3 de noviembre de 2020
Madrid cuestiona la reputación del Informe Pisa.
Qué pasó con los resultados de Pisa 2018, una de las evaluaciones más prestigiosas a nivel internacional que elabora la OCDE sobre el rendimiento de los alumnos de 15 años en 82 países y en la mayoría de las comunidades autónomas españolas sigue siendo un misterio para Madrid.
La Comunidad pagó más de un millón de euros por hacer estas pruebas que sirven a las Administraciones para orientar sus políticas educativas y de ser una de las regiones con mejores resultados en ediciones anteriores, en ésta última fueron un auténtico desastre sin hacer cambios sustanciales. Las alarmas saltaron y dieron la pista a la Comunidad de Madrid de que podría haber anomalías en los resultados cuando se comprobó que muchos alumnos habían dado respuestas que escapaban a toda lógica. «¿Los aviones están hechos de perros?», era una de las cuestiones a responder. Para extrañeza de la consejería de Educación muchos alumnos dieron un «sí» por respuesta.
La concertada se rebela contra la “Ley Celaá” y pone en marcha protestas.
La enseñanza concertada se rebela contra la Ley Celáa que “se está tramitando en el Congreso con sordina y se quiere sacar con el mínimo debate posible”, dicen el sector.
Por eso ha puesto en marcha una campaña con distintas iniciativas que irán desde la recogida de firmas para remitir al Congreso, protestas todos los miércoles en los centros educativos, concentraciones los martes ante el Congreso de los Diputados y las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Además, se iniciará la campaña del lazo naranja en defensa de la libertad de enseñanza y se prevé realizar movilizaciones en la calle siguiendo las recomendaciones sanitarias.
El rechazo al proyecto de ley ha sido motivo de la creación de la plataforma Más Plurales, que se ha presentado hoy con la puesta en marcha de la campaña “Más plurales, más libres, más iguales. Hacia una escuela realmente inclusiva, con todos y para todos”.
La «fresa del postre» para ahogar a la concertada: Los Presupuestos la dejan afuera de la creación de plazas
Los ataques a la concertada no llegaron con la Lomloe, proyecto de ley educativo actualmente tramitado en el Congreso contra el cual el sector ha iniciado una feroz campaña.
El sector sufre desde hace años un acoso que viene del Gobierno central pero también de las comunidades gobernadas por el PSOE y Podemos Compromís o Bildu. Por ejemplo, en el curso 2017-18, en Aragón y Comunidad Valenciana y en el 19-20 en La Rioja eliminaron unidades concertadas que contaban con suficiente alumnado para llenar las aulas vacías de la pública. Estas reducciones de aulas fueron anuladas por los tribunales con base en la legislación vigente (Loe-Lomce).
Los datos del profesorado en Madrid: todavía quedan casi 3.000 sustituciones de docentes por cubrir.
Los centros educativos públicos siguen sufriendo de falta de profesorado casi dos meses después del inicio de las clases en las primeras etapas. El cupo de los 10.610 docentes prometidos ya se ha cubierto casi al completo, según datos aportados por CC OO, aunque el hueco principal que hay en los centros es el que dejan los profesionales que cogen una baja, bien por enfermedad o cualquier otra razón. .
“A pesar de que la Consejería de Educación está cerca a día de hoy, con un gran retraso, de cumplir el cupo de profesorado prometido por Ayuso, la enorme cantidad de bajas sin sustituir hace que a los centros les falte más de un 5% de la plantilla”, dice Isabel Galvín, portavoz del sindicato. De esas 2.758 sustituciones pendientes, el 56% está sin cubrir desde hace dos semanas o más y el 33% desde hace más de un mes, desgrana. Desde la administración regional aseguran que se están cubriendo vacantes de secundaria fundamentalmente. “Unas 2.000, además de las 5.000 que ya se han sustituido desde inicio de curso. Se completarán en los próximos días”, explica un portavoz de la Consejería de Educación.
PSOE, Podemos y ERC pactan un cambio en la ley educativa que facilita la inmersión lingüística.
El PSOE, Podemos y ERC han pactado una enmienda al proyecto de nueva ley educativa que elimina la referencia a que el castellano es lengua vehicular en toda España.
