21 de febrero de 2022
¿Quién está dispuesto a luchar contra el olvido y hablar de terrorismo en la universidad?
Los jóvenes españoles están preocupados por el ecologismo y la justicia social, y poco o muy poco saben de ETA. Lo dicen los datos: solo el 0,5% de los estudiantes de ESO conoce quién es Miguel Ángel Blanco ―víctima cuyo secuestro y posterior asesinato provocó una colosal reacción social en 1997―, según una encuesta entre 1.156 escolares del Gobierno navarro. Y el tiempo, temen los que luchan contra el olvido, corre en contra, porque ya muchos adolescentes piensan que el terrorismo de ETA es cosa de sus padres y abuelos. “Los jóvenes no conocen el pasado terrorista, y para no repetirlo hay que conocerlo”, opina la exministra de Educación Isabel Celaá. Bajo esa premisa, en 2011, la por entonces consejera de Educación Celaá puso en marcha el programa vasco Víctimas educadoras (Adi-aAian), que lleva a esos damnificados a algunos colegios y a las universidades de la comunidad. La idea ha prendido en la vecina Navarra (ESKUtik-de la Mano), pero en el resto de España no hay programas autonómicos contra los terrorismos ―ni de ETA, ni del yihadismo, que hoy sigue matando― y solo ahora empieza a ponerse el énfasis en los alumnos de secundaria y Bachillerato.
Para mostrar a los jóvenes la violencia vivida, el Gobierno ha puesto en marcha el proyecto Memoria y prevención del terrorismo para estudiantes de ESO y Bachillerato. A través de siete unidades didácticas, se intenta enseñar a los alumnos valores democráticos ―libertad, pluralismo y paz―, y se incluye también a los GAL y el yihadismo. Mientras, en los campus rige la autonomía universitaria y es un asunto casi olvidado salvo en el País Vasco y Navarra; y en algunas actividades sueltas en el resto de España, como el homenaje anual al expresidente del Constitucional Francisco Tomás y Valiente, asesinado en la Autónoma de Madrid. La ministra de Educación, Pilar Alegría, reconoció en su presentación en Pamplona el pasado diciembre la complejidad del asunto: “Sabemos que estos temas no son cuestiones fáciles de abordar, que suscitarán debates, que tocarán emociones quizás ocultas…”.
Entre 2019 y 2020, el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto y el Consejo de la Juventud de Euskadi lideraron una comunidad de aprendizaje en la que entrevistaron a un grupo de jóvenes sobre el terrorismo. Las conclusiones resultaron desoladoras: tenían un “muy escaso” conocimiento del conflicto y su historia, por falta de formación en la escuela, y reconocían que aún había “miedo” de hablar del tema entre amigos o en familia. Eso los había animado a apuntarse a la comunidad de aprendizaje. Por eso, en los grados de Deusto, universidad de los Jesuitas, todos los alumnos cursan la asignatura Ética Cívica y Profesional y desde hace cuatro años las víctimas visitan las aulas. El Gobierno vasco cerró un acuerdo en 2017 con los rectores de la Universidad del País Vasco ―Maixabel Lasa, la viuda de Juan María Jáuregui retratada en la última película de Icíar Bollaín, estuvo este otoño― y la Universidad de Mondragón para programar también encuentros con víctimas.
“No veo imprescindible la elaboración de materiales didácticos para la universidad”, opina Marta Rodríguez Fouz, profesora de Sociología de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). “Hay muchos y muy buenos trabajos académicos que analizan y explican el terrorismo y que enseñan a pensar críticamente sin necesidad de generar nuevas unidades que, a mi entender, no son el tipo de material que debe manejarse en un nivel universitario”. El curso anterior, en una experiencia piloto, una víctima acudió a una clase del grado de Sociología Aplicada de la UPNA y la idea es repetir este año en dos asignaturas.
