13 de diciembre de 2021
Efectos de la vacunación contra la covid en niños: los confinamientos en los institutos caen al mínimo tras inmunizar a los adolescentes
Salvador Pérez tiene un aspecto tranquilo revisando papeles detrás de la mampara de plástico que protege la mesa de su despacho de director del instituto público del Cabanyal, en Valencia, donde estudian 1.500 alumnos y trabajan 175 personas entre profesores y administrativos. “La verdad es que estamos teniendo muy pocos casos, nada que ver con el curso pasado”, comenta. En enero, su centro educativo llegó a tener 212 personas en cuarentena en el centro, 77 de ellas por haberse contagiado de covid y el resto por ser contactos estrechos. Este viernes 10 de diciembre el instituto tiene, en cambio, un solo positivo, que es el único confinado.
La vacunación masiva de los adolescentes ha reducido drásticamente el impacto de la covid en los institutos de toda España, lo que supone un mensaje de esperanza a los colegios de infantil y primaria, donde los contagios y los confinamientos de grupos burbuja van en aumento desde hace semanas, y cuyo alumnado de entre 5 a 11 años empezará a ser inmunizado esta semana. En los institutos no solo hay menos confinados porque hay menos contagios, sino también porque los contactos estrechos vacunados de un positivo no tienen que hacer cuarentena, algo que también empezará a aplicarse a los colegios cuando los niños reciban la pauta completa. “La cosa ha cambiado mucho”, dice Carolina, estudiante de tercero de la ESO en el instituto del Cabanyal, mientras grupos de chavales almuerzan o juegan al fútbol en el patio. “El curso pasado hubo días con tantas clases confinadas que daba la sensación de que esto estaba medio vacío. Ahora, menos por la mascarilla y la separación de las mesas, todo se parece bastante a como era antes de la pandemia”, comenta.
La información que el Ministerio de Educación recopila de las 17 comunidades autónomas no permite comparar por etapas educativas el porcentaje de aulas cerradas y alumnos contagiados y confinados. Pero en Cataluña, cuyos departamentos de Salud y Educación son los que ofrecen más datos sobre la evolución de la pandemia en la escuela, que pueden servir de termómetro general, desde finales de noviembre tres de cada cuatro contagios detectados en centros de enseñanza son de alumnos de entre cinco y 11 años.
Los datos recogidos por el Ministerio de Educación la semana pasada son incompletos porque solo una docena de autonomías los enviaron. Pero reflejan lo que muchos padres han vivido últimamente: la mitad de esas 12 comunidades reportaron que tienen confinado a más de un 1% de su alumnado, cuando hace dos semanas solo superaban ese umbral dos de los 14 territorios que habían enviado los datos.
La franja de menores de 11 años es con mucha diferencia la que más incidencia acumulada tiene en los últimos 14 días: 547 lo que representa tres veces más que el siguiente grupo de edad, de 12 a 19 (180), y un nivel bastante más elevado que el del conjunto de la población (323), según los datos publicados el viernes por el Ministerio de Sanidad. “Los adolescentes han estado por encima de los niños en contagios durante toda la pandemia, y ahora se han cambiado los papeles”, afirma Clara Prats, investigadora del grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos (BICOM-SC) de la Universidad Politécnica de Cataluña. “Lo que esperamos”, prosigue, “es que si se vacuna de forma generalizada a los niños pase lo mismo que está pasando a los institutos, donde está habiendo muy poca incidencia”.
El último aliento de un modelo educativo único: matemáticas en el huerto, abuelos cuentacuentos…
La decisión no es firme. Pero sí la amenaza: el Gobierno regional eliminará el segundo ciclo en las Escuelas Infantiles. Lo comunicó hace un mes a las direcciones de los centros, y los docentes y las familias han decidido responder al órdago con protestas. La última, y van cuatro, este sábado, en la plaza de España.
No sólo se trata de oferta educativa, más bien de la conservación de un modelo pedagógico único y en riesgo de extinción. Desde que la LOCE (2002) separó la educación infantil en dos ciclos (0-3 y 3-6), las escuelas infantiles son excepción, donde se trabaja la etapa 0-6 como unidad. Hoy, estudian ahí casi un millar de niños, en nueve escuelas de la capital, las únicas que resisten: La Jara, San Fermín y Zofío (Usera); Los Ángeles y La Plazuela (Tetuán); El Carmen (Hortaleza); Los Títeres (Carabanchel); Girasoles y Zaleo (Puente de Vallecas), alguna con más de 50 años de historia. Aunque la Comunidad cuenta en la región con otras siete de gestión directa, del total de 135 escuelas -78 administradas por empresas-.
«El programa educativo es innovador y participativo, con un mimo especial para la etapa infantil, trasversal a todos los ciclos. Los mayores van a las clases de los más pequeños y les cuidan, salen más maduros. La misma profesora que sujeta a tu bebé en pañales lo ve graduarse con 6 años, un referente afectivo para los niños», enumera Pilar Escariz los motivos de su elección. Presidenta del AMPA de Los Ángeles, tiene tres hijos: uno de 6, ya en un colegio; una de 2, afectada por el cierre el próximo año de las aulas 3-4, y otro ya en el segundo ciclo, que sí podría concluir en su actual escuela. Sería el último de los últimos.
«El comedor es dentro de las aulas, ellos ponen la mesa e incorporan la comida como aprendizaje, en vez de que lo gestione una empresa. Y el control de esfínteres, que da pánico a los peques, se adapta a cada uno, mientras que en los coles deben ir sin pañal con 3 años, porque el profesorado no está obligado a cambiarlo», añade Javier Santos, miembro de la AFA de La Jara. Tiene un hijo de 4 años y otro en lista de espera de bebés, es decir, en teoría se beneficiaría del cierre del segundo ciclo con la consiguiente ampliación de 0-3. Pero ni así se convence: «El privilegio de la libertad educativa vale para los que tienen dinero. Al resto nos queda acatar».
Hasta los 6 años, se asientan las bases del proceso madurativo, por lo que cómo sea esa etapa marcará al niño. «Estas escuelas preparan espacios, materiales y metodologías específicas, desde la motricidad hasta la creatividad», explica María López, ex directora de La Jara, ya jubilada, con 20 años de lucha en la Junta de portavoces de Educación Infantil Pública (0-6). «No voy a comparar con los Colegios de Infantil y Primaria [CEIP], pero si una familia opta por una escuela 0-6, es porque entiende que comporta cosas que, por falta de personal o infraestructura, los colegios no pueden llevar a cabo».