El nuevo texto, que está previsto que se apruebe el jueves en la ponencia de la Lomloe constituida en el Congreso, sustituye dicha definición, introducida hace siete años por el PP en la conocida como Ley Wert, por una referencia a que las comunidades autónomas deben asegurar el derecho a recibir la enseñanza en castellano y las lenguas cooficiales de cada territorio de acuerdo con lo que prevén la Constitución y los estatutos de autonomía, según han adelantado a este periódico fuentes parlamentarias.
Cisma entre el PSOE y Unidas Podemos por la asignatura de Ética.
La asignatura de Ética ha dividido al PSOE y Unidas Podemos. La formación morada lleva años defendiendo que esta materia tenga un espacio propio en los planes de estudios, mientras que los socialistas la dejaron fuera en el proyecto de Ley Celaá y ahora, en la fase de enmiendas, han votado en contra de hacerle un hueco .
Han roto, de esta forma, el acuerdo alcanzado en octubre de 2018, cuando todos los partidos del Congreso pactaron convertirla en una asignatura obligatoria en 4º de la ESO, un rango que tenía en la Logse y en la LOEdel PSOE y que perdió con la Lomce del PP. Fue el único consenso en materia educativa en esta cámara. Votaron a favor todos los grupos.
Atrás han quedado los tiempos en que el ex ministro Ángel Gabilondo o el ex diputado Manuel Cruz, los dos filósofos, se dejaban la piel defendiendo la Ética. En el PSOE impera ahora una corriente que ve con malos ojos esta materia -la considera anticuada y erróneamente asociada a la «moralina»- y quiere sustituirla por Valores.
La tasa de reposición sube al 110% para frenar el envejecimiento en las aulas: 11 profesores nuevos por cada 10 que se jubilen.
En la próxima década se va a jubilar el 90% de los catedráticos universitarios. En los colegios e institutos, más del 32% supera los 50 años, lo que significa que en ese mismo periodo se van a retirar 160.000 docentes .
El envejecimiento de las plantillas, sin que durante los años de la crisis económica haya habido en paralelo un relevo generacional, es uno de los problemas que arrastra desde hace años el sistema educativo español.
4 de noviembre de 2020
PSOE, Podemos y ERC negocian que el castellano no sea vehicular en Cataluña.
El Gobierno cede a los partidos nacionalistas el control del idioma en que se debe enseñar en las aulas. PSOE, Podemos y ERC negocian una enmienda transaccional a la Lomloe o «Ley Celaá», que ahora se tramita en el Congreso, y que prevé que el castellano ya no sea lengua vehicular en Cataluña y que por tanto no tenga por qué ser la lengua en que se enseñe las matemáticas, la historia o cualquier otra asignatura.
Se trataría, así, de blindar el catalán como lengua vehicular en la enseñanza, en la que se imparten ya casi todas las asignaturas, exceptuando la de Lengua española y alguna otra más, en el mejor de los casos. Es más, el castellano es ya, en la práctica, una lengua minoritaria en las aulas casi con menos uso aún que el inglés. La todavía vigente Ley de Educación (Lomce) prevé que «el castellano es la lengua vehicular en todo el Estado y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable». Sin embargo, también establece que el castellano debe utilizarse en una «proporción razonable». La iniciativa tiene un alto contenido simbólico para los nacionalistas, que pretenden que el catalán sea la única lengua en la que se imparta la enseñanza, pero no está claro el encaje jurídico que tendría. Y es que el Tribunal Constitucional ya dejó claro en una sentencia de 1993 que el castellano no puede ser excluido como lengua vehicular, como tampoco el catalán, porque la propia Constitución española establece el modelo de bilingüismo integral. Lo que no dejó claro es en qué proporción debería estudiarse cada lengua. Eso ya lo hizo el Tribunal Supremo en otra sentencia posterior, en 2010, que resolvió que debía ser el 25% de la enseñanza. Es decir, el equivalente a dos asignaturas. En la práctica, la realidad es que en las guarderías se habla en todo momento a los niños en catalán y en el resto de etapas sólo se imparte en castellano la asignatura de Lengua española. De ahí que muchos padres hayan acudido a los tribunales para garantizar que sus hijos reciban al menos ese 25% de escolarización en castellano, aunque son tantas las trabas que, actualmente, la mayoría desiste.