En la Universidad el clima político se ha ido calmando, pero afrontar el tema hasta ahora ha sido espinoso. La rectora de la Universidad del País Vasco, Eva Ferreira, lo tiene claro: “Hay que leer las páginas de la historia antes de pasarlas”. Por eso está orgullosa de que en los estatutos de su institución se incluyese en 2010 la lucha contra el terrorismo. “ETA estaba todavía activa y el clima político, aún tibio. Sortu fue el primer partido abertzale que condenó la violencia y eso fue en 2011″. La pandemia ha frenado las actividades en su universidad, pero en el curso 2018-2019 más de 800 alumnos y 16 víctimas del terrorismo participaron en encuentros. “En las primeras charlas no se nos miraba con lupa, sino con microscopio electrónico. No íbamos a adoctrinar a nadie, pero había ese miedo”, cuenta Iñaki García Arrizabalaga, hijo de una víctima de ETA y profesor de la Universidad de Deusto. “No vamos a opinar, eso sería un inmenso error, sino a hablar de nuestras vivencias, nuestras emociones y de cómo hemos superado esa situación personal”.
Una delegación del Ministerio de Educación visita los centros españoles de Marruecos
El director general de Planificación y Gestión Educativa, José Manuel Bar Cendón, acompañado de la consejera de Educación, María Antonia Trujillo, y de una delegación del Ministerio de Educación y Formación Profesional ha visitado esta semana los centros educativos españoles que dependen de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Marruecos en Rabat, Tánger, Larache, Tetuán, Alhucemas, Nador y Casablanca.
Durante la visita, la delegación también se ha entrevistado con el director del colegio español La Paz de El Aaiún.
La delegación encabezada por Bar Cendón también ha visitado el solar, donado por el Rey Mohammed VI a España, que albergará el nuevo Colegio Español de Rabat. El proyecto cuenta con un presupuesto de 16,5 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de 36 meses.
El nuevo centro contará con 9 aulas de Infantil, 18 de Primaria, 12 de Educación Secundaria Obligatoria y 4 de Bachillerato. En total, tendrá capacidad para 933 alumnos y alumnas y dará así respuesta a la creciente demanda de plazas del sistema educativo español. Será la nueva sede del actual Colegio Español de Rabat, donde estudian este curso 758 alumnos y alumnas.
A lo largo de la semana, el director general, la consejera y el resto del equipo han recorrido el colegio de Rabat, se han desplazado a Tánger, donde se encuentra el Colegio Ramón y Cajal y el Instituto Severo Ochoa, y a la ciudad portuaria de Larache, donde está el Colegio Luis Vives.
En Tetuán han visitado el Instituto Juan de la Cierva, que constituye el único centro de Formación Profesional gestionado por el Ministerio en el exterior, el Colegio Jacinto Benavente y el Instituto Nuestra Señora del Pilar. También han viajado hasta el Instituto Melchor de Jovellanos de Alhucemas, que ocupa las antiguas dependencias de la comandancia de la ciudad, y a Nador, donde está el instituto Lope de Vega. Por último, han visitado en Casablanca el centro integrado Juan Ramón Jiménez.
En todos sus centros, la delegación ha recorrido las instalaciones, visitado las aulas, patios y el resto de infraestructuras, y se ha entrevistado con el equipo directivo, con el profesorado y con las Asociaciones de Madres, Padres y Tutores del alumnado.
El objetivo ha sido dialogar con el conjunto de la comunidad educativa, comprobar la situación y necesidades de los diferentes colegios e institutos y recoger propuestas de mejora.
La delegación se ha reunido también con la Junta Directiva de la Junta de Personal del Funcionariado Español en Marruecos, y se ha entrevistado con los directores de los institutos Cervantes e Rabat, José María Martínez Alonso, y de Tetuán, Francisco Oda.
En total, 11 de los 18 centros educativos de titularidad española que gestiona la Acción Educativa en el Exterior del Ministerio de Educación y Formación Profesional dependen de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Marruecos. En ellos estudian 4.553 alumnos, tanto españoles como marroquíes, e imparten clase unos 355 profesores. El Ministerio mantiene así en Marruecos, a través de estos centros, algunos de ellos centenarios, una larga tradición e historia. Suponen unas instituciones que refuerzan los vínculos educativos, culturales y humanos entre ambos países.
Además de estos centros de gestión española, el Ministerio, a través de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Marruecos, trabaja en impulsar nuevas formas de colaboración educativa entre los dos países, como el desarrollo de secciones bilingües.
