Unión de cooperativas de enseñanza de trabajo asociado de madrid
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Grenn Book (Peter Farrelly, Estados Unidos, 2018). Obra que consiguió el Oscar a la mejor película 2019, nos cuenta la peculiar relación que se establece durante un viaje al Sur profundo de los Estados Unidos, entre un sofisticado y culto pianista afroamericano y su rudo chofer y guardaespaldas de origen italiano y con tintes racistas. Estamos en la Norteamérica del año 62, donde en muchos Estados sureños siguen vigentes las leyes de discriminación racial.
Adam Miles Amer, un músico y productor británico que ha trabajado con Steven Tyler o Andrea Bocelli. Así de dúctil es este hombre, que, además de esos trabajos ocasionales, se gana la vida dando clases particulares de música. Este disco se lo ha tomado como un gustazo personal y con este objetivo también nos hace disfrutar a todos.
Varsovia, agosto del año 1939. La Compañía teatral de la familia Tura se instala en un local para ensayar ¡Gestapo!, una obra que utiliza la sátira para hablar de la amenaza mundial que suponen Hitler y el nazismo. A la vez, también representan Hamlet, cuya frase “ser o no ser” tendrá vital importancia un affaire extraconyugal.
Pero los problemas se les multiplicarán en todos los aspectos: las autoridades polacas prohíben estrenar ¡Gestapo! Para evitar el enfado de Hitler; lo que no impedirá que Alemania invada Polonia.
La primera de nuestras propuestas sobre libros de cultura general llega de la mano de Noah Yuval Harari, profesor de Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En Sapiens. De animales a dioses repasa la historia del Homo Sapiens desde su aparición hace 200.000 años hasta la actualidad, con un estilo tan original como provocativo que suscita debates dignos de meditación.
Ahonda en fenómenos como la revolución cognitiva y el lenguaje como fundamento de nuestra superioridad, la revolución agrícola y la consiguiente jerarquización como base para la discriminación y la opresión de las masas trabajadoras o la globalización y el papel de las religiones. Por último, dedica la última parte del libro a la revolución científica acontecida durante los últimos 500 años, desde la Revolución Industrial hasta los más recientes avances en ingeniería genética.
3 de mayo de 2022
Las reglas para pasar de curso y obtener títulos oficiales en la Educación Secundaria Obligatoria serán distintas según dónde viva el alumno. Los sistemas que están diseñando los Ejecutivos autonómicos se dividen en tres grupos. Uno, más generoso, en el que los estudiantes promocionarán, al margen del número de suspensos, si la mayoría de sus profesores creen que están preparados y será positivo para su trayectoria académica, que será adoptado por la mayoría de territorios gobernados por los socialistas y Cataluña. Otro añadirá como condición que, para que un alumno pase con más de dos suspensos, dos tercios de los docentes estén de acuerdo, y será aplicado por tres comunidades del PSOE y el País Vasco. Mientras que un tercer grupo, integrado por autonomías del PP, sobre todo Madrid, Murcia y Galicia, establecen tantos requisitos que, según fuentes del Ministerio de Educación, desvirtúan la previsión de la nueva ley de educación, la Lomloe, de que la decisión sobre la promoción debe corresponder al equipo docente, y probablemente serán recurridos.
Durante los cursos de excepción pandémica las autoridades educativas han suavizado sus normas para compensar la dificultad del coronavirus, provocando un fuerte descenso de las repeticiones y aumentando las diferencias (que siempre ha habido) en las reglas sobre repetición utilizadas por las comunidades. Pero han sido soluciones de carácter temporal. Los sistemas que ahora están diseñando las comunidades tienen vocación de permanencia y se incluirán en la regulación que cada autonomía va a aprobar de sus distintas etapas educativas, los currículos. Con la normativa anterior, aprobada por el Gobierno del PP la pasada década, los alumnos repetían como norma general si tenían más de dos suspensos.
Ocho territorios, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Asturias, Navarra, La Rioja, Cantabria y Cataluña, adoptarán sistemas que responden sin apenas cambios a lo que establece la nueva ley de Educación. Los estudiantes pasarán de curso en la ESO siempre que hayan suspendido, como mucho, dos materias. Si han suspendido más asignaturas la decisión la tomarán sus profesores tras valorar si sus competencias les permiten afrontar con éxito el curso siguiente y en función de qué consideren que beneficiará más su evolución educativa. Si no hay acuerdo, la cuestión se decidirá por mayoría simple, con voto de calidad del tutor del alumno en caso de empate. Lo mismo sucederá para obtener el título de la ESO.
Estas comunidades o bien ya han presentado sus borradores de decretos de secundaria, o han confirmado a este periódico que lo harán así, o, en el caso de Asturias, lo contempla la normativa que ha aprobado para este curso (que es transitoria entre el anterior marco estatal fijado por la anterior ley educativa y la que crea la Lomloe y han aprobado todas las autonomías), y es muy probable que lo mantengan en su nuevo currículo. Los responsables educativos de estas autonomías defienden el sistema afirmando que supone confiar “en el criterio y la profesionalidad” de los docentes, que son los que mejor conocen la trayectoria, condiciones y necesidades de su alumnado. Una postura que coincide con la del Ministerio de Educación.
