12 de febrero de 2022
La Selectividad se sustituirá por una prueba menos basada en contenidos y parecida a los exámenes de PISA
El Ministerio de Educación quiere cambiar la actual Selectividad por una prueba menos basada en contenidos y más parecida a los exámenes del Informe Pisa, con los que la OCDE mide regularmente en decenas de países (79, en 2018) las competencias del alumnado en lectura, matemáticas y ciencias. El objetivo es que la nueva prueba no pida tanto a los alumnos reproducir contenidos como demostrar que saben aplicar los conocimientos que han aprendido a lo largo del Bachillerato, explican a EL PAÍS fuentes que están participando en la revisión del sistema de evaluación. El Gobierno espera tenerla diseñada antes del inicio del próximo curso. El primer paso de Educación ha consistido en recabar información de cómo funciona el acceso a la Universidad en el resto de países europeos.
El ministerio que dirige Pilar Alegría considera necesario el cambio para dar coherencia a la nueva forma de aprender que va a empezar a implantarse en septiembre en todas las etapas educativas, desde Infantil a Bachillerato, basada en competencias. Este modelo, patrocinado por instituciones como la propia OCDE y la Unión Europea, defiende que la meta del sistema educativo no debe consistir tanto en transmitir a los estudiantes grandes cantidades de información y conceptos presentados de forma parcelada, como lograr que los chavales consigan una “comprensión profunda” de las cuestiones y tengan capacidad para “movilizar conocimientos de una forma mucho más interdisciplinar”, en el lenguaje que utiliza el ministerio.
El modelo de enseñanza competencial empezará a funcionar después del verano en los cursos impares de Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, y se extenderá a los cursos pares un año más tarde. El ministerio prevé que los estudiantes que comiencen a estudiar en septiembre primero de Bachillerato se examinen con una Selectividad también competencial al acabar la etapa, en junio de 2024. El Gobierno considera que la fuerza de atracción de la Selectividad es tan grande que no solo condiciona cómo enfocan los docentes el Bachillerato, sino también en buena medida la ESO, y que modificar la prueba servirá para impulsar el cambio metodológico que está en el corazón de la reforma educativa.
Una prueba más homogénea
El nuevo sistema haría más fácil cumplir uno de los objetivos compartidos por sucesivos responsables del Ministerio de Educación, y que defiende Alegría, de lograr una cierta homogeneización en la Selectividad, una prueba que tiene características diferentes en cada comunidad autónoma, pero cuyos resultados sirven para acceder a todas las universidades públicas del país. La cuestión es especialmente importante ahora porque uno de los efectos de la actual reforma educativa es que la diversidad entre lo que se estudia en unos institutos y otros aumentará. Sucederá debido a la naturaleza de los nuevos currículos (las normas que regulan cómo deben aprenderse y evaluarse las asignaturas) que están elaborando a medias el ministerio y las comunidades autónomas, que dan mucho más margen de maniobra a los docentes, y también por el nuevo reparto de competencias establecido por la ley educativa que entró en vigor hace un año, que deja en manos de colegios e institutos la decisión de fijar una parte de los horarios y contenidos. En Cataluña, la primera en concretar el porcentaje, los centros educativos decidirán a qué se dedica un 20% del horario.
Continúa el descenso de la incidencia del Covid-19 esta semana en los centros educativos en España
El descenso de la incidencia del Covid-19 continúa esta semana en los centros educativos en España, donde 165.337 alumnos, 14.887 docentes y 843 aulas están aislados por positivo Covid-19 o cuarentena, según los datos del seguimiento en los centros de titularidad pública y privada de Enseñanzas de Régimen General, con la información remitida por las comunidades y ciudades autónomas el miércoles y el jueves.
Así lo ha dado a conocer este viernes el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que ha asegurado que «la normalidad ha sido la tónica general desde el inicio de curso» y que la incidencia del Covid-19 en los centros educativos en España «sigue siendo minoritaria».
Según los datos publicados por el departamento de Pilar Alegría, recogidos por Europa Press, con información de 18 comunidades y ciudades autónomas, que representan el 95,97% del alumnado total del país, en la actualidad hay 165.337 alumnos aislados por positivo Covid o en cuarentena por otras causas. En este sentido, los estudiantes en cuarentena representan el 2,01% del alumnado de esas 18 comunidades y ciudades autónomas, frente al 3,23% de hace una semana.
En el caso de los docentes, la información ha sido trasladada por 16 CCAA y ciudades autónomas, que representan el 80,42% del profesorado total del país. Así, esta semana un total de 14.887 docentes se encuentran aislados por positivo Covid o en cuarentena por otras causas, que suponen el 2,49% de los docentes de esas regiones, frente al 3,89% de hace siete días.
Respecto a las aulas afectadas, con la información remitida por 18 comunidades, Ceuta y Melilla, que representan el 94,59% del total de grupos del país, hay 843 grupos en cuarentena, incluyendo las clases organizadas como Grupos de Convivencia Estable (GCE). Estos suponen un 0,21% del total de aulas de enseñanzas de régimen general de esos 18 territorios, por lo que se estima que el 99,79% de los grupos está funcionando con normalidad. La semana anterior la cifra era del 0,53%.
Finalmente, con información de 19 comunidades y ciudades autónomas, que representan el 100% del total de centros, hay un centro cerrado en toda España, frente a las cinco escuelas clausuradas de la semana pasada.
La era de las habilidades
El desarrollo de habilidades es el gran reto de la educación del siglo XIX. Flexibilidad, adaptabilidad, creatividad, toma de decisiones, resolución de conflictos… Estas palabras que bien pudieran aparentar un ‘relleno’ en cualquier currículum son, en la actualidad, las principales cualidades que se busca en los profesionales.