El Consejo Escolar del Estado ve «complejo» dar una formación común de Historia en toda España
El Consejo Escolar del Estado (CEE) ha hecho muchas correcciones a los borradores de currículos de la Ley Celaá. Incluso ha instado al Gobierno a «revisar» los de la educación obligatoria, que ve que tienen una «notoria complejidad». Observa que en varias asignaturas hay demasiada concreción en los contenidos, mientras que otras, como Geografía e Historia, han sido formuladas de forma tan «genérica» que cree que «resultará complejo» cumplir la propia Lomloe para constituir unas enseñanzas básicas que aseguren una «formación común» y garanticen la «validez de los títulos correspondientes» en toda España.
El máximo órgano de consulta del Gobierno en materia educativa lo pone de manifiesto en los tres dictámenes a los proyectos de reales decretos que detallan los currículos de Primaria, ESO y Bachillerato, a los que ha tenido acceso EL MUNDO. Son 204 páginas con correcciones que evidencian que los textos, que previsiblemente se aprobarán en las próximas semanas, son muy mejorables.
La mayoría del CEE es ideológicamente afín al Ministerio de Educación que dirige Pilar Alegría y respalda el nuevo modelo competencial, pero, según varios miembros consultados, hay «preocupación» tanto por la forma como por el fondo de los proyectos. Opinan que un cambio de tal calado debería haberse hecho de forma más reposada y que «falta coherencia» entre las asignaturas. Éstas son las principales objeciones.
HISTORIA: DUDAS CON EL TÍTULO
En Geografía e Historia, los contenidos «han sido formulados de manera muy genérica», según el dictamen de la ESO (12-16 años). El CEE señala que como «el desarrollo y concreción de dichas formulaciones se debe llevar a cabo por una amplia pluralidad» de comunidades autónomas y centros educativos, «resulta razonable interpretar que, con tales formulaciones caracterizadas por importantes dosis de generalidad, resultará complejo dar cumplimiento a las previsiones del artículo 6.3» de la Ley de Educación.
¿Y qué es lo que dice ese artículo? Afirma que, «con el fin de asegurar una formación común y garantizar la validez de los títulos correspondientes, el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, fijará en relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación los aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas».
En otras palabras, el CEE se cuestiona si en esta asignatura el Ministerio está garantizando las enseñanzas mínimas, que son el cuerpo de saberes comunes que aprenden los alumnos en todo el Estado y que dan derecho al mismo título. «En esto somos muy jacobinos», indica un miembro del Consejo.
Ningún centro educativo está cerrado en España por casos de covid-19
En un comunicado, el Ministerio de Educación, que resalta que se mantiene el descenso continuado de la incidencia de las últimas semanas, detalla que se encuentra confinado el 1,23% del alumnado por haber dado positivo en covid-19 o estar en cuarentena por otras causas, de acuerdo con la estadística correspondiente a 17 comunidades y ciudades autónomas, que agrupan al 93,48% del total del alumnado a nivel nacional.
El número de profesores aislados se sitúa en 9.302, lo que representa el 1,56% de las 16 comunidades o ciudades autónomas que han aportado los datos al Ministerio y que agrupan al 80,42% de los docentes que hay en España.
Asimismo, un total de 348 aulas están en cuarentena, cifra que representa el 0,09% a nivel nacional, por lo que casi la totalidad de los grupos está funcionando con normalidad.
22 de febrero de 2022
Alegría celebra que los obispos sean más transparentes en casos de abusos
Los obispos españoles han encargado al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo una auditoría independiente sobre las denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica. Antes de asistir al plenario del Consejo Escolar del Estado, órgano consultivo del Gobierno en materia educativa, la ministra ha señalado que no conoce los detalles sobre este cauce independiente abierto por la Conferencia Episcopal, “pero una de las actitudes o valores que nos deben regir a todos es el de la transparencia; por tanto, bienvenido sean todos los pasos que se pueden ir dando hacia esa dirección”.
El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, y el presidente de la firma legal Cremades & Calvo Sotelo, Javier Cremades, comparecerán este martes ante la prensa para dar a conocer la puesta en marcha de esta auditoría.
Por otro lado, Alegría, ha abogado este lunes por “el paraguas del consenso” en la toma de decisiones como la retirada de las mascarillas en el interior de las clases y, a nivel personal, se ha definido como “bastante prudente” en todas estas cuestiones.
En declaraciones a la prensa antes de asistir al Pleno del Consejo Escolar del Estado, Alegría ha afirmado que sería “deseable” que todas las medidas sanitarias que afectan al entorno educativo se adopten bajo “el paraguas del consenso y la colaboración entre las administraciones”. Cataluña ha anunciado que durante este segundo trimestre está previsto retirar progresivamente las mascarillas dentro de las aulas.