El segundo tipo de respuesta ha sido adoptado por tres autonomías socialistas, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón, y por el País Vasco, donde, manteniendo el esquema anterior, para que un alumno pase de curso con más de dos suspensos será necesario que estén a favor dos tercios de los profesores que forman el equipo docente. Fuentes del ministerio consideran que esta mayoría reforzada es un elemento “procedimental”, que no afecta a la cuestión esencial que fija la ley de dejar la decisión sobre la promoción en manos del equipo docente y no implica una limitación de fondo.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional presentará en los próximos días su guía de recomendaciones para trabajar la ciberconvivencia en los centros escolares, según ha informado este lunes la cartera de Pilar Alegría, coincidiendo con el Día Internacional contra el Acoso Escolar.
La guía, elaborada por el Grupo de Trabajo de Ciberconvivencia, parte del Observatorio Estatal de Convivencia Escolar, incluirá recomendaciones sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito escolar.
Algunas de las sugerencias que aparecerán en el documento ya se abordaron en abril, durante el VII Congreso Estatal de Convivencia ‘Aprender y Convivir’, celebrado en La Rioja, con la presencia de unos 600 docentes.
Durante la elaboración de la guía, el Grupo de Trabajo de Ciberconvivencia ha concluido que el uso de las tecnologías en el ámbito escolar aumentó durante la pandemia y facilitó la labor de los profesores, los alumnos y sus familias.
Sin embargo, también observó nuevos riesgos como la violencia puntual online, el ciberacoso o la difusión no consentida de información privada. Para responder a estas amenazas, el Grupo de Trabajo también ha contado con el asesoramiento del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).
Además de la futura guía, el Ministerio ha elaborado a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (Intef), recursos educativos digitales sobre convivencia, ciberacoso y seguridad del menor.
Además, el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar también elabora una «Guía de promoción del bienestar educativo», esta con el respaldo del Grupo de Trabajo de Bienestar Emocional.
El Ministerio cuenta con un servicio de atención telefónica en el 900.018.018 para la comunidad educativa, además de un chat para los de los casos de acoso escolar y malos tratos, disponible las 24 horas al día, los siete días de la semana.
Educación también realiza acciones de formación para los docentes en materia de prevención de maltrato y acoso. La información sobre estas actividades y recursos se encuentra en la página web de la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del MEFP.
De la mano de Teresa Franquesa ahondamos en el concepto de la sostenibilidad, cómo acercarnos a él desde Educación Infantil, y lo que ofrece en este sentido el proyecto Nuestro Planeta A de Editorial Casals.
¿Qué es la sostenibilidad?
–El significado de sostenibilidad se entiende bien si le damos la vuelta a la palabra: ‘habilidad de ser sostenible’, es decir, de sostenernos en la Tierra como humanidad.
¿Por qué es importante educar para la sostenibilidad?
–Cambiar de rumbo requiere cambiar de mentalidad. Debemos revisar ideas arraigadas, desaprender hábitos y explorar nuevas maneras de vivir. Necesitamos construir una nueva cultura de la sostenibilidad y, para ello, la educación es clave porque puede ser una palanca de cambio social, y el centro educativo, un espacio de socialización hacia un futuro mejor.
¿Qué podemos hacer en Educación Infantil para contribuir a la sostenibilidad?
–¡Lo primero, predicar con el ejemplo! Creciendo en un entorno que aprecia la belleza y la maravillosa diversidad de la vida, que se pregunta cómo mejorar, que felicita por las buenas ideas y que reconoce las buenas prácticas, los niños y niñas empiezan a cultivar de manera natural la cultura de la sostenibilidad. Cada uno de nosotros es capaz de contribuir al cambio necesario. Dice un proverbio africano: «Mucha gente pequeña, haciendo pequeñas cosas, puede cambiar el mundo». Pero si somos muchos y trabajando juntos en la misma dirección, ¡mejor!
¿Cuáles son los objetivos pedagógicos de Nuestro Planeta A?
–Coincidiendo con la nueva ley Educativa de Educación (Lomloe), el proyecto de Editorial Casals comparte el objetivo de contribuir al desarrollo integral y armónico de los niños y niñas en todas sus dimensiones: física, afectiva, social, cognitiva y artística, así como a la Educación en Valores Cívicos para la convivencia.
¿Qué son los ecotemas?
–Para avanzar hacia una civilización eco-cultural, la sostenibilidad debe estar en el centro del proyecto educativo e impregnarlo. Por eso, todos los contenidos curriculares de Nuestro planeta A se estructuran en torno a unos ecotemas que despiertan la curiosidad de los niños y niñas por el mundo en que vivimos e introducen los conocimientos básicos.
Los ecotemas son centros de interés que nos ayudan a enfocar propuestas concretas para promover la vida saludable.
La enseñanza reglada en España no marcha por buen camino y las leyes que se han aprobado últimamente, junto con la LOMLOE de 2020, no parece que vayan encaminadas a poner remedio, sino que más bien tienden a empeorar la situación. Entendemos que la enseñanza en todas sus etapas debe tratar de aspirar a ser de calidad, entendiendo por tal una instrucción basada en los conceptos nucleares de esfuerzo, mérito y contenidos. Los conceptos ajenos a los saberes concretos de cada asignatura, de tipo moral o ideológico, deben ser desplazados de las aulas. Los alumnos no deben ser objeto de adoctrinamiento pues tal intromisión supone una perversión de lo público al sacrificar, especialmente para los alumnos con menos recursos, su formación técnica, profesional, académica y personal, condenándoles al sometimiento moral y a la incompetencia intelectual. Ello perjudica el carácter de ascensor social y de igualdad de oportunidades que precisamente toda escuela pública debe tener. De este modo, además, ya gobiernen unos partidos u otros, con orientaciones morales e ideológicas diversas, no se correrá el peligro de que el sistema educativo se convierta en instrumento para adoctrinar y apropiarse de un servicio público fundamental para la sociedad y sus miembros, sufragado por todos los contribuyentes. Nada distinto de lo que dice la Constitución española (Art. 27).