Aquí, los niños son actores de su propio crecimiento y la educación es integral, con un equipo de atención temprana que responde más rápido porque las ratios de alumnado son menores, y donde las familias tienen una honda implicación -«los abuelos entran a leer cuentos, los padres a explicar sus profesiones…», dice Pilar Escariz-. También presumen de un arraigo superior con la vida de barrio. Todas están en zonas humildes e, incluso, han servido de reclamo para parejas jóvenes. «En lo curricular son iguales que los CEIP, por mucho que digan los que quieren acabar con este modelo. Pero aquí aprenden prematemáticas cuidando del huerto y comparten todos más celebraciones, no sólo la de Halloween», relata Pilar Escariz. «Quitar estas escuelas es un retroceso en la Educación».
Los contagios en centros educativos siguen en aumento y registran en la última semana cerca de 3.000 nuevos casos
Los contagios de Covid-19 en centros educativos siguen aumentando y en la última semana (del 3 al 10 de diciembre) se han registrado 463 brotes nuevos con 2.968 casos. De este modo, la educación sigue siendo el ámbito que más contagios registra por segunda semana consecutiva, según el último informe del Ministerio de Sanidad, publicado el pasado viernes 10 de diciembre.
La mayoría de los brotes registrados en estos últimos siete días se han identificado, como es habitual, en el ámbito de la Educación Primaria. Precisamente, son los menores de esta etapa (menores de 12 años) los que siguen sin poder ser vacunados, aunque a partir del próximo 15 de diciembre, comenzará la campaña de vacunación de esta población.
Pese a los datos de contagios (que se basan en la información remitida por 12 comunidades autónomas), el impacto en la actividad educativa es «bajo», según Sanidad, de manera que, en la última semana, sólo el 0,66% de las aulas permanecen en cuarentena.
En la semana anterior (del 26 de noviembre al 3 de diciembre), se notificaron 352 brotes con 2.176 casos en colegios e institutos, registrándose la mayoría en las aulas de Primaria. Durante esta semana el porcentaje de aulas cerradas fue del 0,39%.
Fue esta semana la que marcó el punto de inflexión, ya que la anterior (del 19 al 26 de noviembre), los casos ni siquiera se acercaban al millar, al registrarse 135 brotes con 892 casos (0,32% de aulas cuarentenadas). Y el ámbito educativo no era el que mayor incidencia acumulaba, sino el social (266 brotes con 1.478 casos asociados) y el mixto (197 brotes con 1.330 casos).
El año pasado, tras la reapertura de los centros, el porcentaje de aulas cerradas por notificarse contagios se mantuvo, como máximo, en torno al 1,6% y el 1,7%, más del doble que ahora.
La mayoría absoluta, próximo paso de la ley de FP para seguir tramitándose
Durante la tramitación del texto, eminentemente técnico, se han incorporado alrededor de un tercio de las enmiendas planteadas por las fuerzas políticas, y en la votación en la Comisión de Educación de la Cámara Baja del pasado 1 de diciembre obtuvo 16 votos a favor, 16 abstenciones (PP, Vox, ERC y UPN) y ningún voto en contra.
El Pleno verá el dictamen y las enmiendas que los grupos parlamentarios han decidido no retirar. Al tratarse de una Ley Orgánica, se someterá a una votación final de conjunto que requerirá de mayoría absoluta para su aprobación. Si la alcanza, se remitirá al Senado, que puede aprobar el proyecto en sus términos, presentar enmiendas o proponer un veto. En el caso de los dos últimos supuestos, deberá regresar al Congreso.
Entre las modificaciones incorporadas en Comisión figura la de hacer un estudio periódico para ajustar la oferta de plazas a las necesidades reales; garantizar la “suficiencia y adaptación de la oferta pública” a las demandas del tejido productivo y del territorio, y establecer un periodo transitorio para pasar del sistema de becas a contratos de formación (hasta 2028).
La principal novedad de la iniciativa del Gobierno es que la Formación Profesional pasará a ser dual, es decir, combinará la enseñanza en las aulas con las prácticas en empresas –roza hoy el 4% en España frente al 60% de Alemania–. La norma establece dos tipos de FP: la General, con una duración de formación en la empresa entre el 25% y el 35% y una participación de la empresa de hasta un 20 % de los resultados de aprendizaje del currículo; y la Intensiva, con formación en la empresa a partir del 35% de la duración total y una colaboración de la empresa con el centro de enseñanza de más del 30% respecto del currículo.
El proyecto establece un nuevo sistema de grados de Formación Profesional (A, B, C, D y E), que contempla unidades de aprendizaje más pequeñas o microformaciones (grado A), hasta títulos y cursos de especialización (grados D y E). Asimismo, prevé un Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional que incluye todas las opciones formativas que pueden cursarse en el marco de la FP y un Registro Estatal, que “permitirá a toda la ciudadanía acceder al mismo y obtener una Vida Formativa-Profesional actualizada”.
España presenta una baja proporción de matriculados en FP (el 12% de los jóvenes entre 15 y 19 años, frente al 25% de media de la OCDE) a pesar de que la demanda es clara: el 40,3% de las ofertas laborales de 2019 estaban dirigidas a perfiles con esta titulación. Una de las cuestiones que la nueva ley quiere solucionar es el preocupante nivel de desempleo juvenil, un 30,6% entre los menores de 25 años, el más elevado de la Unión Europea junto a Italia, según la estadística publicada por la OCDE el pasado día 10.
La ley quiere además actualizar hasta el 80% de las cualificaciones profesionales existentes y doblar el número de trabajadores formados en España, donde la mitad de su población activa (11 millones) no puede acreditar sus competencias profesionales, una de las peores tasas de Europa.
El 50% de las oportunidades de empleo en la segunda mitad de esta década estarán reservadas para personas con cualificación intermedia (técnicos y técnicos superiores de Formación Profesional), y solo el 16% de los empleos requerirán bajo nivel de cualificación. Sin embargo, el 48% de la población activa española no tiene un título de formación profesionalizante ni posee acreditadas formalmente sus competencias.