Respecto a su opinión en su condición de madre, ha señalado que a nivel personal se define como “bastante prudente”. “Se han ido dado pasos conforme la propia situación epidemiológica nos lo ha ido permitiendo. La prudencia ha sido también una clave del éxito de que hoy nuestra escuela se haya declarado como un entorno seguro durante todo este tiempo y haya sido un dique de contención en los momentos más difíciles cuando la situación ha mejorado”, ha añadido.
Durante los más de dos años de pandemia, “una de las cosas que nos han caracterizado es que todas las medidas sanitarias en el contexto educativo se han regido siempre por el criterio sanitario y científico y ha contado con la cogobernanza y esa actitud de colaboración” entre el Gobierno y las comunidades.
Hoy en el Pleno del Consejo Escolar del Estado, la ministra ha presentado las 24 propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente, que presentó hace unas semanas a los sindicatos y las comunidades autónomas. Durante la sesión plenaria se ha comprometido a “hacer todo lo que esté al alcance del Ministerio para llegar a un acuerdo que tenga un amplio respaldo en la comunidad educativa y también político”.
La demanda para el máster de profesorado desborda la oferta de las universidades públicas y alimenta el crecimiento de las privadas
Allí donde la oferta pública no llega a cubrir la demanda de estudios, llegará sin duda la privada, eso sí, para quien pueda permitírsela. Así ha ocurrido con la formación profesional (sobre todo con los ciclos de grado superior) y así ocurre con el máster de formación del profesorado de secundaria, titulación imprescindible para todo el que quiera enseñar en la ESO, el Bachillerato o en FP. La fuerte demanda de estos posgrados en tiempos de crisis y de necesidades imperiosas en los centros educativos ha elevado las solicitudes en las universidades públicas un 80% en los últimos dos cursos, según el sondeo hecho por este diario, de tal manera que hay casi ocho veces más aspirantes que puestos disponibles. O, dicho de otra forma, la pública solo ha podido atender en torno al 13% de las solicitudes. En ese contexto, las universidades privadas absorben el grueso del aumento de alumnos: han ganado 4.700 desde 2015 y acogían ya el curso pasado al 46% de los estudiantes de estos másteres de un curso de duración. Eso, teniendo en cuenta que el precio de la matrícula es muy superior (está en una horquilla de 4.000 a 8.500 euros) al de la pública, donde cuesta entre 600 euros en las universidades gallegas y 2.200 en la UNED.
FSIE pide a Alegría negociar la mejora de la profesión de los docentes de la concertada y privada en la mesa sectorial
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha solicitado a la ministra de Educación, Pilar Alegría, debatir y negociar la mejora de la profesión de los docentes de enseñanza concertada y privada en la mesa sectorial, como viene establecido en la Ley Orgánica de Educación (LOE).
Así lo ha reclamado este lunes FSIE en un comunicado por la comparecencia de Alegría ante la comisión permanente del Consejo Escolar del Estado (CEE) para presentar el documento con 24 propuestas de mejora para la reforma de la profesión docente.
El secretario general de FSIE, Jesús Pueyo, ha aseverado que temas «tan importantes» como la formación inicial y permanente, las titulaciones del profesorado, el acceso a centros privados, prácticas y condiciones laborales y retributivas de la enseñanza concertada y privada «deben ser dialogadas, negociadas y acordadas en la mesa sectorial».
Para FSIE, tienen «especial relevancia» las «necesarias» mejoras laborales y retributivas que en el caso de los profesionales de la enseñanza concertada «deben ser equiparables a sus homólogos de la función pública».
En este sentido, ha manifestado a la ministra su total disposición para colaborar para que la mejora de la profesión docente, «de todos los docentes», «sea una realidad».
«El 30% de los docentes ejercen la profesión en centros concertados y privados y no pueden ser excluidos del debate, por lo que esperamos que el Ministerio abra la vía del diálogo con las organizaciones que les representamos», ha concluido el secretario general de la Federación.
El Gobierno aprueba mañana el nuevo decreto de becas al estudio, correspondiente al curso 2022-2023
El Consejo de Ministros aprobará este martes previsiblemente el nuevo decreto de becas y ayudas al estudio, según ha anunciado este mismo lunes la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, antes de participar en el Pleno del Consejo Escolar del Estado.