El presente manifiesto plantea como puntos principales que habría que tomar en consideración por las autoridades educativas los siguientes, a saber:
1. Creación de una institución pública, de una suerte de Consejo General de la Función Docente, integrado exclusivamente (o principalmente) por docentes con larga experiencia, académicos y científicos de reconocido prestigio procedentes de las distintas ramas del saber, formal y materialmente independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo, ajeno a cualquier ideología o partido concreto, que sirva de principal referencia a la hora de proponer, o en su caso revisar, las distintas leyes e iniciativas de carácter educativo, ya sea en la enseñanza infantil, primaria, secundaria o universitaria, y cuya principal competencia sea el diseño, según criterios estrictamente técnicos, científicos y académicos, del Sistema de Instrucción Pública y sus planes de estudios.
2. La tasa de fracaso escolar, entendiendo por tal el número de repeticiones y de suspensos, es relativamente alta. Pero la LOMLOE trata de arreglar el problema haciendo desaparecer los suspensos y dificultando la repetición, con lo que no solo no solucionará sino que acrecentará el problema al ocultarlo, además de añadir carga burocrática para los docentes, que tendrán que realizar tareas administrativas ajenas a su verdadera ocupación: dar clase a los alumnos y prepararse para ello.
3. La evaluación debe ser por contenidos concretos de cada asignatura, pues la evaluación por competencias diluye los conocimientos concretos. No hay mayor adquisición de competencias que dominar con destreza los contenidos de cada asignatura.
4. Deben permanecer las notas numéricas y las menciones de honor. Las primeras para conocer con mayor precisión el grado de éxito del alumno en la adquisición de conocimientos; y las segundas para que el esfuerzo y el mérito sean un aliciente más para el alumnado, y contribuyan a reducir cuanto se pueda toda discriminación que no sea exclusivamente escolar, especialmente la discriminación socio-económica, que la escuela actual, por su empobrecimiento en contenidos, ejerce de hecho.
5. Los docentes deberán contar con libertad para enseñar los contenidos científicos o humanísticos de su materia, sin ser correa de transmisión de la ideología de turno, y cuyo límite debe ser la Constitución y el Código Penal.
6. Debe apostarse por exámenes externos y comunes en distintas etapas educativas, para poder realizar pruebas diagnósticas sobre la marcha de los distintos centros de enseñanza. En especial, apostamos por una Prueba de Selectividad única en todo el territorio nacional, con contenidos comunes, garantizando así la igualdad de oportunidades para todos los alumnos.
4 de mayo de 2022
El Gobierno asegura que la reducción de contenidos en la asignatura de Historia de España de 2º de Bachillerato atiende al «sentir generalizado sobre la excesiva amplitud de conocimientos que, en un solo curso académico, debían abordarse en el desarrollo de esta materia».
En una respuesta escrita al PP, el Ejecutivo defiende la propuesta curricular que ha diseñado para esta asignatura y resta importancia a las alegaciones realizadas por la Real Academia de la Historia al Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.
El documento de alegaciones presentado por dicha institución cuestionaba el hecho de que el currículo de la materia de Historia de España no presentara el «suficiente valor formativo».
Sin embargo, el Ejecutivo defiende que el enfoque competencial que adopta este currículo «promueve de manera explícita el pensamiento crítico, el uso adecuado de fuentes de información, incluyendo el contraste de las mismas y la prevención de las noticias falsas y la desinformación, el análisis y la interpretación del presente y del pasado histórico o el desarrollo de opiniones propias y argumentadas».
Pero también recoge, según dice el Ejecutivo, «el dominio de las estrategias y los procedimientos del pensamiento histórico y de la metodología científica de esta y de otras disciplinas afines, el contraste de juicios y narrativas históricas opuestas sobre unos mismos hechos o acontecimientos, teniendo en cuenta el rigor histórico y el conocimiento de diferentes corrientes historiográficas, y el estudio comparado de distintos procesos históricos».
«Desde estas consideraciones, es posible que no haya habido un currículo que haya incidido tanto, y de una manera tan detallada y específica, en el valor y carácter formativo de la Historia y del pensamiento histórico», defiende el Gobierno.
Según el Ejecutivo, el informe de la Real Academia de la Historia señalaba, por otro lado, un «exceso de presentismo y de exclusiva atención a la más reciente etapa de la historia contemporánea en la determinación de los saberes básicos».
El Gobierno recuerda que, tal y como se respondió a dicho informe, el Ministerio de Educación y FP presenta «una propuesta reducida, expresa en un decreto de mínimos, que ha de permitir incorporar, por las comunidades autónomas, una perspectiva cronológica más amplia». De hecho, recalca que «la propia estructura competencial del currículo, y su despliegue a través de los saberes básicos, permite que en los siguientes niveles de concreción pueda ampliarse la mirada histórica hacia otros períodos y etapas más lejanas».
En cualquier caso, defiende que la propuesta de currículo atiende a un «sentir generalizado sobre la excesiva amplitud de conocimientos que, en un solo curso académico, debían abordarse en el desarrollo de esta materia».