En un mundo de datos, en el que cada vez está más presente la inteligencia artificial, la buena memoria y la mera teoría entran en un segundo plano, para dejar paso a la capacidad de iniciativa, de pensamiento crítico, y de agilidad mental. Unas características que, desafortunadamente, no se aprenden en dos días o en curso rápido online de los que tanto se estilan en la actualidad. Son habilidades que se adquieren con el tiempo y con el uso.
Con el éxito y el fracaso. Con la constancia y el convencimiento de que nuestras metas profesionales —incluso me atrevería a decir que también las personales— pasan por el cultivo, a fuego lento, de estas cualidades, no fáciles de conseguir, en ciertos casos.
La solución tampoco es sencilla. La Educación, en general, sigue muy centrada en la teoría y la memoria. Y un modelo histórico de enseñanza es difícil de cambiar. Pues bien. No cambiemos. Limitémonos a complementar. La ‘Era de las habilidades’ no significa que la ‘memoria’ haya dejado de ser completamente relevante. De hecho, es importante mantenerla activa. Ejercitarla convenientemente y no delegar al 100% en las máquinas que nos rodean, y que ya nos complementan demasiado. Pero, a este ejercicio deben sumarse, sin más demora, incentivos que fomenten el desarrollo de las cualidades necesarias en el siglo XIX.
En la actualidad ya hay centros educativos que fomentan —y de manera muy eficiente— este desarrollo de habilidades. Pero, en general, sigue siendo una opción. Estas ‘asignaturas pendientes’ —acaben llamándose como se llamen— deben convertirse en troncales. Obligatorias para todo estudiante, independientemente de su edad. Solo así, acabaremos formando personas realmente preparadas para vivir personal y profesionalmente en un mundo dominado por la tecnología. En caso contrario, muy posiblemente acabaremos siendo fácilmente manipulables, maleables y débiles frente a los grandes retos de nuestro futuro.
El Gobierno aprobará la reforma de la Ley de Ciencia mañana martes
Sánchez hizo este anuncio en el acto “Alianza STEAM por el talento femenino. Niñas en pie de Ciencia”, celebrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Al acto asistieron también las ministras de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría; Ciencia e Innovación, Diana Morant, e Igualdad, Irene Montero, así como la investigadora del CSIC Elena García, la divulgadora y matemática Clara Grima, entre otras mujeres pioneras del ámbito de las Ciencias y las Artes.
Tras finalizar el trámite de audiencia pública, el nuevo texto, que modifica la Ley de Ciencia de 2011, será aprobado en la próxima reunión del Consejo de Ministros y desde ahí, iniciará su trámite parlamentario, donde “esperamos el máximo de los consensos”, dijo el presidente. Los cambios incluidos en la nueva norma permitirán incorporar a unas 12.000 personas al sistema de I+D+i de manera estable en los próximos tres años, según cálculos del Gobierno.
“La nueva ley va a lograr reducir la precariedad de los jóvenes científicos y técnicos, crea un nuevo itinerario postdoctoral para construir una carrera investigadora estable, recoge más derechos como la indemnización por finalización del contrato, redefine el contrato de investigador distinguido, e incluye medidas para reducir la carga administrativa”, ha explicado Sánchez. “Vamos a tener una ley para que los científicos puedan investigar con estabilidad, y no estén condenados a la precariedad y tengan contratos dignos”, y para que “investigar no sea una carrera de obstáculos desde el punto de vista administrativo”, ha avanzado el presidente.
La reforma también tendrá un alcance “sin precedentes” en la lucha contra las desigualdades de género en la I+D+i, ha recordado Sánchez. Entre otras cosas, la ley obliga a los centros de investigación a contar con planes de igualdad, asegura la igualdad de oportunidades en los procesos de selección para las personas que disfrutan de permisos para el cuidado de hijos o personas dependientes, y garantiza la presencia de mujeres en los órganos decisorios (un 40% como mínimo), en los comités de evaluación y los vinculados a premios.
Además, el proyecto garantiza la inclusión de la perspectiva de género como categoría transversal en todo el sistema de I+D+i, y crea un distintivo de igualdad de género en I+D para los centros y universidades que acrediten alcanzar criterios de excelencia en este ámbito, ha destacado el presidente.
Por último, Sánchez ha avanzado que el proyecto de ley va a reconocer el papel de la divulgación científica y la educación para promover la superación de los roles tradicionales y normalizar la igualdad de oportunidades entre niños y niñas porque, si no, “las mujeres se van a seguir quedando por el camino y van a tener menos oportunidades, y eso es algo que no nos podemos permitir como sociedad”.
“El mundo ha sido construido a partir de un relato histórico parcial que ha prescindido de la aportación del 50% de la sociedad y nuestra responsabilidad -ha subrayado- es que ellas ocupen el lugar que les corresponde pero aún queda mucho recorrido para que nuestra sociedad sea igualitaria”, ha concluido.
15 de febrero de 2021
Los pediatras proponen quitar las mascarillas de las aulas de los colegios
La Asociación Española de Pediatría es partidaria de quitar las mascarillas de las aulas de los colegios. La entidad ha elaborado una propuesta consistente en retirarla de forma progresiva, empezando a final de este mes por primero y segundo de primaria, y monitorizando el impacto de la medida en el número de contagios durante un par de semanas antes de continuar con tercero y cuarto curso y, más tarde, si la cosa ha ido razonablemente bien, con quinto y sexto. Los pediatras han comparado las infecciones registradas en el último curso de infantil (cuando los niños tienen cinco años y el uso de la mascarilla no es obligatorio) y en primero de primaria (seis años, cuando sí tienen que llevarla) y han concluido que en ambos niveles han sido similares. Si todo fuera bien en las escuelas, la medida se podría ampliar en el tercer trimestre del curso a los alumnos de educación secundaria.