14 de diciembre de 2021
El campo no encuentra suficientes ingenieros para su transformación digital
El mundo vive una cuarta revolución industrial y España no está suficientemente preparada para abordar la transformación digital que necesita el campo para tener una agricultura más sostenible. Escasean los expertos que digan a partir de los datos en qué parte de una finca hay que regar o abonar, o que la vaca 128 está enferma. La universidad se ve incapaz de dar respuesta en toda su dimensión (en forma de un número suficiente de profesionales preparados para ello) a estos retos que requieren sensores, drones o tecnología punta, pero no porque falten plazas en las escuelas técnicas sino por las pocas vocaciones.
Unos 400 graduados en agronomía se matriculan en el máster habilitante, cuando, según los colegios oficiales, se necesitarían unos 1.000 para cubrir la demanda. Se trata de suplir la escasez reclutando ingenieros de otras especialidades (también deficitarios), pero además de la dificultad de atraerlos cuando son profesionales muy codiciados en muchos otros nichos de empleo, deben recibir una formación adicional en el lenguaje o las metodologías del campo.
En septiembre, el colegio de agrónomos de Cataluña (COEAC) alertó en un comunicado: “Cada año finalizan el máster habilitante para ejercer de ingeniero agrónomo un máximo de 20 estudiantes en toda Cataluña, mientras que el colegio recibe más de 150 ofertas de empleo, una situación que se puede hacer extensiva al resto del país”. Además de reclamarse profesionales que usen elbig data, satélites y drones para mejorar la producción, se necesitan agrónomos ―en este caso también a los graduados en Ciencias y Tecnologías de los Alimentos― en los procesos de transformación para cumplir los estándares de color, tamaño o empaquetado de la comida.
En los años noventa llegaron a licenciarse más de 1.000 ingenieros agrónomos superiores cada curso y había un 10% de paro. Ahora se busca el talento fuera. El año pasado cursaron un grado agrario ―la ingeniería agronómica se combina con cuestiones de medio ambiente o de alimentos― 12.347 estudiantes, un 23% menos que cinco años antes, cuando ya iban en picado. Rosa Gallardo, directora de la escuela de Córdoba y presidenta de la asociación que las agrupa a todas, cree que es “un problema de comunicación, las nuevas generaciones tienen una idea anticuada de la profesión, cuando es el futuro. Por eso muchas tecnológicas están apostando por el sector. No llegan apasionados de la robótica, relacionan solo agrónomos con la biología”.
Asociaciones se concentrarán este sábado frente al Ministerio de Educación para pedir más Filosofía en la educación
La Plataforma en Defensa de la Filosofía, junto con entidades y asociaciones, se concentrarán este sábado 18 de diciembre frente al Ministerio de Educación y FP, en Madrid, para pedir al Gobierno más contenidos sobre Filosofía en colegios e institutos. La concentración tendrá lugar a las 13.00 horas.
La plataforma nació hace un mes en protesta a la nueva ley educativa (la LOMLOE, también conocida como ‘Ley Celaá’) que, a su juicio, está a un paso de «eliminar por completo la asignatura de Ética en 4º de la ESO».
Según los borradores de los desarrollos curriculares de la nueva ley educativa, el Gobierno pretende dar más peso a materias como la Filosofía en Bachillerato, otorgando tanto en primero como en segundo curso 70 horas lectivas (fijadas por el Gobierno, a lo que habría que sumar las horas que determinen las comunidades autónomas). Estos cambios curriculares deben entrar en vigor en el próximo curso 2022-2023.
n embargo, a diferencia de anteriores leyes educativas (a excepción de la LOMCE de 2013, que dejaba la Filosofía como asignatura obligatoria en solo un curso de Bachillerato y la de Ética como optativa en 4º de ESO), no se deja cursar a los alumnos en Secundaria una asignatura sobre filosofía o ética.
En concreto, la LOMLOE establece que se impartirá Valores Cívicos y Éticos en un curso a elegir entre 1º y 4º de la ESO, una asignatura que, según afirman a Europa Press fuentes del Ministerio de Educación, solo un 40% de los contenidos versarán sobre filosofía.
«Quienes proyecten su futuro hacia los estudios superiores tendrán un amplio y profundo contacto con la Filosofía en sus años de bachilleres, mientras que la mayor parte de la población, que estudiará obligatoriamente cuatro años de la ESO, saldrá sin contacto con ella, pero sí con materias como Emprendimiento», critica la plataforma.
Así, señalan que los estudiantes de Secundaria aprenderán, por ejemplo, que deben pagar impuestos, en tanto que empresarios, como mero acatamiento de las leyes y las normas, pero «carecerán de la reflexión profunda sobre la idea de Estado en la que se basa la existencia de una Hacienda Pública, la idea griega del bien común o el concepto moderno de responsabilidad civil y social».
La mayoría absoluta, próximo paso de la ley de FP para seguir tramitándose
Durante la tramitación del texto, eminentemente técnico, se han incorporado alrededor de un tercio de las enmiendas planteadas por las fuerzas políticas, y en la votación en la Comisión de Educación de la Cámara Baja del pasado 1 de diciembre obtuvo 16 votos a favor, 16 abstenciones (PP, Vox, ERC y UPN) y ningún voto en contra.
El Pleno verá el dictamen y las enmiendas que los grupos parlamentarios han decidido no retirar. Al tratarse de una Ley Orgánica, se someterá a una votación final de conjunto que requerirá de mayoría absoluta para su aprobación. Si la alcanza, se remitirá al Senado, que puede aprobar el proyecto en sus términos, presentar enmiendas o proponer un veto. En el caso de los dos últimos supuestos, deberá regresar al Congreso.
Entre las modificaciones incorporadas en Comisión figura la de hacer un estudio periódico para ajustar la oferta de plazas a las necesidades reales; garantizar la “suficiencia y adaptación de la oferta pública” a las demandas del tejido productivo y del territorio, y establecer un periodo transitorio para pasar del sistema de becas a contratos de formación (hasta 2028).
La principal novedad de la iniciativa del Gobierno es que la Formación Profesional pasará a ser dual, es decir, combinará la enseñanza en las aulas con las prácticas en empresas –roza hoy el 4% en España frente al 60% de Alemania–. La norma establece dos tipos de FP: la General, con una duración de formación en la empresa entre el 25% y el 35% y una participación de la empresa de hasta un 20 % de los resultados de aprendizaje del currículo; y la Intensiva, con formación en la empresa a partir del 35% de la duración total y una colaboración de la empresa con el centro de enseñanza de más del 30% respecto del currículo.