La Delegación del Gobierno impide a la concertada concentrarse frente al Congreso contra la «ley Celaá».
La Delegación del Gobierno ha denegado por tercera vez consecutiva a la concertada manifestarse este martes a las puertas del Congreso en contra de la «ley Celaá». El argumento dado por el organismo dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, señalan fuentes de la concertada, es que ya se había denegado una primera vez y al ser el mismo solicitante no hay lugar a subsanaciones posteriores.
En la primera petición realizada por la Plataforma Más Plurales (que reúne a todo el sector de la concertada y a otras asociaciones) la Delegación del Gobierno esgrimió un defecto de forma, ya que tenía que hacerse con diez días naturales de antelación a la manifestación. La concertada volvió a la carga el jueves pasado y se volvió a pedir permiso. Esta vez con carácter extraordinario y urgente (la ley permite hacerlo con este carácter hasta 24 horas antes de la manifestación solicitada). Sin embargo, la Delegación no contestó, es decir, hubo silencio administrativo. La concertada esgrimió el carácter urgente en que este martes se votan en la Ponencia de la Comisión de Educación del Congreso artículos claves para el sector como el 109, que elimina la «demanda social», es decir, que las plazas en los centros públicos y concertados variarán en función de lo que pidan los padres.
Las cesiones del PSOE a ERC con el español violan la Constitución.
La justicia lleva décadas pronunciándose sobre la enseñanza en castellano en Cataluña.
Lo han hecho el Tribunal Constitucional, el Supremo, el Tribunal Superior y los juzgados de lo contencioso-administrativo pegados al caso concreto. Y, al margen de las dificultades para su aplicación real, siempre ha dejado claro que el castellano debía tenerse como lengua vehicular.
El cambio en la regulación del castellano pactado en la ley educativa enfrenta a los partidos.
El pacto alcanzado por socialistas, Podemos y ERC para facilitar la inmersión lingüística, quitando de la nueva ley educativa que se tramita en el Congreso la referencia al castellano como lengua vehicular, al tiempo que se exige su dominio pleno en todas las comunidades y se establece que los centros tendrán que adoptar medidas cuando se detecte que dicho objetivo no se está cumpliendo, ha generado este martes polémica, sobre todo en Cataluña. Se trata de la comunidad donde más se ha desarrollado el sistema de inmersión, sobre el que se ha pronunciado reiteradamente la justicia.
La enmienda adelantada por EL PAÍS, que está previsto que se vote este jueves en la ponencia de la Lomloe (Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica de Educación), ha sido criticada por las entidades contrarias al modelo de inmersión lingüística, como la Asamblea por una Escuela Bilingüe. “Sería una decepción histórica que, una vez más, la voz de millones de catalanes constitucionalistas volviera a ser invisible en Madrid y el Congreso volviera a someterse a la agenda nacionalista. La inmersión es injusta y no debe ser blindada”, ha manifestado Societat Civil Catalana.
El Gobierno descarta imponer un IVA del 21% a la educación privada.
El Gobierno ha descartado incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) la imposición de un IVA del 21% a la educación privada, según ha confirmado este martes la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero .
La portavoz del Ejecutivo ha desgranado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado, mencionando una a una las modificaciones fiscales contempladas en el documento, que será remitido este miércoles al Congreso.
Durante su intervención, Montero no ha hablado de modificaciones tributarias en el ámbito educativo, pese a que el Gobierno estaba planteando eliminar la exención del IVA a los servicios educativos de gestión privada, estudiando la posibilidad de que comenzasen a tributar a un 21%. Pero esta medida ha sido finalmente descartada. También se especulaba con la idea de imponer un IVA del 21% a la sanidad privada, iniciativa que tampoco será incluida.
EUROPAPRESS
5 de noviembre de 2020
La comunidad educativa aplaude que no se grave con IVA la educación privada: «Sería un castigo fiscal a las familias».