La principal novedad de este nuevo decreto, correspondiente al curso 2022-2023 para todas las enseñanzas, es que adelantará la convocatoria de las becas 4 meses para que, de este modo, los estudiantes sepan si pueden ser o no beneficiarios de una beca en el momento de matricularse.
El Gobierno destinará para el próximo curso académico un total de 2.138 millones de euros, un montante con el que se pretende beneficiar a cerca de un millón de estudiantes en España.
Según ha asegurado Alegría, desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, se ha incrementado el presupuesto destinado a becas un 43% con respecto al último Gobierno del PP.
El Consejo Escolar del Estado ve «complejo» dar una formación común de Historia en toda España
El Consejo Escolar del Estado (CEE) ha hecho muchas correcciones a los borradores de currículos de la Ley Celaá. Incluso ha instado al Gobierno a «revisar» los de la educación obligatoria, que ve que tienen una «notoria complejidad». Observa que en varias asignaturas hay demasiada concreción en los contenidos, mientras que otras, como Geografía e Historia, han sido formuladas de forma tan «genérica» que cree que «resultará complejo» cumplir la propia Lomloe para constituir unas enseñanzas básicas que aseguren una «formación común» y garanticen la «validez de los títulos correspondientes» en toda España.
El máximo órgano de consulta del Gobierno en materia educativa lo pone de manifiesto en los tres dictámenes a los proyectos de reales decretos que detallan los currículos de Primaria, ESO y Bachillerato, a los que ha tenido acceso EL MUNDO. Son 204 páginas con correcciones que evidencian que los textos, que previsiblemente se aprobarán en las próximas semanas, son muy mejorables.
La mayoría del CEE es ideológicamente afín al Ministerio de Educación que dirige Pilar Alegría y respalda el nuevo modelo competencial, pero, según varios miembros consultados, hay «preocupación» tanto por la forma como por el fondo de los proyectos. Opinan que un cambio de tal calado debería haberse hecho de forma más reposada y que «falta coherencia» entre las asignaturas. Éstas son las principales objeciones.
HISTORIA: DUDAS CON EL TÍTULO
En Geografía e Historia, los contenidos «han sido formulados de manera muy genérica», según el dictamen de la ESO (12-16 años). El CEE señala que como «el desarrollo y concreción de dichas formulaciones se debe llevar a cabo por una amplia pluralidad» de comunidades autónomas y centros educativos, «resulta razonable interpretar que, con tales formulaciones caracterizadas por importantes dosis de generalidad, resultará complejo dar cumplimiento a las previsiones del artículo 6.3» de la Ley de Educación.
¿Y qué es lo que dice ese artículo? Afirma que, «con el fin de asegurar una formación común y garantizar la validez de los títulos correspondientes, el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, fijará en relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación los aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas».
23 de febrero de 2022
El Congreso pide al Gobierno incluir la memoria histórica en los currículos de ESO y Bachillerato en 2022-2023
La Comisión de Educación y FP del Congreso ha aprobado este martes, con la oposición de PP y Vox, una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a incluir la memoria histórica en los currículos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato para el próximo curso escolar.
La iniciativa de Unidas Podemos, que incluye una enmienda transaccional con el PSOE, pide actualizar los contenidos curriculares para ambas etapas educativas «a fin de incluir de forma clara el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, así como los 40 años de represión de la dictadura franquista y la lucha antifranquista, para el curso 2022-2023».
En segundo lugar, el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, pide al Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para que los contenidos de la historia de España se contextualicen en el entorno geopolítico de la época con el fin de comprenderla en un contexto global.
Asimismo, insta a colaborar con las administraciones educativas para adoptar las medidas necesarias para que en la formación inicial y permanente de todo el profesorado se incluya actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática.
Y, por último, reclama abordar la educación en memoria democrática, no solo desde el punto de vista conceptual, sino también vinculada a la formación en competencias, especialmente a la competencia ciudadana, ya que «para tener una educación adecuada, eficaz y completa para la cultura democrática es fundamental una educación histórica y social de calidad que se base en las competencias para la cultura democrática», dice el texto.