El Ministerio de Educación y Formación Profesional presentará en los próximos días su guía de recomendaciones para trabajar la ciberconvivencia en los centros escolares, según ha informado este lunes la cartera de Pilar Alegría, coincidiendo con el Día Internacional contra el Acoso Escolar.
La guía, elaborada por el Grupo de Trabajo de Ciberconvivencia, parte del Observatorio Estatal de Convivencia Escolar, incluirá recomendaciones sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito escolar.
Algunas de las sugerencias que aparecerán en el documento ya se abordaron en abril, durante el VII Congreso Estatal de Convivencia ‘Aprender y Convivir’, celebrado en La Rioja, con la presencia de unos 600 docentes.
Durante la elaboración de la guía, el Grupo de Trabajo de Ciberconvivencia ha concluido que el uso de las tecnologías en el ámbito escolar aumentó durante la pandemia y facilitó la labor de los profesores, los alumnos y sus familias.
Sin embargo, también observó nuevos riesgos como la violencia puntual online, el ciberacoso o la difusión no consentida de información privada. Para responder a estas amenazas, el Grupo de Trabajo también ha contado con el asesoramiento del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).
Además de la futura guía, el Ministerio ha elaborado a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (Intef), recursos educativos digitales sobre convivencia, ciberacoso y seguridad del menor.
Además, el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar también elabora una «Guía de promoción del bienestar educativo», esta con el respaldo del Grupo de Trabajo de Bienestar Emocional.
El Ministerio cuenta con un servicio de atención telefónica en el 900.018.018 para la comunidad educativa, además de un chat para los de los casos de acoso escolar y malos tratos, disponible las 24 horas al día, los siete días de la semana.
Educación también realiza acciones de formación para los docentes en materia de prevención de maltrato y acoso. La información sobre estas actividades y recursos se encuentra en la página web de la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del MEFP.
La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) ha interpuesto recurso contencioso–administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y que desarrolla la Lomloe o ley Celaá, por considerar que el citado Real Decreto es “contrario a Derecho y afecta y perjudica flagrantemente los derechos fundamentales de los padres y los alumnos, vulnerando el principio de libertad de Educación consagrado en nuestra Constitución”.
El presidente de la Concapa, Pedro José Caballero, afirma en un comuncado que “ante los desmanes legislativos en materia educativa de este Gobierno y en defensa de las libertades más esenciales y fundamentales, ha tomado la decisión de interponer este recurso con el asesoramiento y dirección jurídica de la recientemente creada Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación”.
En particular, es objeto de este recurso la “regulación de la asignatura de Religión y las medidas organizativas aparejadas”, así como, la existencia de “categorías y conceptos de toda naturaleza que permean la normativa, y que en realidad suponen la introducción de elementos de imposición ideológica, contraviniendo abiertamente los derechos constitucionales de las familias y de los padres sobre la Educación de sus hijos”, señala la Concapa.
En la actualidad, esta confederación de padres aglutina a unas 48 federaciones provinciales, presente en unos 3.000 colegios de toda España y con una representatividad de unos tres millones de familias. Entre unos de sus principios fundamentales esta la defensa de la libertad educativa y de elección de las familias, según sus convicciones tanto religiosas como morales.
Jimena Menéndez-Pidal, Carmen García del Diestro y Ángeles Gasset fundadoras del Colegio “Estudio” en 1940, tenían el propósito de preservar y difundir la filosofía pedagógica de la Institución Libre de Enseñanza. Luis Fernández-Galiano explica en el Boletín número 10 de la Fundación Estudio, “ la Institución Libre de Enseñanza (ILE) abrió el camino para que pedagogos, higienistas y arquitectos definieran, en colaboración, las características que deben poseer los edificios escolares: composición lineal que facilite que la luz y el aire envuelvan completamente el edificio; un solar que permita un estrecho contacto con el medio natural, prolongación deseada del aula; austeridad y alejamiento del lujo y lo superfluo en la decoración.” Y “Estudio” heredó esa conciencia estética y pedagógica.
El diálogo entre pedagogía y arquitectura ha marcado la evolución de los espacios escolares desde la arquitectura higienista de Flórez en los Pabellones de la Residencia de Estudiantes, que utiliza el Instituto-Escuela en el momento de su creación hasta la sede de “Estudio” del arquitecto Higueras en Valdemarín, complementada con el Aulario y Polideportivo del arquitecto Junquera.
A través del diálogo entre pedagogos y arquitectos, cada uno desde su visión y lenguajes específicos, se reflexiona acerca de cómo debería ser el aula, cómo llamar la atención sobre los espacios interpuestos como espacios de aprendizaje y el dentro-fuera que permite difuminar los límites de las aulas.
En “Estudio” se busca que afloren en los niños diversas facultades como la facultad de ver, siendo conscientes de lo que ven, analizar, relacionar conocimientos, deducir consecuencias, expresarse en todas sus posibilidades: oral, escrita, gráfica, musical, artística, etc. Es fundamental que sea posible el movimiento libre de los alumnos por el Colegio, como plantearon sus fundadoras. El modo en que el niño se relaciona con el entorno y con los otros y el estudio de sus movimientos en libertad ofrece la guía de cómo debe ser estimulado para potenciar al máximo su desarrollo.
