gasto en clases particulares de los hogares ricos que al de los de menor gasto.
Una carrera donde todos pueden ganar
Según el estudio de este “think tank” de la Escuela de Negocios Esade, un excesivo crecimiento de este tipo de servicios podría traducirse en incentivos para reducir la financiación pública en la educación formal, lo que, a su vez consolidaría las desigualdades crecientes. “Aumentar la confianza pública en las escuelas será la vía para evitar que la Educación en la Sombra se imponga como norma social. Esto requiere políticas educativas de gran calado, sobre todo en materia de evaluación, exámenes externos, certificación del aprendizaje, orientación personal y profesional y multiplicación de itinerarios educativos que transformen la escolarización en una carrera donde todos puedan ganar”.
Entre las razones que explican la demanda de las familias figuran la percepción creciente de que la calidad de las escuelas ha bajado y que hay que compensar y que existe una mayor competencia por entrar a las instituciones de Educación Superior de élite, consecuencia de la universalización de la Educación Secundaria. Además, las familias tienen menos hijos y eso permite invertir más en cada uno de ellos; como además los padres y madres tienen menos tiempo para ayudarles con las tareas escolares, se hace más necesario.
21 de enero de 2022
Solo el 8% de los másteres han bajado de precio tras el pacto para abaratarlos
En marzo de 2021 el Ministerio de Universidades y las autonomías acordaron que el precio de los másteres habilitantes ―obligatorios para poder ejercer como abogado, profesor de secundaria o en ciertas ingenierías― se iba a equiparar al de los grados (carreras), y la noticia fue bien recibida por los estudiantes. Sin embargo, el Observatorio del Sistema Universitario (OSU) ―conformado por profesores de las cuatro universidades públicas de Barcelona―, en su informe ¿Qué efecto han tenido los acuerdos sobre precios públicos de matrícula? curso 2021-22, deja ahora al descubierto que los másteres profesionalizantes representan solo el 8,1% del total. El resto son posgrados no habilitantes, que se cursan para especializarse o acceder luego al doctorado, y su precio está congelado desde 2020.
Aunque el tijeretazo en estos títulos no habilitantes es una pretensión del Gobierno, no hay planes de llevarlo a cabo a medio plazo ni del Ejecutivo ni de las autoridades autonómicas por su alto coste. Madrid llegó a denunciar en los tribunales el acuerdo para bajar los precios de los posgrados profesionalizantes, pero tras ganar las elecciones su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, lanzó en junio de 2021 la promesa de bajar sus precios.
“No parece justificado ―ni tampoco acorde con la ley― que los precios de los másteres dependan de si habilitan [más baratos] o no para el ejercicio de una profesión regulada en España, pues ello no tiene que ver con el coste del servicio”, se queja el observatorio en el informe. El coste está relacionado con el nivel de experimentalidad. No se requieren los mismos medios técnicos para un máster en oncología, ortodoncia o genética vegetal que en uno de sociología o historia.
Subirats traslada a los estudiantes su «voluntad» de seguir adelante con la LOSU y de «repensar» algunos temas
El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha trasladado a los estudiantes universitarios su «voluntad» de seguir adelante con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), impulsada por su antecesor, Manuel Castells, así como de «repensar» algunos de los temas incluidos en la reforma.
Así se lo ha hecho saber en la reunión que ha mantenido el ministro este jueves con representantes de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) y del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE).
«Les hemos expresado, por un lado, la voluntad de seguir adelante con la tramitación de la LOSU, que nos permita al mismo tiempo repensar las cosas que teníamos en marcha e incorporar aquellos aspectos que podemos considerar que son significativos con los distintos actores», ha señalado el ministro.
En el caso de los estudiantes, los elementos que, según Subirats, se han «incorporado al debate» son, por un lado, la voluntad del Ministerio de reforzar en la futura reforma «la protección de todo el ámbito de calidad docente y de docencia», ya que son los estudiantes «los primeros interesados en que esto suceda».
Y, por otro lado, el ministro ha trasladado la idea de incorporar «todo el tema de la atención de carácter emocional, psicológica, de salud mental» en el ámbito universitario, ya que es un tema que demandaban los estudiantes y porque «las universidades no pueden quedar al margen de esta preocupación».
El 24% de los estudiantes recurre a clases particulares para completar su educación
Durante la crisis económica las familias dejaron de comprar ropa, renunciaron a los restaurantes y racionaron las visitas al supermercado. Pero no prescindieron de las clases particulares, a las que recurren el 24% de los alumnos españoles y que suponen a las familias un desembolso medio de 751 euros anuales. «Ha pasado de bien de lujo a producto de primera necesidad», sostiene Juan Manuel Moreno, especialista principal de Educación en el Banco Mundial y profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Uned.
Moreno es el autor del primer estudio que estima el peso en España de la educación no formal, un sector privado no regulado que no expide diplomas y que con frecuencia está dentro de la economía sumergida. El trabajo, que este jueves publica el think tank EsadeEcPol, muestra que ese gasto está creciendo de forma sostenida, incluso durante la crisis, y que tiene cada vez más peso en el presupuesto familiar. En una década se ha triplicado: de los 246 millones de euros que suponía en 2006 ha pasado a 732 millones en 2017.