Expertos consideran que la FP aumenta las oportunidades en el mercado laboral «actual y futuro»
Expertos consideran que la Formación Profesional (FP) aumenta las oportunidades de trabajo «actual y futuro» ya que ofrece una vía formativa «de calidad» y con «amplia oferta de familias profesionales», que, además, se encuentra en «crecimiento».
El responsable de FP en el centro profesional MasterD, Vladimir Carbonell, ha destacado la «flexibilidad e innovación» de esta opción formativa que, según el último Informe Infoempleo Adecco sobre empleabilidad y FP, se requiere en cuatro de cada diez ofertas de empleo.
Se trata de una formación que se encuentra en «crecimiento imparable», como reflejan los datos del Observatorio de la Formación Profesional en España de Dualiza CaixaBank, cuyo informe de 2021 subraya un crecimiento en el número de estudiantes de FP respecto al curso 2019-20 del 9,2%, mientras aumenta casi un punto la población ocupada con estos estudios (23,7%). Además, las ofertas que requieren títulos en FP también desbancan a las de universitarios, suponiendo el 41,3% en 2021, casi tres puntos más que en el informe del año anterior.
De esta manera, el director general del instituto de FP MEDAC, Manuel Ávila, asevera que la Formación Profesional servirá de «palanca» para el crecimiento empresarial porque, «de aquí a 2030, se prevén 9,6 millones de oportunidades de empleo».
«Para cubrir esa demanda, las empresas requerirán perfiles especializados y capacitados profesionalmente», ha avisado. En este sentido, se sitúan dos retos del desarrollo empresarial: aumentar la cualificación de la población activa española e incrementar la presencia femenina vinculada a las familias profesionales industriales y STEM.
«En dos años puedes especializarte, pero si lo deseas puedes crear tu propio itinerario formativo adaptado a tus circunstancias y acumulando competencias a lo largo de tu vida hasta completar la titulación», han explicado también desde MEDAC para animar a optar por la FP, elegida cada vez más por «adultos jóvenes». En la actualidad, hay alrededor de 250.000 alumnos de FP mayores de 25 años.
Por otro lado, MasterD ha recordado que se puede acceder a un título de FP a través de la certificación de Competencias o PEAC, que supone comprobar sus conocimientos de una profesión a través de experiencia profesional o un curso adaptado, un proceso «más largo» pero «igualmente válido».
El Congreso aprueba que la «memoria democrática» sea una asignatura
La Comisión de Educación debatía una proposición no de ley de Unidas Podemos sobre este asunto, que ha aceptado una enmienda del PSOE, que es el texto aprobado y que precisa que también formará parte del currículo “el estudio de los cuarenta años de represión de la dictadura franquista y la lucha antifranquista, para el curso 2022-23”.
La proposición no de ley pide que se adopten medidas para que los contenidos de la historia de España se “contextualicen en el entorno geopolítico de la época con el fin de comprenderla en un contexto global”.
El Ejecutivo colaborará con las administraciones educativas para que en la formación inicial y permanente de todo el profesorado se incluya la actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática.
El Congreso refuerza los protocolos para atajar abusos a menores: 120 diarios
Por otro lado, el Congreso de los Diputados ha aprobado hoy impulsar protocolos escolares que detecten los abusos sexuales a menores, que superan los 120 casos diarios en España, no solo circunscritos al ámbito educativo.
Durante la defensa de una proposición no de ley sobre protocolos de prevención y actuación que garanticen entornos académicos seguros frente al abuso sexual a menores, la diputada Mariluz Martínez Seijo ha puesto el acento no solo en prevenir los abusos en los centros educativos, sino en dar herramientas a los docentes para poder hacerlo de forma precoz. “Las últimas semanas han servido para visualizar un problema que existe en la sociedad española del que apenas se ha hablado. A los problemas hay que ponerles nombres y tratarlos como lo que son, por eso esta iniciativa”, ha añadido en la Comisión de Educación de la Cámara Baja.
Basándose en datos de Save the Children, ha dicho que entre un 10 y 20% de la población española ha sufrido abuso sexual en su infancia y, según el Consejo de Europa, uno de cada 5 niños ha sufrido violencia sexual antes de los 18 años y solo un 15% ha llegado a denunciar. “Se puede estimar que en España se superan los 120 casos diarios de abusos hacia menores, una autentica lacra”, ha subrayado Martínez Seijo. En España, se produjeron 15.338 denuncias contra la libertad sexual en 2019, de los que 7.056 fueron menores.