Desde el punto de vista educativo, los estudios apuntan a que el uso de las mascarillas complica la enseñanza, un obstáculo que según los profesores se agrava en los chavales con dificultades de aprendizaje. Los sindicatos docentes reclaman cautela a la hora de introducir cambios en los protocolos sanitarios.
El epidemiólogo y miembro de la Asociación Española de Pediatría Quique Bassat afirma que, además de servir para que la actividad escolar vaya recuperando la normalidad, la medida sería una buena forma de ensayar la retirada general de mascarillas en interiores. Los niños son un grupo poco vulnerable a la covid, y si dejar de usar la mascarilla provocara un aumento de infecciones en los colegios, ello no se traduciría de forma automática en un aumento de los casos graves. Sería, sigue Bassat, una forma de dar el paso hacia el fin de las mascarillas en interiores menos arriesgada que hacerlo de golpe con todo el país, al estilo de lo que han hecho Dinamarca o Reino Unido.
¿Qué ha cambiado respecto a hace unos meses para que los pediatras planteen esta iniciativa? “Tenemos una variante del virus diferente, que es muy contagiosa y va a causar muchísimos casos y, por tanto, tenemos que convivir con ella. Y esto se enmarca en un cambio de paradigma más amplio, en el que hemos pasado de una situación en la que intentábamos contabilizar e impedir cada infección, a otra en la que nos dan un poco igual las infecciones que pueda haber, siempre y cuando no tengan trascendencia clínica”, responde Bassat. Por lo que se ha comprobado con la enorme oleada de contagios de la ómicron (mayor todavía en el caso de los niños), la enfermedad en la población de edad escolar es en la gran mayoría de los casos leve y causa “poca trascendencia clínica”. A ello hay que añadir la alta tasa de vacunación general alcanzada en el país (81% de la población total, y en torno al 50% con dosis de refuerzo).
Continúa el descenso de la incidencia del Covid-19 esta semana en los centros educativos en España
El descenso de la incidencia del Covid-19 continúa esta semana en los centros educativos en España, donde 165.337 alumnos, 14.887 docentes y 843 aulas están aislados por positivo Covid-19 o cuarentena, según los datos del seguimiento en los centros de titularidad pública y privada de Enseñanzas de Régimen General, con la información remitida por las comunidades y ciudades autónomas el miércoles y el jueves.
Así lo ha dado a conocer este viernes el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que ha asegurado que «la normalidad ha sido la tónica general desde el inicio de curso» y que la incidencia del Covid-19 en los centros educativos en España «sigue siendo minoritaria».
Según los datos publicados por el departamento de Pilar Alegría, recogidos por Europa Press, con información de 18 comunidades y ciudades autónomas, que representan el 95,97% del alumnado total del país, en la actualidad hay 165.337 alumnos aislados por positivo Covid o en cuarentena por otras causas. En este sentido, los estudiantes en cuarentena representan el 2,01% del alumnado de esas 18 comunidades y ciudades autónomas, frente al 3,23% de hace una semana.
En el caso de los docentes, la información ha sido trasladada por 16 CCAA y ciudades autónomas, que representan el 80,42% del profesorado total del país. Así, esta semana un total de 14.887 docentes se encuentran aislados por positivo Covid o en cuarentena por otras causas, que suponen el 2,49% de los docentes de esas regiones, frente al 3,89% de hace siete días.
Respecto a las aulas afectadas, con la información remitida por 18 comunidades, Ceuta y Melilla, que representan el 94,59% del total de grupos del país, hay 843 grupos en cuarentena, incluyendo las clases organizadas como Grupos de Convivencia Estable (GCE). Estos suponen un 0,21% del total de aulas de enseñanzas de régimen general de esos 18 territorios, por lo que se estima que el 99,79% de los grupos está funcionando con normalidad. La semana anterior la cifra era del 0,53%.
Finalmente, con información de 19 comunidades y ciudades autónomas, que representan el 100% del total de centros, hay un centro cerrado en toda España, frente a las cinco escuelas clausuradas de la semana pasada.
El mundo del cómic también planta cara al acoso escolar
«El bullying no pinta nada» es el nombre del concurso de sensibilización y concienciación contra el acoso escolar que ha lanzado Fundación Mutua Madrileña para estudiantes de entre 8 y 16 años. El certamen, que organiza dentro de la iniciativa conjunta con Disney, premiará las mejores ilustraciones, dibujos o cómics que recojan situaciones relacionadas con este tipo de violencia, valorando tanto su calidad artística como su inspiración para concienciar a otros jóvenes o a la sociedad en general.
Para inspirar a los menores, ilustradores de cómic españoles de la talla de Salva Espín (@salva_espin_art), Fernando Monroy (@monroyilustrador), Isa Muguruza (@isamuguruza) o Isaac Sánchez (@loulogio) han hecho sus propios bocetos de situaciones de acoso escolar donde se inspiran en los poderes de distintos personajes del universo Marvel para sensibilizar a las víctimas de distintos aspectos relacionados con el acoso escolar.
Cada uno de las ilustraciones trata de inspirar a los chavales con distintas situaciones de acoso como son la violencia física, el acoso psicológico, el ciberbullying o el papel de los testigos que presencian la agresión, con el objetivo de empoderar a víctimas y testigos y que den el paso y pidan ayuda.