El proyecto establece un nuevo sistema de grados de Formación Profesional (A, B, C, D y E), que contempla unidades de aprendizaje más pequeñas o microformaciones (grado A), hasta títulos y cursos de especialización (grados D y E). Asimismo, prevé un Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional que incluye todas las opciones formativas que pueden cursarse en el marco de la FP y un Registro Estatal, que “permitirá a toda la ciudadanía acceder al mismo y obtener una Vida Formativa-Profesional actualizada”.
España presenta una baja proporción de matriculados en FP (el 12% de los jóvenes entre 15 y 19 años, frente al 25% de media de la OCDE) a pesar de que la demanda es clara: el 40,3% de las ofertas laborales de 2019 estaban dirigidas a perfiles con esta titulación. Una de las cuestiones que la nueva ley quiere solucionar es el preocupante nivel de desempleo juvenil, un 30,6% entre los menores de 25 años, el más elevado de la Unión Europea junto a Italia, según la estadística publicada por la OCDE el pasado día 10.
La ley quiere además actualizar hasta el 80% de las cualificaciones profesionales existentes y doblar el número de trabajadores formados en España, donde la mitad de su población activa (11 millones) no puede acreditar sus competencias profesionales, una de las peores tasas de Europa.
El 50% de las oportunidades de empleo en la segunda mitad de esta década estarán reservadas para personas con cualificación intermedia (técnicos y técnicos superiores de Formación Profesional), y solo el 16% de los empleos requerirán bajo nivel de cualificación. Sin embargo, el 48% de la población activa española no tiene un título de formación profesionalizante ni posee acreditadas formalmente sus competencias.
15 de diciembre de 2021
Discrepancias entre padres separados y contraste entre colegios en la primera autonomía que pide permisos para vacunar a los niños
Las primeras señales sobre la actitud de las familias hacia la vacunación contra la covid de sus hijos de cinco a 11 años apuntan a un apoyo considerable, aunque quizá no tan intenso como el registrado entre los adolescentes. La Comunidad Valenciana, el cuarto territorio con más población escolar de España, ha pedido a las familias autorización para vacunar a los niños. Es la primera autonomía que arranca el proceso. La respuesta debía entregarse este martes en los colegios, porque será en ellos y en horario lectivo donde se llevará a cabo la inmunización, lo que ha obligado a los padres a retratarse. Un sondeo realizado por este periódico en una decena de colegios refleja grandes contrastes, con porcentajes de permisos para inmunizar a los alumnos que oscilan entre el 50% y el 90%. Y evidencia también la existencia de circunstancias que dificultan el proceso, como las discrepancias entre padres separados.
Como todavía no hay vacunas para todos los niños de cinco a 11 años, las autonomías iniciarán su vacunación este miércoles por los chavales de mayor edad y por los que tienen un elevado riesgo sanitario. En el caso de la Comunidad Valenciana, donde hay unos 1.100 colegios de primaria, las autorizaciones se han solicitado para todos los alumnos de sexto, quinto y cuarto de primaria, que tienen, normalmente, entre nueve y 11 años. La vacunación de los adolescentes (de 12 a 19 años) ha alcanzado en toda España el 85% con la pauta completa y otro 3% con una dosis, una proporción más elevada que en las de las dos franjas siguientes de edad (de 20 a 29 y de 30 a 39). El promedio entre todos los grupos de edad ya vacunados alcanza el 89,6%.
Los datos recogidos por este periódico en una decena de colegios valencianos tienen un valor representativo limitado, pero ofrecen algunas pistas de cómo pueden ir las cosas. De los 10 centros, en dos de ellos las autorizaciones concedidas se han situado entre el 50% y el 60% del alumnado; en otros dos, entre el 60% y el 70%; en otros dos, entre el 70% y el 80%, y en los cuatro restantes, entre el 80% y el 90%. Salvo los que han alcanzado niveles muy altos, los directores consultados confían en que las tasas aumenten en los próximos días, ya que el procedimiento de recogida de las autorizaciones ha sido, según la opinión general de la comunidad educativa, muy rápido.
El documento que debían rellenar los progenitores fue entregado a los niños en los colegios (o enviado telemáticamente a las familias por los centros) este lunes, y debía entregarse firmado este martes, por lo que es posible que el porcentaje aumente en los próximos días. El motivo de ir tan rápido es que la Consejería de Sanidad debe organizar ahora la distribución de las dosis que los equipos sanitarios llevarán a cada centro con la intención de empezar a vacunar en algunos de ellos este miércoles.
El campo no encuentra suficientes ingenieros para su transformación digital
El mundo vive una cuarta revolución industrial y España no está suficientemente preparada para abordar la transformación digital que necesita el campo para tener una agricultura más sostenible. Escasean los expertos que digan a partir de los datos en qué parte de una finca hay que regar o abonar, o que la vaca 128 está enferma. La universidad se ve incapaz de dar respuesta en toda su dimensión (en forma de un número suficiente de profesionales preparados para ello) a estos retos que requieren sensores, drones o tecnología punta, pero no porque falten plazas en las escuelas técnicas sino por las pocas vocaciones.
Unos 400 graduados en agronomía se matriculan en el máster habilitante, cuando, según los colegios oficiales, se necesitarían unos 1.000 para cubrir la demanda. Se trata de suplir la escasez reclutando ingenieros de otras especialidades (también deficitarios), pero además de la dificultad de atraerlos cuando son profesionales muy codiciados en muchos otros nichos de empleo, deben recibir una formación adicional en el lenguaje o las metodologías del campo.
En septiembre, el colegio de agrónomos de Cataluña (COEAC) alertó en un comunicado: “Cada año finalizan el máster habilitante para ejercer de ingeniero agrónomo un máximo de 20 estudiantes en toda Cataluña, mientras que el colegio recibe más de 150 ofertas de empleo, una situación que se puede hacer extensiva al resto del país”. Además de reclamarse profesionales que usen elbig data, satélites y drones para mejorar la producción, se necesitan agrónomos ―en este caso también a los graduados en Ciencias y Tecnologías de los Alimentos― en los procesos de transformación para cumplir los estándares de color, tamaño o empaquetado de la comida.
En los años noventa llegaron a licenciarse más de 1.000 ingenieros agrónomos superiores cada curso y había un 10% de paro. Ahora se busca el talento fuera. El año pasado cursaron un grado agrario ―la ingeniería agronómica se combina con cuestiones de medio ambiente o de alimentos― 12.347 estudiantes, un 23% menos que cinco años antes, cuando ya iban en picado. Rosa Gallardo, directora de la escuela de Córdoba y presidenta de la asociación que las agrupa a todas, cree que es “un problema de comunicación, las nuevas generaciones tienen una idea anticuada de la profesión, cuando es el futuro. Por eso muchas tecnológicas están apostando por el sector. No llegan apasionados de la robótica, relacionan solo agrónomos con la biología”.