La iniciativa socialista, aprobada por 19 votos a favor, ninguno en contra y 15 abstenciones, insta a velar por una educación que incluya el respeto a la igualdad y a la diversidad, con especial atención a la Educación afectivo-sexual y a la igualdad. También propone potenciar una formación especializada y continuada para los docentes en igualdad y en la erradicación de cualquier violencia en los centros que incluya indicadores conductuales que puedan conducir a una situación de acoso oculta, e impulsar la creación de protocolos dirigidos a su detección.
Los alumnos con beca suben un 26% en un lustro, 200.000 beneficiarios más
La inversión para esta próxima convocatoria ascenderá a 2.134 millones de euros, un 4,71% más que el año pasado (2.038 millones), y un 45% más en relación a 2017-18 (1.472 millones).
Según la portavoz y ministra de Política Territorial, la política de becas es la que “iguala el acceso a los estudios y garantizan la oportunidad de todas aquellas personas que pueden tener dificultades socio-económicas en sus casas a poder alcanzar en el ámbito académico hasta allí donde les permita su capacidad e inteligencia”.
Desde que gobierna Pedro Sánchez, ha continuado, se han superado los 2.000 millones de euros dedicados a becas (2.134), “lo que significa que en los últimos años se ha aumentando en un 45% la cuantía a becas” y en un 26 % el número de alumnos, 200.000 más (casi un millón en total). Según las estimaciones del Gobierno, estas ayudas llegarán a 200.000 estudiantes más que hace cuatro años, en torno a 980.000 jóvenes.
Una de las novedades del real decreto hoy aprobado es la apertura de la convocatoria alrededor de cuatro meses antes de lo habitual, en marzo en vez de en los meses de julio/agosto, lo que implica que los alumnos sabrán si son perceptores de beca antes de matricularse. Otra novedad es que los alumnos que quieran cursar un máster oficial no habilitante podrán hacerlo con un aprobado, en lugar del siete exigido hasta la fecha. Una inversión que, al igual que sucedió en la convocatoria actual, servirá para cubrir la entrada de nuevos becarios con motivo de la caída de las rentas derivada de la pandemia.
Toda la información sobre las becas y ayudas al estudio para el curso 2022-23 estará disponible próximamente en la web de becas del Gobierno.
Desde la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) consideran que son noticias positivas ya que se mantiene la tendencia en el crecimiento de las cuantías y además, los y las estudiantes conocerán antes si van a recibir beca o no. Sin embargo, la Confederación señala que “este paso no es suficiente, ya que las becas se seguirán cobrando bien entrado ya el curso académico”. “Actualmente aún no hay ningún estudiante que haya cobrado el cien por cien de su beca y hay algunos a los que ni siquiera se la han resuelto”, ha señalado Antonio Amante, vicepresidente y responsable de Incidencia política de la organización.
24 de febrero de 2022
Los nuevos profesores de universidad recibirán un curso inicial para aprender a enseñar
El ministro de Universidades, Joan Subirats, pretende incluir en el proyecto de la Ley Orgánica para el Sistema Universitario (LOSU) un punto que obligue a los nuevos profesores a formarse como enseñantes, pues en la actualidad imparten clase sin ninguna formación pedagógica, a diferencia de los profesores de colegio o instituto. Serán los ayudantes doctores ―el primer paso en la carrera como profesor universitario― quienes cursen el programa en metodologías docentes, pero la LOSU no va a detallar su extensión o modalidad (presencial, a distancia o híbrida). Su formato se discutirá con los rectores y las comunidades autónomas. Este miércoles Subirats ha anunciado este cambio en el proyecto de ley en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades en el Congreso de los Diputados, a la que acude por primera vez.
Los ayudantes recibirán el curso el primer año.El convenio laboral de estos nuevos doctores —según la LOSU, que cambia las condiciones de figura contractual— será por seis años e impartirán “un máximo de 180 horas por curso académico, de forma que resulte compatible con el desarrollo de tareas de investigación para atender a los requerimientos para su futura acreditación [como profesor titular]”. En la actualidad, la docencia quita a estos recientes doctorados mucho tiempo ―los funcionarios se centran en la investigación, pues son estos méritos los que les permiten seguir progresando en su carrera― y tienen que hacer un gran esfuerzo para sacar horas para hacer ciencia, criterio imprescindible para pasar la criba de la agencia de evaluación ANECA y ser profesores permanentes (titulares o catedráticos). Además, a los tres años en el puesto, los contratados doctores tendrán que pasar una evaluación del desempeño de su actividad docente e investigadora.