Los bocetos de los ilustradores los irán difundiendo cada uno de ellos en sus canales de redes sociales para llegar e inspirar a sus múltiples seguidores de la franja de edad a la que se dirige el concurso.
El dibujo de Fernando Monroy (@monroyilustrador) muestra la situación de bullying de manera sutil reflejada en el puño, la sombra del personaje sobre la víctima y el ojo morado. Y ante esta situación, dibuja el empoderamiento como resurgir del Ave Fénix y hace un sutil guiño al capitán Marvel, al utilizar la capucha roja y las cinchas amarillas de la mochila.
Por su parte, Isa Muguruza (@isamuguruza) ha representado el empoderamiento de la víctima con algo que recuerda al casco de Thor que sostiene en sus manos. Un casco cuya función es proteger del bullying realizado por compañeros y del que sale una luz que hace que esas burlas no pasen ni afecten cuando se ilumina.
Isaac Sánchez (@loulogio) hace referencia al ciberbullying con una protagonista femenina cuyos poderes se representan inspirados en los que tiene el Doctor Extraño. La idea trabajada por Sánchez es que la niña sobrevuela por encima de emoticonos y mensajes abriendo un portal a un lugar seguro.
El Ministerio busca ideas en otros países para la nueva selectividad de 2024
Así lo han asegurado a Efe fuentes del departamento que dirige Pilar Alegría, que ha creado un grupo de trabajo técnico para analizar toda esa información y de elaborar un primer borrador que será debatido con las comunidades autónomas, el Ministerio de Universidades y la Conferencia de Rectores. Esta alternativa al modelo de selectividad actual será una realidad en 2024, tal y como establece la última ley de Educación (Lomloe), de ahí que los ministerios de Universidades y Educación estén trabajando en ello.
La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha defendido que “una parte” del examen de acceso a la universidad sea más homogénea, toda vez que no puede ser una única selectividad para todos porque solo el 60% del currículo se estudia igual en toda España, salvo en comunidades con lenguas cooficiales que el porcentaje es del 50%. El resto del currículo, según las citadas fuentes, lo fijan las comunidades autónomas, por lo que no es viable un examen único porque para ello los currículos tendrían que ser idénticos.
El Ministerio de Educación prevé que este verano ya tengan el primer borrador para empezar a discutirlo y intentar avanzar en la propuesta de borrador. MAGISNET
16 de febrero de 2022
Madrid implantará la educación de cero a tres años en los colegios públicos a partir del curso 2022/23
La etapa educativa de cero a tres años empezará a implantarse en los colegios públicos de la Comunidad Madrid a partir del curso 2022/23. Las 2.000 primeras plazas de las 5.400 previstas estarán en 46 centros ubicados en 23 localidades y 12 distritos de la capital con un elevado crecimiento demográfico.
En la Consejería de Educación están trabajando ahora en «la adecuación y habilitación de espacios» para la instalación de las nuevas aulas adecuadas a las distintas ratios por franjas de edad: ocho niños en el caso de los bebés, 14 de uno a dos años y 20 de dos a tres años.
«Con esta iniciativa pionera en España un alumno podrá permanecer en el mismo colegio desde los cero hasta los 12 años», ha señalado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al anunciar su puesta en marcha. La medida está incluida en la Estrategia de Protección a la Maternidad y Paternidad y de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2022/2026 con la que el Gobierno regional quiere «invertir el invierno demográfico».
PRIMERAS AULAS
Los colegios elegidos para la implantación de este programa se localizan en Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Brunete, Collado Villalba, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Humanes, Leganés, Majadahonda, Móstoles, Parla, San Fernando de Henares, San Martín de la Vega, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos, Valdemoro y Villaviciosa de Odón.
En el caso de Madrid capital, se sitúan en los distritos de Carabanchel, Chamartín, Ciudad Lineal, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Latina, Moncloa-Aravaca, Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas-Canillejas, Vicálvaro y Villa de Vallecas.
El consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha destacado que las plazas de cero a tres años son «muy demandadas» y que «los madrileños las van a agradecer».
La justicia reprocha al Gobierno de Murcia su «inactividad» para que se pueda cursar la asignatura de religión islámica
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) considera que el Gobierno regional no ha cumplido con la obligación de garantizar el derecho a recibir la asignatura de enseñanza religiosa islámica en los colegios públicos.
Así consta en una sentencia en la que el TSJ da la razón a una mujer que reclama que sus hijas puedan cursar la asignatura en éste y los siguientes cursos. El tribunal considera que «la inactividad» del Ejecutivo popular regional, que no dio respuesta a la solicitud, no fue ajustada a Derecho y reconoce el derecho a que las niñas reciban esa enseñanza en alguno de los centros donde se cumplan los requisitos fijados en la ley.
La sentencia recuerda que la ley de 1992 que aprobó el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España establece que «a fin de dar efectividad a lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Constitución […] se garantiza a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los órganos escolares de gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los primeros a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes públicos».
La Sala considera acreditado que la Comisión Islámica remitió hace un año a la Consejería de Educación -dirigida por la diputada expulsada de VoxMaría Isabel Campuzano– el listado de profesores designados. La respuesta fue que «en breve» se publicaría la resolución de la Dirección General de Planificación Educativa con la relación de aspirantes.
UN DERECHO FUNDAMENTAL
Sin embargo, no consta ni la baremación, ni ordenación de los candidatos, «ni ninguna actuación referida a la enseñanza de la religión islámica en centros públicos de la Región de Murcia».