El Congreso apoya tramitar una ley para la gratuidad de la escuela de 0 a 3 años
Los diez portavoces de los grupos parlamentarios que han subido a la tribuna a fijar su posición tras escuchar la defensa de la iniciativa por boca de una delegación del Parlamento de Andalucía (del PP, PSOE y Ciudadanos) han avanzado su apoyo o abstención a la norma, que modificará partes del articulado aún vigente de la Ley Orgánica de Educación (LOE), sustituida hace ahora un año por la Lomloe.
Con el apoyo de la Cámara Baja a la toma en consideración de la iniciativa andaluza, el Gobierno deberá contribuir a la financiación de la extensión del primer ciclo de Infantil, de modo que avance hacia una oferta pública y sostenida con fondos públicos suficientes, con cargo a los Presupuestos Generales, mediante transferencias a las comunidades autónomas. La propuesta de ley contó en el Parlamento autonómico con el apoyo de todos los grupos (solo Unidas Podemos se abstuvo).
Durante su defensa hoy en el hemiciclo del Congreso, a cuya tribuna de invitados han acudido trabajadoras de la red andaluza de escuelas infantiles, la delegación de Cs, PP y PSOE han argumentado la necesidad de esta norma en cuatro principios: favorecer la conciliación; eliminar las desventajas iniciales del niño socialmente desfavorecido, potenciar la igualdad de oportunidades educativas; prevenir el fracaso escolar, y generar empleo.
Por el PSOE, María Márquez ha explicado que en su región las tasas más altas de escolarización en esta etapa corresponden a quienes tienen un 100% de bonificación en la cuota (50%) y a continuación las familias con más recursos, es decir, aquellas que pueden pagar 300 euros por niño y en sus casas entran 2.400 euros mensuales. Una de las consecuencias de esta situación, ha añadido, es que más de medio millón de mujeres no buscan empleo o no trabajan para poder cuidar a sus hijos. A continuación, el diputado autonómico del PP Miguel Ángel Ruiz ha subrayado que esta iniciativa es una necesidad y una demanda social, y ha dicho que el 70% de las escuelas infantiles en su tierra son proyectos de emprendedoras, que dan trabajo a 10.000 mujeres.
De Ciudadanos, la diputada andaluza Mar Sánchez ha defendido que el Estado debe garantizar los recursos, vía Presupuestos Generales del Estado y fondos europeos, y ha pedido a la Junta de Andalucía que se retracte en su decisión de no utilizar los 123 millones de euros del Ministerio de Educación para crear nuevas plazas de Infantil. La Consejería de Educación del Gobierno de Juan Manuel Moreno afirma que la oferta actual de plazas de 0 a 3 años tiene un 20% de vacantes.
Pese a que ningún grupo parlamentario se ha opuesto a la tramitación de la iniciativa, portavoces como el del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, del BNG, Néstor Rego, y del PNV, Josune Gorospe, han advertido de los importantes aspectos competenciales que habrá que trabajar más adelante.
El Gobierno pide que el ambito político contribuya a que la escuela sea convivencia y no «cualquier otra cosa»
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha pedido que desde el ámbito político se contribuya a que la escuela sea convivencia y «no cualquier otra cosa», después de que la presidenta del Parlament, Laura Borrás, plantease este lunes la posibilidad de que el Govern asuma la dirección de la escuela de Canet del Mar (Barcelona) para blindar el catalán.
«Las aulas son espacios de convivencia, las escuelas tenemos que procurar sean siempre un espacio de convivencia y, por tanto, desde el ámbito político, de la responsabilidad que cada uno tenemos, hemos de contribuir a que efectivamente la escuela sea convivencia y no cuaquier otra cosa», ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros señalando que se trata de una consideración general sin entrar a valorar las palabras de Borrás.
Igualmente, ha recalcado que la lengua es un elemento de riqueza en España y no puede ser utilizada como un elemento de confrontación, de enfrentamiento. Y ha insistido en la condena del Ejecutivo a cualquier hecho como el ocurrido en la escuela de Canet de Mar que tiene que ver con el acoso a un menor «por estas circunstancias o «por cualquier otra en el colegio o en cualquier otro lugar».
16 de diciembre de 2021
Las universidades españolas, a la cabeza de la formación empresarial ‘online’ en habla hispana
La formación online española goza, sin duda, de una salud excelente: lo prueban las 16 instituciones educativas seleccionadas entre las 25 mejores del mundo que ofrecen másteres a distancia en habla hispana enfocados en la administración y dirección de empresas, recogidos en la séptima edición del FSO Ranking hecho público esta semana; un índice que incluye también universidades y escuelas de negocios de Perú, México, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos y Panamá. A la UOC le siguen, en el Top 5, ESADE, OBS Business School, UNIR y ESIC, mientras que la Universidad Rey Juan Carlos se incorpora por primera vez (en el puesto 19).
En la presente edición de este ranking, elaborado por la consultora Hamilton Global Intelligence y Emagister, participaron más de 5.500 alumnos y exalumnos de 200 instituciones de España, EE UU y América Latina, y se analizaron 120 indicadores en torno a tres grandes ejes: la reputación y transparencia de las instituciones; los actores que forman parte de ellas y la oferta formativa y la metodología docente. “Cuando hablamos de actores, analizamos el perfil del claustro, los artículos publicados y la coordinación de sus miembros, y vemos el perfil del estudiante antes y después del máster”, explica Sebastián Fernández de Lara, socio director de Hamilton. Para reflejar el mayor interés de los alumnos por los aspectos relacionados con la oferta académica y metodológica, este eje puntuó un 50 %, mientras que los relacionados con la institución y el claustro representaron un 35 y un 15 %, respectivamente.
La digitalización impulsada por la pandemia no ha hecho sino confirmar las favorables perspectivas de futuro de los perfiles más tecnológicos y la estabilidad de la formación online. En 2020, el número de estudiantes que optó por cursar un MBA creció un 14 % respecto al año anterior, mientras que en 2021 los alumnos matriculados en másteres online han aumentado un 6 %. El perfil de los alumnos es bastante similar en todas las instituciones, según Fernández de Lara: hombres (en un 60 % de los casos) con una edad media de 37 años que optan por estos programas para adquirir una formación que les permita progresar en su carrera profesional conciliando estudios y trabajo. “Se trata de directivos y ejecutivos que ya tienen una experiencia y unos conocimientos básicos del mundo empresarial, a los que un MBA les proporciona un mayor entendimiento de la compañía que dirigen y una actualización de las tendencias de management y de sus competencias digitales”.