La comunidad educativa ha celebrado que el Gobierno haya descartado incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) la imposición de un IVA del 21% a la educación privada, actualmente exenta de este impuesto. «Nos alegra que se haya descartado ese castigo fiscal a las familias, pues casi todas tienen un considerable desembolso mensual en educación», valora en declaraciones a Europa Press el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Alfonso Aguiló.
Según el presidente de la Confederación, que reúne a miles de centros privados y concertados de toda España, la medida no tenía sentido por ser la educación un «elemento de primera necesidad». Además, en la mayoría de países de la Unión Europea, la educación privada está exenta de pagar este impuesto, según recuerda. «No tiene sentido poner IVA a los comedores escolares o las escuelas infantiles, que son un elemento clave para tantas familias de clase media y trabajadora», añade.
La Fiscalía solicita a Celaá información sobre la Orden del 22 de abril que permitió a alumnos promocionar con suspensos.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, los informes en los que se basó el Gobierno para aprobar una orden en el mes de abril, que daba a los estudiantes la posibilidad de pasar de curso sin tenérseles en cuenta el número de suspensos, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.
En concreto, la Fiscalía ha solicitado a la ministra el expediente en cuyo seno fue aprobada la Orden EFP/365/2020 del 22 de abril, así como los informes jurídicos elaborados en relación a la aprobación de dicha Orden. Según indican a Europa Press fuentes del Departamento que dirige Celaá, el Ministerio ya ha remitido dicha información a la Fiscalía del TS, y matizan que ni se está investigando a la ministra ni a los consejeros.
El Consejo Escolar propone que los alumnos de Primaria y la ESO repitan materias suspensas en lugar del curso completo.
El Consejo Escolar del Estado se reunirá este jueves para presentar un informe en el que se propone que los alumnos de Primaria y Secundaria puedan repetir asignaturas suspensas en vez de un curso completo.
El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, dicta una serie de recomendaciones dirigidas a disminuir la repetición de curso entre los estudiantes, fijándose en el ejemplo de otros países donde la promoción es prácticamente automática, y en el que se plantea la necesidad de «renovar la normativa que regula la evaluación, la repetición y el paso de curso».
Así, indica que «las decisiones sobre la promoción de curso deberían basarse realmente en la evaluación interna y colegiada de las competencias básicas». Para ello, «será preciso que todo el equipo docente que atiende a un grupo de alumnos pudiera trabajar y evaluar las competencias colegiadamente y, en consecuencia, también el rendimiento alcanzado». EUROPAPRESS
El comienzo del curso escolar da alas al empleo en octubre.
El comienzo del curso escolar ha podido a los rebrotes en el mercado laboral. O, dicho de otra forma, las contrataciones en el sector educativo tiraron del empleo en octubre, elevando la afiliación a la Seguridad Social en 113.974 personas, según los datos divulgados el miércoles por los ministerios de Seguridad Social y Trabajo. En cambio, la hostelería, la actividad más afectada por las medidas contra la pandemia, perdió cotizantes. A pesar de ese aumento de la ocupación, el paro registrado se incrementó en casi 50.000 personas, una subida corta respecto a octubres anteriores, pero subida al fin y al cabo.
Con este incremento de afiliación van seis meses consecutivos en los que se recupera parte del empleo perdido en los primeros compases de la crisis del coronavirus. Y, sin embargo, sigue sin ser suficiente para volver a los niveles anteriores a la pandemia. Los 18,99 millones de cotizantes con empleo que contabiliza la Seguridad Social —incluyendo a los 600.000 afectados por ERTE todavía— están por debajo de los 19,25 millones que había en febrero, antes de que explotara la crisis. Y el desempleo ha escalado hasta los 3,83 millones de parados.