La sentencia, recurrible ante el Tribunal Supremo, considera acreditada «la inactividad de la Administración en cumplimentar el proceso iniciado para que se pudieran impartir clases de religión islámica en los centros públicos que cumplieran los requisitos legales».
Por tanto, los magistrados concluyen que la administración autonómica no ha respetado el derecho fundamental a recibir enseñanza religiosa islámica, al no haber completado el proceso iniciado por la Comisión Islámica de España para que eso fuera posible.
La inversión educativa bajó un 6% en una década, mientras que el alumnado subió un 11%
Es una de las conclusiones del estudio presentado en rueda de prensa por CCOO, La evolución de la inversión educativa entre 2009 y 2018. 10 años de retroceso en España, en la que su secretario general de la Federación de Enseñanza, Francisco García, ha subrayado el impacto que esto ha supuesto en el marco social. Durante la década analizada “se produjo un retroceso en España que no se detuvo en la degradación de las condiciones escolares”, porque la pérdida de calidad educativa afecta a “la equidad, igualdad de oportunidades, a la cualificación de nuestros jóvenes” y, en consecuencia, a su empleabilidad y calidad del empleo.
Los datos del estudio reflejan que la inversión educativa sumó en 2018 un total de 50.660 millones, 3.235 millones menos que en 2009, lo que supone una caída del 6% entre esas dos fechas, una cifra “muy relevante si tenemos en cuenta que el alumnado creció un 11%” durante esa horquilla, ha añadido García, acompañado por el autor del estudio, Juan Martínez.
En términos de paridad de poder adquisitivo, ha destacado García, la inversión neta por estudiante creció entre 2009 y 2018 una media del 13,4% para el conjunto de la OCDE y del 17% para la Unión Europea, mientras que en España se produjo un recorte del 2,4%. Además, en 2009, la inversión española era superior al promedio de la OCDE y de la UE, y en 2018 pasó a ser “claramente” inferior en los dos casos, ha explicado el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, quien ha considerado que la financiación del sistema educativo es el “espejo” de la realidad de la Educación: “sin esfuerzo presupuestario no hay mejora posible”.
Para contextualizar estos sucesivos recortes hay que tener en cuenta que el PIB subió durante esta década en un 12,6%, lo que significa un incremento de 184.000 millones de euros de riqueza nacional entre 2013 y 2018. “La economía se recuperaba, la Educación no”, ha resumido García.
De acuerdo con el análisis, el porcentaje de PIB destinado a Educación pasó del 5% en 2009 al 4,21% en 2018, la cifra más baja en la serie histórica desde que existen estas estadísticas oficiales en España. Es incluso inferior a la existente en 1990 cuando la Logse extendió la escolarización obligatoria hasta los 16 años y se implantó la gratuidad del ciclo 3-6 de Educación Infantil.
En cuanto al peso del gasto educativo en el conjunto del gasto público, en 2009 era el 11,14%, para caer al 10,10% del total estatal en 2018: un recorte del 9,3%, que constituye “la mejor indicación de la pérdida de importancia de la Educación entre las prioridades de España durante el decenio estudiado”.
Los recortes han sido sobre todo “en los programas que garantizan la igualdad de oportunidades y la conciliación laboral y familiar, entre ellos los de educación compensatoria y las actividades extraescolares, que tuvieron un recorte del 70%”. así como la construcción de centros y equipamiento, un 51,1% menos. “La única noticia positiva pero tiene un pero grande es que creció un 18 % el presupuesto para becas y ayudas de estudio, sin embargo esconde” la privatización del ciclo de 0-3 años y de la FP de Grado Medio y Superior vía becas y ayudas.
Por último, ha señalado que el recorte global en las enseñanzas no universitarias del 9,9% ha afectado solo a la Pública, con notorias diferencias entre comunidades, y en ningún caso a la Concertada.
Subirats niega «discriminación» en el trámite de expedientes de homologación de títulos de ciudadanos latinoamericanos
El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha asegurado este martes que «no hay ningún tipo de discriminación en relación con los ciudadanos latinoamericanos» en la tramitación de los expedientes de homologación de títulos universitarios.
Así ha respondido Joan Subirats a la senadora de ERC Ana Surra, durante el pleno de la Cámara Alta, tras ser preguntado los retrasos en la tramitación de los expedientes de homologación de títulos universitarios extranjeros, en especial de ciudadanos latinoamericanos.
En la sesión de control al Gobierno, la senadora independentista ha explicado que la pregunta responde a los requerimientos que les han planteado «los perjudicados, profesionales universitarios de todo el Estado en general y de Cataluña en particular, en su mayoría de origen latinoamericano e incluso ciudadanos españoles que cursaron estudios en el exterior».
Ana Surra ha recordado que la normativa vigente estipula un máximo de seis meses para la resolución de las homologaciones de títulos extranjeros. «Sin embargo, y sobre todo desde 2018 y antes de la pandemia, no sólo esto no se respeta, sino que en la mayoría de los casos llegan a pasar años sin resolución o peor aún, con resoluciones contradictorias para supuestos idénticos», ha dicho.
«Las normativas no pueden tener dobles interpretaciones ni se puede ser inflexible pretendiendo imponer la estructuración de la formación española al itinerario de formaciones extranjeras en sí equiparables. Las homologaciones de títulos españoles en América Latina no sufren las mismas trabas ni demoras, como está sucediendo en sentido contrario», ha declarado la senadora de ERC, para después pedirle al ministro que resuelva la situación.