De acuerdo con los datos, las fronteras nacionales parecen desdibujarse, ya que el 58,3 % de los estudiantes de las instituciones que participan en el ranking son internacionales. “Si nos fijamos únicamente en las universidades y escuelas de negocio con sede en España, hay más de 284.000 alumnos internacionales (los países más comunes de procedencia son Colombia, Perú y México, aunque en total son más de 60 nacionalidades diferentes), y eso sin tener en cuenta los alumnos españoles que estudian en instituciones de aquí mientras residen en otros países”, añade.
El Congreso aprobará hoy por mayoría absoluta la Ley de Formación Profesional
La nueva norma ha sido negociada durante meses con la comunidad educativa, las empresas, los sindicatos y las comunidades autónomas. Además, en su trámite parlamentario se aceptaron alrededor de un tercio de las 592 enmiendas planteadas por los distintos grupos políticos.
El Pleno verá el dictamen y las enmiendas que los grupos parlamentarios han decidido no retirar. Al tratarse de una Ley Orgánica, se someterá a una votación final de conjunto que requerirá de mayoría absoluta para su aprobación. Si la alcanza, se remitirá al Senado, que puede aprobar el proyecto en sus términos, presentar enmiendas o proponer un veto. En el caso de los dos últimos supuestos, deberá regresar al Congreso. En estos momentos, la única duda se plantea con el sentido de la voto de la CUP. El resto de las fuerzas políticas oscilan entre el respaldo y la abstención, según han explicado a Efe fuentes del Ministerio de Educación.
Junto a los socios de coalición del Gobierno, la iniciativa recibirá el apoyo de Ciudadanos, PNV y Bildu, entre otros, han explicado a Efe fuentes de estos grupos parlamentarios. El PP y ERC “en principio” se abstendrán, igual que Vox, Foro Asturias y UPN. En el caso de que salga adelante sin ningún voto negativo, sería la primera ley educativa en democracia que se apruebe sin oposición.
Una de las principales novedades de la iniciativa legislativa es que la Formación Profesional pasará a ser dual, es decir, combinará la enseñanza en las aulas con las prácticas en empresas –roza hoy el 4% en España frente al 60% de Alemania–. La norma establece dos tipos de FP: la General, con una duración de formación en la empresa entre el 25% y el 35% y una participación de la empresa de hasta un 20% de los resultados de aprendizaje del currículo; y la Intensiva o Avanzada, con formación en la empresa a partir del 35% de la duración total y una colaboración de la empresa con el centro de enseñanza de más del 30% respecto del currículo.
El proyecto establece un nuevo sistema de grados de Formación Profesional (A, B, C, D y E), que contempla unidades de aprendizaje más pequeñas o microformaciones (grado A), hasta títulos y cursos de especialización (grados D y E). Asimismo, prevé un Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional que incluye todas las opciones formativas que pueden cursarse en el marco de la FP y un Registro Estatal, que “permitirá a toda la ciudadanía acceder al mismo y obtener una Vida Formativa-Profesional actualizada”.
España presenta una baja proporción de matriculados en FP (el 12% de los jóvenes entre 15 y 19 años, frente al 25% de media de la OCDE) a pesar de que la demanda es clara: el 40,3% de las ofertas laborales de 2019 estaban dirigidas a perfiles con esta titulación.
El último aliento de un modelo educativo único: matemáticas en el huerto, abuelos cuentacuentos.
La decisión no es firme. Pero sí la amenaza: el Gobierno regional eliminará el segundo ciclo en las Escuelas Infantiles. Lo comunicó hace un mes a las direcciones de los centros, y los docentes y las familias han decidido responder al órdago con protestas. La última, y van cuatro, este sábado, en la plaza de España.
No sólo se trata de oferta educativa, más bien de la conservación de un modelo pedagógico único y en riesgo de extinción. Desde que la LOCE (2002) separó la educación infantil en dos ciclos (0-3 y 3-6), las escuelas infantiles son excepción, donde se trabaja la etapa 0-6 como unidad. Hoy, estudian ahí casi un millar de niños, en nueve escuelas de la capital, las únicas que resisten: La Jara, San Fermín y Zofío (Usera); Los Ángeles y La Plazuela (Tetuán); El Carmen (Hortaleza); Los Títeres (Carabanchel); Girasoles y Zaleo (Puente de Vallecas), alguna con más de 50 años de historia. Aunque la Comunidad cuenta en la región con otras siete de gestión directa, del total de 135 escuelas -78 administradas por empresas-.
«El programa educativo es innovador y participativo, con un mimo especial para la etapa infantil, trasversal a todos los ciclos. Los mayores van a las clases de los más pequeños y les cuidan, salen más maduros. La misma profesora que sujeta a tu bebé en pañales lo ve graduarse con 6 años, un referente afectivo para los niños», enumera Pilar Escariz los motivos de su elección. Presidenta del AMPA de Los Ángeles, tiene tres hijos: uno de 6, ya en un colegio; una de 2, afectada por el cierre el próximo año de las aulas 3-4, y otro ya en el segundo ciclo, que sí podría concluir en su actual escuela. Sería el último de los últimos.
«El comedor es dentro de las aulas, ellos ponen la mesa e incorporan la comida como aprendizaje, en vez de que lo gestione una empresa. Y el control de esfínteres, que da pánico a los peques, se adapta a cada uno, mientras que en los coles deben ir sin pañal con 3 años, porque el profesorado no está obligado a cambiarlo», añade Javier Santos, miembro de la AFA de La Jara. Tiene un hijo de 4 años y otro en lista de espera de bebés, es decir, en teoría se beneficiaría del cierre del segundo ciclo con la consiguiente ampliación de 0-3. Pero ni así se convence: «El privilegio de la libertad educativa vale para los que tienen dinero. Al resto nos queda acatar».
Así será la nueva ley de FP que formará a estudiantes cobrando el salario mínimo
El Congreso ha aprobado el dictamen de la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la FP, una norma sobre la que había un amplio consenso a la vista de que en un plazo aproximado de cuatro años el 60% de los puestos de trabajo requerirán una FP media o superior. Estas son las claves de la nueva ley.