Celaá: “El objetivo es que el alumnado sea plenamente competente en castellano y la otra lengua cooficial”.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha afirmado este miércoles, tras la polémica generada por los cambios en la regulación del castellano en la nueva ley educativa que se tramita en el Congreso, que “el objetivo es que todos los alumnos y alumnas concluyan sus estudios siendo plenamente competentes en el castellano, la lengua cooficial, si la hubiere, y alguna lengua extranjera, si es posible dos”. La norma, ha declarado Celaá en una conferencia de prensa sobre el proyecto de presupuestos de su departamento, incluirá “medidas compensatorias, de tal manera que en aquellas zonas donde haya necesidad de fortalecer el castellano, se haga. Y en aquellas otras donde haya necesidad de fortalecer la lengua cooficial se pueda hacer también”. Unas horas antes el líder del PP, Pablo Casado, había anunciado por Twitter que su partido recurrirá la ley al Tribunal Constitucional si el castellano no aparece recogido en el texto como lengua vehicular y se mantienen los cambios que afectan a la educación concertada.
La enmienda pactada por PSOE, Unidas Podemos y ERC, que está previsto que se vote este jueves en la ponencia del Congreso de la Lomloe (Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica de Educación), elimina la referencia a que el castellano es lengua vehicular en toda España. Una expresión que fue introducida hace siete años por el PP en la conocida como ley Wert, y que el proyecto legislativo aprobado en mayo por el Consejo de Ministros mantenía.
Coronavirus: los centros educativos registran 6.469 aulas en cuarentena, el 1,67%.
La incidencia del virus en los centros educativos se mantiene en niveles bajos. Los últimos datos de los que dispone el Ministerio de Educación y Formación Profesional es que hay un total de 6.469 aulas confinadas en España, lo que suponen el 1,67 del total.
Por otra parte, tampoco se han registrado apenas casos de absentismo de absentismo escolar motivado por miedo al virus. “Los datos son tan irrelevantes que no se han registrado en la estadística”, aseguran desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional. La ministra, Isabel Celaá, ha asegurado que no ha recibido ninguna queja expresa sobre este tema por parte de ninguna comunidad autónoma. “Fue una inquietud al principio del curso escolar que se ha desvanecido”, dijo en rueda de prensa para explicar los presupuestos de Educación para el próximo año.
Europa tendrá que pronunciarse sobre si la ley Celaá favorece la discriminación del español.
Europa deberá pronunciarse sobre la cesión del Gobierno a los partidos independentistas para controlar el idioma en que se debe enseñar en las aulas, que implicaría que el castellano ya no sea lengua vehicular en Cataluña, como ya adelantó.
Esta misma tarde, la eurodiputada de UPyD en la delegación de Ciudadanos en Europa, Maite Pagazaurtundúa, ha dirigido una pregunta escrita con solicitud de respuesta a la Comisión Europea con el objetivo de “alertar sobre la vulneración de Derechos Fundamentales en España”.
En el texto, la eurodiputada informa a la comisión de que organizaciones defensoras de derechos fundamentales en España han denunciado que la enmienda pactada entre los grupos parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos y ERC sobre el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Educación (LOMLOE) “suprimirá el carácter de lengua vehicular de enseñanza para el español, llevando a una discriminación de los alumnos de lengua materna española”.
PP y Ciudadanos llevarán la ‘ley Celaá’ al Constitucional: «Pedro Sánchez quiere seguir en el poder negociando con nuestros hijos»
El PP y Ciudadanos denunciarán ante el Tribunal Constitucional la reforma educativa del Gobierno. Ambos partidos rechazan frontalmente la eliminación del castellano como lengua vehicular de la enseñanza y también están en contra del hostigamiento a la escuela concertada, además de la rebaja del nivel académico de los estudiantes. Los populares consideran que la Ley Celaá, durante su tramitación parlamentaria, ha empeorado.
El presidente de los populares, Pablo Casado, ha anunciado este miércoles en su cuenta de Twitter que, si el PSOE, Unidas Podemos y ERC persisten en su acuerdo para blindar el catalán en la escuela a costa de quitar el castellano y si la norma «liquida la libertad educativa contra la concertada», van a recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional.
PSOE y ERC tachan la mención del español como lengua oficial del Estado en la ‘Ley Celaá’
PSOE, Unidas Podemos y ERC han pactado también retirar de la Ley Celaá la parte en la que se hace mención al castellano como lengua oficial del Estado. Así lo recogen en su polémica enmienda transaccional a la disposición adicional 38ª, la misma que quita al español su condición de lengua vehicular en la enseñanza y que previsiblemente será aprobada hoy en el Congreso durante la ponencia de la reforma educativa.