Los espacios de Infantil, renovados en 2018, difuminaron los límites de las aulas poniendo el foco en el alumno dotándolo de oportunidades para investigar, experimentar y crecer desarrollando todas las competencias necesarias en función de su momento evolutivo. En el proyecto que se elaboró para llevar a cabo dicha renovación, se tuvieron muy en cuenta estos principios pedagógicos que señalan la importancia de los espacios abiertos y naturales donde los niños puedan desarrollarse a través del juego espontáneo.
M. Bartolomé Cossío defendía que el niño “posee todo lo necesario para ver, primera e ineludible condición del conocimiento; solo aguarda que le enseñen a hacerlo.” Y sostiene, además, que “el mundo entero debe ser, desde el primer instante, objeto de atención y materia de aprendizaje para el niño”. “Enseñarle a pensar en todo lo que le rodea y a hacer activas sus facultades racionales es mostrarle el camino por donde se va al verdadero conocimiento, que sirve después para la vida. Educar antes que instruir.” Jimena Menéndez Pidal, escribió que “la labor en que se empeña el maestro es la de despertar y cultivar nuestras facultades para ser capaces de alcanzar esos descubrimientos, de saberlos aprovechar para hacerlos cultura, de sensibilizarnos para saber cotizarlos, admirarlos, disfrutarlos”.
La necesidad del uso del exterior está también presente y se constata la necesidad de crear en los colegios espacios naturales atractivos para que el niño pueda desarrollar sus capacidades creativas durante el juego. Giner y Cossío defendieron que la enseñanza debe ser una excitación permanente a la actividad, a la curiosidad, a la búsqueda: no enseñar las cosas, sino enseñar a hacerlas. Fuera de clase hay mucho material que puede y debe ser empleado para el conocimiento del Arte. Los monumentos históricos no solamente ilustran al alumno sobre un estilo artístico, resumen una época y el espíritu de un pueblo.
5 de mayo de 2022
El anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) recogerá el derecho a paro académico de los estudiantes, una reivindicación histórica del estudiantado.
Según informan a Europa Press fuentes del Ministerio de Universidades, se configura, así como una «herramienta para ensanchar los derechos de la comunidad universitaria en general a lo largo de todo su texto y del estudiantado en este caso particular».
El Ministerio justifica esta medida en que se trata de un derecho relevante para el estudiantado, en la medida en que potencia el ejercicio efectivo de la libertad de expresión, y de los derechos de reunión y asociación en el ámbito universitario. Según el documento al que ha tenido acceso Europa Press, su reconocimiento y ejercicio deben permitir un equilibrio entre el pleno respeto al estudiantado que quiere ejercerlo y el derecho a la educación (y a los derechos académicos) del estudiantado que no lo secunda.
Este derecho a paro consistirá en el derecho a la inasistencia a clase, pero también puede consistir en actividades de información y difusión, en declaraciones institucionales, manifestaciones, actividades de protesta, así como la prohibición de realizar pruebas en los días señalados.
El ejercicio del derecho deberá cumplir una serie de condiciones como la declaración del paro por el órgano de representación estudiantil legitimado, un quórum determinado para adoptar la decisión, preaviso a las autoridades, constitución de un comité de paro y formalización de las reivindicaciones.
Este derecho, que en la actualidad sólo está regulado en algunas universidades, pasará a contemplarse en la Ley, por lo que todas las universidades deberán habilitar mecanismos que permitan a los Consejos de Estudiantes paralizar la actividad académica, sin que ello afecte al derecho a docencia y evaluación del estudiantado.
Tanto la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) como el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) celebran lo acordado con el Ministerio.
«CREUP y CEUNE celebran el avance en materia de garantías y derechos que incorpora la LOSU, poniendo en el centro de la reforma al estudiantado universitario. De igual manera, el texto debe seguir avanzando en la participación y representación estudiantil, que consolide su posición como parte fundamental de la Universidad en una nueva Ley aún por negociar», señalan.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este miércoles que la Historia se estudia en las aulas con «cronología» y ha cuestionado que «si el esfuerzo no vale» con el aprobado general, se pueden estar fabricando «borregos».
Así lo ha trasladado la presidenta en un encuentro informativo, organizado por Europa Press, donde ha apostado «por volver a las esencias tradicionales, a la escuela de siempre, que ha dado mejores resultados toda la vida y donde los alumnos puedan prepararse y formarse».
«Es lo que estamos haciendo a través de la Ley Maestra, que es enderezar todos los desmanes de la Ley Celaá y pondremos el acento en la educación especial de la que estamos muy orgullosos. Creemos en todas las etapas educativas y los alumnos tienen que ser estimulados, dejarles que crezcan y que lleguen lejos», ha expuesto.
Para la presidenta, todos «merecen las mismas oportunidades», con un sistema educativo preparado para que «todos lleguen lejos» pero sin que «igualen con un falso aprobado». Por eso, van a trabajar también para que los profesores tengan «más voz» para decidir si pasan o no de curso, porque «pasar con suspensos puede producir una satisfacción a corto plazo» pero «la frustración viene después».
«Si estos niños son aprobados y obtienen los títulos sin esfuerzo, ¿qué estamos haciendo? ¿Fabricar borregos? Nos negamos a que nos hagan esto en Madrid y vamos a ganar esta batalla tan importante para las familias», ha defendido.
Dentro de sus competencias, ha apuntado que tienen un porcentaje para decidir en el currículo algunas asignaturas y que mirarán «hasta el último reglón para añadir o quitar» donde consideren.