17 de febrero de 2022
Las nuevas universidades privadas están lejos de la calidad exigida
Desde 1998 no se funda ninguna universidad pública en España ―hay 50―, mientras las privadas se han cuadruplicado (de 10 a 40) y este jueves se votará en Madrid la número 41: la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT). La cuestión es que el Gobierno piensa que una parte importante de las privadas de esta última hornada está lejos de comportarse como una universidad ―que imparta docencia, investigue y transfiera ese conocimiento― y el pasado verano se aprobó un decreto de creación y reconocimiento de universidades que obliga a cumplir en cinco años unos estándares. “El decreto intenta poner un poco de orden en un sistema que tenía el peligro de que le llamásemos universidad a cualquier cosa. Tienen que cumplir unas condiciones determinadas: un porcentaje dedicado a la investigación [5%], número de doctores… Los chiringuitos son ahora más difíciles de hacer”, aseguró el ministro de Universidades, Joan Subirats, a este diario. Pero el decreto apoyado por los rectores nace cojo, pues el ministerio interpreta que a las entidades que han solicitado el procedimiento de autorización de sus proyectos hay que concederles esos cinco años —desde que se pongan en funcionamiento― para actualizarse, y hay ya cuatro con el proceso de tramitación muy avanzado en Madrid (UDIT), Andalucía (Universidad Tecnológica del Atlántico-Mediterráneo y Universidad Fernando III) y el País Vasco (Euneiz) posicionadas lejos de sus estándares. Otras seis esperan turno.
El Consejo de Estado, en contra del ministerio, sostiene que si las instituciones no han sido autorizadas antes de la entrada en vigor del decreto ―agosto de 2022― deben de cumplirlo desde el principio. El pasado noviembre, el Parlamento vasco aprobó la European University of Vitoria-Gasteiz (Euneiz), liderada por el principal accionista de los clubs Alavés y Baskonia (Josean Querejeta) con el apoyo del PNV. Todos los partidos ―salvo Elkarrekin Podemos y Bildu― votaron a favor de la creación de una universidad que pretende dedicarse a los videojuegos, el deporte y la fisioterapia. El diputado regional de Podemos Íñigo Martínez Zatón explica que, en junio, su grupo pidió una ampliación del plazo de enmiendas para adaptar el proyecto de ley al decreto, pero en el texto final ni se cita.
“Nos preocupa que cualquier cosa es una universidad, va a ser bastante inaccesible [a partir de 8.000 euros un curso de la carrera], compite con grados públicos y va a recibir dinero público porque tiene derecho a entrar en el mundo de las subvenciones”, prosigue Martínez Zatón. Los socialistas, socios de gobierno del PNV, trataron de pasar inadvertidos en la votación ante una situación muy incómoda. “No vamos a recibir ni queremos un euro público”, asegura su director, Álvaro Ron. Pero reconoce que “lo que le rodea” presumiblemente va a tener subvención: 33 millones de fondos Next Generation para el proyecto Innovaraba, de Querejeta, que incluye una escuela de fútbol, una aceleradora de empresas, un colegio internacional y un centro de medicina deportiva, entre otros negocios interconectados con Euneiz.
Los rectores lamentan que la Ley de Convivencia Universitaria no incluyE lo consensuado con la comunidad universitaria
Crue Universidades Españolas ha lamentado este miércoles, tras la aprobación definitiva de la Ley de Convivencia Universitaria, que la norma no recoge lo previamente negociado durante meses y acordado entre los principales actores del Sistema Universitario Español (SUE) con el Gobierno.
«Crue deseaba que ese texto sufriera escasas modificaciones durante su tramitación parlamentaria y que, en todo caso, hubieran sido consultadas con la comunidad universitaria», señala en un comunicado.
El texto definitivo permite que cada comunidad autónoma y cada universidad pueda aplicar unas reglas distintas, algo que, según ha denunciado Crue en varias ocasiones, genera «incertidumbre» e «inseguridad jurídica» en las comunidades universitarias.
«La Ley de Convivencia, al igual que el Código Civil o el Código Penal, debería ser la misma para todo el Estado, tal y como Crue acordó con las principales organizaciones estudiantiles y el Ministerio de Universidades», opina la asociación que agrupa a los rectores, que también asegura que trabajará para que las universidades cuenten finalmente con buenas normas y herramientas para regular la convivencia en sus campus.
Madrid implantará la educación de cero a tres años en los colegios públicos a partir del curso 2022/23
La etapa educativa de cero a tres años empezará a implantarse en los colegios públicos de la Comunidad Madrid a partir del curso 2022/23. Las 2.000 primeras plazas de las 5.400 previstas estarán en 46 centros ubicados en 23 localidades y 12 distritos de la capital con un elevado crecimiento demográfico.
En la Consejería de Educación están trabajando ahora en «la adecuación y habilitación de espacios» para la instalación de las nuevas aulas adecuadas a las distintas ratios por franjas de edad: ocho niños en el caso de los bebés, 14 de uno a dos años y 20 de dos a tres años.
«Con esta iniciativa pionera en España un alumno podrá permanecer en el mismo colegio desde los cero hasta los 12 años», ha señalado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al anunciar su puesta en marcha. La medida está incluida en la Estrategia de Protección a la Maternidad y Paternidad y de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2022/2026 con la que el Gobierno regional quiere «invertir el invierno demográfico».
PRIMERAS AULAS
Los colegios elegidos para la implantación de este programa se localizan en Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Brunete, Collado Villalba, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Humanes, Leganés, Majadahonda, Móstoles, Parla, San Fernando de Henares, San Martín de la Vega, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos, Valdemoro y Villaviciosa de Odón.
En el caso de Madrid capital, se sitúan en los distritos de Carabanchel, Chamartín, Ciudad Lineal, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Latina, Moncloa-Aravaca, Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas-Canillejas, Vicálvaro y Villa de Vallecas.
El consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha destacado que las plazas de cero a tres años son «muy demandadas» y que «los madrileños las van a agradecer».
Rectores censuran la Ley de Convivencia porque permite aplicar reglas distintas
“La Ley de Convivencia, al igual que el Código Civil o el Código Penal, debería ser la misma para todo el Estado, tal y como CRUE acordó con las principales organizaciones estudiantiles y el Ministerio de Universidades”, explican en un comunicado.
CRUE Universidades Española esperaba que la ley, aprobada este miércoles por mayoría en el Senado, “se acercara más” al texto consensuado durante meses entre los principales actores del sistema universitario con el Gobierno. Su deseo, explica la Crue, era que el texto sufriera “escasas modificaciones durante su tramitación parlamentaria y que, en todo caso, hubieran sido consultadas con la comunidad universitaria. En este sentido, recuerda que las enmiendas “eliminaban la mediación, elemento capital en esta ley, y se recuperó a instancias de esta organización”.
Esta asociación, que aglutina a las universidades públicas y privadas, trabajará para que las universidades cuenten finalmente con buenas normas y herramientas para regular la convivencia en sus campus, concluye la nota de prensa.
Los acosadores y los plagiadores serán expulsados de los campus públicos
La nueva ley acaba con el régimen disciplinario de la dictadura franquista, obliga a utilizar la mediación si hay conflictos y castiga hasta con tres años de expulsión el plagio, las novatadas y el acoso sexual.
La norma, que entrará en vigor un día después de su publicación en el BOE, detalla las faltas y sanciones aplicables en los campus y prevé suspender el procedimiento disciplinario en aquellos casos en que las partes quieran acogerse al procedimiento de mediación. Solo si la mediación no tiene éxito, se volvería al régimen disciplinario.
Las universidades públicas podrán sancionar las infracciones del estudiantado que quebranten la convivencia o que impidan el normal desarrollo de la docencia, investigación y transferencia del conocimiento, sin perjuicio de la responsabilidad de carácter civil o penal que pudiera derivarse de tales infracciones.
Las faltas disciplinarias se califican como muy graves, graves y leves. Sin perjuicio de la regulación establecida por las comunidades autónomas, las universidades podrán introducir especificaciones o graduaciones a las infracciones que, sin constituir otras nuevas, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas.
18 de febrero de 2022
Estudiantes piden a los rectores respetar el acuerdo con ellos al implantar la Ley de Convivencia Universitaria
El estudiantado universitario reclama a las instituciones universitarias que respeten el acuerdo alcanzado con la representación estudiantil en la implantación de la Ley de Convivencia Universitaria (LCU), que fue aprobada definitivamente ayer en el Senado.
Tras casi un año de negociaciones conjuntas y conseguir un acuerdo entre el estudiantado universitario, representado por la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) y el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE); Crue Universidades Españolas y el Ministerio de Universidades, la aprobación definitiva de la Ley «da la espalda» al pacto alcanzado entre los diferentes agentes sociales, que reclama la mediación y el diálogo como pilar fundamental de la norma.
Los acuerdos alcanzados durante su tramitación en el Congreso por el PSOE, Unidas Podemos y ERC eliminaron el marco común de resolución de conflictos que marcaba el proyecto de ley y trasladaron a las universidades, en el ejercicio de su autonomía, la posible regulación de estos mecanismos, en contra de la opinión de estudiantes y rectores.
Estas «autoenmiendas» suponen, según los colectivos estudiantiles, «romper el consenso alcanzado en el diálogo social con los diferentes colectivos de la Universidad», lo que CREUP denuncia que podría volver a repetirse en la tramitación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), «echando por tierra todo el trabajo y los acuerdos logrados con los principales colectivos afectados por estas normas».
Por ello, el estudiantado reclama a las instituciones universitarias que respeten los acuerdos previamente alcanzados en la implementación de la nueva norma, así como que se cuente con el consenso de la representación estudiantil para desarrollar la regulación en las respectivas comunidades autónomas y universidades, poniendo el foco en la mediación como forma prioritaria para la resolución de conflictos.
Rectores censuran la Ley de Convivencia porque permite aplicar reglas distintas
“La Ley de Convivencia, al igual que el Código Civil o el Código Penal, debería ser la misma para todo el Estado, tal y como CRUE acordó con las principales organizaciones estudiantiles y el Ministerio de Universidades”, explican en un comunicado.
CRUE Universidades Española esperaba que la ley, aprobada este miércoles por mayoría en el Senado, “se acercara más” al texto consensuado durante meses entre los principales actores del sistema universitario con el Gobierno. Su deseo, explica la Crue, era que el texto sufriera “escasas modificaciones durante su tramitación parlamentaria y que, en todo caso, hubieran sido consultadas con la comunidad universitaria. En este sentido, recuerda que las enmiendas “eliminaban la mediación, elemento capital en esta ley, y se recuperó a instancias de esta organización”.
Esta asociación, que aglutina a las universidades públicas y privadas, trabajará para que las universidades cuenten finalmente con buenas normas y herramientas para regular la convivencia en sus campus, concluye la nota de prensa.
Los acosadores y los plagiadores serán expulsados de los campus públicos
La nueva ley acaba con el régimen disciplinario de la dictadura franquista, obliga a utilizar la mediación si hay conflictos y castiga hasta con tres años de expulsión el plagio, las novatadas y el acoso sexual.