ELMUNDO
6 de noviembre de 2020
PSOE vota junto a Podemos y ERC en el Congreso que el castellano deje de ser vehicular en la educación.
Catalanes y vascos han logrado una de sus demandas históricas en el mundo educativo: conseguir el beneplácito del Estado para que sus lenguas sean las que se utilicen en la enseñanza de forma prioritaria.
Lo han conseguido después de que la Ponencia de la Ley de Educación que debate el proyecto de la «Ley Celaá» aprobara hoy que el castellano deje de ser vehicular en la educación en aquellas comunidades con lengua propia por 26 votos a favor, 16 en contra (PP, CS, Vox y UPN) y la abstención del PNV. En la práctica, supone la confirmación legal de lo que ya estaba ocurriendo en Cataluña, donde no se cumple la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Supremo que marca que el 25% de la educación se imparta en castellano (dos asignaturas, una de ellas troncales). Eso ha llevado a muchos padres a tener que acudir a los tribunales para que se cumpla ese mínimo legal.
PSOE, Podemos y ERC pactan incluir en Primaria y ESO una materia aconfesional de «cultura de las religiones»
PSOE, Podemos y ERC han pactado una enmienda transaccional (es decir, una modificación a un proyecto de ley fruto del acuerdo de varios partidos) que añadirá a la « ley Celaá» la enseñanza «no confesional de cultura de las religiones» tanto en Primaria como Educación Secundaria Obligatoria que, en la práctica podría ser una asignatura espejo de la Religión, es decir, una alternativa a la misma.
Actualmente, en España la asignatura de Religión es, como en gran parte de Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Italia o Estonia) de oferta obligatoria para los centros pero voluntaria para los alumnos. Es decir, solo la cursa el que quiere. Esto ha sido así con las leyes socialistas (como la LOE, de 2006) y populares (como la LOMCE, de 2013). Lo que hace la «ley Celaá», tal cual está ahora (es decir, sin esta polémica enmienda) es establecer que «la enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español» y que, a tal fin «se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas».
El Gobierno se desdice y ahora asegura que los dispositivos para paliar la brecha digital también irán a la concertada.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció este miércoles en un briefing sobre la inversión destinada a educación en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, que aparte de los 500.000 dispositivos ya anunciados el pasado 16 de junio en Consejo de Ministros se añadirán «250.000 dispositivos moviles para reducir la brecha digital de acceso al alumnado, adicionales a los 500.000 que ya empezarán a licitarse».
El Proyecto de Ley recoge una inversión total de 5.697 millones de euros para el Ministerio de Educación, anunció este miercoles Celaá. Esta inversión se destinará a la promoción de la equidad (a través de las becas y ayudas al estudio, la ampliación de la educación de 0 a 3 años y la prevención del abandono escolar); el impulso a la FP (tanto del sistema educativo como para el empleo) y a la digitalización de la educación. Para la parte digital se han presupuestado 1.013 millones de euros.
PP y Ciudadanos llevarán la ‘ley Celaá’ al Constitucional: «Pedro Sánchez quiere seguir en el poder negociando con nuestros hijos»
El PP y Ciudadanos denunciarán ante el Tribunal Constitucional la reforma educativa del Gobierno. Ambos partidos rechazan frontalmente la eliminación del castellano como lengua vehicular de la enseñanza y también están en contra del hostigamiento a la escuela concertada, además de la rebaja del nivel académico de los estudiantes. Los populares consideran que la Ley Celaá, durante su tramitación parlamentaria, ha empeorado.
El presidente de los populares, Pablo Casado, ha anunciado este miércoles en su cuenta de Twitter que, si el PSOE, Unidas Podemos y ERC persisten en su acuerdo para blindar el catalán en la escuela a costa de quitar el castellano y si la norma «liquida la libertad educativa contra la concertada», van a recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional.
La nueva ley educativa frena la entrega de suelo municipal para colegios concertados.