«Creo que hablar del empoderamiento ecosostenible con perspectiva de género digitalizado transitorio resiliente será importante para algunos, pero creo que los niños tienen que estudiar y las autoridades tienen que responder a su derecho constitucional de estudiar español dentro de España y dar conocer su legado histórico y su cultura que es algo que están negando a las generaciones futuras para intentar controlarlas. La historia se estudia con cronología, no con perspectiva de género», ha reivindicado.
Para Ayuso, su Gobierno está «obligado» a dar «la batalla» ante todo aquello que sea «perjudicial» para los ciudadanos. Además, ha criticado que este debate se haya hecho «por la espalda» aprovechando que todos estaban preocupados «por una pandemia para colarla por la espalda», causando «un grave perjuicio».
Así consta en la actualización del documento Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 en centros educativos aprobada en la última reunión de la Comisión de Salud Pública y al que ha tenido acceso Efe.
Los directores generales de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y de las comunidades argumentan que, tras la mejora de la situación epidemiológica, era necesario revisar las medidas en centros educativos como también han hecho fuera de ellos, medidas que “deben ser consistentes con las decisiones de distanciamiento físico y otras no farmacológicas de salud pública en la comunidad”, subrayan. Aunque avisan que las nuevas recomendaciones “se irán actualizando cuando sea necesario, si los cambios en la situación epidemiológica así lo requieren o surge nueva evidencia científica”. De esta forma, plantean una serie de actuaciones de limitación de contactos en los niveles actuales de alerta 0, 1 y 2, si bien, “en caso de que las comunidades autónomas entraran en niveles superiores de riesgo, se valorarán medidas específicas”.
Interacción de grupos estables
La primera es permitir que los Grupos de Convivencia Estable (GCE) puedan interaccionar entre sí en todas las etapas educativas tanto en exteriores como en interiores, excepto en el comedor escolar o espacios habilitados para comer.
Hasta Primaria se garantizará “cuando sea necesario, la estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del centro educativo”, evitando la interacción con otros grupos, limitando al máximo el número de contactos; a cambio, “dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia interpersonal, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad”. En esta etapa además, “idealmente, se debe minimizar el número de personas adultas que interaccionan con cada grupo, siendo la figura fundamental el tutor o tutora”.
De tratarse de vulnerables, “se seguirán las mismas recomendaciones que indique para el resto de ámbitos el profesional sanitario de referencia”; los alumnos de riesgo “podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir”.
Acceso de las familias
A partir de ahora se dejará acceder a las familias tanto a espacios interiores como al aire libre, tanto para la entrada y salida del alumnado como para otras actividades, evitando aglomeraciones. También se permiten reuniones de tutoría individual con las familias en espacios interiores bien ventilados, si bien, de forma general, “se recomienda que se prioricen las reuniones con las familias al aire libre”.
Por otro lado, la eliminación de la mascarilla en espacios interiores también se extiende a las escuelas, donde solo deberán llevarla en el transporte escolar o si aparecen síntomas. Como norma general, se desaconsejan para menores de 3 años (contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia), personas con algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por su uso.
También para personas que, por discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitársela, o que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, así como en actividades en las que llevarla resulte incompatible. Las personas con condiciones de vulnerabilidad seguirán las recomendaciones que indique su profesional sanitario.
Pero recalca: “debe cuidarse y prevenirse el estigma de las personas que, con condiciones de riesgo para la Covid-19 o por decisión personal, sigan utilizando las mascarillas en cualquier entorno del ámbito educativo, independientemente de la obligatoriedad o no del uso de las mismas”.
La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) reconocerá por primera vez el derecho a huelga de los estudiantes. Los alumnos estarán legitimados para convocar paros académicos y no estarán obligados a hacer exámenes ni ser sometidos a evaluaciones durante ese tiempo.
Representantes de la Coordinadora de Representantes de Universidades Públicas (Creup) y del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (Ceune) se han reunido este miércoles con miembros del Ministerio de Universidades para acordar los últimos puntos del anteproyecto de Losu, que previsiblemente se terminará de redactar y se dará a conocer en los próximos días.
Los estudiantes han logrado arrancar al equipo del ministro Joan Subirats una reivindicación que llevan décadas reclamando. Quieren blindar por ley el derecho a no ir a clase, algo que sólo está regulado en algunos campus, como la Universidad del País Vasco.
A partir de la aprobación del texto, «todas las universidades deberán habilitar mecanismos que permitan a los Consejos de Estudiantes paralizar la actividad académica, sin que ello afecte al derecho a docencia y evaluación del estudiantado», señalan fuentes estudiantiles. «A través de su reconocimiento en la ley, se blinda el derecho a la protesta y se imposibilita que el estudiantado sufra ninguna consecuencia académica por ello», añaden.
El pasado noviembre, el Congreso aprobó la Ley de Convivencia Universitaria, que blinda los escraches en las universidades y los deja sin sanción. En la redacción inicial se consideraba una falta grave, castigada con hasta un mes de expulsión de la universidad, «impedir la celebración de actividades universitarias de docencia, investigación o transferencia del conocimiento».
Pero para complacer a ERC justo cuando se estaban negociando los Presupuestos Generales del Estado, el PSOE y Unidas Podemos aceptaron sacar de estos supuestos «la libertad de expresión y los derechos de reunión, asociación, manifestación y huelga, constitucionalmente reconocidos».
Ahora se da un paso más, pues es la Losu la que protege la huelga. En el Ministerio explican que lo que se ha acordado es «que el derecho al paro académico tenga rango de ley. Se protege ese derecho y el ejercicio del mismo así como el del derecho a la educación para quien no quiera secundarlo».