La norma, que entrará en vigor un día después de su publicación en el BOE, detalla las faltas y sanciones aplicables en los campus y prevé suspender el procedimiento disciplinario en aquellos casos en que las partes quieran acogerse al procedimiento de mediación. Solo si la mediación no tiene éxito, se volvería al régimen disciplinario.
Las universidades públicas podrán sancionar las infracciones del estudiantado que quebranten la convivencia o que impidan el normal desarrollo de la docencia, investigación y transferencia del conocimiento, sin perjuicio de la responsabilidad de carácter civil o penal que pudiera derivarse de tales infracciones.
Las faltas disciplinarias se califican como muy graves, graves y leves. Sin perjuicio de la regulación establecida por las comunidades autónomas, las universidades podrán introducir especificaciones o graduaciones a las infracciones que, sin constituir otras nuevas, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas.
¿Qué aire respiran los niños de Madrid y Barcelona? En el 46% de los colegios se supera la contaminación permitida
Más de 190.000 niños de menos de 12 años acuden a un colegio de Madrid o de Barcelona donde los niveles de contaminación están por encima de los permitidos. Son los alumnos del 46% de los centros educativos de infantil y primaria donde la media anual de dióxido de nitrógeno (NO₂) supera los 40 microgramos por metro cúbico (µg/m3), límite legal establecido por la Comisión Europea desde 2010. Decenas de estudios realizados en España y en otros países relacionan directamente los altos niveles de este contaminante —producido en su mayoría por el humo de los coches— con el aumento de enfermedades respiratorias, con el crecimiento de los ingresos hospitalarios de los menores o con problemas en el desarrollo pulmonar y cognitivo de los jóvenes. “Los niños son especialmente vulnerables a la contaminación”, explica Julio Díaz, del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). La preocupación por la salud de los más pequeños ha impulsado la Revuelta Escolar, movimiento con el que las familias de más de un centenar de colegios de toda España piden desde 2020 entornos escolares con menos coches.
Los datos de cada colegio, que EL PAÍS publica en exclusiva, son una estimación obtenida gracias a la colaboración con el servicio Lobelia Air, que utiliza un sistema de calidad del aire avalado por el Instituto Metereológico de Países Bajos (KNMI, por sus siglas en holandés) para conocer los valores de contaminación en cada calle. Las mediciones que se suelen utilizar, las oficiales, se basan en los datos recogidos en puntos concretos de la ciudad (24 en Madrid y 11 en Barcelona). Pero este modelo (de dispersión atmosférico, es decir, describe la física de la atmósfera) añade otras variables como el tráfico de cada calle, la densidad de población, las características de las vías o la meteorología para rellenar los vacíos que deja la medición oficial y estimar indicadores para cualquier punto de una ciudad.
Más abajo puede explorar los mapas con el nivel de NO₂ alrededor de los colegios en las dos ciudades, estimado con datos de 2018, año tipo previo a la pandemia. En el caso de Madrid, el 38% de los centros registran una media horaria anual que supera los 40 µg/m3; a las 9 de la mañana, hora habitual de entrada al colegio, lo hacen todos excepto cinco. En Barcelona, el 63% están por encima del límite y solo un 3% se queda por debajo a las 9 de la mañana. En la capital catalana, tanto el Ayuntamiento como el Área Metropolitana publican estimaciones de la calidad del aire en cada calle en sus páginas web, mientras que para Madrid esta es la primera aproximación a un nivel de detalle que permite medir un contaminante en cualquier punto de la ciudad.
Madrid
En el siguiente mapa puede explorar el valor medio anual en período lectivo (de lunes a viernes de los días de clase, de 8 a 18 horas), calculado alrededor de todos los centros de primaria e infantil madrileños de los que se dispone de datos (1.150).
Docentes de FP para el Empleo, en contra de flexibilizar los certificados de profesionalidad
El Real Decreto 62/2022, que establece la flexibilización de los requisitos exigibles para la impartición de formación conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, ha hecho que asociaciones como Aforen se muestren en contra del escrito. Esto se debe a que, con este Real Decreto, se eliminen requisitos de otros anteriores. Con su aprobación, los Reales decretos que regulan que la experiencia laboral del docente en la especialidad que imparte sea entre uno y cuatro años –en función del certificado– desaparece.
El colectivo de Docentes de Formación Profesional para el empleo, junto con las asociaciones firmantes, piensa que esto supondrá “una merma importante en la calidad de la formación”. Hablan de “un paso atrás” porque no comprenden que “un docente sin experiencia profesional necesaria pueda formar trabajadores para ejercerla”.
Desde Aforen se muestran de acuerdo con que los Centros Públicos de Formación Profesional impartan formación en Certificados de Profesionalidad, pero no creen que sea adecuado en el contexto actual. Reclaman que “más de 25.000 alumnos en toda España se quedaron sin plaza para cursar una FP” en centros públicos o concertados. Esto ha hecho que muchos estudiantes tuvieran que recurrir a la escuela privada “con todo el coste económico que supone para las familias”.
Multiplicar el número de centros y de docentes
Por ello, desde la asociación reclaman que, ante toda esta demanda formativa de FP –sumando ahora los Certificados de Profesionalidad– los centros públicos deberían aumentar en gran cantidad su número, así como el número de docentes asociados al desarrollo de la Formación Profesional. Consideran que esta flexibilización es asimétrica y que, para ser equitativa “debe ir en ambos sentidos”, ya que estos profesores de Formación Profesional para el Empleo no optan a impartir FP. De esta manera, creen que con esta flexibilización se puede “perder el capital docente y humano” de compañeros con amplia experiencia, ya que opinan que estos profesores pueden hacer que la Formación Profesional “mejore la calidad”.
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