– Las empresas tendrán un papel clave que nunca antes había tenido: la posibilidad de asumir como mínimo el 35% de la formación de un joven que opta por estos estudios de tal manera que tomarán parte en el diseño del currículo educativo, es decir, de lo que los jóvenes deben aprender.
– Aprender con un sueldo. Los alumnos que estén haciendo prácticas en empresas tendrán un contrato laboral, no estarán sujetos al horario escolar y cobrarán el salario mínimo interprofesional. Para cumplir este trámite, las empresas dispondrán de un período transitorio: hasta 2026.
– Estructura: toda la FP sea dual, lo que significa que la formación en las empresas será obligatoria, aunque habrá dos modalidades: el modelo Dual General, en el que la empresa asume hasta el 25-35% de la formación, sin que medie ningún contrato ni el estudiante reciba remuneración alguna; y la Dual Avanzado, en el que la empresa tiene un papel protagonista en el diseño de la formación y en la manera de impartirla ya que será responsable de ofrecer entre el 35 y el 50% de los conocimientos. En esta modalidad, los alumnos deberán firmar un contrato con la empresa y cotizarán a la Seguridad Social.
– Regulación homogénea: La nueva ley pone en marcha una regulación homogénea que demandaba el sector ya que la ley anterior, de 2012 había derivado en 17 modelos de FP diferentes de tal manera que algunas empresas contrataban a los alumnos y otras no o simplemente los alumnos recibían una beca.
– Internacionalización. Otro de los objetivos será internacionalizar la FP de tal manera que los alumnos se manejen, al menos, en una lengua extranjera, puedan obtener, como en la universidad, dobles titulaciones y tener estancias en centros de trabajo de otros países.
– Relación más estrecha con la universidad: La FP va a tener una estrecha relación con la universidad. La ley prevé itinerarios formativos que reconozca la formación previamente adquirida en la FP o en la Universidad. Impulsa nuevos modelos de colaboración o desarrollo de proyectos conjunto, préstamo de espacios y equipamiento.
17 de diciembre de 2021
El PP se queda solo en su voto contra la nueva ley de Formación Profesional
El PP ha impedido en el último momento que se obrase lo que constituiría casi un milagro en España: la aprobación de una ley educativa sin nadie en contra. Ni siquiera Vox ha rechazado el texto de la nueva norma que regulará la Formación Profesional, aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados. El partido de Santiago Abascal se ha abstenido, al igual que todos los grupos independentistas catalanes y como asimismo habían hecho los populares cuando el proyecto salió de la comisión parlamentaria que lo elaboró. Pero en un giro de última hora, el PP ha decidido votar en contra tras criticar que los grupos que apoyan al Gobierno solo le aceptaron cuatro enmiendas. Nadie secundó a los populares en ese sorpresivo desmarque, ni siquiera sus socios de Unión del Pueblo Navarro (UPN).
La ley ha salido finalmente con 180 votos a favor, tres más de los que obtuvo la Lomloe el pasado año, pero con mucho menos rechazo y también con un consenso más transversal. Ciudadanos, que en su día se opuso a ley Celaá, se ha sumado en esta ocasión a la izquierda para aprobar el proyecto, respaldado además por el resto de socios habituales del Gobierno, excepto ERC y PDeCAT. Estos dos grupos, junto a los también independentistas catalanes de Junts y la CUP, el gallego BNG y Vox se han abstenido. Pese a eso, la diputada del PP Beatriz Jiménez Linuesa ha justificado el rechazo de su grupo argumentando que “comunistas, independentistas y herederos de ETA” son “quienes hacen el discurso al Gobierno” e impiden así que los populares puedan llegar a acuerdos. El contenido básico de la nueva norma estaba pactado también con los sindicatos y la patronal.
La ley de FP aspira a modernizar la rama educativa con mayor crecimiento de alumnado en los últimos años. Unos estudios considerados tradicionalmente de segunda fila que todavía hoy, pese a su auge, solo atraen a un 12% del alumnado, es decir, menos de la mitad del promedio de la OCDE. Tanto el Gobierno como los sindicatos y las organizaciones empresariales, que han apoyado la nueva norma, consideran clave la reforma para reducir la elevada tasa de desempleo juvenil, superior al 30%, y acelerar la acreditación de las competencias profesionales de millones de trabajadores, que pese a acumular años de experiencia laboral carecen de títulos que las reconozcan.
La Ley Orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional, elaborada inicialmente por la exministra de Educación Isabel Celaá y acabada de perfilar y negociar por la actual titular de la cartera, Pilar Alegría, irá ahora al Senado. Si la Cámara alta la aprueba sin modificaciones estará lista para entrar en vigor. De lo contrario volvería para un último trámite al Congreso, que debería decidir si acepta o no los cambios antes de su entrada en vigor. Estos son los principales puntos de la reforma:
Los alumnos pasarán a realizar buena parte de su formación en los centros de trabajo. La norma establece dos tipos de régimen. En el general, los estudiantes pasarán entre un 25% y un 35% de las horas que duren sus estudios en empresas. En el régimen intensivo realizarán en ellas al menos el 35%. En la FP Básica, los ciclos formativos destinados a los chavales que no han obtenido el título de la ESO, el porcentaje podrá reducirse excepcionalmente al 20%, una posibilidad incluida en la ley a petición de las comunidades autónomas, que advirtieron de las dificultades que podrías suponer encontrar empresas suficientes para cubrir un número tan elevado de horas en el caso de este grupo de estudiantes, unos 77.000, del algo más de un millón de alumnos que estudian algún tipo de Formación Profesional.
Manuel Castells abandona el Gobierno con su reforma educativa a medio hacer y le sustituye Joan Subirats
El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha decidido dejar su cargo apenas dos años después de su incorporación al Gobierno y con su reforma universitaria a medio hacer.
A Castells, propuesto por los comunes de Ada Colau, le relevará Joan Subirats, que fue concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Barcelona.
Fuentes de su Departamento han confirmado su salida -adelantada por eldiario.es y confirmada por EL MUNDO-, que obedece a motivos de salud, pues se encuentra en una situación «delicada». Al parecer, el médico le había prohibido viajar y exponerse a cualquier situación que le provocara estrés. Distintas fuentes de la comunidad universitaria coinciden en el desgaste que le ha provocado la puesta en marcha de una norma que no convencía ni a los rectores ni a los profesores ni a los estudiantes ni a las comunidades autónomas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía una buena relación con él, le tenía estima por su currículo académico, si bien es verdad que en el Gobierno eran consciente de su nulo peso político y nulo protagonismo. Incluso en Unidas Podemos estaban sorprendidos por la poca interlocución que mostraba con ellos.