No ha habido acuerdo en la negociación, en cambio, respecto a la participación estudiantil en los órganos de gobierno de las universidades. Los estudiantes piden representar un 30%-35% del claustro, pero el Ministerio no cede más allá del 25%.
6 de mayo de 2022
El compromiso de España con la Comisión Europea es formar al profesorado en este área y acreditarlo después. Para ello, el Gobierno ha repartido este año casi 300 millones de euros a las comunidades, procedentes de los fondos europeos, explica en una entrevista con Efe el director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (Intef), Julio Albalad.
El Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente acordado recientemente con las comunidades, que se publicará en las próximas semanas en el BOE, establece un modelo de progresión: del A1 y A2 (Básico), al B1 y B2 (Intermedio) y al C1 y C2 (Avanzado). Por ejemplo, en el A1, el profesor dispone de conocimiento teórico sobre el uso de las tecnologías digitales o de experiencia docente práctica, pero no de ambas. “Sería el nivel que tiene un docente al acabar la carrera”; mientras los niveles C son de innovación e investigación.
En estos momentos, añade Albalad, se está trabajando con las comunidades autónomas en cómo será el proceso de acreditar. “Creemos que hay dos maneras muy fáciles: bien a través de la formación –he hecho equis número de cursos y la autoridad educativa los certifica o convalida–, y la segunda vía es evaluar con una prueba, sobre todo pensando en los niveles más sencillos, porque los más altos conllevan práctica en el aula”. El compromiso con la Comisión Europea es certificar al 80% de los profesores españoles en competencia digital de aquí al 2024. “No solo se trata de formarlos sino de acreditarlos”.
Las comunidades han comenzado a formar ya a sus docentes, “lo que nos queda a todos por cerrar es ese proceso de acreditación, que es lo más laborioso, porque nunca se ha hecho (certificar una competencia digital). Esperamos que para finales del curso 2022-2023 se pueda comenzar”, agrega el director del Intef. Para incentivar o recompensar al profesorado que se preocupa por mejorar estas habilidades se podrá tener en cuenta este elemento en un concurso de traslado, en unas oposiciones o para acceder a puestos específicos como desempeñar el cargo de responsable TIC de un centro.
Flaquezas y fortalezas por centros
Lo segundo que se persigue es que los centros sean digitalmente competentes y cada uno de ellos elabore su propio plan digital. “Consiste en que se autoevalúen y analicen en qué situación están respecto a las tecnologías, qué uso hacen de las infraestructuras, cómo se comunican con las familias, qué uso hacen profesores y alumnos de los elementos digitales y, una vez hecha la foto, redacto el plan, viendo dónde tengo flaquezas, dónde mejorar…”.
Aunque las comunidades son las que tienen las competencias en Educación, el Intef les da las pautas para recorrer este camino y, entre otras cuestiones, les ha propuesto “liberar” a docentes para que puedan asesorar a los centros. “La mayoría de las comunidades ya han hecho estos contratos, normalmente docentes, para que todos los centros tengan su plan digital”. Andalucía es una de las regiones que ha hecho un diagnóstico inicial de situación, basándose en la autopercepción de su profesorado y cuyo resultado refleja que tiene un 10-15% del profesorado en el nivel C; el 50% en los escalones B y el resto en el A, pero “no es ciencia, solo percepción”, explica.
La mayoría del profesorado sabe usar la tecnología –un conocimiento acelerado por la pandemia y el cierre de los centros educativos que provocó–, pero a estos profesionales se les pide más: “deben saber crear recursos, manejarlos, compartirlos y enseñar a utilizarlos de forma correcta a los alumnos. Es algo que hay que reforzar”, concluye.
El Ministerio de Educación y FP ha recibido cerca de 820.000 solicitudes de beca para el próximo curso 2022-2023. El plazo de presentación de solicitudes se abrió el pasado 30 de marzo y termina el próximo jueves, 12 de mayo.
Este año, la convocatoria se ha adelantado cuatro meses con el objetivo de que los alumnos sepan antes del periodo de matriculación si cumplen con los requisitos económicos para recibir estas ayudas.
Los estudiantes que quieran pedir estas ayudas deben hacerlo en el plazo indicado, aunque aún no sepan qué van a estudiar ni qué notas sacarán este curso o, incluso, si no saben si continuarán su formación. En un primer momento, se les solicitarán algunos datos provisionales que podrán modificar más adelante.
Las becas y ayudas al estudio son una de las principales herramientas para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y una de las políticas educativas prioritarias del Gobierno, según destaca el Ministerio. En los últimos cinco años, el presupuesto destinado a ellas ha aumentado un 45%: de 1.472 millones en 2017-2018 a 2.134 millones en 2022-2023.
Esto ha permitido que aumente también el número de estudiantes que se benefician de estas ayudas y las cuantías de las mismas, especialmente aquellas destinadas a personas con rentas más bajas. En el curso 2017-2018, algo más de 682.000 alumnos recibieron una beca en la convocatoria general, mientras que en la convocatoria 2020-2021 fueron más de 790.000. A estos hay que sumar a los estudiantes con necesidades educativas especiales.
La Comunidad de Madrid ha decidido eliminar los conceptos con «carga ideológica» que se habían incluido en el nuevo currículo de Bachillerato, entre los que se encuentran algunos como ‘ciudadanía resiliente’ o ‘emergencia climática’, y limitará la titulación con suspensos reforzando la decisión del profesorado, según el proyecto de decreto del Consejo de Gobierno al que ha tenido acceso Europa Press.