Los Ayuntamientos solo podrán ceder suelo para la construcción de centros educativos si estos son de titularidad pública, según el cambio incorporado este jueves al proyecto de ley de Educación que se tramita en el Congreso. La previsión persigue atajar la entrega de solares para la edificación de centros privados y privados concertados que ha sido frecuente en las últimas décadas en comunidades como Madrid, han señalado fuentes parlamentarias a EL PAÍS.
El cambio había sido planteado mediante una enmienda al proyecto legislativo por Unidas Podemos, y ha recibido el apoyo del PSOE y Más País, la abstención de ERC y PNV, y los votos en contra de PP, Vox y Cs en la ponencia de la Lomloe (Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica de Educación) reunida este jueves por la tarde.
Después de la aprobación de la enmienda, la disposición adicional decimoquinta indica en su punto cuatro: “Los municipios cooperarán con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos”. En el texto original no figuraba la palabra públicos.
Alice Albright: “La covid-19 ha mostrado la vulnerabilidad de la educación. Estamos ante un problema existencial y no podemos vacilar más”
Lleva toda la vida rodeada de números. Alice Albright (Estados Unidos, 59 años) se dedicó a la banca, trabajó varios años en Carlyle Group y JP Morgan y ocupó el cargo de Jefa de operaciones de exportaciones e importaciones del Banco de Estados Unidos durante el mandato de Barack Obama. Sin embargo, desde que hace siete años está a la cabeza de la Alianza Global por la Educación (GPE, por sus siglas en inglés), la mayor alianza público-privada mundial (participan 21 países y organizaciones como Rockefeller Foundation y OpenSociety) para el fomento del acceso universal a la educación en países en desarrollo.
Las cifras que le preocupan ahora tienen nombre y rostro. Concretamente, el de los 1.300 millones de niños que quedaron sin escuela a causa de la pandemia. Es por ello que este viernes lanza en España una campaña global de recaudación de fondos con el fin de concienciar sobre la realidad de estos niños del hemisferio sur y reunir al menos 5.000 millones de dólares ―4.300 millones de euros― que subsanen los efectos que ha provocado la crisis del coronavirus. El evento Levanta la mano, moderado por la periodista de EL PAÍS Alejandra Agudo, contará con la intervención de Ángeles Moreno Bau, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, y Serigne Thiam, Ministro de Agua y Saneamiento de Senegal, entre otros. “Es un momento difícil para pensar en invertir”, reconoce Albright al otro lado de la pantalla, “pero es ahora cuando más tenemos que pensar en el futuro”.
La Comisión de Educación del Congreso aprueba eliminar el castellano como lengua vehicular en la ‘ley Celaá’
La Ponencia de la Comisión de Educación del Congreso, grupo de trabajo que analiza, debate y vota las enmiendas al proyecto de reforma de la ley educativa, ha votado a favor este jueves de eliminar que el castellano sea considerada una lengua vehicular en el ámbito educativo y una lengua oficial del Estado.
La enmienda conjunta del PSOE, Unidas Podemos y ERC (que ha salido adelante por 20 votos a favor, frente a 16 en contra y 1 abstención) suprime de la ley educativa (Disposición Adicional 38) la referencia al castellano como «lengua oficial del Estado», así como de «lenguas vehiculares» tanto al castellano como las demás lenguas cooficiales.
El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, quedaría así: «Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable».
“Ley Celaá”: PSOE y ERC pactan ofertar en los centros educativos “religión no confesional”
PSOE y ERC han pactado una enmienda transaccional de tal manera que se oferten en los centros educativos conocimientos sobre religiones no confesionales que será debatida en la Ponencia de la Comisión de Educación del Congreso que debate la “Ley Celaá”. Se trataría de introducir entre el alumnado de Primaria y Secundaria cultura de las religiones y, de salir adelante, se añadiría a la disposición adicional segunda del proyecto de ley.
“En el marco de Primaria y Secundaria se podrá establecer la enseñanza no confesional de cultura de las religiones”, expone la enmienda, de la que ya se ha desmarcado Podemos.
La enmienda no especifica, sin embargo, si se trataría como una asignatura aparte dentro del currículo educativo.
