Nota de prensa de UECoE y FedAces / 2 de julio de 2020
Las Cooperativas de Enseñanza y centros educativos de Economía Social manifiestan su desconcierto e indignación ante alguna de las propuestas de resolución referentes a las políticas educativas señaladas en el borrador de conclusiones del grupo de trabajo de políticas sociales y sistema de cuidados de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.
Las Cooperativas de Enseñanza y centros educativos de Economía Social representados por la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECoE) y la Federación Española de Centros de Enseñanza de la Economía Social (FedAces) manifiestan su desconcierto e indignación ante alguna de las propuestas de resolución referentes a las políticas educativas señaladas en el borrador de conclusiones del grupo de trabajo de políticas sociales y sistema de cuidados de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.
El objetivo de la creación de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica dentro del Congreso de los Diputados era analizar y debatir soluciones que agilicen la salida de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, elaborando unas conclusiones sobre las medidas a adoptar para la reconstrucción social y económica, todo ello, sin dejar a nadie atrás.
Pero resulta que de la lectura de las propuestas de resolución referentes a políticas educativas, estando de acuerdo en la necesidad de corregir la brecha educativa y educar en equidad, considerando imprescindible un incremento de los recursos púbicos dedicados a la educación y las becas, fortaleciendo la educación pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo e incrementando la inversión de forma coordinada con las Comunidades Autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial, no entendemos ni aceptamos la exclusión y discriminación que se está haciendo a los centros concertados de poder acceder al incremento de inversión destinado a la educación pública, siendo los centros concertados centros sostenidos con fondos públicos y ofreciendo todos un servicio público.
Con esta propuesta se limita de antemano, y sin atender ningún criterio objetivo, el incremento de la inversión educativa a los centros “de gestión directa”, lo cual supone privar a muchos centros educativos y a su alumnado de estos recursos, centros educativos plenamente integrados, a todos los efectos, en la red pública pero que se prestan mediante el régimen de concierto, conculcando, en la práctica, el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades de todo este alumnado y la eficacia de su derecho a la educación.
Dejar fuera a los centros concertados es limitar su capacidad de dar respuesta a los gastos que supone atender las medidas requeridas para poner en funcionamiento nuestros colegios para el próximo curso, ya que no se puede repercutir los costes en las familias. En el caso de las cooperativas de enseñanza se ponen en peligro la educación de 284.000 alumnos y unos 40.000 empleos.
Desde el movimiento cooperativo y de Economía Social se muestra su total desacuerdo con la propuesta del borrador de conclusiones de “La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa.” solicitando a la Comisión se suprima o modifique este párrafo en el sentido de que los destinatarios sean los centros públicos y centros sostenidos con fondos públicos. Es inadmisible esta discriminación y apelamos a un sentido de responsabilidad por la cohesión social, aunando fuerzas para lograr una reconstrucción social y económica para todos.