Castells comunicó su decisión hace unos días a Sánchez y a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, según han señalado desde su Ministerio.
El presidente del Gobierno no ha querido valorar desde Bruselas, donde se encuentra este jueves, la salida de Castells y se remite a la comparecencia que tiene este viernes a primera hora en Moncloa.
En el Gobierno, incluso en el sector morado, es un ministro que hace tiempo que se daba por amortizado. Se era consciente de que su actividad y predisposición, más que sumar, restaba. Si bien era un gran cartel intelectual, ha sido una importante rémora en el aspecto político.
Pero lo que realmente ha jugado a su contra ha sido el progresivo desencanto que ha ido sintiendo ante la imposibilidad de alcanzar el gran acuerdo universitario que pretendía lograr (en sus comienzos, incluso prometía unos «estados generales multitudinarios»). De hecho, cuando hasta las propias universidades catalanas se manifestaron en contra de su borrador de Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu), se vio claro que su proyecto se había estancado.
Tampoco los estudiantes, a los que tanto mimó el ministro, le miraban ya con buenos ojos. De hecho, este jueves habían protagonizado una huelga en las universidades catalanas. También hubo paros estudiantiles en otras ciudades españolas en noviembre que, aunque no tuvieron mucho respaldo, sí fueron larvando una situación generalizada de descontento universitario.
Los rectores agradecen a Castells su labor, pese a posiciones discrepantes
En un escueto comunicado, los rectores han agradecido su trabajo, en especial la “colaboración mantenida con todo su equipo durante la difícil situación vivida en esta pandemia. Gracias a la aportación de todos se evitó el colapso del curso en los meses más duros de la crisis sanitaria”.
La relación de CRUE con el ministro ha sido “sumamente intensa” y se han abordado temas de “gran importancia” para el sistema universitario, como la modificación del sistema de becas, los reales decretos de ordenación de las enseñanzas y de acreditación, la Ley de convivencia o el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario. Con el ministro “hemos compartido el objetivo de mejorar la Universidad, aunque las visiones han sido en ocasiones discrepantes. Pero hoy, desde Crue se quiere agradecer a Manuel Castells su sincera y honesta labor”, concluye el comunicado.
Por su parte, el sindicato CSIF ha reclamado al nuevo ministro de Universidades, el catedrático jubilado de Ciencias Políticas de la UAB Joan Subirats, que aplique una política con visión estatal al margen de las presiones independentistas. La Confederación, que lamenta que Castells “haya perdido la oportunidad de impulsar la reforma universitaria por una visión equivocada de la política condicionada por los socios independentistas del Gobierno”, ha demandado también el desarrollo del Estatuto del Personal Docente e Investigador.
Desde el terreno político, el PP y Ciudadanos han pedido al Gobierno que aproveche la dimisión de Castells para suprimir el Ministerio de Universidades. “Es el Ministerio de Universidades el que debe eliminarse”, ha escrito en su cuenta de Twitter la diputada popular, María Jesús Moro, que cree que “ni el momento económico de España ni la adecuada gestión de ciencia y universidades justifican dos ministerios.
En la misma red social, la responsable de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha manifestado que “lo mejor que podría hacer Pedro Sánchez es no nombrar sustituto para Manuel Castells. Que las competencias de Universidades las asuma Educación (para mejorar la calidad del sistema y no para empeorarla desde el sectarismo) y los españoles nos ahorremos el coste de un Ministerio”.
Castells comunicó su renuncia a Sánchez hace unos días por consejo médico
El ministro de Universidades, Manuel Castells comunicó hace unos días su renuncia al cargo al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta Yolanda Díaz, una decisión “reposada” que adoptó por prescripción médica y en estrecha colaboración con su familia, según fuentes de esta cartera.
Entre los avances conseguidos en los dos años de mandato de Castells, de 79 años, las mismas fuentes mencionan la ampliación de las becas universitarias y la reducción de las tasas, eliminando el sistema de horquillas establecido por el exministro José Ignacio Wert, equiparando los precios de los másteres habilitantes a los de grado.
Alegría dice que «desconoce» cómo la Generalitat va a aplicar la «codocencia» en las aulas con 25% de castellano
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha asegurado que «desconoce» cómo el Govern de la Generalitat de Cataluña va a implantar la «codocencia» en las aulas con un 25 por ciento de castellano después de que lo anunciara el presidente, Pere Aragonès, que ha avanzado este jueves «una ofensiva legislativa para blindar» la inmersión lingüística en la escuela catalana.
«Desconozco cómo va a ejecutar esta cuestión que ha planteado», ha señalado la ministra en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, después de que Aragonès detallase que la Conselleria de Educación incrementará en 35 el número de docentes en las aulas en las que se aplique un 25 por ciento de educación en castellano tras la sentencia judicial, para «preservar el proyecto lingüístico» del centro.
Después, en declaraciones a los periodistas, el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha asegurado que durante los próximos meses se concretará qué forma jurídica adquiere esta modificación. Así, ha sostenido que se hará en consenso con partidos y entidades y se consultará a «lingüistas de referencia» en un contexto de auge del aprendizaje por competencias.
Los refuerzos son de 35 docentes porque es el número de aulas en las que hay actualmente una orden judicial de aplicar el 25 por ciento de enseñanza en castellano, si bien están pendientes de un recurso de apelación por parte de la Conselleria.
Alegría ha reiterado que las «sentencias judiciales se cumplen» y no «hay debate», por lo que ha pedido a la Generalitat que «actúe con responsabilidad».
En este contexto, la ministra ha recordado que el plan de inmersión lingüística en Cataluña y la ley autonómica de educación «nació fruto de un amplio consenso» y «ha posibilitado que los jóvenes» terminen el proceso educativo con las competencias tanto en lengua castellana como catalana.
«Es un modelo que razonablemente ha funcionado», ha dicho Alegría, quien ha subrayado, eso sí, que también podría ser «mejorable» desde «un amplio consenso». «Difícilmente podremos llegar a esos consensos necesarios si utilizamos la lengua como un arma arrojadiza», ha añadido.