Así, la titulación de Bachillerato ha introducido la novedad de hacerlo con una suspensa, excepcionalmente. Un hecho que la Comunidad considera «especialmente grave y que ninguna otra Ley Orgánica se había atrevido a considerar», lo que valoran que supone «un verdadero menosprecio a las enseñanzas de Bachillerato, unas enseñanzas que preparan para estudios superiores».
Por ello, la Comunidad de Madrid ha fijado, ya desde este curso, orientaciones para que los equipos docentes puedan adoptar la mejor decisión posible –considerar que únicamente se han conseguido las competencias y alcanzado los objetivos de Bachillerato cuando se han superado todas las materias–. En todo caso, la decisión se adoptaría por el equipo docente por mayoría cualificada de cuatro quintos.
Respecto a la nueva modalidad de Bachillerato General, la Comunidad de Madrid considera que «viene a incidir precisamente en esta línea de rebaja de calidad, al ser una modalidad descafeinada que no preparará conveniente a los alumnos, con materias como Matemáticas Generales o Ciencias Generales».
Asimismo, han criticado que el Ministerio de Educación y FP no ha distribuido los elementos curriculares en cada uno de los dos cursos que integran el Bachillerato, en aquellas materias que están incluidas en ambos cursos.
Ello significa que cada autonomía será «libre de hacer lo que quiera, dando como resultado currículos muy distintos en cada autonomía y con distribuciones de materias por cursos diferentes, lo que significa una dificultad añadida a la movilidad de alumnos».
«Ello ha obligado a la Comunidad de Madrid realizar un esfuerzo para realizar dicha distribución de forma coherente», han añadido fuentes del Ejecutivo madrileño.
En términos generales, el currículo de la Comunidad de Madrid incorpora enfoque cronológico, autores y obras, conceptos fundamentales y contenidos concretos para contextualizar el aprendizaje, ya que el Real Decreto «elude la secuencia cronológica a la hora de impartir determinados aspectos».
A modo de ejemplo, han señalado que se pretende abordar el arte sin citar obras o autores, por lo que la Comunidad incluirá los más relevantes y representativos para que el alumnado pueda estudiar y entender la evolución a lo largo de la historia.
«Ante la falta de concreción de los contenidos del RD, en Historia del Mundo Contemporáneo, la Comunidad añade aspectos como el pensamiento ilustrado, los principios y variantes del sistema liberal, del sistema democrático, etcétera», han continuado.
El currículo propuesto por el Ministerio para materia de Historia de España de segundo de Bachillerato tiene un enfoque contemporáneo, ya que únicamente hace cuatro referencias a procesos y transformaciones anteriores al siglo XIX.
Frente a ello, la propuesta de Madrid es «continuista» respecto al plan de estudios anterior, incluyendo contenidos políticos, sociales, económicos y culturales de las edades históricas anteriores que servirán al alumnado para refrescar los conocimientos adquiridos en la Educación Secundaria Obligatoria.
Entre los bloques que se han incluido, se encuentran ‘De la Prehistoria al reinado de los primeros Borbones’, ‘El siglo XIX español’, ‘De la crisis del 98 al fin de la dictadura franquista’ y ‘Transición y democracia en España’, en los que se abordan, entre otros aspectos de la Historia de España, la Hispania romana, Al-Ándalus, la conquista de la Península por los reinos cristianos, el legado judío, los Reyes Católicos, el descubrimiento, exploración y conquista de América, el legado español en América, la importancia de la Transición y la Constitución de 1978, el terrorismo de ETA durante la democracia, la participación en instituciones europeas, y otros contenidos.
Los estudiantes están de celebración después de haberse reunido con el Ministro de Universidades, Joan Subirats, al que han conseguido arrancarle que la nueva reforma universitaria, que presentará en breve, incluya el reconocimiento del derecho a la huelga. Y eso significa que podrán librarse de hacer un examen o que su falta de asistencia no cuente cuando se convoque un paro académico. Esta es una circunstancia que solo está regulada en algunas universidades, pero que será extensible a todas de acuerdo con el nuevo proyecto de LOSU, lo que obliga a las universidades a habilitar medidas que prevean situaciones como estas.
La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup) y el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE), se congratulaban de que esta medida hubiera sido tenida en cuenta al tratarse de «una reivindicación histórica de la representación estudiantil que blinda el derecho de protesta e imposibilita que el estudiantado sufra ninguna consecuencia académica por esta causas», señalaban a través de un comunicado.
El ministro de Universidades celebra durante estos días reuniones con todos los actores implicados en la reforma universitaria. La semana que viene está previsto que sea con los rectores, con los que espera ultimar ya un texto que pueda llevarse al Consejo de Ministros para que pueda iniciar una tramitación parlamentaria, después de que el ex ministro Manuel Castells no concitara consensos con la reforma que propuso.
El borrador de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que se conocerá a mediados de mayo, también recuperará el modelo 3+2. La idea del nuevo ministro es flexibilizar la duración de los grados para que puedan coexistir las carreras de tres años (180 créditos, el 3+2) con las de cuatro años (240 créditos, el 4+1) como ocurre en algunos países europeos, un modelo que algunos consideran que puede favorecer la internacionalización, a la vez que encarecer los estudios universitarios y favorecer a las universidades privadas.