No estamos como en China, pero «la tendencia parece apuntar a una demanda creciente en todos los hogares, reflejando una conciencia cada vez más generalizada en todas las clases sociales de que invertir en clases particulares podría funcionar como condición para asegurar el acceso a las oportunidades de futuro de los hijos», señala la investigación.
A Moreno le ha sorprendido que donde más crece el gasto proporcionalmente es en los hogares con rentas medias y medias-bajas. ¿Por qué? «Las familias podrían estar bajando su confianza respecto a la escuela formal y recurriendo a clases particulares porque les dan una ventaja añadida a sus hijos que no encuentran en otra parte. Las familias ricas también lo piensan, pero su punto de partida era más alto porque son las que más gastan en clases», dice.
Entre los factores que pueden estar acelerando la demanda en España están «la percepción creciente de que la calidad de las escuelas ha bajado» y «la desconfianza creciente en las instituciones públicas, incluidas las escuelas, en un contexto de politización creciente del sector educativo y de recesión democrática».
También las «altas tasas de fracaso y repetición», un «clima generalizado de competitividad por entrar en la universidad» y el hecho de que las familias tengan menos hijos, lo que les «permite invertir más en cada uno de ellos» y, sobre todo, compensar el tiempo que no tienen «para ayudarles con las tareas escolares».
La capacidad de lectura de los niños mejora con videojuegos, según un estudio
Un equipo internacional de la Universidad de Ginebra (UNIGE), en Suiza, y la Universidad de Trento (Italia) han probado que un videojuego de acción para niños mejoraría las habilidades de lectura. Los resultados, publicados en la revista ‘Nature Human Behaviour’, demuestran una mejora de las capacidades de lectura tras sólo 12 horas de juego. El estudio demuestra, además, que estas ganancias persisten en el tiempo, hasta el punto de que se observa una mejora en las notas de la escuela más de un año después de finalizar el entrenamiento.
La decodificación de las letras en sonidos es un punto clave en el aprendizaje de la lectura, pero no es suficiente para dominarla. «La lectura recurre a otros mecanismos esenciales en los que no pensamos necesariamente, como saber mover los ojos en la página o utilizar la memoria de trabajo para enlazar las palabras en una frase coherente», señala Daphné Bavelier, profesora de la Sección de Psicología de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación (FPSE) de la UNIGE.
«Se sabe que estas otras habilidades, como la visión, el despliegue de la atención, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, mejoran con los videojuegos de acción», explica Angela Pasqualotto, primera autora de este estudio, que se basa en su tesis doctoral en el Departamento de Psicología y Ciencias Cognitivas de la Universidad de Trento bajo la dirección de los profesores Venuti y De Angeli. Con esta idea, se diseñó un videojuego que combina videojuegos de acción con minijuegos que entrenan diferentes funciones ejecutivas, como la memoria de trabajo, la inhibición y la flexibilidad cognitiva, funciones a las que se recurre durante la lectura.
«El universo de este juego es un mundo alternativo en el que el niño, acompañado de su Raku, una criatura voladora, debe realizar diferentes misiones para salvar planetas y progresar en el juego», añade Angela Pasqualotto. La idea es reproducir los componentes de un juego de acción, sin incorporar la violencia, para que sea apto para los más pequeños. «Por ejemplo, el Raku vuela a través de una lluvia de meteoritos, moviéndose para evitarlos o apuntando a ellos para debilitar su impacto, mientras recoge recursos útiles para el resto del juego, un poco como lo que se encuentra en los videojuegos de acción», prosigue.
A continuación, los científicos trabajaron con 150 escolares italianos de entre 8 y 12 años, divididos en dos grupos: el primero jugó al videojuego desarrollado por el equipo, y el segundo a ‘Scratch’, un juego que enseña a los niños a codificar. Ambos juegos requieren control atencional y funciones ejecutivas, pero de manera diferente.
El videojuego de acción requiere que los niños realicen tareas dentro de un límite de tiempo, como recordar una secuencia de símbolos o responder sólo cuando el Raku emite un sonido específico, mientras se incrementa la dificultad de estas tareas según el rendimiento del niño. ‘Scratch’, el juego de control, requiere planificación, razonamiento y resolución de problemas. Los niños deben manipular objetos y estructuras lógicas para establecer la secuencia de programación deseada.
«Primero probamos la capacidad de los niños para leer palabras, no palabras y párrafos, y también realizamos una prueba de atención que mide el control atencional del niño, una capacidad que sabemos que se entrena con los videojuegos de acción», explica Daphne Bavelier. A continuación, los niños siguieron el entrenamiento con el videojuego de acción o el de control, durante seis semanas, dos horas a la semana bajo supervisión en el colegio. Los niños fueron examinados en la escuela por los clínicos del Laboratorio de Diagnóstico y Educación de Observación (UNITN). Poco después de terminar el entrenamiento, los científicos repitieron las pruebas en ambos grupos de niños. «Encontramos una mejora de 7 veces en el control atencional en los niños que jugaron al videojuego de acción en comparación con el grupo de control», dice Angela Pasqualotto.
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