La idea parte del ministro, que ha recordado a la prensa cómo en 1974, a los pocos días de empezar a ser profesor, tuvo que hablar “sobre teoría política de San Agustín sin que nadie me hubiese explicado en qué consistía dar clase”. Subirats pretende que se usen las unidades de innovación docente que ya tienen las universidades y confía en llegar a un acuerdo con los gobiernos autonómicos y la conferencia de rectores para la configuración de los cursos. “Sin pretender que sea una carga para ningún docente”, ha recalcado el ministro, “en pleno siglo XXI, con la de cambios tecnológicos que ha habido, creo que la formación inicial es necesaria”.
Subirats quiere que los profesores universitarios tengan que hacer un curso en el primer año para ser docentes
El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha anunciado este miércoles, en declaraciones a los medios antes de comparecer en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso, su intención de que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) incluya un periodo de formación inicial para todas aquellas personas que inicien su actividad como docentes en la Universidad.
«Nuestra intención es que la Universidad deje de ser una excepción en el sentido de que para empezar cualquier actividad educativa, cualquier persona que quiera ser maestro o profesor tiene que pasar por un curso de formación; en la Universidad no es así; lo que vamos a incorporar en la LOSU es la idea de que cualquier profesor que empiece su actividad profesional en la Universidad, en su primer año tenga que pasar por un curso de formación», ha anunciado.
Según ha explicado el ministro, el refuerzo de la actividad docente en las universidades españolas es «muy importante», ya que las universidades no pueden ser ni solamente «academias» ni «laboratorios». La idea, según ha detallado, es que dicha formación pedagógica sea obligatoria y se realice en el primer año de la plaza de ayudante doctor, que es la figura de entrada a la carrera académica.
Quique Bassat: «En primavera, los niños estarán prácticamente sin medidas Covid en los colegios»
La pandemia del Covid-19 ha provocado grandes cambios en la educación. Y muchos de ellos parecen haber llegado para quedarse, a pesar del impacto negativo que han traído consigo y que han impactado, tal y como ya se está demostrando, en la salud mental de los más jóvenes.
Recientemente, la Sociedad Catalana de Pediatría (SCP) se ha mostrado partidaria de acabar con las restricciones en las escuelas. La entidad ha solicitado que los niños empiecen ya a recuperar la normalidad, eliminando las mascarillas dentro y fuera del aula así como las cuarentenas. Lo normal, aseguran, es que finalicen el curso de manera diferente a como lo empezaron ya que si en otros sectores se han eliminado ya numerosas restricciones, los alumnos deberían verse reflejados en ese camino hacia la normalidad ya que llevan dos cursos académicos en los que apenas han visto cambio alguno.
Los pediatras consideran también que en los centros educativos solo debería ausentarse el alumno que tiene sintomatología y regresar a la escuela cuando esta desaparezca.
La SCP recuerda que las actuales restricciones están teniendo «efectos negativos en áreas fundamentales de los niños, como el aprendizaje, la sociabilización o la salud mental y emocional«. Cabe recordar que la Asociación Española de Pediatría (AEP) alertó ya, el pasado verano, de que se incrementaron en un 50% las urgencias pediátricas por problemas psiquiátricos de los menores, sobre todo de los adolescentes, al mismo tiempo que se multiplicaron por dos los casos de anorexia.
«Volveremos a la normalidad. Los niños volverán a la escuela sin mascarilla ni nada», asegura a ABC Quique Bassat, epidemiólogo y coordinador del grupo de trabajo de la Asociación Española de Pediatría (AEP) para la reapertura de la Escolarización. «La situación va cambiando -continua-. A día de hoy, con Ómicron, ha cambiado la manera de entender la transmisión del virus: es mucho más infecciosa pero causa menos enfermedad grave. Por tanto, nos podemos permitir que haya más transmisión y convivir con ello. El hecho de que haya menos impacto clínico nos da opción a no ser tan restrictivos».
Deja una respuesta